Luis Perez Chavez
De empresarios a delincuentes
Agentes aduanales en la frontera de California con Baja California, ganan millones de dólares contrabandeando mercancía asiática a través de las Aduanas de Estados Unidos, utilizando documentos falsos y reetiquetando sus productos para evadir aranceles. En ocasiones con ayuda de la propia autoridad norteamericana
–
Escucha, estoy a punto de cruzar, yo te llamo cuando cruce al otro
lado… Oye, otra cosa, el contenedor de ayer, ¿llegó finalmente?
“¿Ayer? No, va a llegar el 22”.
– ¿El 22? Yo pensé que iba a llegar el 20, y como
no recibí ningún correo electrónico, así que… Bueno, te llamo cuando
llegue para allá, ¿ok?
“Ya dijiste”.
En esta breve conversación efectuada el 21 de febrero de 2012, Carlos Medina, empleado de la agencia aduanal Tecate Logistics, cuestionó a su compañero Joel Varela sobre un cargamento de pantalones cortos y capris
para mujer próximos a arribar. La llamada fue intervenida por agentes
del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (HSI, por
sus siglas en inglés) que investigaban su operación ilícita, bajo la
sospecha de complotar evasión de aranceles.
El contenedor MSCU8017644 llegó dos días después al
puerto de Long Beach, California. Los documentos del cargamento
reportaban que provenía de China y su destino final era México, por lo
que estaba exento de pagar los impuestos compensatorios en Estados
Unidos.
Ese mismo día, un tractocamión transportó el contenedor
hacia un almacén en San Diego, California, para su eventual exportación
hacia San Luis Río Colorado, Sonora, donde sería recibido por Comercializadora Casa Grande.
Pero ese cargamento nunca cruzó la frontera. El 25 de
febrero de 2012, aproximadamente a las 05:22 horas, un camión de carga
recogió el contenedor y lo llevó a la ciudad de Los Ángeles, donde
agentes investigadores atestiguaron cómo su contenido fue descargado en
dos bodegas. Las prendas femeninas habían evadido impuestos
exitosamente, o por lo menos eso pensaban los contrabandistas.
Desde junio de 2011, agentes de HSI y del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) investigaban
los cargamentos importados por las empresas Tecate Logistics, LLC e International Trade Consultants, LLC,
propiedad Gerardo Chávez, entonces presidente de la Asociación de
Agentes Aduanales de San Diego, un profesional exitoso y de prestigio,
cuyas empresas facilitaron la importación de aproximadamente 500
millones de dólares en mercancías extranjeras a los Estados Unidos en
los últimos cinco años.
De acuerdo con expedientes de la Corte del Distrito Sur de California, Tecate Logistics e International Trade Consultants
importaron de manera fraudulenta más de 90 cargamentos de productos
valuados en aproximadamente 100 millones de dólares, generando pérdidas
de alrededor de 18 millones de dólares en impuestos. Uno de sus
principales cómplices era Sunil Jiwat Mirwani, ciudadano del Reino Unido
propietario de M Trade Inc. Empresa dedicada a la venta de ropa
con sede en Los Ángeles. Mirwani contrataba los servicios de las
empresas de Chávez para la importación de mercancías fabricadas en China
y su transportación a diferentes bodegas en el sur de California, con
documentos de falsas importaciones a México.
Los documentos originales son marcados por los agentes
de CBP con una perforadora especial que deja una marca de la letra “C”,
con un punto arriba y otro debajo de la letra. Los documentos
falsificados por la gente de Chávez tenían dos puntos arriba y otros dos
debajo de la letra “C”, de esta manera los agentes investigadores
podían detectar los documentos falsos.
Negocio “caliente”
Tras varios meses de contrabando con documentos falsos,
los empleados de Chávez comenzaban a sospechar que estaban siendo
investigados. Durante una llamada intervenida el 13 de abril 2012 por
agentes estadounidenses, Joel Varela le reportó a Gerardo Chávez que un
elemento de CBP le había solicitado los originales de los manifiestos de
exportación.
El jefe propuso una solución temporal: importar
legalmente algunos envíos de mercancía, documentar su proceso de forma
adecuada y presentarlos ante la Aduana estadounidense, “mientras se
enfrían las cosas”. Eso sí, redujeron el valor de los cargamentos para
mantener un margen de utilidad ilícito, una antigua práctica
fraudulenta.
