OSCURA TRANSPARENCIA EN SINALOA

El gobierno de Malova esconde información sobre el manejo de la megadeuda Alejandro Sicairos     La repentina exigencia a abrir las cuentas del supercrédito de 2 mil 600 millones —imprevisto que incomodó al gobernador Mario López Valdez— dejó al descubierto que la transparencia, uno de los principales íconos del malovismo, existe solo en el discurso pero no en los hechos. Por eso todo el gabinete de López Valdez se movilizó la mañana del miércoles 5 de diciembre para tapar la postura asumida por el Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia en Sinaloa (CCVTS), negándose este organismo a avalar que se estén aplicando correctamente los 2 mil 600 millones de pesos. El desdén que durante meses asumió el Gobierno del Estado frente a la instancia que el mismo Malova instaló el 15 de agosto de 2011 para vigilar el adecuado uso del megapréstamo, hizo crisis desde inicios de septiembre de 2012 cuando el consejo vio cerrado todo acceso a la información referente a ese tema. En un acuerdo no escrito, las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Administración y Finanzas, así como la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, decidieron bloquear el flujo de datos, debido a que los consejeros ciudadanos estaban solicitando detalles del proceso de licitación, asignación y supervisión de las 552 obras a realizar con los 2 mil 600 millones de pesos, pormenores que las dependencias habían decidido guardar herméticamente. En su función de auditores sociales, los consejeros hicieron intentos por subsanar el vació informativo. Habían detectado irregularidades en los procesos de adjudicación de algunas obras y pidieron a Obras Públicas, Finanzas y Transparencia que abrieran los expedientes correspondientes. Una y otra vez pidieron clarificar las cuentas. Una y otra vez las dependencias les cerraron las puertas. En razón de ello, el CCVTS consideró violentado uno de sus propósitos consistente en “ejercer con madurez su vocación independiente, y en sus recomendaciones, sugerencias o medidas precautorias al Gobierno del Estado aplicará criterios claros, equilibrados y consensuados por sus miembros”. Se declaró impedido a revisar, pero principalmente a avalar, al romperse el flujo de información. El consejo está integrado por doce ciudadanos que representan a organismos de la iniciativa privada y diez servidores públicos. Los primeros, al confirmar que el Gobierno estatal pretendía incapacitarlos en la función que les encomendó, decidieron invalidarse como avales del buen ejercicio de los 2 mil 600 millones de pesos. De paso le asestaron el más duro golpe a la publicitada transparencia del gobierno de Malova. La víspera del trueno Al menos en el 20 por ciento de las licitaciones de obras revisadas selectivamente, que comprometen inversiones superiores a los 30 millones de pesos cada una, el Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia de Sinaloa, halló elementos que podrían cancelar todo o parcialmente los procesos de asignación. En informes y solicitudes que el organismo hizo llegar a la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado se señalan incongruencias como el hecho de dar los contratos a empresas que hicieron posturas muy superiores a las de otros ponentes. En algunos casos significaban ahorros del 20 o 30 por ciento en los costos de las obras, pero indebidamente se benefició a quien más caro cobró. Como muestra están la Constructora y Arrendadora López que obtuvo un contrato de obras por 37 millones 768 mil 917 pesos con 30 centavos, por pavimentación de la carretera Los Mochis-Ahome entre ejido México y carretera a Compuertas, reconstrucción de la carretera México 15 a Cerro Cabezón y reconstrucción de un tramo de la carretera Guasave-Callejones de Guasavito. Del lugar séptimo que ocupó en el proceso de licitación como por arte de magia brincó al primero y ganó la adjudicación. Hay casos más descarados como el de la empresa Administradora de Edificaciones que ganó un contrato por más de 20 millones de pesos. En el acta de licitación aparece en el lugar 20, pero providencialmente desplazó las 19 propuestas restantes y fue seleccionada como ganadora. NK Urbanizaciones quedó en el último lugar, el quinto, con su propuesta para realizar obras por más de 40 millones de pesos y resultó ganadora del procedimiento. El CCTVS detectó que los operadores del proceso de licitación construyeron ganadoras eliminando a quienes el Gobierno no quería que realizaran las obras y privilegiando a intereses cercanos a funcionarios estatales. El otro aspecto que llamó la atención del CCVTS es el retraso general en las obras que se realizan con el magacrédito. Hasta noviembre de 2012 se habían ejercido mil 146 millones 373 mil 779 pesos, es decir el 44.9 de los recursos considerados en el