GIUSSEPPE MARCELLETTI: HOTELERO INTOCABLE

Gerardo Zuniga Pacheco

El caso ha pasado a manos de cuatro jueces y sigue sin resolverse

Con una fortuna poco clara en el bolsillo, el dueño de tres hoteles en La Paz, Loreto y Punta Chivato, construyó un andamiaje de relaciones personales y políticas que le han valido la impunidad, pese a haber sido sorprendido en flagrancia, extrayendo ilícitamente agua de un pozo concesionado a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. El hecho quedó registrado en la averiguación previa LPZ/009/AES/2010 por los delitos de desvío, robo y despojo de agua

Punta Chivato, Baja California Sur. Propietario de la cadena hotelera Posadas Las Flores, Giuseppe Marcelletti Pandolfi, “El Italiano”, llegó a este destino turístico en la parte norte de la entidad en 1999.

Hábil y experto en el manejo de relaciones públicas, rápidamente embaucó a ejidatarios y empresarios de la zona, pero también defraudó su confianza, derivando de manera rápida en sendas denuncias penales archivadas desde hace dos años.

Con una fortuna poco clara en el bolsillo y dueño de tres hoteles en La Paz, Loreto y este paradisiaco destino de playa del municipio de Mulegé, “El Italiano” construyó un andamiaje de relaciones personales y políticas que durante este tiempo le han permitido permanecer intocable e impune, pese a haber sido sorprendido en flagrancia extrayendo ilícitamente agua de un pozo concesionado a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. El hecho quedó registrado en la averiguación previa LPZ/009/AES/2010, por los delitos de desvío, robo y despojo de agua, más lo que resulte.

El 30 de agosto de 2010, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ordenó una inspección y comprobó que Marcelletti había instalado de manera clandestina tubería de 1 ¼” que conducía del acueducto a una pila secreta de almacenamiento con capacidad de 180 metros cúbicos, cubierta con puertas de metal y candados, la cual estaba dentro de la propiedad del extranjero.

No obstante de ser descubierta la toma clandestina, Marcelletti no fue detenido pese la flagrancia, aun cuando estaba en el lugar, rodeado por policías ministeriales y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, bajo el argumento de que el entonces titular de la PGJE, Francisco Karim Martínez Lizárraga, denegó la orden de captura por tratarse de un “distinguido inversionista” y amigo del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

El parte de la inspección transcribe y, según cálculos de investigadores y peritos hidráulicos, “Giuseppe Marcelletti Pandolfi habría robado cerca de 150 mil metros cúbicos de agua potable entre el año 2004 y el segundo bimestre del 2005, por lo que ocasionó un gran daño patrimonial, ya que el cargo económico de la explotación del líquido, no recayó en el extranjero, sino pasó automáticamente a la compañía concesionaria del pozo”.

Obviamente, la extracción del agua provocó que Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., propiedad del empresario Raúl Lujan Soberanes, incumpliera en sus obligaciones de pago de la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), bajo el número de permiso 01BCS102347/05EMGE06, expedido el 19 de junio de 2006.

Datos recabados por ZETA refieren que la investigación del faltante de agua habría iniciado en 2008, luego de que el propietario de la compañía concesionaria detectó grandes diferencias entre los metros cúbicos del bombeo del pozo con las lecturas en el medidor principal de salida, rigurosamente monitoreado por personal de CONAGUA.

Durante ese tiempo, “la empresa revisó cuidadosamente el acueducto y las tuberías que salían hacia parcelas ejidales y viviendas privadas de extranjeros en busca de alguna fuga, la cual abastece a los casi 100 pobladores de la zona en diversos fraccionamientos”.

Sin embargo, no fue hasta febrero de 2010 -después de intensos trabajos de mediciones y peritajes- cuando se descubrió que el extranjero Giuseppe Marcelletti, presuntamente tenía una toma clandestina que iba del pozo hasta el hotel de su propiedad, y por ende, estaba extrayendo ilícitamente agua. La única manera de salir de dudas era solicitar una inspección.

Por esta situación, Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. interpuso una denuncia penal en contra de “El Italiano” y, dos meses después, se ordenó una inspección en la zona que derivó en el desmantelamiento de la red clandestina.

No obstante, el caso fue consignado hasta el 16 de febrero de 2011, es decir, seis meses después, al Juzgado Tercero de la Penal en la ciudad de La Paz, registrado bajo el expediente 31/2011.

