Al menos 15 integrantes de los Villarreal han sido amedrentados luego de
heredar 20 hectáreas de terreno que han sido propiedad de la familia por 30
años, mismas que fueron objeto de un supuesto fraude.
Los afectados denuncian
que ésa es la causa de la lesión de bala que sufrió Andrés Avelino Villarreal
Agúndez, de 50 años de edad, al ser atacado el 3 de febrero por Cosme Remigio
Herrera García y otro sujeto identificado como Manuel de Jesús de los Santos
León, agente ministerial.
Investigaciones ZETA
Amenazas de muerte desde 2011 dirigidas a por lo menos 15 integrantes de la
familia Villarreal, residentes de El Sauzal, y el disparo con arma de fuego que
involucró a un policía ministerial, donde el 3 de febrero una bala pasó a
escasos centímetros del abdomen de Andrés Avelino Villarreal Agúndez, de 50 años
de edad, forman parte de una pugna legal e ilegal por obtener más de 20
hectáreas de terrenos que durante 30 años habían sido propiedad de esa
familia.
“¡Yo soy Valente Mendoza, soy cobrador y me mandó mi patrón!”, es
la frase que más recuerda Andrés Villarreal y que repetía en cada visita, desde
febrero hasta julio de 2011, uno de los sujetos que formaba parte de un comando
armado de entre 12 y 14 personas que se movían por las calles de El Sauzal en
unos cinco vehículos. Rodeaban y bloqueaban las salidas durante un par de
minutos del Rancho Villarreal, y les demandaban a gritos 200 mil dólares por una
“deuda comprada” por su patrón. También les decían que se fueran de esos
terrenos, pues ya no eran de ellos. De no cumplir, los matarían con todo e
hijos.
Las actividades de este comando armado fueron registradas
formalmente en julio de 2011, bajo el oficio AP/2020/11/300, explicó el actual
abogado de la familia, Carlos Alonso Cadena Luna.
De acuerdo con lo que relataron Cadena Luna y el propio Andrés
Villarreal, la punta del iceberg de una serie de historias ligadas y
encaminadas a la obtención de las propiedades de los Villarreal, de acuerdo con
lo que relataron Cadena Luna y el propio Andrés Villarreal.
El problema, aseguran, proviene de una serie de engaños de quien
fuera anterior contador de la familia Villarreal, Martín Ramos Cruz, y la
participación de uno de los integrantes de la familia, Antonio Villarreal
Agúndez.
A decir de Cadena Luna y Andrés Villarreal, “utilizando
documentación falsa”, Ramos realizó negocios con patrimonio de la familia
Villarreal.
Por ejemplo, dio de alta, a su nombre, en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio en Ensenada, un predio de la familia y negoció su venta
a un grupo de inversionistas, quienes planeaban construir un fraccionamiento,
acordando un precio de 200 mil dólares.
Según la historia que narra el abogado Cadena, en dicha
transacción, que originalmente beneficiaría a los Villarreal, Ramos recibió 45
mil dólares de adelanto que nunca llegaron a esa familia, y en su lugar, rentó
oficinas en un edificio, provocando -luego de que los inversionistas no pudieron
hacer uso de los predios- un juicio ejecutivo mercantil a finales de 2010 con
número de expediente 335/2010-“B”, “María Dolores Cabrera Arellano vs. Andrés
Avelino Villarreal Agúndez y otros”. Al no poderse comprobar que los 45 mil
dólares estaban en poder de los Villarreal, el juicio no prosperó.
Andrés comentó que su hermano, Antonio Villarreal Agúndez, junto
con Martín Ramos Cruz, le hicieron firmar un documento bajo engaños a mediados
del año 2010, en la Notaría Número 3 de la ciudad de Mexicali.
Documento que, le
aseguraban, daría poder de representación y cobranzas a Ramos, pero con el cual
se logró concretar como dación en pago, terrenos de los Villarreal directamente
a Ramos Cruz; propiedades ubicadas en la zona conocida como La Calera, en el
fraccionamiento Brisas del Mar, del Sauzal, donde viven unas 15 personas de la
familia Villarreal.
Según datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
(RPPC) en Ensenada, uno de los terrenos a nombre de Martín Ramos se encuentra
bajo clave catastral ES-Q62-040, Fracción A1 del predio La Calera, con
superficie de 80 mil 878.956 metros cuadrados; el otro, con clave ES-S62-122
Fracción A2 del predio La Calera, tiene una superficie de 154 mil 884.04 metros
cuadrados.
Según Cadena, los Villarreal proyectaban vender los terrenos para
el desarrollo de viviendas, sin embargo, desde inicios de 2011 comenzaron a
recibir constantes amenazas.
Tras el juicio con los inversionistas que perdieron los 45 mil
dólares, explicó el abogado, uno de sus colegas, de nombre Joel, inconforme con
los resultados, les advirtió: “¡Les voy a mandar un narco-cobrador para que
paguen, hijos de su puta madre!”.
El 17 de febrero de 2011 apareció en el Rancho Villarreal quien se
hacía llamar Sergio Valente Mendoza, “un auténtico sicario, con una personalidad
que hacía temblar… tenía cara de sicario de película”, refiere Cadena.
Llegaban en vehículos distintos, un pick-up Toyota color
verde; un Ford Ranger color blanco modelo 2001; un pick-up
Chevrolet modelo 80, viejo y de color gris; además de carros compactos. A
veces cambiaban de vehículos en cada visita.