Una vez que consideraron que habían cesado las sospechas
de irregularidades, retomaron el contrabando documentado e incluso
expandieron sus operaciones a la importación de cigarrillos fabricados
en la India. Para evadir impuestos, los cargamentos eran registrados
como producto manufacturado en Estados Unidos que había sido exportado
hacia México, pero que sería devuelto al fabricante.
Los productos ingresaban a California a través de la
garita de Otay Mesa en Tijuana, y los agentes de CBP registraban los
cargamentos presentando documentos falsos perforados con la “C” con
cuatro puntos. Elementos de CBP alertaban a los agentes investigadores
de ICE para que siguieran a los camiones de carga, fue así como
descubrieron que los cigarrillos marca New York, New York no regresaban a las instalaciones de la empresa Marketing Group, USA, sino que eran almacenados en una bodega de la calle Airway Road.
Fueron 29 los contenedores de cigarrillos contrabandeados de esta manera.
Las investigaciones posteriores revelaron que el
comprador y cómplice del fraude era René Axel Trahin, representante de
distribuidores de cigarrillos extranjeros en Estados Unidos, según la
acusación formal del caso 3:12-cr-03137-MMA, a la cual ZETA tuvo acceso.
Contrabando de alimentos contaminados
Las empresas de Chávez también pusieron en riesgo la
salud pública. El 17 de abril de 2012, inspectores de la Agencia de
Alimentos y Fármacos (FDA) adscritos a la garita de carga de Otay Mesa
detectaron la presencia de salmonella en un cargamento 5.5 toneladas de
nopales producidos por Comercializadora de Frutas y Legumbres Verduzco de Tecomán, Colima, y procesados por El Chino Produce en Tijuana.
El cargamento no cruzó la frontera y la empresa
productora quedó fichada por la FDA, para impedir la importación de
otros cargamentos a Estados Unidos.
Para no asumir las pérdidas económicas por el producto
contaminado, Varela y otros empleados de Chávez falsificaron los
documentos de procedencia del producto, registrando los productores bajo
el nombre “José Luis Balderas”. Sin embargo, los agentes
estadounidenses detectaron el fraude e impidieron su internación a ese
país.
Pese a haber sido descubiertos, empleados de Tecate Logistics
complotaron para importar a Estados Unidos un cargamento que frituras
de maíz que, de acuerdo con inspectores de FDA, no contenía una
descripción adecuada de sus ingredientes, además de incluir colorantes
potencialmente nocivos para la salud. El resto del cargamento fue
importado exitosamente, las botanas permanecieron almacenadas en la
garita para su posterior devolución a México.
El 23 de abril de 2012, Joel Varela y Elizabeth
Sandoval, otra empleada de las agencias aduanales de Chávez, orquestaron
la salida de los mencionados productos de los almacenes fronterizos y
su transporte hacia una bodega en el área de San Diego.
Un día después, otro empleado de Chávez presentó a
elementos de CBP un manifiesto de exportación del cargamento, el cual
establecía que las botanas habían sido transportadas a las instalaciones
de Distribuidora SAA, con sede en la colonia Monte San Antonio
de Tijuana. El documento tenía la perforación distintiva de la letra “C”
con los cuatro puntos, y de inmediato fueron identificados como
apócrifos.
En julio de 2012, Gerardo Chávez, Joel Varela y
Elizabeth Sandoval, así como los asociados Carlos Medina, Enrique Pérez
Soltero, el transportista Juan Porter y los clientes René Axel Trahin y
Sunil Jiwat Mirwani, junto con su empresa M Trade, fueron
acusados de conspirar para cometer fraude al gobierno de Estados Unidos,
y por la entrada de mercancías bajo métodos o declaraciones falsas.
Otras estrategias de contrabando
El reetiquetado de la mercancía es otra de las
estrategias utilizadas para evadir el pago de aranceles entre productos
importados hacia los Estados Unidos. Uno de los casos más importantes de
este tipo de fraudes en California, fue cometido por el empresario
bajacaliforniano Arturo Huizar Velázquez, propietario de Limpiadurías Huizar de México y Proveedoras de Limpiaduría de Tijuana.
Según la acusación formal del caso 3:10-cr-03099-JAH,
llevado en la Corte del Distrito Sur de California, Huizar y su empleado
Jesús de la Torre Escobar comenzaron a conspirar para contrabandear
ganchos de ropa metálicos manufacturados en China y transportados hacia
México, vía los Estados Unidos, en mayo de 2010.
