Reprobadas las cuentas públicas de Agúndez Montaño,
Ponce Beltrán, Pérez Sánchez, Avilés Pérez y Santillán Meza
El cobro, uso y destino de cuando menos mil 853
millones 550 mil 999 pesos con 53 centavos del ejercicio fiscal de 2011, tuvo
tantas irregularidades que dejó una serie de dudas; finalmente su validación
fue rechazada por el Órgano de Fiscalización Superior
Gerardo Zúñiga Pacheco
Las cuentas públicas
de los alcaldes José Antonio Agúndez Montaño, Esthela de Jesús Ponce Beltrán,
Venustiano Pérez Sánchez, Jorge Alberto Avilés Pérez y Guillermo Santillán
Meza, no fueron aprobadas durante el mes de diciembre de 2012 por la Comisión
de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura del
Estado de Baja California Sur.
El cobro, uso y
destino de cuando menos mil 853 millones 550 mil 999 pesos con 53 centavos del
ejercicio fiscal 2011 tuvo tantas irregularidades, que dejó una serie de dudas
y finalmente su validación fue rechazada.
En la investigación
contable elaborada por el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización, Julio
César López Márquez, así como en los expedientes de ayuntamientos de Los Cabos,
La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, se carece de una respuesta y aclaración sobre
el destino de todo este dinero que representó el 25 por ciento del presupuesto
ejercido ese año, del Gobierno del Estado.
En base a la propia
documentación en poder de ZETA, simplemente nadie supo siquiera explicar dónde
quedó tanto dinero, o por lo menos por escrito, no se ha ofrecido una respuesta
que establezca en qué se gastó o aplicó el dinero de la ciudadanía, a pesar de
que el plazo máximo venció el 6, 13, 14, 17 y 18 de enero de 2013, para
solventar o rendir un informe detallado de cada anomalía detectada.
Hasta el cierre de
edición, el gasto no comprobado en términos económicos representaba:
- El 200% del
presupuesto del Ayuntamiento de Los Cabos, o su equivalente al gasto de dos
años de ejercicio fiscal.
- 210% del
presupuesto del Ayuntamiento de La Paz, o su equivalente al gasto de dos años y
dos meses de ejercicio fiscal.
- 600% del presupuesto del Ayuntamiento de Comondú,
o su equivalente al gasto de seis años de ejercicio fiscal.
- 900% del
presupuesto del Ayuntamiento de Los Cabos, o su equivalente al gasto de nueve
años de ejercicio fiscal.
- 100% del
presupuesto del Ayuntamiento de Loreto, o su equivalente al gasto de 10 años de
ejercicio fiscal.
Con todo este
dinero, los gobiernos municipales no estuvieran atravesando por una fuerte
crisis financiera, pagarían a tiempo su nómina, invertirían en obra pública y
hasta podrían pagar la liquidación del 20% de los trabajadores que estiman -la
mayoría- meter en un programa de “Retiro Voluntario” para bajar el abultado
costo de la nómina.
En términos de obra
pública, con esa cantidad monetaria se pudo haber reencarpetado las principales
avenidas de La Paz, Los Cabos y Comondú, tras los daños ocasionados por las
fuertes lluvias de 2012, sin necesidad de
haber recurrido al préstamo de 500 millones de pesos.
Asimismo, el monto
representa el 150% del costo total del Centro Internacional de Convenciones y
Exposiciones de San José del Cabo, “Luis Bulnes Molleda”. Y más allá: es el
400% del total del costo que se invertirá en el Centro Internacional de
Convenciones y Exposiciones de La Paz.
No obstante, según
el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización del
Congreso local, “si de la revisión y fiscalización de la cuenta pública,
aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de omisiones o
conductas que produzcan daños o perjuicios en contra la de hacienda pública, el
Órgano de Fiscalización Superior procederá de inmediato en contra de los
presuntos responsables”, bajo los siguientes términos:
1. Establecer la
presunción de irregularidades, así como señalamientos de presuntos responsables
y la determinación de daños y perjuicios correspondientes; además de fijar
directamente a los responsables el importe para resarcir el daño, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
respectivas.
2. Promover ante las
autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades.
3. Promover las
acciones en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del estado.
4. Presentar las
denuncias penales a que haya lugar.
5. Coadyuvar con el
Agente del Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y
judiciales correspondientes. En este caso, el Agente del Ministerio Público
recabará previamente la opinión del Órgano de Fiscalización Superior, respecto
a las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio de la acción penal o el
desistimiento de la acción penal.