Contraviniendo el Código Penal de Baja California Sur -que claramente establece un tiempo máximo de 15 días para resolver el caso-, sospechosamente el juez tardó tres meses -del 16 de febrero al 2 de mayo de 2011- en devolver el expediente a la PGJE, argumentando “incompetencia jurisdiccional”. Es decir, “no podría conocer del asunto, porque debía llevarse en el único Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Rosalía, por ser el más cercano a la zona del conflicto jurídico”.

Según un abogado consultado por ZETA, el juzgador “debió haber remitido el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y desde ahí, inmediatamente se debió haber enviado al Juzgado de su competencia”, ya que por ese procedimiento, y en un hecho evidentemente premeditado, se perdieron otros tres meses más de tiempo, hasta que finalmente el asunto cayó en agosto de 2011 en el Juzgado Mixto de aquella población, en ese entonces a cargo del juez Bárbaro Valenzuela; quedando entonces registrado bajo la causa penal 111/2011.

Pero no todo paró ahí. El verdadero viacrucis comenzó cuando el caso se quedó en la congeladora desde esa fecha hasta mayo de 2012, es decir, nueve meses después, y por cuyo Juzgado pasaron cuatro jueces penales. Ninguno dictaminó hasta que llegó el juez Edgar Hiram Gallegos Cárdenas, y en una decisión “bastante cuestionable”, según versión de la propia víctima, Raúl Luján Soberanes exoneró al extranjero del delito cometido, al considerar que el caso “ya había prescrito”.

El juzgador no resolvió de fondo el delito cometido, y extrañamente resolvió el caso. Al día siguiente fue removido y cambiado a un Juzgado de Los Cabos, donde dicho sea de paso, su padre y su madre enfrentan una denuncia penal en el Juzgado de su competencia por el delito de despojo.

El veredicto del juez Gallegos provocó que la PGJE apelara la decisión, por lo que, de nuevo y para variar, el expediente fue enviado a la Sala Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a cargo del magistrado Alejandro Santoyo Padilla, el cual sospechosa y extrañamente seis meses después, se excusó de conocer el caso porque en su acuerdo reconoció “tener cierta relación de amistad con el abogado del denunciado”.

El expediente pasó a la Sala Dos del TSJE, a cargo del magistrado Homero Bautista López, quien revocó la resolución del juzgador el pasado mes de noviembre y ordenó “entrar al estudio del delito”, porque a su consideración, “no existen elementos jurídicos de la prescripción del caso”.

Al cierre de edición, el juez no había resuelto el caso porque el TSJE estaba entrando en un periodo vacacional del 14 de diciembre al 7 de enero, y prácticamente preparaba sus “vacaciones”.

El sospechoso retraso

Sobre este hecho, el presidente del TSJE, Daniel Gallo Rodríguez, reconoció un grave retraso en el caso, ya que “la tardanza es un tiempo bastante considerable”.

— ¿En cuánto tiempo debió haberse resuelto este caso, conforme a derecho?

“Pues… la verdad y de acuerdo con la Ley, contempla 15 días aproximadamente para que se dictamine un asunto de este tipo”.

— ¿Quince días? Tardaron nueve meses para emitir un primer dictamen, el cual todavía está en veremos…

“La realidad de los Juzgados es que estamos sobresaturados de trabajo. Yo te puedo decir que hemos avanzado, no tanto como quisiéramos, pero anteriormente o en la anterior administración, hubo casos en que se llegó a la prescripción de asuntos sin que siquiera hayan sido revisados. No me estoy justificando, hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, y por eso estamos implementando para el próximo año un programa de modernización para, en dos años más, resolver los casos conforme marca la Ley”.

— Usted fue litigante en su momento. ¿Cómo considera el tiempo que este asunto ha tardado en resolverse?

“Es un tiempo excesivo, la verdad. Para el pedimento de una orden de aprehensión o la negativa, sí es bastante tiempo, debo reconocer. No es conformismo, pero te puedo decir que antes pasaban años y nada de nada, simplemente nunca entraban a estudio, ahí se quedaban”.

Gallo Rodríguez admitió que el retraso en la resolución pudo haber derivado de que ha pasado de un juez a otro y de un magistrado a otro, pero “es un error constante de los jueces esa forma de trabajar, porque en vez de dictaminar de inmediato, en cuanto reciben el expediente y valorar si es de su competencia o no, resuelven hasta que ya revisan el caso. Y eso no debe ser, porque para entonces ya pasaron tres o seis meses”.

