Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com
Por espiar con mismo sistema Pegasus, el
ex presidente panameño Ricardo Martinelli es requerido por autoridades de su
país. Al menos 16 ex mandatarios latinoamericanos han sido llamados a cuentas,
algunos encarcelados y 10 de ellos han sido condenados. En México será difícil
que se presente ese panorama gracias a una “mala salud de hierro”, considera el
investigador Jesús Pérez Caballero, doctorado en Seguridad Internacional
Desde el malogrado intento de
juicio del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres derivadas del
movimiento estudiantil de 1968 y la represión registrada el 10 de junio de
1971, ni antes, ni después ha habido algún empeño por llevar ante la justicia
mexicana o internacional a algún mandatario o ex mandatario federal por casos
rampantes de corrupción, genocidio u otras conductas criminales.
Luego trascendió el escándalo
por el presunto espionaje gubernamental a periodistas y activistas de derechos
humanos, del que dio cuenta el diario estadounidense The New York Times (NYT),
la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los homicidios masivos del
sexenio anterior y otra serie de sucesos nefastos posiblemente ordenados desde
las altas esferas del poder; resulta inevitable echar un vistazo y comparar
cómo en muchos países de América Latina nos llevan muchos años de ventaja en la
democratización de la justicia, que debe incluir a los gobernantes y quienes
concluyeron su mandato con actos cuestionables.
La visita de la periodista y
abogada Rita Vásquez, subdirectora del diario La Prensa de Panamá a México, fue
recibida con la noticia del NYT. Ella llegó a nuestro país para promover el
libro que escribió en coautoría con J. Scott Bronstein, Sociedades Peligrosas,
la historia detrás de los Panamá Papers, publicado por editorial Debate. La
comunicadora se sintió “como en casa”.
“Esto del espionaje realmente
es algo por lo que ya pasamos los panameños”, dijo quien fuera parte del equipo
de investigación, que ha recibido el Premio Pulitzer 2017 por el caso de los
Panamá Papers. Solo que en el caso de su país, al ex jefe de Estado, al que se
acusó de auspiciar esta práctica, sí se le ha exigido cuentas con la justicia,
aun encontrándose en el extranjero.
“El tema de Pegasus en Panamá
es una historia conocida. El ex
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, compró el software y el equipo para
software justamente el mismo año que en México. Entre 2010 y 2011. Y también se
dedicó a espiar a todos sus enemigos, por así decirlo sus adversarios
políticos: periodistas, relacionistas públicos, personas defensoras de derechos
humanos, sindicalistas, e inclusive se dice que hasta a su propia amante”,
relató a ZETA Rita Vásquez.
Recién desempacada de una
nación donde más de un ex mandatario ha sido encausado penalmente, la autora se
mostró orgullosa del grado de madurez alcanzado por el sistema judicial de su
patria. “Al (ex) presidente Martinelli se le abrió proceso, una vez dejado el
poder (a finales de 2014), en 2015, en la Corte Suprema. Sale de Panamá a
finales de enero de 2015 y no ha regresado desde entonces. Vive en Miami y el
proceso ha avanzado hasta que se emite una alerta roja en Interpol y
paralelamente el gobierno panameño solicita al (ex) presidente en extradición a
los Estados Unidos. Curiosamente, mientras se da a conocer la noticia del NYT,
a Martinelli se le inició su proceso de extradición a través de una audiencia”.
IMPUNIDAD A LA MEXICANA
Ricardo Martinelli es uno de
los varios ex jerarcas latinoamericanos que son investigados por actos de
corrupción en el continente. Además del espionaje con el equipo Pegasus,
similar al adquirido y empleado por México en el supuesto combate al crimen organizado.
A Martinelli se le procesa por pagos excesivos de 45 millones de dólares con
cargo al erario panameño durante su gestión.
Pero más allá de este caso
reciente, ya son por lo menos 16 los presidentes, primeros ministros y jefes de
Estado latinoamericanos que en diferentes países son enjuiciados por conductas
de tipo criminal. Si bien, solo en diez casos documentados ha habido sentencias
condenatorias, no todas han sido con los ex funcionarios dentro de las
cárceles, en estos sistemas se ha intentado la búsqueda de la verdad.
