Acusado de falsificación de documentos y uso de escritos apócrifos, un promotor adscrito a la empresa Conf-frio fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Se trata de Eulises Parra Ortega, de 37 años de edad,
vinculado al tema que afloró a la luz pública a mediados de este año,
con las decenas de denuncias de ciudadanos a quienes les llegaron cobros
por aparatos electrodomésticos adquiridos a través del programa ASI de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Mexicali.
La pretensión del cobro se debió a que aparecía la firma de los afectados como aval, lo cual nunca habían autorizado (ZETA lo
documentó en mayo de 2012). Tanto en las oficinas locales de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), como en la propia PGJE,
empezaron a recibir decenas de denuncias de víctimas del fraude.
La presunción era que representantes de las empresas
proveedoras se coludieron con funcionarios de ASI para aprobar decenas
de créditos a través del proyecto federal implementado en Mexicali para
mitigar los altos consumos de electricidad en el verano, a través de
equipos de refrigeración de alta eficiencia y un Fideicomiso de Ahorro
de Energía.
El miércoles 12 de diciembre, la subprocuradora de Zona
en Mexicali, María Elena Andrade, informó sobre la detención de Eulises
Parra Ortega, empleado de una compañía dedicada a la venta de aires
acondicionados y aparatos electrodomésticos.
De acuerdo a datos proporcionados por la funcionaria,
desde el 22 de mayo de este año la señora Eloísa Perezchica Cruz
presentó una denuncia por el posible delito de falsificación de
documentos y uso de escritos apócrifos. Así se abrió la averiguación
previa 59/12/104.
En su declaración, la mujer dijo que un mes antes había
recibido un citatorio del programa ASI, donde le hicieron saber que
tenía un adeudo con ellos.
Que ella misma había proporcionado su firma
como aval a Parra Ortega para que él comprara un aparato de aire
acondicionado. Y es que el promotor primero adquirió el artículo con el
aval falso, y después tramitó el crédito de un refrigerador, ya sin la
venia de la afectada.
Según información de la PGJE, el detenido expresó en su
declaración que él mismo había fungido como aval para que la señora
adquiriera un aire acondicionado, y a su vez, él utilizó el aval de ella
para un aparato propio. Es decir, se trató de “avales cruzados”.
El 22 de octubre de 2012 se consignó la averiguación con
pedimento de orden de aprehensión, la cual se libró hasta el 29 de
noviembre, concretándose esta semana.
La subprocuradora aseguró que en la dependencia existen
cerca de 60 denuncias -algunas con dos o tres acusadores, en casos por
grupo familiar- y por lo menos 30 carpetas de investigación, en espera
de que en próximos días se libren más órdenes de aprehensión.
Andrade aceptó que tanto funcionarios del programa ASI
como ejecutivos de las empresas proveedoras, están siendo investigados
por su posible participación en este tipo de ilícitos que repercutieron
en decenas de familias mexicalenses.
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