Saltillo, Coah.- Pese a verse involucrado en robo de
combustible en Coahuila y aunque le fue iniciada una investigación por
parte del órgano interno de Control de Pemex, Jorge Salcido Urroz,
actual funcionario municipal, se niega a someterse a las pruebas de
control de confianza que incluyen el antidoping.
Jorge Salcido, director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) en Saltillo, encargado del sistema de cámaras de seguridad, fue señalado entre los, presuntamente, responsables de irregularidades detectadas por la paraestatal en la Cuenca de Burgos de Coahuila.
Tomas clandestinas y la relación de Salcido con supuestos distribuidores de gasolina sustraída de manera ilegal de las líneas de Pemex, fue el resultado de la indagación que en julio de 2009 publicaron medios nacionales, en los que se dieron a conocer los informes de la detención de seis personas y 13 más que en ese momento estaban en calidad de presentados.
Lo anterior, luego del encarcelamiento de Miguel Estrada Martínez, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, reportado tras el cateo de las instalaciones a manos de las autoridades federales que iniciaron la investigación en la que salió a relucir el nombre de Jorge Salcido Urroz.
DEL GRUPO ‘ROSENDISTA’
El nombre del panista coahuilense, quien se encargaba de los operativos de seguridad de Pemex, cimbró a los integrantes de este partido en la entidad, junto con uno de sus ex colaboradores de apellido Ordóñez, quienes estuvieron en calidad de detenidos hasta que se definió su situación jurídica.
Esto, después de los hechos descubiertos por la instancia fiscalizadora de la empresa para la que trabajaba Salcido, bajo las órdenes del ex alcalde de Saltillo, Rosendo Villarreal, cuando éste estuvo al frente de la Dirección Administrativa de Pemex.
Salcido se niega a prueba de confianza
En 2009 la empresa informó en un comunicado, que con el apoyo de elementos de seguridad de corporaciones federales, procedieron al aseguramiento del equipo de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física –oficina a la que estaba asignado Jorge Salcido Urroz– con el objetivo de recabar pruebas para encontrar a los culpables del robo de combustible en la Cuenca de Burgos.
Además de Salcido, en los medios nacionales se dio cuenta de la supuesta participación de Pedro Aguirre Castro –estrechamente vinculado a Rosendo Villarreal, según las notas de mediados de 2009 que dejaron precedente de este hecho– en estas indagaciones, luego de que también se le detuviera en este despliegue en el que Jorge Salcido quedó a disposición de las autoridades federales.
Salcido Urroz fue obligado a subir a la patrulla, esposado y custodiado por elementos de la PFP que desplegaron el operativo en que fue señalado como presunto responsable del robo de combustible de Pemex.
Incluso en 2012 promovió el juicio laboral identificado con el número de expediente 79/2010 en contra Pemex, que todavía el año pasado se ventilaba en la Junta Especial de Conciliación número 1 en la Ciudad de México.
AHORA DICE ‘NO’
Ahora, y en franca violación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) en Saltillo se negó rotundamente a cumplir con las pruebas de control y confianza que exige el cargo que ocupa en el organigrama municipal, relacionado al tema de seguridad pública.
De acuerdo con el oficio DGCECC/1660/2014, enviado el 2 de abril de este año al mayor Clemente Yáñez, director de la Policía de Saltillo y signado por el director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Saúl Garduño Ramírez, el actual responsable del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) de Saltillo, Jorge Salcido Urroz, fue convocado por el Gobierno estatal para que le fueran practicadas las pruebas de evaluación y confianza.
Lo anterior con base en el artículo 21 y 123, fracción XIII del apartado B constitucionales, así como el 282 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, que fijan como obligatoria la práctica de exámenes de control a todos los servidores públicos que pertenezcan a instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
En la fecha que las autoridades estatales, específicamente a cargo de Saúl Garduño Ramírez, le establecieron la hora en la que se requería que Salcido acudiera a las pruebas de control, incluyendo el antidoping; sin embargo, el funcionario municipal a la fecha sigue sin responder al llamado de la autoridad estatal.
Cabe mencionar que el examen se condicionaba a que fuera aseado, descansado, debidamente alimentado, con vestimenta apropiada, es decir no pants, ni zapato tenis.
En la carta se advertía que en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que cualquier servidor público que pertenezca a las instituciones policiacas de cualquiera de los niveles de gobierno que se niegue a esta prueba de control y confianza, puede ser separado de su cargo.
NO ES NO…
Sin embargo, y pese a los señalamientos hechos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila, Jorge Salcido Urroz respondió el 8 de abril en un documento enviado al mayor Clemente Yáñez Carrillo, que los que laboran en el CIAP no tienen por qué ser parte de estas pruebas de confianza.