préstamo. Faltaban por ejercer mil 453 millones 626 mil 221 pesos. De las 552 obras en que se usarán los 2 mil 600 millones de pesos, 365 han sido terminadas, 129 están en proceso, 26 en licitación y 32 en espera. Aval en entredicho El propio gobernador tomó las riendas de un asunto que a sus colaboradores se les salió de control. Lo hizo el día que el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Sinaloa dio a conocer la negativa a avalarle el programa de inversión del megacrédito que el Congreso del Estado le autorizó para contrarrestar el desastre económico que dejaron las heladas en febrero de 2011, según decreto del 8 de agosto del mismo año. El jueves de la semana pasada dijo que daría “un jalón de orejas” a los funcionarios que no habrían colaborado con el CCVTS. En realidad un día antes ya les había llamado la atención por un episodio que sus asesores catalogaron de alta gravedad. Les ordenó a Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas; José Luis Sevilla Suárez Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y a Karim Pechir Espinoza de los Monteros, secretario de Innovación Gubernamental, que subsanaran de inmediato las omisiones cometidas. A partir de esa instrucción dada por Malova el caso dio un vuelco al considerar el Gobierno estatal como alta prioridad la atención en el CCTVS. Habituados a que los organismos ciudadanos acaben siendo comparsa u ornamento, esta vez los sacudió el imprevisto posicionamiento insubordinado de empresarios y profesionistas. En espera de que se agenden las reuniones aclaratorias —inclusive una con Malova— el CCTVS mantenía el viernes en suspenso el aval al ejercicio de la llamada megadeuda. La actitud era inamovible: “No estamos en condiciones de avalar la adecuada aplicación de los 2 mil 600 millones de pesos”. La información faltante o deficiente tiene que ver con 78 millones de pesos por concepto de asesoría financiera y accesorios que no ha aclarado Administración y Finazas, la explicación de Obras Públicas sobre 72 millones de pesos gastados en la supervisión de obras y los nombres de los que realizaron esa tarea, la clarificación de criterios para eliminar a contratistas por razones de forma a pesar de que su propuesta económica estaba por debajo de las demás, mientras que a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, que preside Juan Pablo Yamuni, se le exhorta a que descifre el destino de 78 millones de pesos que le fueron asignados con recursos del megapréstamo. A la exigencia del Consejo Ciudadano se sumaron las cámaras empresariales, partidos políticos, organizaciones de profesionistas y órganos de auditoría. En seguimiento a la queja presentada públicamente por el CCVTS, la Auditoría Superior del Estado tomó el jueves la decisión de realizar una fiscalización profunda al cien por ciento de las obras aprobadas dentro de los 2 mil 600 millones de pesos, en vez de la revisión aleatoria que estaba efectuando. El opaco proceder del gobierno de Malova quedó evidenciado y el manejo de recursos públicos fue puesto bajo sospecha. Reparto bajo escrutinio El Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia de Sinaloa ha sometido a revisión especial las licitaciones con las cuales se otorgaron los contratos de obras a las empresas que más se beneficiaron, conforme los montos asignados. Empresa Monto Medif Constructora 149’130,495.70 Agregados, Maquinaria y Construcción 60’777,180.17 Constructora Maíz Mier 60’531,134.12 Procasa de Culiacán 54’384,531.16 Construcciones José 46’130,915.46 NK Urbanizaciones 42’272,823.63 Constructora y Arrendadora López 37’768,917.30 LP Construcciones Hidráulicas 31’134,446.05 Construcciones Salafier 30’386,385.56 Construcciones e Infraestructura del Miño 29’846,992.32 Grupo Asfaltos Procesados 27’129,193.60 Arrendadora y Constructora de la Costa 26’997,781.38 Proyectos y Desarrollos Salve 25’853,426.63 Ingenieros y Equipos Mecánicos 23’567,967.07 Construcciones Mocorito 23’528,324.93 Borquin Construcciones 23’292,998.48 Gil Leyva Edificaciones 21’832,590.20 Administradora de Edificaciones 21’605,356.25 RM Obras y Servicios 21’006,178.80 Burgueño y Asociados Constructora 20’284,377.52 Juan Carlos Hernández Bermúdez 19’421,375.71 Mega Block 19’419,854.83 Rosario López Cárdenas 16’148,998.67 El tamaño de la lupa El Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia en Sinaloa lo integran: Consejeros ciudadanos Maricela Olan Ruiz Contador Público Samuel Campos Velarde Contador Público Miguel Ángel Miller Ruiz Empresario Héctor Luis Favela Machado Ejecutivo Efrén González Pola Abogado Fernando Inukai Sashida Ingeniero Esteban García Gallegos Ingeniero Rafael Domínguez Nelly Empresario Carlos Corrales Díaz Empresario Edgardo González Trasviña Desarrollo de Vivienda Bonifacio Hernández Valdés Ejecutivo Leobardo Robles Valdez Contador Público