NEGOCIO REDONDO DE LA BASURA EN LOS CABOS,BCS

Pretenden cobrar impuesto por recolección de desechos en Los Cabos

Según cálculos y en base a las 400 toneladas de desperdicios que se generan a diario, el gobierno del alcalde José Antonio Agúndez Montaño pretende recabar por este nuevo gravamen 128 mil 800 pesos por día. Es decir, 3 millones 864 mil pesos al mes; 46 millones 368 mil pesos por año

Los Cabos, Baja California Sur. En la costa de oro y destino turístico internacional que es Los Cabos, todo es negocio, incluyendo la basura, desde la recolección, traslado, disposición final y reciclaje de poco más de 400 toneladas que a diario se tiran en los únicos dos basureros a cielo abierto de la localidad.

El Artículo 115 de la Constitución Política de México establece que es obligación de los ayuntamientos “limpiar, recolectar, trasladar, tratar y el destino final de los desperdicios”.

Sin embargo, la carencia de un plan estratégico para resolver el problema de limpia y visible acumulación de basura, sobre todo en comercios y fraccionamientos privados, afecta la calidad de vida y de salud de los habitantes; orillando desde hace tiempo a la contratación de compañías especializadas en la materia, en ciudades como Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Durante un recorrido por ocho colonias y la Zona Centro de Cabo San Lucas, ZETA detectó que el problema en ese rubro es grave en la mayoría de los lugares, que a sus alrededores tienen una especie de tiraderos clandestinos de residuos pesados y domésticos, particularmente en colonias de la periferia, donde todo “huele mal”.

Por ejemplo en la Zona Centro de este destino de playa, un perro devora una bolsa de basura justo cuando un grupo de turistas pasa por el lugar, mientras las moscas revolotean su cabeza y un líquido hediondo escurre por el plástico, mismo que puede olerse a un par de metros a la redonda.

Los extranjeros miran atónicos la escena y, tapándose la nariz, salen del sitito apresuradamente, sin embargo, a la gran mayoría de los comerciantes de la zona parece no molestarles la faena del intrépido canino, porque para ellos es una postal recurrente, sin que alguna autoridad tome cartas en el asunto.

A lo largo de la avenida Leona Vicario de Cabo San Lucas, la acumulación de botes entre esquina y esquina son la delicia de los perros callejeros del lugar. “Es el problema de siempre, cuando no la recogen es porque se descompuso un camión, o porque de plano, no les pagamos a los de la basura”, acepta Alfredo González, comerciante de la zona.

— ¿Les pagan?, cuestionó ZETA.

“Sí, nos cobran por recoger la basura los del Ayuntamiento, una cuota que dicen ellos es simbólica, para a veces no sale ni para eso”.

— Pero es su obligación, ¿o no?

“Sí es su obligación, bueno, eso dice la Constitución, pero qué le vamos a hacer. Aquí todo es negocio hasta por recoger los desperdicios. Yo la verdad prefiero pagar que tener todo el cochinero aquí afuera del negocio y lleno de moscas. De hecho, los del camión han estado hablando últimamente con los comerciantes de esta zona, y tengo entendido que también con los de los fraccionamientos, y les están pidiendo esa ‘cooperación voluntaria’ de 200 pesos cada mes, como cuota para recoger y tirar la basura”.

— ¿Qué pueden hacer al respecto?

“Nada, no podemos hacer nada, porque si no pagamos, nomás no la recogen y sale peor. Ya nos hemos quejado de eso, pero ya ve, nunca hemos tenido respuesta. De todos modos nos siguen cobrando y nosotros pagando. Es poco lo que damos, pero ya en volumen es algo y luego cada mes. Ahora sí que no nos queda de otra más que pagar la cuota de los 200 pesos mensuales que nos están pidiendo los del camión de la basura para que nos tiren los desperdicios, y a veces ni así”.

Pero detrás de está plática cotidiana, y según datos recabados por ZETA, se esconde un jugoso negocio que está comenzando a dejar buenos dividendos económicos al director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Los Cabos, Gustavo Castro Sánchez.

Negocio redondo

Desde hace un mes, este Semanario inició una investigación a raíz de la denuncia de trabajadores de limpia, quienes por problemas internos, revelaron que su jefe inmediato ordenó el cobro de 200 pesos por comercio por concepto de recolección, traslado y destino final de la basura.

Los empleados municipales comenzaron a contactar entonces a pequeños comercios, hoteles chicos y fraccionamientos privados, donde se proponía un arreglo del pago de una cuota a cambio de tirar la basura.