— ¿Cabe la posibilidad de algún acto de corrupción en este caso? La pregunta es porque casualmente tardaron nueve meses en emitir un veredicto que finalmente fue revocado. Es evidente que mañosamente se dictaminó que “estaba prescrito”, y en la revisión dice “no está prescrito”. El caso ha pasado a manos de cuatro  jueces y dos magistrados, estamos cerrando el año y sigue sin resolverse después de dos años. ¿No se le hace raro? En este caso, por lo menos, la justicia no está siendo pronta y expedita, como se supone debe  ser…

“La verdad sí está raro y creo que debemos revisarlo a fondo. No es posible que estas cosas sigan pasando en el TSJE. La verdad no estaba muy enterado del asunto, porque cuando ustedes solicitaron la entrevista, yo solicité un informe al juez y me entregó un informe de agosto a la fecha, es decir, cuando el caso comenzó a verse en Santa Rosalía. Y obviamente no fui enterado del antecedente que había desde febrero a agosto de 2011. Creo que vamos a revisar el asunto”.

— ¿Quién revisa el trabajo de los jueces?

“La verdad de las cosas, es que ahorita no existe alguna área en específico que revise el trabajo de los jueces, prácticamente hemos actuado en base a las quejas de la gente. Debo reconocer que tenemos varias quejas en trámite, y hasta este momento no hemos cesado a ningún juez por corrupción y obstrucción de la justicia. La revisión del trabajo de los jueces, debo reconocer es un tema en el cual no pudimos avanzar este año, pero lo contemplamos para el próximo año. El presupuesto del TSJE pasó de 127 millones a 173 para 2013, y tenemos pensado plantear al pleno la creación de un área nueva que se dedique a revisar y supervisar el trabajo en los Juzgados. La facultad actualmente sobre esto es de los magistrados, pero es una situación muy complicada porque nos distrae totalmente de los casos que tenemos en revisión, el cual se rezagaría más si anduvieron supervisando el trabajo de los jueces. Ese es un punto débil que tenemos y estamos conscientes”.

Durante la entrevista con ZETA, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoció que cuando entró en funciones -octubre de 2011-, “los Juzgados no tenían papel ni tinta”.

“Ciertamente se justificaba tanta ineficiencia, pero este año ya no tuvimos ese problema, y el próximo habrá más recursos, de modo que no se va a justificar nada relacionado a su trabajo y vamos a tener la autoridad moral para exigirles que cumplan con su trabajo”.

— Uno de los principales reclamos en las elecciones locales pasadas fue el tema de la justicia. Sin embargo, vemos que siguen trabajando los mismos jueces que estaban en la administración anterior. Todo está intacto y nada se ha cambiado…

“La verdad sí, estamos hablando… Ay, son los mismos. De hecho han sido varios años que no tenemos Juzgados nuevos”.

— Son exactamente los mismos, porque ni siquiera los han rotado…

“La verdad no, de hecho te puedo comentar que tenemos dos Juzgados familiares aquí en La Paz, donde los jueces tienen años en el mismo lugar. Yo recuerdo que empecé a litigar en 1995, y de esa fecha hasta ahora, son exactamente los mismos jueces. Los hemos reforzado a algunos con personal, pero la realidad es que no hemos crecido nada y tampoco hemos oxigenado los Juzgados”.

— ¿Qué va a pasar con el caso del italiano?

“El caso ya está en manos del Juzgado otra vez en Santa Rosalía, deberá resolverse a más tardar en dos meses, a partir de esta fecha, si no es que antes”.

La controversia

ZETA solicitó una entrevista con Giuseppe Marcelletti. Sin embargo, éste se negó a concederla. A través de su personal de confianza, solo envió una carta en la cual indica que cuando adquirió el hotel de Punta Chivato, hoy llamado Posadas de Las Flores, “… los ejidatarios de la zona -antiguos propietarios– expusieron que la compra incluía el suministro de agua potable que había sido dotado desde su creación”.

Sin embargo, se dijo víctima del propietario del pozo de agua que pretende obligarlo a pagar desde finales de 2005 y hasta la fecha.

En la misiva, el extranjero relata que el dueño de Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. ha monopolizado la venta y distribución de agua en la zona porque “pretende cobrársela”, lo que contraviene la visión turística y de desarrollo de Punta Chivato, y donde dice haber invertido en la urbanización de un complejo turístico denominado Chivato Village y La Mirage, el cual consta de 91 lotes turísticos con vista al mar.

De igual manera, el extranjero asegura haber invertido 20 millones de dólares en una cadena de tres hoteles en La Paz, Loreto y Punta Chivatos, a fin de promover el turismo europeo en estos destinos de playa, a donde cada año -describe-“llegan seis mil turistas italianos”.

