“Es una persona que
tiene información de años atrás que maneja el narcotráfico, sin embargo, no
tiene orden de aprehensión con nosotros. Investigaciones (averiguaciones
previas), no puedo comentar abiertamente qué tenemos…Yo no tenía información
para confirmar que ‘El Ingeniero’ estaba en Tijuana, no lo descartábamos,
obviamente en su plaza, pero no tenemos una información certera”, dijo el
subprocurador contra delincuencia organizada, José María Martínez, de la
captura de Fernando Sánchez Arellano, líder del Cártel Arellano.
Con esa frescura en
la Procuraduría que encabeza la fiscal Perla Ibarra, reconocen que no se habían
molestado en investigar la responsabilidad del sobrino de los hermanos Arellano
Félix, mencionado como autor intelectual en expedientes de homicidios,
secuestros, lesiones en balaceras y amenazas de muerte, todos delitos del fuero
común.
Es evidente que la
corrupción y con ello la omisión para judicializar los casos en las
procuradurías panistas de Baja California –tratándose del Cártel Arellano– no
se ha modificado a lo largo de 25 años de gobiernos azules.
Nuestro codirector
fundador Jesús Blancornelas escribió que el Cártel Arellano Félix entró a Baja
California porque el gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-enero 1989) le
abrió personalmente la puerta, y, después, que los gobiernos del PAN no se las
cerraron.
“La mafia invade
Baja California”, nota publicada el 20 de septiembre de 1985, detalló del
descubrimiento de un almacén de marihuana en la colonia Libertad, protegido por
el Agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, hombre de
confianza y ex trabajador del despacho del licenciado Edgardo Leyva Mortera
–hermano del gobernador–, quien controlaba la procuraduría. El jefe de la
policía judicial estatal, José Luis García Figueroa –también puesto por Edgardo
Leyva– y Moreno, vendían desde protección hasta identificaciones falsas a la
mafia Arellano.
Con el arribo de los
gobernadores panistas que prometieron honestidad, trabajo por la ciudadanía y la
captura de criminales, solo se obtuvo la continuidad de la impunidad. No
pudieron, o peor, no quisieron, detener la labor criminal del Cártel Arellano,
que terminó por invadir de droga y asesinatos las calles del estado, desde 1985
hasta este 2014.
Aunque de los tres
procuradores del primer gobernador panista Ernesto Ruffo (1989-1995), fue Juan
Francisco Franco Ríos quien tuvo señalamientos directos de colusión con la
mafia local, a Eduardo Kraus y Pedro Raúl Vidal Rosas mínimo se les señaló de
ser permisivos con mandos y agentes judiciales sorprendidos, en más de una
ocasión, protegiendo a alguno de los hermanos Arellano.
Historias similares
se dieron en el gobierno de Héctor Terán (1995-1998) y sus fiscales, Jose Luis
Anaya Bautista y Marco Antonio de la Fuente Villarreal. La impunidad permaneció
con el gobernador sustituto Alejandro González Alcocer (1998-2001) y su
concuño, a quien designó procurador, Juan Manuel Salazar Pimentel.
Los Arellano
siguieron su actividad criminal y permanecieron intocables; sumaron homicidios
de subprocuradores honestos y jefes de escoltas deshonestos de la PGJE y
algunas detenciones de agentes corruptos de la misma fiscalía.
Con el gobernador
Eugenio Elorduy (2001-20007), quien sostuvo como procurador seis años a Antonio
Martínez Luna, los ministeriales apoyaron la reorganización y la toma de
Mexicali para el Cártel de Sinaloa. Y en zona costa, el CAF entró a la
industria del terrorismo y el secuestro.
La llegada a la
procuraduría de Rommel Moreno Manjarrez en el sexenio de José Guadalupe Osuna
Millán (2007- 20013), no mejoró las cosas tratándose del CAF. Se comprometió a
judicializar a todos y cada uno de los miembros conocidos por secuestros y
homicidios, pero en seis años, únicamente procesaron al sicario Ángel Jácome
Beltrán “El Kaibil” por el asesinato de un ministerial corrupto.
En esta
administración de Francisco Vega, la procuraduría de Perla Ibarra no se avizora
mejor. Entrevistada por ZETA al inicio de su gestión sobre este tema en
específico, fue evasiva, comentó que si había averiguaciones en proceso –no las
hay– se continuarían hasta resolver, pero advirtió que no todas terminaban en
consignación, podrían archivarse o quedar en reserva. De iniciar
investigaciones contra traficantes, no respondió.