Consultado sobre el tema,
Jesús Pérez Caballero, doctor en Seguridad Internacional por el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) e investigador
independiente radicado en México, admite que juzgar a un presidente siempre
tiene sus complicaciones, aunque en América existen algunos casos de máximos
mandatarios procesados. Surge entonces
la pregunta: ¿Por qué se ha dado ese paso en países a los que miramos por
debajo del hombro y no en México?
“Por un lado, hay ejemplos de
una, por así llamarla, vía suramericana. Según ésta, el máximo mandatario de un
país (digamos, un Augusto Pinochet) es procesado por la promoción de crímenes
internacionales, específicamente crímenes contra la humanidad. Son contextos de
dictaduras, en las que se crean políticas claras de represión desde los órganos
que rigen el país. El Chile o la Argentina de finales del siglo pasado son los
casos más típicos”, detalla el académico.
Fotos: Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com.-
Ricardo Anaya.
Por otro lado, pone en
relieve el procesamiento del ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que
“muestra otra vía para la fiscalización penal de los presidentes. Esa vía
guatemalteca consistiría en investigar, entre otros delitos, casos generalizados
de corrupción, en el que redes criminales han puesto a su servicio las
instituciones del Estado para su enriquecimiento. Así se ha encauzado al
presidente de ese país y a su vicepresidenta”.
El investigador detalla que
esos dos caminos tienen un punto en común: la ayuda internacional. “En el caso
de las dictaduras latinoamericanas, sectores de las instituciones de ese lugar
y la propia población, aprovecharon el Derecho Penal Internacional (DPI) para
pensar de manera distinta las situaciones de violencia y adaptar el
ordenamiento jurídico a estándares internacionales que ayudasen a procesar esos
crímenes masivos del pasado. Colombia está ahora haciendo lo mismo, asistida en
algunas políticas por la Corte Penal Internacional. En la vía guatemalteca, la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lleva años
trabajando con las instituciones para depurar al propio Estado centroamericano
de grupos criminales que lo han cooptado”.
En el caso mexicano, donde
hay asuntos similares a los que en otras naciones ha ameritado la persecución,
captura y enjuiciamiento de sus “dignatarios”, la situación no será sencilla al
menos en el corto plazo, advierte el entrevistado. “Ni el gobierno del PRI del
siglo pasado, ni los diferentes ejecutivos federales desde 2000, pueden
considerarse unas dictaduras de la misma manera que lo era, por ejemplo, el
Chile de Pinochet. Las políticas represivas o contrainsurgentes han sido mucho
más ambiguas, promovidas por un Estado formalmente democrático y donde la descentralización
política permite al ejecutivo federal poner orden entre otras instituciones,
pero manteniendo un núcleo duro institucional, civil y militar intocable. Si a
eso se añade el rol de las organizaciones de narcotraficantes, el panorama es
todavía borroso”.
“Pero además, México cuenta
con una fortaleza institucional suficiente como para negarse a que opere un
organismo similar a la CICIG. En este caso, el tamaño de México como país, sí
importa. México no es Guatemala y cuando, sorprendido por las movilizaciones y
la presión tras el caso Ayotzinapa, el ejecutivo aceptó que el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fiscalizase ese proceso
penal, posteriormente desactivó cualquier posibilidad de continuidad en su
mandato o de réplica para otros eventos. Todas las instituciones trabajaron
conjuntamente para finalizar cuanto antes esa ayuda internacional”.
En resumen, Jesús Pérez
Caballero asegura que “México tiene una mala salud de hierro. Las víctimas
están fragmentadas, se desconoce la magnitud de las violaciones de derechos
humanos y no hay una apuesta institucional por los instrumentos legales y
conceptuales del DPI, como se vio tras fracasar el intento de procesar al ex
presidente Luis Echeverría. Así se cierra la vía suramericana. Y si las
instituciones, que en ocasiones están enfrentadas, se unen para impedir medidas
de fiscalización, como la CICIG o el GIEI, se cierra también la vía
guatemalteca. Todo ello obliga a soluciones originales, y a crear una vía
mexicana propia, pero teniendo en cuenta los ejemplos internacionales, para que
los posibles acusados no se blinden o se juzguen a sí mismos”.