En el documento CIAP/085-14 destacó que el CIAP no forma parte de las instituciones policiales de la Federación, estado o municipio, por lo que no tienen obligación de acudir a este llamado.
En dicho oficio, que firma Salcido Urroz, explicó que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila cita que únicamente los servidores públicos que pertenecen a una instancia de seguridad pública de algún orden de gobierno, por lo que de acuerdo a lo que marca el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Policía de Saltillo, no contempla al CIAP y a sus servidores públicos como parte de la Dirección.
‘DEPENDO DEL ALCALDE’
En declaraciones recientes a medios de comunicación, el director del CIAP, Jorge Salcido Urroz, negó que la oficina que controla más de 284 cámaras urbanas en la ciudad de Saltillo forme parte del organigrama de la Policía.
“Yo dependo de la Secretaría Técnica y del propio alcalde Isidro López”, dijo a los reporteros cuando le preguntaron por la negativa mostrada para practicarse este examen de control y confianza al que se han sometido decenas de funcionarios que tienen una labor relacionada al sistema de vigilancia de la ciudad.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública…
» Esta legislación busca promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones de seguridad pública en el país.
» Establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema.
» Todos los servidores públicos de las instituciones policiales en los tres órdenes de Gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza.
» Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.
Según el apartado B, de la Distribución de Competencias, en el artículo 39, es claro al advertir que la concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:
VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza respectivo.
» En su artículo 74, esta misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
SIN EXAMEN, PERO EN CONSEJO DE SEGURIDAD…
» El 31 de marzo de este año, Jorge Salcido rindió protesta como integrante del Consejo de Seguridad Pública de Saltillo, que según la información dada a conocer por la Presidencia Municipal, este grupo dará seguimiento al Plan Integral de Seguridad Pública de Saltillo.
» El Consejo lo integra el alcalde Isidro López Villarreal; la secretaria del Ayuntamiento, María Alicia García Narro; el mayor Clemente Yáñez Carrillo, director de la Policía Preventiva Municipal; el director de Bomberos, Sergio Robles, y el director de Protección Civil, René de la Garza Silva.
» También aparece en esta lista el tesorero Adrián Ortiz; el director de Servicios Primarios, Isidro Aguirre; el director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP), Jorge Salcido Urroz, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Abraham Tobías.
FUENTE: Ayuntamiento de Saltillo.
Jorge Salcido, director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) en Saltillo, encargado del sistema de cámaras de seguridad, fue señalado entre los, presuntamente, responsables de irregularidades detectadas por la paraestatal en la Cuenca de Burgos de Coahuila.
Tomas clandestinas y la relación de Salcido con supuestos distribuidores de gasolina sustraída de manera ilegal de las líneas de Pemex, fue el resultado de la indagación que en julio de 2009 publicaron medios nacionales, en los que se dieron a conocer los informes de la detención de seis personas y 13 más que en ese momento estaban en calidad de presentados.
Lo anterior, luego del encarcelamiento de Miguel Estrada Martínez, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, reportado tras el cateo de las instalaciones a manos de las autoridades federales que iniciaron la investigación en la que salió a relucir el nombre de Jorge Salcido Urroz.
DEL GRUPO ‘ROSENDISTA’
El nombre del panista coahuilense, quien se encargaba de los operativos de seguridad de Pemex, cimbró a los integrantes de este partido en la entidad, junto con uno de sus ex colaboradores de apellido Ordóñez, quienes estuvieron en calidad de detenidos hasta que se definió su situación jurídica.
Esto, después de los hechos descubiertos por la instancia fiscalizadora de la empresa para la que trabajaba Salcido, bajo las órdenes del ex alcalde de Saltillo, Rosendo Villarreal, cuando éste estuvo al frente de la Dirección Administrativa de Pemex.
Salcido se niega a prueba de confianza
En 2009 la empresa informó en un comunicado, que con el apoyo de elementos de seguridad de corporaciones federales, procedieron al aseguramiento del equipo de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física –oficina a la que estaba asignado Jorge Salcido Urroz– con el objetivo de recabar pruebas para encontrar a los culpables del robo de combustible en la Cuenca de Burgos.
Además de Salcido, en los medios nacionales se dio cuenta de la supuesta participación de Pedro Aguirre Castro –estrechamente vinculado a Rosendo Villarreal, según las notas de mediados de 2009 que dejaron precedente de este hecho– en estas indagaciones, luego de que también se le detuviera en este despliegue en el que Jorge Salcido quedó a disposición de las autoridades federales.