Sobre este caso,
Sergio Barrón Pinto, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de
la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior de la XIII
Legislatura, detalló que las irregularidades detectadas datan de los últimos
cuatro meses de administración -enero, febrero, abril y marzo- de los ex
alcaldes Mirna Xibillé de la Fuente, Rosa Delia Cota Montaño, Joel Villegas
Ibarra, Yuan Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta; así como de los
primeros ocho meses -mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
diciembre- de los ediles José Antonio Agúndez Montaño, Esthela de Jesús Ponce
Beltrán, Venustiano Pérez Sánchez, Jorge Alberto Avilés Pérez y Guillermo
Santillán Meza.
Desde su punto de
vista, “no es que se hayan embolsado el dinero, sino que no entregaron
comprobantes de gastos que desgraciadamente no están permitiendo saber qué
sucedió con ese recurso público, sobre todo porque las operaciones no fueron
apegadas a la normatividad que marca la nueva Ley General de Contabilidad;
aunque es problema de cada quien, y obviamente, no meto las manos por nadie”.
— ¿Qué va a pasar con
los cinco alcaldes?, se le preguntó al legislador.
“Bueno, después de
que la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, rindió el
informe del resultado de las cuentas públicas de 2011, el caso ya queda ahora
en manos del Órgano de Fiscalización Superior, el cual tendrá que tomar
decisiones sobre las anomalías detectadas”.
El diputado del PAN
opinó que los alcaldes tendrán que interponer las denuncias penales
correspondientes de los últimos cuatro meses de administración de sus antecesores,
“si es que no quieren convertirse en cómplices y cargar con el costal de los
otros, ya que -según la propia Ley del Órgano de Fiscalización Superior- el
ejercicio fiscal es por el 2011 en términos institucionales, y no puede
fragmentarse en meses, o lo que el ejercicio fiscal dividido le haya
correspondido a cada quien. Por el contrario, deben protegerse jurídicamente y
dejar asentado el antecedente con una denuncia penal, y entonces revisar, ahora
sí, lo que a sus cuentas compete”.
— En otros términos,
¿el Congreso se está deslindando? ¿Es eso?
“No, el Congreso no
puede deslindarse de revisar y actuar en consecuencia por estas anomalías,
porque nosotros vamos a estar muy pendientes de pedir o solicitar el estado que
guardan las cosas ahora que regresemos de vacaciones e iniciemos el tercer
periodo ordinario de sesiones”.
Durante esta
investigación, ZETA solicitó una entrevista con el Auditor Superior del Órgano
Superior, Julio César López Meza, pero
declinó hablar del caso por supuesta secrecía que debe guardar de los casos,
por lo que no se pudo saber cuándo iniciarán los procedimientos para el
deslinde de responsabilidades en contra de los cinco alcaldes de Baja
California Sur. Según el Artículo 39 de la Ley del Órgano de Fiscalización
Superior, esto puede ser a través del pago de la reparación del daño a la
Hacienda pública, o bien, al interponer las denuncias penales correspondientes
en contra de quien resulte responsable.
Los cabos
Sobre la revisión
del ejercicio fiscal 2011, en base a documentos oficiales en poder de ZETA, en
el caso de Los Cabos, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño no tuvo manera de
comprobar gastos por el orden de 673 millones 952 mil 856 pesos con 10
centavos.
Según el expediente,
el Órgano de Fiscalización Superior levantó una muestra del 80 por ciento de la
cuenta pública y emitió 629 observaciones, de las cuales 543 son de auditoría
financiera y 86 de auditoría de obra pública.
De todo este
universo, solo fueron solventadas 261 observaciones y quedaron sin respuesta
368, lo que representa el 59 por ciento de las observaciones fincadas que
amparan la cantidad de 448 millones 664 mil 794 pesos con 29 centavos.
La investigación
contable abarca también al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), donde se emitieron 288 observaciones; 223
corresponden a auditoría financiera y 65 a auditoria de obra pública.
De esa cifra,
únicamente fueron solventadas 102 y no tuvieron contestación 186, lo que
significa el 65% de observaciones fincadas que contemplan un monto que asciende
a 245 millones 288 mil 031 pesos con 81 centavos.