“El trato es de palabra y no nos dan ningún comprobante fiscal, a veces y cuando nos ponemos difíciles, si acaso un recibo de esos que entregan en el relleno sanitario sin folio, en copia fotostática y escrito a mano”, acusó uno de los comerciantes visitados.

Se trata de un comercio muy rentable donde  -dicen los propios trabajadores de limpia- “el principal beneficiado es el director de Servicios Públicos Municipales, quien se está llevando la mayor tajada del dinero a la bolsa de su pantalón”.

Los trabajadores expusieron que entre la lista de clientes están tiendas de convivencia como Oxxo y Mambo, moteles y pequeños hoteles como Colli, e incluso fraccionamientos que desde hace aproximadamente tres meses, vienen pagando su cuota por la recolección de basura.

Claro ejemplo del tamaño de las ganancias que está dejando este negocio, es el fraccionamiento La Cantera en San José del Cabo, donde cada uno de los colonos de las 24 viviendas que habitan ese lugar, debe pagar una cuota de 200 pesos por la recolección de basura, lo que cada mes y en su conjunto, deja una ganancia limpiecita de 4 mil 800 pesos, única y exclusivamente de parte de esa colonia privada, localizada enfrente del famoso fraccionamiento Colinas Plus.

El negocio de Gustavo Castro Sánchez resulta bastante redituable porque -de acuerdo a revelaciones de sus trabajadores- “utiliza los camiones del Ayuntamiento, personal de limpia y hasta el diesel de las unidades para ofrecer el servicio a sus clientes”, como si se tratara de un negocio de su propiedad.

Datos recabados por ZETA y en base a la información proporcionada por el propio director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Los Cabos, dan cuenta detalladamente del  costo que representa la operación de un solo camión en un mes.

21 mil pesos por concepto de sueldos. La explicación es que un camión recolector ocupa mínimo de tres empleados, un chofer y dos ayudantes; cada uno cobra un sueldo aproximado a 3 mil 500 pesos por quincena.

60 mil pesos por concepto de diesel. Lo anterior a razón de que cada camión recolector genera un costo de 2 mil pesos diarios de combustible.

A lo anterior habría que sumar la depreciación de las unidades y el costo de refacciones que frecuentemente se tienen que cambiar por los daños ocasionados en la operación de los vehículos recolectores. Un negocio donde todos ganan y la ciudadanía pierde.

A diferencia de los 18 establecimientos formalmente registrados y dedicados a la recolección de basura en Los Cabos, el de Gustavo Castro Sánchez había pasado inadvertido hasta que comenzó a tener problemas con sus propios trabajadores y decidieron “echarlo de cabeza”.

El servidor público prácticamente no paga renta de local, empleados ni diesel. Tampoco tuvo que invertir en la compra de camiones recolectores, gracias al bendito gobierno del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, quien prácticamente “le puso todo a sus pies”.

Sin embargo, el director de Servicios Públicos Municipales se lavó las manos, argumentando que “el dinero cobrado por sus trabajadores es un asunto de ellos, y donde yo no tengo nada que ver”.

Durante una entrevista con ZETA, Castro expuso que “esa actitud es un mal vicio de parte de los trabajadores de limpia, quienes desafortunadamente se aprovechan de sus cargos para andar pidiendo dinero”.

Asimismo, reconoció que existen quejas del sector empresarial sobre el cobro de esas cuotas, pero la mayoría sabe que tiene que contratar y pagar el servicio de recolección de basura, y a veces por no contratar una empresa especializada, ofrecen dinero a los trabajadores para que levanten su basura. “Prefieren darle dinero a los trabajadores municipales que formalizar un contrato con empresas dedicadas a ese negocio de la basura”, dijo.

El impuesto

En su oficina, el director Gustavo Castro Sánchez se dijo “visionario” porque ha estado impulsando fuertemente el cobro de un impuesto especial y simbólico cada año a todos los establecimientos comerciales cuando paguen el refrendo de sus licencias comerciales, a través del cual se cobraría la recolección de basura.

— ¿De cuánto es el impuesto?, inquirió ZETA.

“Es de un costo simbólico. Aún no tenemos el dato, lo estamos analizando apenas, pero lo que sí te puedo decir es que nos ayudaría mucho en la recaudación, porque tendríamos, por un lado, más dinero para invertir en recursos humanos, materiales y equipo de trabajo; y por otro, evitaríamos la corrupción, o bien, el cobro de la cuota de parte del personal de limpia. Yo hablé con algunos comerciantes sobre esto, y dicen que directamente no les cobran, pero sí los presionan, diciendo que no van a recoger la basura. Es una amenaza velada, ¿no?”.

