SIN EMBARGO
México, DF.- Una de
las palabras favoritas en el discurso público de Jesús Murillo Karam,
procurador general de la República, es “transparencia”.
Después de la
explosión en el Anexo B de la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la
capital del país, dijo que el Gobierno diría si se trató de “un accidente, una
imprudencia, un atentado o sea lo que sea”, y agregó: “No vamos a desechar
ninguna hipótesis. Vamos a procurar que esta investigación se dé de la forma
más transparente”.
Lo mismo ofreció de
la investigación que se sigue a Elba Esther Gordillo, a quien se acusa de falta
de transparencia en el manejo de los recursos del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Y poco después de
llegar a la Procuraduría General de la República (PGR), el priista acusó de
insuficientes los avances registrados en la modificación del sistema de
justicia penal aprobado en 2008 –en el gobierno de Felipe Calderón–, y en su
discurso sentenció: “Siendo la averiguación un instrumento que requiere de salvar
con la reserva de la presunción de inocencia y los derechos de terceros, esto
no impide que la actuación de la autoridad deba ser transparente, pública y
medible”.
Pero en los hechos,
Murillo Karam no es el hombre que predica ser.
Por ejemplo, fue el
único miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto que no hizo su declaración
patrimonial pública. Como el manifiesto de bienes es voluntario, el además ex
presidente de la Cámara de Diputados “no aceptó hacer públicos sus datos
patrimoniales”, según reportó la Presidencia de la República.
La dependencia a su
cargo maneja en una zona oscura las investigaciones más importantes de los
primeros casi cuatro meses de administración. Por ejemplo, se desconoce si se
investiga o no a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública
federal.
LA PGR EN LO OSCURITO
En 2005, Luis
Cárdenas Palomino y Genaro García Luna presentaron a la francesa Florence
Cassez y a una banda de secuestradores durante un montaje televisivo que simuló
el arresto “en vivo”. Ésta y otras violaciones fueron evaluadas por los
ministros de la Corte, que decidieron liberarla el 23 de enero de 2013.
Inmediatamente
después de su liberación, el procurador Jesús Murillo Karam dijo que analizaría
el fallo de la Segunda Sala de la SCJN para fincar responsabilidades contra
quienes realizaron la averiguación previa y la consignación.
Murillo Karam
incluso instruyó a los fiscales de la Subprocuraduría de Procesos Penales de la
PGR a centrar el análisis en la parte de investigación y, posteriormente,
rendir un informe jurídico-legal para determinar si se ejercita acción penal
contra ex funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y
Ministerios Públicos de la Federación que la elaboraron en 2005.
A pesar de la
promesa, ningún resultado ha sido presentado por la Procuraduría.
El pasado 15 de
marzo el ombudsman nacional Raúl Plascencia presentó un recurso ante la PGR en
contra de García Luna y 20 funcionarios más por dicho operativo. Ante ello,
propuso que el Senado lance un exhorto a Jesús Murillo Karam para iniciar los
procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación.
Pese a comenzar una
investigación contra García Luna y Palomino, la dependencia dijo que estudia el
informe presentado por la CNDH.
EL CASO GRANIER
El 31 de diciembre
2006 el priista Andrés Granier Melo rindió protesta como gobernador de Tabasco.
Prometió cambios y ayudar a los más necesitados. Sin embargo, su administración
finalizó con derroche, crisis en el sector Salud, un aumento exponencial de la
deuda pública y la pérdida de más de mil millones de pesos.
Granier recibió el
poder de manos del priista Manuel Andrade, quien le dejó una deuda por 450
millones de pesos, que en seis años creció a más de 10 mil millones; sin
embargo, el actual gobernador Arturo Núñez, del PRD, dice que el monto real es
por 17 mil 737 millones de pesos.
Debido a las
inconsistencias halladas por la nueva gestión, el 23 de febrero se anunció que
se había iniciado una extensa investigación que abarca desde los ingresos, hasta
las propiedades de la familia y los ex colaboradores del ex mandatario priista.
El procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que la Procuraduría no
cuenta con los elementos necesarios para llamar al ex mandatario priista, pero
de ser necesario, así se hará.
“No puedo buscar a
nadie sin tener el sustento legal, una orden o la solicitud ante un juez. Si
hubiera necesidad de declararlo o si hubiera necesidad de detenerlo, si resulta
responsabilidad, yo no hago más que lo que la ley me indica”, dijo.
¿Y ROMERO DESCHAMPS?
Un día después de la
detención de Elba Esther Gordillo, el procurador Jesús Murillo Karam dijo que
no tenía pruebas suficientes para ir en contra del dirigente del Sindicato de
los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). “No cuento con un
elemento tan claro como en este caso (el de Elba Esther). Si tengo denuncias,
se actuará de la misma manera”, dijo.
Sin embargo, al
igual que la “Maestra”, al senador priista se le ha acusado por supuestos
vínculos con el desvío de recursos –como el “Pemexgate” en el 2000–, o por el
despilfarro y lujos. Aunque a ambos les gustan las buenas marcas, y los dos se
forjaron en el partido tricolor, Gordillo Morales se descarrió del PRI, no así
Romero Deschamps, quien sigue afianzado en su cúpula partidista.
Incluso el líder
petrolero tiene pendientes varias acusaciones, una de ellas –la
AP1072/DDF/2004– en la PGR en la que se le investiga por presunta asociación
delictuosa. Este expediente se integró derivado de la controversia del convenio
10-275/04, de octubre de 2004, en el que el entonces director de Petróleos
Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, y Carlos Romero Deschamps transfirieron 8 mil
millones de pesos de Pemex al sindicato, al margen del Consejo de
Administración de la paraestatal.
Romero Deschamps ha
librado también otras órdenes de aprehensión. En 2002 la PGR integró otras dos
averiguaciones previas en su contra por los delitos de peculado simple
(expediente PGR/UEDO/102/2002) y por peculado electoral (055/Fepade/2002),
derivado del “Pemexgate”.
El 22 de septiembre
de 2003 el juez decimotercero, José Luis Moya Flores, libró una orden de
aprehensión en su contra por ambos delitos, pero en octubre el juez segundo de
Distrito del Circuito 13, con sede en Oaxaca, Tomás Quiroz, le concedió un
amparo provisional.
El más reciente caso
de Deschamps se dio a conocer el pasado 14 de febrero, cuando aceptó que el
sindicado que dirige recibió 500 millones de pesos como préstamo de Petróleos
Mexicanos (Pemex) supuestamente para vivienda –pagaderos en un plazo de 10 años
y sin intereses–, pero no supo decir a dónde fueron a parar.
Al ser cuestionado
sobre esto, Romero Deschamps no dio un sólo dato sobre el proyecto o si está
ubicado en algún lugar, y justificó el préstamo al afirmar que es “una
obligación de la paraestatal proporcionar vivienda a los trabajadores”.
De acuerdo con
reportes de prensa, el millonario convenio se realizó cuando Juan José Suárez
Coppel encabezaba la petrolera, durante el sexenio del panista Felipe Calderón.
(ZOCALO/ Redacción/ 28/03/2013 - 04:01 AM)
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