Ahora, la misma
Procuraduría bajacaliforniana que permitió más de 30 años de enriquecimiento
del Cártel Arellano, está sirviendo para el re-ascenso de los criminales de la
mafia de Sinaloa.
Resulta urgente que
el incipiente gobierno de Francisco Vega retome el camino del estado de derecho
que debe imperar, y procurar la justicia de manera eficiente. No hacerlo, será
una muestra más de la colusión con los criminales… como ha sucedido, los
últimos 30 años.
(SEMANARIO
ZETA/ Rosario Mosso Castro/ 30 de Junio del 2014 a las 08:00:00)
30 años de corrupción y colusión
Con esa frescura en la Procuraduría que encabeza la fiscal Perla Ibarra, reconocen que no se habían molestado en investigar la responsabilidad del sobrino de los hermanos Arellano Félix, mencionado como autor intelectual en expedientes de homicidios, secuestros, lesiones en balaceras y amenazas de muerte, todos delitos del fuero común.
Es evidente que la corrupción y con ello la omisión para judicializar los casos en las procuradurías panistas de Baja California –tratándose del Cártel Arellano– no se ha modificado a lo largo de 25 años de gobiernos azules.
Nuestro codirector fundador Jesús Blancornelas escribió que el Cártel Arellano Félix entró a Baja California porque el gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-enero 1989) le abrió personalmente la puerta, y, después, que los gobiernos del PAN no se las cerraron.
“La mafia invade Baja California”, nota publicada el 20 de septiembre de 1985, detalló del descubrimiento de un almacén de marihuana en la colonia Libertad, protegido por el Agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, hombre de confianza y ex trabajador del despacho del licenciado Edgardo Leyva Mortera –hermano del gobernador–, quien controlaba la procuraduría. El jefe de la policía judicial estatal, José Luis García Figueroa –también puesto por Edgardo Leyva– y Moreno, vendían desde protección hasta identificaciones falsas a la mafia Arellano.
Con el arribo de los gobernadores panistas que prometieron honestidad, trabajo por la ciudadanía y la captura de criminales, solo se obtuvo la continuidad de la impunidad. No pudieron, o peor, no quisieron, detener la labor criminal del Cártel Arellano, que terminó por invadir de droga y asesinatos las calles del estado, desde 1985 hasta este 2014.
Aunque de los tres procuradores del primer gobernador panista Ernesto Ruffo (1989-1995), fue Juan Francisco Franco Ríos quien tuvo señalamientos directos de colusión con la mafia local, a Eduardo Kraus y Pedro Raúl Vidal Rosas mínimo se les señaló de ser permisivos con mandos y agentes judiciales sorprendidos, en más de una ocasión, protegiendo a alguno de los hermanos Arellano.
Historias similares se dieron en el gobierno de Héctor Terán (1995-1998) y sus fiscales, Jose Luis Anaya Bautista y Marco Antonio de la Fuente Villarreal. La impunidad permaneció con el gobernador sustituto Alejandro González Alcocer (1998-2001) y su concuño, a quien designó procurador, Juan Manuel Salazar Pimentel.
Los Arellano siguieron su actividad criminal y permanecieron intocables; sumaron homicidios de subprocuradores honestos y jefes de escoltas deshonestos de la PGJE y algunas detenciones de agentes corruptos de la misma fiscalía.
Con el gobernador Eugenio Elorduy (2001-20007), quien sostuvo como procurador seis años a Antonio Martínez Luna, los ministeriales apoyaron la reorganización y la toma de Mexicali para el Cártel de Sinaloa. Y en zona costa, el CAF entró a la industria del terrorismo y el secuestro.
La llegada a la procuraduría de Rommel Moreno Manjarrez en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán (2007- 20013), no mejoró las cosas tratándose del CAF. Se comprometió a judicializar a todos y cada uno de los miembros conocidos por secuestros y homicidios, pero en seis años, únicamente procesaron al sicario Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil” por el asesinato de un ministerial corrupto.
En esta administración de Francisco Vega, la procuraduría de Perla Ibarra no se avizora mejor. Entrevistada por ZETA al inicio de su gestión sobre este tema en específico, fue evasiva, comentó que si había averiguaciones en proceso –no las hay– se continuarían hasta resolver, pero advirtió que no todas terminaban en consignación, podrían archivarse o quedar en reserva. De iniciar investigaciones contra traficantes, no respondió.
Ahora, la misma Procuraduría bajacaliforniana que permitió más de 30 años de enriquecimiento del Cártel Arellano, está sirviendo para el re-ascenso de los criminales de la mafia de Sinaloa.