Aunque en su momento, ex
presidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari estuvieron en el “ojo del
huracán”, con un hermano preso, acusado de un magnicidio, el tiempo se encargó
de disminuir la furia social que sólo derramó tinta en pliegos de papel para la
opinión pública. Curiosamente varios jefes de Estado contemporáneos a Salinas,
fueron procesados por hechos delictuosos: Carlos Saúl Menem, Carlos Andrés
Pérez, Fernando Collor de Mello y Alberto Fujimori.
ESPIONAJE EN TIEMPOS DE ARELY GÓMEZ
El software malicioso NSO
Pegasus, utilizado por el Gobierno Federal para espiar a periodistas,
defensores de derechos humanos y activistas, como evidenció una investigación
de la Red de Defensa e Medios Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, y el
CitizenLab de Canadá, y publicada en un
reportaje del diario The New York Times el 19 de junio, fue adquirido por la
Procuraduría General de la República, cuando su titular era Jesús Murillo Karam
y se terminó de instalar en marzo de 2015, cuando la procuradora era Arely
Gómez González.
Así se desprende de una
investigación del diario Milenio, que establece que el equipo y su manejo fue
entregado al entonces jefe de la oficina de la procuradora, Christian Noé
Ramírez Gutiérrez, según un acta administrativa firmada por la propia Arely
Gómez. Los intentos de espionaje denunciados por periodistas, activistas y
defensores de derechos humanos iniciaron a partir del 10 de noviembre de 2015.
El acta deja en claro que el
director general de Información de Actividades Delictivas del Centro Nacional
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
(Cenapi), Rafael Avilez Avilez (administrador del contrato), entregó el malware
a Noé Ramírez, después de tuvo a su disposición el equipo desde marzo hasta
noviembre de 2015.
De acuerdo con el contrato
del aparato tecnológico fabricado por la empresa israelí NSO Group, y vendido a
través de la intermediaria compañía mexicana Grupo Tech Bull, el sistema
Pegasus se empleaba “para la realización de actividades sustantivas,
consistente en la intervención de dispositivos electrónicos de comunicación.
Tiene capacidad para espiar a 500 personas al mismo tiempo y 25 servidores
públicos fueron capacitados para su operación”.
Foto: María Jasso/Cuartoscuro.com.- Arely
Góméz González.
Según el acta en poder de
Milenio, la oficina de la procuradora recibió el “hardware, software y
documentos sobre la implementación y capacitación, garantía de un año y
papelería que acreditaba la realización de los cursos de capacitación del uso
del sistema para 25 personas en grupos de ocho cada uno”.
Un informe de CitizenLab de
la Universidad de Toronto refiere que la Procuraduría General de la República,
la Secretaría de Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
eran las dependencias del Gobierno mexicano que operaban el sistema de
espionaje, adquirido presuntamente como herramienta para combatir el crimen
organizado.
El contrato de la
adquisición, que por su parte dio a conocer Televisa, establece que fue el
entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la
Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, quien firmó el 29
de octubre de 2014 la compra con Grupo Tech Bull por 32 millones 16 mil
dólares. El funcionario actualmente se desempeña como secretario técnico del
Consejo de Seguridad Nacional.
La ex procuradora Arely Gómez
González ahora es titular de la Secretaría de la Función Pública, y sería la
encargada de investigar lo que implica el absurdo de que le corresponde auto
investigarse, por el mal manejo del equipo para espiar a periodistas y
activistas de derechos humanos, junto con la PGR. Y Christian Noé Ramírez
Gutiérrez, quien fue responsable de su operación, es ahora el coordinador
general de Órganos de Vigilancia y Control, en la misma Secretaría de la
Función Pública.