Las siguientes son
las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos, egresos,
obra pública, recursos propios y el fondo para la infraestructura social
municipal, conocido con las siglas de FISM, según el informe del Órgano de
Fiscalización Superior:
- El Ayuntamiento
puso a la venta terrenos del Fondo Legal y se descubrió que no tiene registros
contables personalizados, donde pueda llevarse un estricto control de nombres
de contribuyentes, saldos pagados y pendientes de pagar.
- El Ayuntamiento
puso en venta terrenos de las llamadas “Áreas de Donación”, y se descubrió que
carece de contratos de compraventa y de avalúos. Lo más grave es que no existe
ningún documento de cómo y de qué manera se gastó el dinero recaudado por ese
concepto.
- El gobierno
municipal vendió activo fijo y se detectó que no se registró la afectación
contable en una póliza de diario; por lo tanto, no fue posible verificar
quiénes y en cuánto se vendieron las unidades, y cuáles causaron baja al
patrimonio.
- El Ayuntamiento
hizo una serie de compras directas sin integrar a los expedientes las
cotizaciones correspondientes, descubriendo así nombres de familiares y
funcionarios que son proveedores directos del gobierno, donde la mayoría de las
compras carecen del acta de autorización del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.
- En la revisión se
descubrió el cobro doble de viáticos de la mayoría de los funcionarios en la
salida a diversas comisiones fuera del municipio, porque a pesar de que ya se
les había otorgado dinero para los gastos, presentaron facturas por concepto de
alimentación y hospedaje. El dinero fue reembolsado nuevamente.
En forma general y
en cuanto a la auditoría, las más relevantes y prácticas son tipificadas como
“muy recurrentes”, las cuales -según el dictamen del Órgano de Fiscalización
Superior- fueron detectadas y fincadas mediante observaciones.
La Paz
En base a documentos
oficiales, la alcaldesa priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán no pudo
comprobar gastos por el orden de los 703 millones 149 mil 047 pesos con 85
centavos.
Según el expediente,
el Órgano de Fiscalización Superior, levantó una muestra del 70% de la cuenta
pública y emitió 378 observaciones; 315 son de auditoría financiera, y 63 de
auditoría de obra pública.
De todo este
universo, no pudieron ser solventadas y quedaron sin respuesta 279, lo que
representa el 74% de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 211
millones 169 mil 975 pesos con 63 centavos.
La investigación
contable abarca también el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA),
donde se emitieron 281 observaciones; 278 de éstas corresponden a auditoría
financiera, y 3 a auditoría de obra pública.
De este número, solo
fueron solventadas 55 y 226 no tuvieron contestación, lo que significa el 80%
de las observaciones fincadas que contemplan un monto que asciende a 491
millones 979 mil 072 pesos con 22 centavos.
Las siguientes son
las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos, egresos y
obra pública, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior:
- El gobierno
municipal adquirió bienes inmuebles sin registrarlos en cuentas de activos y
sin anexar las boletas de resguardos por cada uno, como una vivienda en el
residencial Puerta Azul de La Paz, la cual fue pagada en efectivo y sin cheque
nominativo.
- En la revisión se
detectaron adjudicaciones directas para compras de productos y servicios, las
cuales carecen de la documentación de procesos de adjudicación, contratos y
pedidos; los cuales, dicho sea de paso, no cumplieron con el requisito de
antigüedad para suministrar bienes y servicios, como establece la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado.
- El Ayuntamiento
destinó dinero por concepto de ayudas en especie o efectivo, y se descubrió que
carece de solicitudes, identificaciones oficiales de los supuestos
beneficiarios y la evidencia de la recepción de ayudas.
- Los préstamos de
dinero a funcionarios, terceras personas, proveedores y hasta instituciones
gubernamentales, permanecen intactos; es decir, sin movimiento, y el recurso no
se han recuperado.
- Se detectaron
compras altas a un solo proveedor, donde no existe documentación del
procedimiento de contratación y el contrato.
En general y en
cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante, prácticas
tipificadas como “muy recurrentes”, las cuales, según el dictamen del Órgano de
Fiscalización Superior, fueron detectadas y fincadas mediante observaciones. De
ahí que se determinara que las máximas irregularidades, y por el monto
estimado, se centraron en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, al
representar el doble de las anomalías detectadas en el propio Ayuntamiento.
Comondú
De acuerdo a
documentos oficiales en poder de ZETA, el alcalde del Partido Acción Nacional,
Venustiano Pérez Sánchez, no pudo comprobar gastos por el orden de los 70
millones 805 mil 670 pesos con 31 centavos.
