"Las instituciones contribuyen con
recursos públicos para consecución de esos fines criminales": José Antonio
Guevara, de la Comisión de Defensa y Promoción de DD.HH.
Karina Maciel
Jacobo Dayán, experto en
derechos humanos, y José Antonio Guevara, de la Comisión de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, forman parte de las organizaciones que junto con la
Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), firmaron una solicitud
acompañada por una investigación dirigida a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional, respecto al conjunto de crímenes cometidos en el estado de
Coahuila.
Dentro de esos crímenes,
enlistaron torturas, desapariciones, privaciones graves de libertad y
asesinatos, cometidos en esa entidad, incluyendo la masacre en Allende y el
manejo de la prisión de Piedras Negras.
En 2011, en Allende,
Coahuila, se registró una de las matanzas más grandes de México. Después de
que, los líderes de Los Zetas, El Z-40 y El Z-42 fueron traicionados por su compañero de negocios, Héctor Moreno
Villanueva, quien le dio información a la DEA, decidieron vengarse exterminando
el pueblo en el que tenían familiares: Allende.
El resultado fueron decenas
de personas asesinadas y desaparecidas. Dayán, quien contribuyó al conocimiento del caso al revisar los
expedientes, explicó: “Un número
indeterminado de personas, porque lo único que se tiene son testimonios de lo ocurrido
porque los restos fueron, quemados en
tambos de diésel y, en el caso del penal de Piedras Negras, arrojados a
un río“.
Otro punto clave en la
investigación son las actividades ilegales que ocurrían dentro de la prisión de
Piedras Negras. “Por varios años, ese lugar se ha utilizado como centro de
operaciones para cometer delitos”, expresó Guevara.
“Entran y salen con libertad
Los Zetas y cometen desapariciones adentro del penal. Disuelven, queman
cuerpos, más de 150 cuerpos. Eso dicen los testimonios, incluso de funcionarios
del estado”, precisó.
Pero el experto en derechos
humanos asegura que el penal no fue solamente usado para asesinar: “Los
talleres del penal eran utilizados como fábrica de insumos para Los Zetas. Se
fabricaban chalecos, se fabricaban fundas para armas, tirantes para armas, se
hacían fiestas dentro del penal y fue utilizado como hotel por parte del crimen
organizado, con un control absoluto por años“.
Guevara añadió que las
autoridades trabajan en conjunto con los delincuentes: “Además hay testimonios
que nos permiten afirmar que se utilizaban recursos del estado, para cometer
delitos. Es decir, hay detenciones de personas que posteriormente son
entregadas a la delincuencia. Imagínate el caso de Ayotzinapa, exactamente las
mismas características de personas que
son entregadas a la delincuencia.”
Los sucesos de Piedras Negras y Allende se denominan como
crímenes de lesa humanidad. “Lo que está sucediendo ahorita en México no puede
ser considerado crímenes de la delincuencia común o como crímenes que no forman
parte de un patrón. Tiene una profundidad mayúscula este concepto de crímenes
de lesa humanidad, implican un plan de instituciones del Estado para cometer
esos asesinatos, esas desapariciones, esas privaciones graves de libertad.”
A le pregunta de cuál sería
el alcance si la Corte acepta ésta, la séptima comunicación que se presenta,
Guevara contestó: “El examen preliminar tendría que detonar un interés genuino
de las autoridades mexicanas, que hasta la fecha no lo han querido hacer de
investigar, procesar y castigar los responsables y no sólo los materiales, sino
a los más altos responsables, a los hombres de atrás.”
Dayán finalizó: “Lo que está
presentado ahorita es Coahuila, pero este patrón, este fenómeno está en todo el
país. Creo que en México no hay tema más importante que hablar de los crímenes
de lesa humanidad que están ocurriendo. Todo lo demás es escenográfico, creo
yo.”
(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ JULIO
7, 2017 4:31 PM)
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