Resulta urgente que el incipiente gobierno de Francisco Vega retome el camino del estado de derecho que debe imperar, y procurar la justicia de manera eficiente. No hacerlo, será una muestra más de la colusión con los criminales… como ha sucedido, los últimos 30 años.
30 años de corrupción y colusión
Con esa frescura en la Procuraduría que encabeza la fiscal Perla Ibarra, reconocen que no se habían molestado en investigar la responsabilidad del sobrino de los hermanos Arellano Félix, mencionado como autor intelectual en expedientes de homicidios, secuestros, lesiones en balaceras y amenazas de muerte, todos delitos del fuero común.
Es evidente que la corrupción y con ello la omisión para judicializar los casos en las procuradurías panistas de Baja California –tratándose del Cártel Arellano– no se ha modificado a lo largo de 25 años de gobiernos azules.
Nuestro codirector fundador Jesús Blancornelas escribió que el Cártel Arellano Félix entró a Baja California porque el gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-enero 1989) le abrió personalmente la puerta, y, después, que los gobiernos del PAN no se las cerraron.
“La mafia invade Baja California”, nota publicada el 20 de septiembre de 1985, detalló del descubrimiento de un almacén de marihuana en la colonia Libertad, protegido por el Agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, hombre de confianza y ex trabajador del despacho del licenciado Edgardo Leyva Mortera –hermano del gobernador–, quien controlaba la procuraduría. El jefe de la policía judicial estatal, José Luis García Figueroa –también puesto por Edgardo Leyva– y Moreno, vendían desde protección hasta identificaciones falsas a la mafia Arellano.
Con el arribo de los gobernadores panistas que prometieron honestidad, trabajo por la ciudadanía y la captura de criminales, solo se obtuvo la continuidad de la impunidad. No pudieron, o peor, no quisieron, detener la labor criminal del Cártel Arellano, que terminó por invadir de droga y asesinatos las calles del estado, desde 1985 hasta este 2014.
Aunque de los tres procuradores del primer gobernador panista Ernesto Ruffo (1989-1995), fue Juan Francisco Franco Ríos quien tuvo señalamientos directos de colusión con la mafia local, a Eduardo Kraus y Pedro Raúl Vidal Rosas mínimo se les señaló de ser permisivos con mandos y agentes judiciales sorprendidos, en más de una ocasión, protegiendo a alguno de los hermanos Arellano.
Historias similares se dieron en el gobierno de Héctor Terán (1995-1998) y sus fiscales, Jose Luis Anaya Bautista y Marco Antonio de la Fuente Villarreal. La impunidad permaneció con el gobernador sustituto Alejandro González Alcocer (1998-2001) y su concuño, a quien designó procurador, Juan Manuel Salazar Pimentel.
Los Arellano siguieron su actividad criminal y permanecieron intocables; sumaron homicidios de subprocuradores honestos y jefes de escoltas deshonestos de la PGJE y algunas detenciones de agentes corruptos de la misma fiscalía.
Con el gobernador Eugenio Elorduy (2001-20007), quien sostuvo como procurador seis años a Antonio Martínez Luna, los ministeriales apoyaron la reorganización y la toma de Mexicali para el Cártel de Sinaloa. Y en zona costa, el CAF entró a la industria del terrorismo y el secuestro.
La llegada a la procuraduría de Rommel Moreno Manjarrez en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán (2007- 20013), no mejoró las cosas tratándose del CAF. Se comprometió a judicializar a todos y cada uno de los miembros conocidos por secuestros y homicidios, pero en seis años, únicamente procesaron al sicario Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil” por el asesinato de un ministerial corrupto.
En esta administración de Francisco Vega, la procuraduría de Perla Ibarra no se avizora mejor. Entrevistada por ZETA al inicio de su gestión sobre este tema en específico, fue evasiva, comentó que si había averiguaciones en proceso –no las hay– se continuarían hasta resolver, pero advirtió que no todas terminaban en consignación, podrían archivarse o quedar en reserva. De iniciar investigaciones contra traficantes, no respondió.
Ahora, la misma Procuraduría bajacaliforniana que permitió más de 30 años de enriquecimiento del Cártel Arellano, está sirviendo para el re-ascenso de los criminales de la mafia de Sinaloa.
Resulta urgente que el incipiente gobierno de Francisco Vega retome el camino del estado de derecho que debe imperar, y procurar la justicia de manera eficiente. No hacerlo, será una muestra más de la colusión con los criminales… como ha sucedido, los últimos 30 años.
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