Aunque el asunto se hizo
público desde el 19 de junio, fue hasta diez días después, el miércoles 29, que
tras la investigación y entrevista expresa de Milenio, Arely Gómez admitió que participó en la adquisición del malware y
en el espionaje.
“Les comento que la
Procuraduría General de la República y cualquier procuraduría, ya sea del
Estado mexicano o cualquier parte del mundo, tienen para poder cumplir con su
mandato, algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben utilizar
siempre en el marco jurídico. Eso nos los mandata la Ley y la Constitución.
Durante mi mandato siempre fueron apegados dentro del marco jurídico, lo que la
Ley nos da poder para combatir a la delincuencia organizada y al crimen”.
Con esa respuesta y su cargo,
resulta evidente que la investigación que Gómez pudiera orquestar desde la
Secretaria de la Función Pública estará viciada de origen. Redacción ZETA
NO SOLO ACTIVISTAS Y PERIODISTAS, EPN TAMBIÉN ESPIÓ A
POLÍTICOS
El actual presidente del Senado, el panista
Ricardo Gil Zuarth; el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN),
Ricardo Anaya y su secretario de Comunicación en el partido, Fernando Doval,
son los nuevos blancos confirmados de los intentos de espionaje del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
CitizenLab, organización
canadiense dedicada al monitoreo de internet y nuevas tecnologías con un
enfoque de derechos humanos, revisó los teléfonos de los panistas y encontró
pruebas de que fueron atacados con el spyware Pegasus de la empresa NSO Group.
El 29 de octubre de 2014, la
Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el programa por medio de
Grupo Tech Bull, empresa que sirvió de intermediaria para la compra con un
valor de 32 millones 16 mil dólares, que servirían para vigilar a 500
objetivos.
Pegasus, como lo dio a
conocer el informe #GobiernoEspía, es un programa de uso exclusivo para
gobiernos en casos de terrorismo o cuestiones de seguridad nacional.
Tras la publicación del
informe, la semana pasada, que detallaba el modus operandi del malware, Ricardo
Anaya ofreció una conferencia de prensa para informar que había recibido
mensajes de texto casi idénticos a los que recibieron otros blancos como Carmen
Aristegui, Carlos Loret de Mola, así como Mario Patrón y Juan Pardinas,
directores del Centro “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Instituto Mexicano para
la Competitividad, respectivamente.
Los teléfonos de Anaya, Doval
y Gil Zuarth fueron enviados a los laboratorios de CitizenLab en Canadá para su
inspección y, tras los exámenes pertinentes, la organización confirmó que se
trataba de los mismos intentos de infección.
Roberto Gil Zuarth.
En los tres casos, entre
junio y julio de 2016, los panistas recibieron mensajes de texto a sus
teléfonos. Uno de estos textos era idéntico y refería que los políticos
aparecían en un reportaje de la revista Proceso, seguido de un enlace. Este
hipervínculo tenía como destino una página de internet donde automáticamente se
descarga el malware.
Pegasus permite el acceso a
las fotografías, mensajes, correos, contactos, aplicaciones y documentos del
teléfono, así como a la cámara y micrófono, además de ser indetectable sin
tecnología especializada.
El 28 de junio, las
organizaciones que realizaron el informe, Red en Defensa de los Derechos
Digitales (R3D), SocialTIC y Artículo 19, se presentaron ante el Senado para
exigir que la denuncia que los afectados presentaron ante la PGR derive en una
“investigación imparcial, autónoma y exhaustiva”.
“Dado que es la misma PGR la
que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más
relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para
asegurar garantías de independencia en la investigación”, indicaron las
organizaciones un día después de la reunión.
Por ello, exigieron la
intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la
participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Reiteraron que
los nuevos casos confirmados de intentos de infección, confirman el uso
extensivo y sistemático del spyware, pese a que el gobierno de Enrique Peña
Nieto niegue su utilización.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Luis Carlos Sáinz Lunes, 3 Julio, 2017 12:00
PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario