Familiares de los detenidos en Aquila aseguran
que los 41 detenidos sufren maltrato y violación de sus derechos.
México, D.F.- En espera a que en la
Procuraduría General de la República (PGR) se defina la situación
jurídica de 41 integrantes de la autodefensa de Aquila, Michoacán,
algunos familiares de los detenidos acusaron presuntas irregularidades
en las diligencias ministeriales, pues aseguran que están incomunicados,
que nos les permiten designar un defensor particular ni recibir
visitas.
Por estos hechos, indicaron que formalizarán una queja
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque ya
visitadores del organismo acudieron a la Subprocuraduría Especializada
en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) para verificar las
condiciones de los policías comunitarios, quienes fueron detenidos el
miércoles pasado, en una operación en la que apoyó el Ejército.
Los
familiares arribaron ayer viernes a la sede de la SEIDO —en la colonia
Guerrero del DF— en un intento por entrevistarse con algunos de los
aprehendidos, pero aseguran que se les ha impedido todo contacto, por lo
que indicaron que es irregular que los mantengan incomunicados.
Aunque
no quisieron identificarse y optaron por el anonimato, indicaron que
saben que sus parientes han sido interrogados desde en la madrugada,
pero no se les permitió designar a un abogado de su confianza, por lo
que temen que no estén siendo asistidos de forma adecuada.
Alrededor
de 30 personas se apostaron frente a las instalaciones de la SEIDO, en
espera de que las autoridades ministeriales les permitan entrevistarse
con los detenidos, a pesar de que aseguran que haberse trasladado al DF
implicó para ellos un riesgo a su seguridad, pues salir del municipio
los hizo posible blanco del crimen organizado, ya que desde el desarme
de la autodefensa quedaron a merced de los grupos delictivos en la
región.
Los 41 detenidos que son acusados por violaciones a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos fueron trasladados desde la
madrugada del jueves a la SEIDO, por razones de seguridad y competencia,
donde se toma su declaración antes de que se determine si se ejercita o
no la acción penal en su contra.
Hasta el momento, el único cargo
por el que son investigados los policías civiles es el de posesión y
uso de armas reservadas a las fuerzas federales, aunque fuentes de la
PGR consultadas no descartaron que se les pudieran fincar otros cargos a
partir de las declaraciones que han rendido, respecto a la forma en que
obtuvieron las armas que les fueron decomisadas durante la operación
del miércoles pasado.
Amenazan desquiciar vías por caso Aquila
Guardias
comunitarias de Tepalcatepec, Coalcoman, Chinicuila, Los Reyes,
Buenavista acordaron llevar a cabo acciones de presión, como cierre de
carreteras, toma de casetas y marchas para pugnar por la liberación de
sus compañeros.
A partir del lunes, indicaron, comenzarán con
estas acciones de no llegar a un acuerdo con el gobierno, para que deje
libres a los más de 41 detenidos el miércoles pasado en el municipio de
Aquila.
Por su lado, el gobierno del estado dijo desconocer “el
tipo de peticiones que tienen las guardias comunitarias”, pero negó que
se vaya a negociar la liberación de los detenidos en la operación que
llevó a cabo el Ejército, la Marina y la Policía Estatal.
El
gobernador interino, Jesús Reyna García, señaló que los grupos de
autodefensa no han solicitado una audiencia con él por lo que no se
tiene planteado en los próximos días recibir a alguna comisión de estos
grupos, señaló.
Descartó asimismo que se vaya a realizar otro
operativo similar en esta zona de la Tierra Caliente, donde desde
febrero pasado se levantaron grupos en contra de los abusos del crimen
organizado.
Ayer se reunieron en Casa de Gobierno de Michoacán, el
diputado federal Silvano Aureoles, el ex gobernador priísta del estado,
Víctor Manuel Tinoco Rubí y el gobernador interino Jesús Reyna García.
En esa reunión se abordó el tema de la seguridad y las guardia comunitarias, pero no se revelaron más detalles.
Por
otra parte, el comisariado de bienes comunales de Aquila, Octavio
Villanueva denunció haber recibido amenazas por parte de desconocidos
para que dejara de hablar en los medios de comunicación sobre el tema de
los grupos de autodefensa y las minas de la localidad, explotadas por
la empresa italiana Ternium.
(VANGUARDIA / El Universal/ sábado, 17 de agosto del 2013)
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