Según el expediente,
el Órgano de Fiscalización Superior levantó una muestra del 80% de la cuenta
pública y emitió 138 observaciones, de las cuales 123 son de auditoría
financiera y 15 de auditoria de obra pública.
De ese universo,
solo 44 pudieron ser solventadas y 94 no pudieron justificarse, lo que
representa el 68% de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 58
millones 551 mil 243 pesos con 36 centavos.
La investigación
contable abarca también el SAPA, donde se emitieron 77 observaciones; todas
corresponden a auditoría financiera.
De esa cifra, solo
fueron solventadas 16, mientras que 61 no tuvieron contestación, lo cual
representa el 79% de las observaciones fincadas que contemplan un monto
superior a 18 millones 254 mil 426 pesos con 95 centavos.
A continuación, las
principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos y egresos,
según el informe del Órgano de Fiscalización Superior:
- El Ayuntamiento
vendió terrenos del Fondo Legal y no se anexó el acta de Cabildo donde se
autorizó la venta y el contrato por cada uno de los bienes vendidos, así como
el avalúo pericial del valor unitario de cada caso.
- En el rubro de
gastos por comprobar, no se anexó la documentación de autorización de la
persona responsable, donde se describa el motivo, tipo y bien por adquirir por
cuenta y orden de la entidad, así como la justificación de la operación.
- En el Programa de
Ahorro, Subsidio y Crédito para Vivienda “Tu Casa”, se detectó una incorrecta
aplicación de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ya
que el dinero se destinó a pagos de lista de raya.
- El gobierno
municipal adjudicó de manera directa obras públicas, sin presentar la
acreditación del criterio que justifique la excepción a la licitación pública y
donde se sustente el ejercicio de la opción seleccionada.
- En la revisión se
detectó que se acondicionaron las oficinas de la Dirección de Desarrollo
Municipal, sin presentar las boletas de resguardo de los muebles de oficina y
el equipo de cómputo adquiridos.
En general, y en
cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante y prácticas
tipificadas como “muy recurrentes”, las cuales -según el dictamen del Órgano de
Fiscalización Superior- fueron detectadas y fincadas mediante observaciones.
Loreto
En base a documentos
oficiales, el alcalde del PRI, Jorge Alberto Avilés Pérez, no pudo comprobar
gastos por el orden de 226 millones 755 mil 898 pesos con 95 centavos.
Según el expediente,
el Órgano de Fiscalización Superior levantó una muestra del 80% de la cuenta
pública y emitió 152 observaciones, de las cuales 146 son de auditoría
financiera y 6 de auditoria de obra pública.
De ese universo,
solo 23 pudieron ser solventadas y 129 no pudieron justificarse, lo que
representa el 85% de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 215
millones 147 mil 027 pesos con 13 centavos.
La investigación
contable abarca también el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Ahí se
emitieron 93 observaciones, todas corresponden a auditoría financiera.
De este número, solo
fueron solventadas 2 y 91 no tuvieron contestación, que representa el 98% de
las observaciones fincadas que contemplan un monto superior a 11 millones 608
mil 871 pesos con 82 centavos.
Las siguientes son
las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos, egresos y
obra pública, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior:
- Se detectó un
grave error en el cobro de la tasa del Impuesto Predial a predios destinados al
campo de golf en el área de Nopoló.
- Se contabilizaron
egresos relativos al Fondo de Infraestructura Social Municipal, con cargo a la
cuenta de gastos indirectos, donde no se presentó ningún soporte documental.
- El Ayuntamiento
gastó dinero con cargo a la partida de obras del Ramo 33, las cuales no estaban
contempladas dentro del programa autorizado por el Cabildo y el Consejo de
Planeación Municipal, conocido como COPLADEMUN.
- El gobierno
dispuso de dinero del Fondo de Infraestructura Social Municipal, con cargo a la
construcción de la red de drenaje, careciendo del convenio para gastar el
recurso público en esa materia.
- El gobierno
municipal asignó directamente a una empresa para que realizara la obra de
construcción de la red de drenaje y descargas domiciliarias de las calles 2, 3
y 4 de la colonia Cereso de la ciudad de Loreto, donde no presentó dictamen que
funde y motive la asignación directa del contrato.