El funcionario dijo que “hay mucha gente que da dinero de buena gana” e inclusive -y así l reconoció- “yo lo hago, porque la verdad mis respetos para quienes hacen ese tipo de trabajo, porque es muy pesado desde levantarte tempranito y cargar pesado los tibores llenos de basura”.

— ¿Dónde quedan las compañías recolectoras de basura? ¿No pasará el Ayuntamiento de ser autoridad, a ser competidor de los negocios de ese rubro? Evidentemente desplazarían a las empresas dedicadas a eso…

“No, porque la mayoría de esas compañías ya tienen amarrados contratos con consorcios grandes como los supermercados y transnacionales, nosotros únicamente ofreceríamos el servicio a los pequeños negocios”.

El pretendido impuesto especial y simbólico, es el segundo que se le ocurre crear a Gustavo Castro Sánchez en casi cinco años de carrera política. Cuando fue regidor y presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales del anterior trienio, presentó una iniciativa para crear un impuesto sobre el pago del destino final de residuos sólidos comerciales, a razón de 4 salarios mínimos por tonelada de basura recibida en el relleno sanitario. Es decir, 322 pesos por tonelada de desechos, el cual quedó establecido en el Artículo 119 de la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de Los Cabos, en el ejercicio fiscal de 2012.

Las entidades sujetas a este impuesto -según la Ley de Hacienda- son para variar los castigados establecimientos comerciales, industriales, hoteles, restaurantes, hospitales privados, oficinas administrativas y de prestación de servicios.

Sin embargo, y contraviniendo la propia Ley, el director de Servicios Públicos Municipales pretende aplicarlo a compañías especializadas en la recolección de basura, como lo expuso el propietario de Uretreba, Carlos de Los Cobos, en denuncia asentada en la Contraloría Municipal de Los Cabos.

El documento explica que la Ley establece claramente que “las entidades sujetas a este impuesto son los generadores y no los transportadores”, por lo que la mayoría de las compañías especializadas en la recolección de basura, recurrieron al amparo para evitar pagar el citado impuesto.

A casi un año de la entrada en vigor del impuesto, nadie quiere pagarlo, como lo reconoció el propio Castro Sánchez, quien expuso que de enero a agosto pudieron haber recaudado casi 2.5 millones y medio de pesos por este concepto entre las empresas Pasa, Recoclean y Servicios de Transporte, S.A. de C.V., que a decir del funcionario, “son las más grandes”.

El caso ha generado una ríspida situación entre los concesionarios y Castro,  a tal grado que en dos ocasiones ha ordenado el cierre del relleno sanitario para que ninguna compañía tire su basura; incluso planea volver a cerrarlo en enero de manera definitiva -adelantó-, como una medida extrema de presión para que paguen el impuesto que -dicen los transportadores- no les corresponde”.

Los basureros

Durante esta investigación, ZETA contactó al directivo de una compañía especializada en la recolección de basura, quien expuso que “el Ayuntamiento pretende cobrar un derecho por la disposición final de la basura en los dos rellenos sanitarios, los cuales ni siquiera reúnen los requisitos más elementales de cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. La verdad son una vergüenza”, dijo, y solicitó no publicar su nombre por obvias razones.

El directivo comentó que se están negando a pagar el impuesto porque “no les corresponde”, y sobre todo porque ya tienen una carga fiscal, al pagar impuestos como el de Nómina, sobre la Renta y al Valor Agregado.

De igual manera, sostuvo que el Ayuntamiento pretende allegarse de recursos fáciles a costa de los empresarios, sin hacer ningún tipo de inversión en los rellenos sanitarios.

Según cálculos y en base a las 400 toneladas de basura que se tiran todos los días, el gobierno del alcalde José Antonio Agúndez Montaño pretende recabar por concepto de este impuesto 128 mil 800 pesos diarios; es decir, 3 millones 864 mil pesos al mes, o 46 millones 368 mil pesos por año.

Sin embargo, los dos rellenos sanitarios “están observados” porque contravienen la Norma Oficial 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), lo que ha derivado en observaciones ambientales. No han sido clausurados, porque simple y sencillamente, no habría donde tirar la basura.

El propio director de Servicios Públicos Municipales y el delegado de la SEMARNAT, Marco Antonio González Vizcarra, así lo reconocieron: tienen que trabajar mucho en esa materia.

Hasta hace poco, únicamente había en funcionamiento un solo relleno sanitario en la ciudad de Cabo San Lucas, pero en la administración del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, entró otro más en operaciones en la ciudad de San José del Cabo.