Salcido Urroz fue obligado a subir a la patrulla, esposado y custodiado por elementos de la PFP que desplegaron el operativo en que fue señalado como presunto responsable del robo de combustible de Pemex.
Incluso en 2012 promovió el juicio laboral identificado con el número de expediente 79/2010 en contra Pemex, que todavía el año pasado se ventilaba en la Junta Especial de Conciliación número 1 en la Ciudad de México.
AHORA DICE ‘NO’
Ahora, y en franca violación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) en Saltillo se negó rotundamente a cumplir con las pruebas de control y confianza que exige el cargo que ocupa en el organigrama municipal, relacionado al tema de seguridad pública.
De acuerdo con el oficio DGCECC/1660/2014, enviado el 2 de abril de este año al mayor Clemente Yáñez, director de la Policía de Saltillo y signado por el director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Saúl Garduño Ramírez, el actual responsable del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) de Saltillo, Jorge Salcido Urroz, fue convocado por el Gobierno estatal para que le fueran practicadas las pruebas de evaluación y confianza.
Lo anterior con base en el artículo 21 y 123, fracción XIII del apartado B constitucionales, así como el 282 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, que fijan como obligatoria la práctica de exámenes de control a todos los servidores públicos que pertenezcan a instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
En la fecha que las autoridades estatales, específicamente a cargo de Saúl Garduño Ramírez, le establecieron la hora en la que se requería que Salcido acudiera a las pruebas de control, incluyendo el antidoping; sin embargo, el funcionario municipal a la fecha sigue sin responder al llamado de la autoridad estatal.
Cabe mencionar que el examen se condicionaba a que fuera aseado, descansado, debidamente alimentado, con vestimenta apropiada, es decir no pants, ni zapato tenis.
En la carta se advertía que en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que cualquier servidor público que pertenezca a las instituciones policiacas de cualquiera de los niveles de gobierno que se niegue a esta prueba de control y confianza, puede ser separado de su cargo.
NO ES NO…
Sin embargo, y pese a los señalamientos hechos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila, Jorge Salcido Urroz respondió el 8 de abril en un documento enviado al mayor Clemente Yáñez Carrillo, que los que laboran en el CIAP no tienen por qué ser parte de estas pruebas de confianza.
En el documento CIAP/085-14 destacó que el CIAP no forma parte de las instituciones policiales de la Federación, estado o municipio, por lo que no tienen obligación de acudir a este llamado.
En dicho oficio, que firma Salcido Urroz, explicó que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila cita que únicamente los servidores públicos que pertenecen a una instancia de seguridad pública de algún orden de gobierno, por lo que de acuerdo a lo que marca el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Policía de Saltillo, no contempla al CIAP y a sus servidores públicos como parte de la Dirección.
‘DEPENDO DEL ALCALDE’
En declaraciones recientes a medios de comunicación, el director del CIAP, Jorge Salcido Urroz, negó que la oficina que controla más de 284 cámaras urbanas en la ciudad de Saltillo forme parte del organigrama de la Policía.
“Yo dependo de la Secretaría Técnica y del propio alcalde Isidro López”, dijo a los reporteros cuando le preguntaron por la negativa mostrada para practicarse este examen de control y confianza al que se han sometido decenas de funcionarios que tienen una labor relacionada al sistema de vigilancia de la ciudad.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública…
» Esta legislación busca promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones de seguridad pública en el país.
» Establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema.
» Todos los servidores públicos de las instituciones policiales en los tres órdenes de Gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza.
» Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.
Según el apartado B, de la Distribución de Competencias, en el artículo 39, es claro al advertir que la concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:
VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza respectivo.
» En su artículo 74, esta misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
SIN EXAMEN, PERO EN CONSEJO DE SEGURIDAD…
» El 31 de marzo de este año, Jorge Salcido rindió protesta como integrante del Consejo de Seguridad Pública de Saltillo, que según la información dada a conocer por la Presidencia Municipal, este grupo dará seguimiento al Plan Integral de Seguridad Pública de Saltillo.
» El Consejo lo integra el alcalde Isidro López Villarreal; la secretaria del Ayuntamiento, María Alicia García Narro; el mayor Clemente Yáñez Carrillo, director de la Policía Preventiva Municipal; el director de Bomberos, Sergio Robles, y el director de Protección Civil, René de la Garza Silva.
» También aparece en esta lista el tesorero Adrián Ortiz; el director de Servicios Primarios, Isidro Aguirre; el director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP), Jorge Salcido Urroz, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Abraham Tobías.
FUENTE: Ayuntamiento de Saltillo.
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