Aprovechándose de las previsiones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) que exenta del pago de impuestos
de importación en Estados Unidos si el producto fue fabricado en la
República Mexicana, el empresario compraba cargamentos de compañías
chinas y los enviaba hacia el Sur de California, marcados con destino
final en México.
Una vez en territorio mexicano las cajas de ganchos eran
reetiquetadas como hechas en México. También se falsificaban los
documentos de procedencia de la mercancía y se exportaban hacia los
Estados Unidos libres de arancel. Estas maniobras le generaron ganancias
aproximadas a 5 millones de dólares, según estimaciones de agentes
federales de ICE y CBP que investigaron este caso.
Huizar y De la Torre fueron sentenciados en 2011. El
propietario de las limpiadurías fue condenado a restituir al gobierno de
Estados Unidos más de 3.5 millones de dólares en multas, se le ordenó
la incautación de 4.2 millones de dólares en efectivo y una condena de
70 meses en prisión y tres años de libertad condicional. Su empleado fue
condenado a un año en la cárcel y una multa de 3.5 millones de dólares.
La corrupción aduanera en Estados Unidos
Los empresarios aduaneros no son los únicos involucrados
en fraudes para evadir el pago de impuestos, muchos de ellos no podrían
ser cometidos sin la ayuda de agentes federales corruptos de la Aduana
estadounidense, que reciben sobornos a cambio de permitir la salida de
los productos retenidos en patios fiscales al Norte de la frontera.
En octubre de 2012, el agente de Aduanas y Protección
Fronteriza, Sam Herbert Allen, supervisor responsable de examinar y
despachar los cargamentos que ingresan por las aduanas de Los Ángeles,
California, fue detenido tras una investigación de corrupción efectuada
por los departamentos de Asuntos Internos y Responsabilidad Profesional
de CBP y del Servicio de Inmigración (ICE).
Tras una investigación que inició en septiembre de 2009 y
concluyó en marzo de 2010, los agentes investigadores determinaron que
Allen se aprovechaba de su puesto para permitir que productos
provenientes de la República Popular de China y destinados a México
permanecieran en Estados Unidos, a cambio de sobornos de 2 mil dólares
por cargamento, logrando acumular más de 100 mil dólares en ganancias
ilícitas.
Se estima que los fraudes que cometió provocaron
pérdidas De al menos 781 mil dólares en impuestos evadidos al gobierno
de Estados Unidos. Durante el curso e la investigación, Allen fue
removido de su puesto y cambiado a otra área dentro de CBP, donde no
podía lucrar con el desvío de cargamentos. Fue entonces que complotó con
su esposa para crear a su nombre una empresa importadora de productos
de Oriente, e incursionar ellos mismos en el desvío de mercancías.
Su operación ilícita fue descubierta, y tanto el agente
corrupto como su esposa Wei Lai, fueron detenidos y procesados en la
Corte de Distrito de California en Los Ángeles.
Combatiendo el fraude documentado
Tan solo en el año fiscal 2012, CBP impuso más de 50
sanciones monetarias por fraudes y otras violaciones a las disposiciones
aduanales.
Algunos casos pueden durar desde uno hasta tres años
siendo investigados, dependiendo de los recursos con los que se les
permita trabajar, como intervención de llamadas, agentes encubiertos,
informantes, vigilancia por agentes de campo o evaluación de documentos,
explicó el agente especial de HSI/ICE en San Diego, Mike Kerney, en
entrevista con ZETA.
En su experiencia, la mayor parte del contrabando documentado proviene de países como China e India, siendo la ropa, calzado, software o cigarrillos, lo productos más son internados a Estados Unidos de manera fraudulenta.
“Creemos que (el contrabando documentado) es una
situación tan común para estos agentes aduanales, que con el tiempo se
volvió toda una forma de hacer negocio, y como nadie los descubría ni
los hacía responsables, se hicieron más atrevidos porque no había
repercusiones” sostuvo Kerney.
“Ahora con el arresto de Chávez y sus cómplices, creemos
que volteamos de cabeza a todo el negocio de agencias aduanales, porque
ahora tendrán que replantear toda su manera de hacer negocios” agregó,
aunque está consciente de que este tipo de prácticas fraudulentas no se
detendrán simplemente porque cayó un pez gordo.
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