Sin embargo, el propietario de la empresa Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. y concesionario del pozo de agua, Raúl Luján Soberanes, afirmó que no tuvo más remedio que dejar de abastecer el agua al extranjero, pues desde 1999 hasta finales de 2003, se negó a pagar el consumo del líquido.

Durante los cinco años, y según sus cálculos, el italiano consumió 125 mil metros cúbicos de agua, equivalentes a 25 mil metros cúbicos por año.

“Quería el agua gratis”, asentó Luján, para agregar: “Como si la CONAGUA no cobrara la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales que extraemos del subsuelo”.

El 10 de agosto de 1999, el empresario adquirió  la totalidad de los derechos de titularidad de la parcela número 121, con una superficie de 760 hectáreas, que pertenecía a un grupo de copropietarios del Ejido de San Bruno, según consta en la escritura 11139 Volumen 96, certificada por la Notaría Pública Número 6 de Santa Rosalía, y donde se compró la totalidad de los derechos del pozo de agua ubicado en el acuífero de San Marcos-Palo Verde, otorgada por la CONAGUA.

En aquel entonces la compañía concesionaria era Constructora e Inmobiliaria de San Bruno, S.A. de C.V., cuyo pozo era operado y administrado por miembros del Ejido San Bruno y residentes extranjeros en Punta Chivato, según el expediente.

Sin embargo, la explotación del pozo y el agua venía efectuándose fuera de control alguno, aunado a que existía un rezago de ocho años en la omisión del pago correspondiente, por lo que el nuevo concesionario inició trámites de regularización en el año 2000.

A partir de esa fecha, y hasta mayo del 2002, se suscribieron dos convenios, y donde de inmediato, y a la firma, se efectuó un pago de un millón de pesos, y luego se estableció lo siguiente.

- El primero, a pagar en 48 mensualidades por concepto del adeudo de consumo de aguas nacionales de 1998 a 2002, por un monto de 568 mil 309 pesos.

- El segundo, a pagar en 36 mensualidades por concepto del adeudo de descarga de aguas residuales de 1998 a 2002, por 367 mil 801 pesos.

Una vez pagada la deuda, el empresario Raúl Luján Soberanes inició los trámites para transferir las concesiones del pozo de agua y de descargas residuales a nombre de Punta Chivato Shores, S.A. de C.V.,  lo cual se cristalizó hasta el 19 de junio de 2006.

Hoy por hoy, después de casi 14 años, el extranjero nunca pagó el adeudo del agua y hasta incurrió en el robo, generando un adeudo de casi 37 millones de pesos.

En este caso tuvo que intervenir hasta la Embajada de Italia en México en 2008, sobre todo por la serie de problemas legales que se vinieron en contra de Giuseppe Marcelletti por su negativa del pagar el consumo de agua; pero es gracias a sus relaciones personales y políticas, que sigue impune e intocable.

Las descargas

Lo más grave del asunto, es que el hotel Posadas Las Flores en Punta Chivato carece de un permiso para la descarga de aguas residuales en la zona, donde el delegado de CONAGUA en Baja California Sur, Israel Camacho Gastélum, se ha hecho de la vista gorda.

El extranjero ha vertido aguas negras durante 14 largos años sin tener una concesión ni efectuar pago alguno a la dependencia federal, como sucede con la mayoría de los hoteleros.

Durante una recorrido por la zona, los propios pobladores comentaron que Marcelletti no ha sido objeto de algún monitoreo, revisión o auditoría ambiental por parte de la Comisión Nacional del Agua, o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

ZETA solicitó una entrevista con el delegado de CONAGUA en el estado, Israel Camacho Gastélum,  quien dijo estar “fuera de la ciudad”.

Empero, respondió un cuestionario entregado. A la pregunta de si Giuseppe Marcelletti cuenta con permiso de descarga de aguas residuales en Punta Chivato, respondió: “Es información de carácter confidencial”.

Contradictoriamente, y lo que sí “no fue confidencial”, es que recientemente se integró el expediente BCS-E-0265-25-04-05, autorizando la explotación de 30 mil metros cúbicos a favor de Inmobiliaria Punta Chivato de BCS, S.A. de C.V., persona moral que opera el hotel Posadas Las Flores, cuyo propietario es el italiano Giuseppe Marcelletti.

Datos recabados por este Semanario exponen que la única compañía que hasta hoy cuenta con concesión de descarga de aguas residuales es Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., que ampara un volumen de descarga de 12 mil metros cúbicos, prorrogado hasta el 18 de septiembre de 2017.