El relleno tipo “A” en la localidad de Palo Escopeta, presuntamente tiene una inversión de 15 millones de pesos en lo que sería la primera etapa, y únicamente tiene espacios para mantener abierta una trinchera a cielo abierto, cada vez que se cierra otra.

Sin embargo, y de acuerdo a especialistas en la materia, el costo real de ese relleno oscila entre los 2 y 3 millones de pesos, porque carece de lo siguiente:

Pozos de Biogás. No es otra cosa que el conducto para quemar el Gas Metano, altamente explosivo y veinte veces más dañino que el monóxido de carbono, el cual finalmente se va al medio ambiente, cuando se descompone la materia orgánica.

Bombas neumáticas de contaminación. Conducto para bombear o transportar los lixiviados, conocidos como “jugos de la basura”, que deben regarse en el relleno sanitario.

Láminas impermeables en membranas. Sirven para evitar que los “jugos de la basura” se filtren en el subsuelo o mantos freáticos y contaminen el agua.

Los dos rellenos sanitarios de Los Cabos no son otra cosa que basureros al aire libre, y carecen de equipamiento. Por tal razón, el delegado de la SEMARNAT expuso que el Gobierno Federal ha estado bajando recursos e implementando programas por municipio en materia del manejo de la basura. “Acabamos de entregar 4.5 millones de pesos al gobierno estatal para que cada municipio tenga un programa del manejo de residuos, y está en proceso de implementarlos”, agregó.

Para el funcionario federal, ese problema no es exclusivo del estado, sino de toda la República, porque comúnmente se construyen rellenos que no cumplen con las normas sanitarias establecidas, donde lo único que se provoca es contaminación y la llegada de fauna nociva para las ciudades.

El reciclaje

Pero si la recolección y traslado de la basura es negocio, el reciclaje también tiene lo suyo, sobre todo cuando se otorgan permisos  y concesiones bajo el amparo del poder del alcalde José Antonio Agúndez Montaño.

El 25 de agosto, el edil cabeño anunció el interés de una compañía con “más de siete años de experiencia” de reciclar, separar y comercializar la basura a clientes potenciales, al ser “un problema añejo y serio que puede resolverse”.

El anunció fue después de que el alcalde tuvo una reunión privada en su despacho con Antonio Zedillo Sánchez, gerente general de la compañía Ecocabo, S.A. de C.V. y el director de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Castro Sánchez.

Pero la sorpresa no pudo ser mayúscula, pues dos días después de la reunión, el 27 de agosto, el nombre de la compañía Ecocabo, S.A. de C.V. apareció registrado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Ayuntamiento de Los Cabos. Y hoy por hoy, trabaja en el reciclaje de la basura, utilizando pepenadores sin ningún tipo de protección y mucho menos prestaciones sociales, tal como uno de ellos lo expuso a ZETA.

Paradójicamente a “los siete años de experiencia”, Ecocabo, S.A. de C.V. fue registrada apenas el 31 de junio de 2011, bajo la escritura 12 mil 628, según hizo constar el Notario Público Número 10, José Rubén Aréchiga de la Peña.

En la escritura, extrañamente la empresa no aparece con algún domicilio fiscal, solo “con domicilio en San José del Cabo”, y figuran como socios Antonio Zedillo Sánchez y Joel Ayala Bracho, con el 50 por ciento de las acciones cada uno, y donde nombran como representante legal a Juan Ricardo Albarrán Morán.

La compañía -según las escrituras- “va a dedicarse a la adquisición, reciclaje y comercialización de materiales primarios”, y a decir por el director de Servicios Públicos Municipales, “el reciclaje del plástico y aluminio” es el de mayor demanda en el mercado.

Sobre este caso, ZETA solicitó una entrevista con los regidores Octavio Arvizu Buendía y Reynaldo Zatarain, presidente y secretario de la Comisión de Servicios Públicos, respectivamente, pero declinaron hablar sobre el caso.

Los regidores tomaron la llamada y, al enterarse del tema, aseguraron que llamarían, pero al cierre de edición no tuvieron contacto alguno. Los ediles no se presentaron a trabajar a su oficina el pasado 3 de diciembre, a pesar de percibir un sueldo de 23 mil pesos mensuales y tener bajo su disposición una asistente, un asesor técnico y hasta un vehículo, propiedad del Ayuntamiento de Los Cabos.

Lo mismo sucedió con el contralor municipal de Los Cabos, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, quien dicho sea de paso, aparece como notario adscrito de casualmente la misma notaría que certificó el registro de Ecocabo, S.A. de C.V., y sobre la cual pesan muchas dudas.