En general y en
cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante, y prácticas
tipificadas como “muy recurrentes” fueron detectadas y fincadas mediante
observaciones. A pesar de su escasa población, Loreto figura en tercer lugar en
esta lista de ayuntamientos que no pudieron probar gastos del erario público.
Mulegé
Por último, en el
caso de Mulegé y en base a documentos oficiales, el alcalde perredista
Guillermo Santillán Meza no pudo comprobar gastos por el orden de 178 millones
887 mil 526 pesos con 32 centavos.
Según el expediente,
el Órgano de Fiscalización Superior, levantó una muestra del 80% de la cuenta
pública y emitió 263 observaciones; 235 de auditoría financiera, y 28 de
auditoría de obra pública.
De ese universo,
ninguna de ellas ha tenido respuesta, lo que representa el 100 por ciento de
las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 163 millones 262 mil 311
pesos con 46 centavos.
Asimismo, la
investigación contempla el SAPA, donde se emitieron 216 observaciones; todas
corresponden a auditoría financiera, pero no todas tuvieron ningún tipo de
contestación, lo que significa el 100 por ciento de las observaciones fincadas
que contemplan un monto superior a 15 millones 625 mil 214 pesos con 86
centavos.
Las siguientes son
las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos y egresos,
según el informe del Órgano de Fiscalización Superior:
- En la mayoría de
los gastos en las pólizas, el Ayuntamiento no respaldó los gastos en las
pólizas, y en otros se observó soporte documental inferior al importe de
egresos. También se pagaron cheques sin que el supuesto beneficiario haya firmado
la póliza y el recibo de caja.
- Se detectó la
transferencia indebida de dinero de la cuenta del Fondo de Aportaciones para
Infraestructura Social Municipal, a la cuenta de Contingencias y de Nóminas.
- En la cuenta
contable 22-000-000-00, “Fondos a Funcionarios Pendientes de Aplicar”, se
detectó un saldo por comprobar de 7
millones 627 mil 046 pesos con 87 centavos.
- En cuanto al pago
de recibos de honorarios, el Ayuntamiento no registra, y por consiguiente, no
paga las retenciones generadas del Impuesto Sobre la Renta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
- Se observó la
falta de autorización por el Congreso del Estado en el aumento de tarifas
establecidas por el organismo operador de agua potable y alcantarillado para
cobrar a contribuyentes. Asimismo, carece de la falta de aprobación del estatus
orgánico, y los manuales de organización, procedimientos y servicio público por
la Junta de Gobierno. Las cuotas y tarifas determinadas por consumo de agua
potable no han sido publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,
ni en el diario de mayor circulación en la localidad.
En general, y en
cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante, y prácticas
tipificadas como “muy recurrentes” fueron detectadas y fincadas mediante
observaciones.
Mulegé es el único
ayuntamiento local que no ha hecho nada por solventar la serie de irregularidades
detectadas en la auditoría.
Sobre estos hechos,
ZETA solicitó entrevista con los cinco alcaldes del estado, y el único que
ofreció una explicación fue el de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez.
La mayoría declinó
hablar al respecto, aunque algunos dijeron no tener tiempo, como es el caso de
Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien finalmente sí se comunicó, pero a una
estación de radio, donde habló ampliamente del inicio del carnaval de La Paz y
lo que representan las fiestas carnestolendas.
Por su parte, el
alcalde de Comondú expuso a ZETA que tendría una reunión con el Auditor
Superior del Órgano de Fiscalización, ya que la mayoría de las observaciones
que no ha podido solventar, se deben a que su antecesor, Joel Villegas Ibarra,
se llevó toda la documentación comprobatoria y no tiene manera de comprobar lo
que se hizo con el dinero en los últimos cuatro meses de administración.
“Yo no sé cuál sea
la situación de los otros ayuntamientos. Yo hablo por mí, y veo que en mi caso
mi mayor problema estriba en que en ese ejercicio fiscal, dos administraciones
manejaron el dinero”, comentó, para después asegurar que en lo que a su
municipio respecta, ha tratado de solventar las observaciones, aunque no
presentó cifras del porcentaje.
Para concluir, Pérez
dijo que la fiscalización de la cuenta pública es positiva, y que la nueva Ley
General de Contabilidad, presentada por el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, obligará prácticamente a todas las administraciones a transparentar
sus gastos públicos.
(SEMANARIO ZETA BCS/Gerardo Zúñiga Pacheco /febrero
11, 2013)
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