En ese entonces Sergio Valente, de quien posteriormente se
conocería su nombre real, les dijo: “Mi patrón compró la deuda en 20 mil
dólares, pero él tiene que ganar y pide 200 mil… tienen seis días para entregar,
si no, los vamos a matar con todo e hijos”.
La escena se repetía dos veces por semana, los sujetos con armas
largas amagaban a los integrantes de la familia Villarreal.
Obtuvieron los
números de celular de prácticamente todos y los llamaban, amenazándolos,
describiéndoles la vestimenta que llevaban las muchachas o los niños cuando
salían de casa, aumentando el miedo entre la familia.
“Mi patrón ya me ordenó cortar cabezas”, les dijo una vez el
sujeto, según Andrés Villarreal, quien actualmente tiene 50 años de edad.
En
otra ocasión, narró, mientras familiares se encontraban en una de las oficinas
de su negocio, ubicado en Calle Argentina número 730, Colonia Lomitas, en la
zona urbana de Ensenada, arribaron los mismos hombres del comando armado en tres
vehículos, bloqueando la puerta de acceso.
Ahí les hicieron firmar a la fuerza
un contrato hecho a mano, donde les cedían tres hectáreas como garantía de que
sí les pagarían los 200 mil dólares.
Mientras les pedían prórrogas para pagar esa suma, decidieron
tenderles una trampa en una de sus visitas al Rancho Villarreal en El Sauzal.
Trampa que en conjunto con la Policía Municipal de esa delegación, funcionó, y
el 14 de julio de 2011 fue detenido en la propiedad de los Villarreal, aunque
sin armas, Ezequiel Navarro Jiménez, de 38 años de edad, quien de acuerdo a
Cadena, es la persona que se hacía llamar Sergio Valente y amenazaba a los
residentes del rancho.
La detención está registrada bajo el oficio 0840/11/80 de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ensenada, con la fecha
arriba citada, donde Navarro Jiménez fue entregado a la Agencia del Ministerio
Público por el juez calificador en turno, Juan Carlos Carrizales Cornejo.
Cadena Luna explicó que mientras Navarro era procesado en la
estación oriente ese día, de donde salió libre después, arribaron varios de los
integrantes del comando que habitualmente llegaba armado al Rancho Villarreal,
“y se plantan en la estación”, mientras le indicaba al juez en turno que ellos
eran parte del grupo de sujetos que amenazaban a sus clientes, sin que nada
ocurriera.
“Uno de ellos es sobrino de Efrén Cabrera, un gordo pelón con
aspecto de cholo y que es un ex Army (ex militar estadounidense)”. Años atrás,
Efrén había sido abogado de la familia. Es hermano de una de las demandantes del
caso de la inversión de los 200 mil dólares, María Dolores Cabrera Arellano. El
nombre de Cabrera apareció en un deslinde topográfico de los terrenos de los
Villarreal, elaborado luego de la asignación de terrenos a Martín Ramos
Cruz.
Ese mismo día, Cadena explicó que un funcionario del gobierno
estatal, de quien se reservó el nombre, acudió a la estación oriente de la SSPM
en defensa de Navarro Jiménez o “Sergio Valente Mendoza”, y advirtió entonces
nexos entre Efrén Cabrera, Martín Ramos Cruz, el funcionario estatal, los
registros en el RPPC, el pleito de los inversionistas y las amenazas a los
Villarreal para que dejaran los terrenos de El Sauzal.
En una reunión que sostuvo con él ese mismo día, Cadena le
advirtió a Cabrera que si algo les ocurría, él ya estaba bien identificado.
Desde entonces, dijo, las amenazas a la familia cesaron.
Meses después, volvería a aparecer el nombre de Ezequiel Navarro
Jiménez. De acuerdo con Lydia Gallegos Aguilar, subprocuradora de zona Ensenada
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el 1 de enero de 2012,
Ezequiel Navarro Jiménez, 38 años, fue consignado por privar de la vida con arma
de fuego a Misael Espinoza Álvarez, la medianoche del viernes 30 de diciembre de
2011, en el interior de la vivienda del occiso, ubicada en Calle Colinas de
Ensenada, rumbo a la zona arbolada de La Encantada.
El sospechoso lesionó con la
misma arma de fuego a una persona identificada como Leonardo Nájera, quien
relató que esa noche los tres sujetos se encontraban reunidos en la casa de la
víctima, y en un momento dado, Navarro Jiménez salió argumentando que iba por
una muchacha, pero regresó disparando, argumentó la PGJE.
De acuerdo con la autoridad, Navarro Jiménez fue encerrado en el
Centro de Readaptación Social (CERESO) de Ensenada y puesto a disposición del
Juzgado en turno, quien determinará su situación legal.
Para el abogado de la familia Villarreal, los hechos prueban que
el sujeto sí es una persona peligrosa.
Semanas después, otro suceso involucró a sujetos con armas de
fuego, dentro de la propiedad de los Villarreal.
El 3 de febrero de 2012, alrededor de las 14:00 horas, dos hombres
se encontraban en el Rancho Villarreal.
Cadena y Andrés Villarreal, presentes en el sitio junto con otra
persona que solicitó el anonimato, comentaron a ZETA que se
acercaron a los sujetos para preguntarles el motivo de su visita, obteniendo
como respuesta de uno de ellos, que eran agentes del Ministerio Público del
estado, adscritos a Tijuana, y que estaban ahí porque esos terrenos eran
propiedad del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda
(INDIVI) y del gobierno del estado, y que debían abandonarlos.
Luego, al solicitarle Cadena una identificación como policía
ministerial y el número de averiguación previa bajo el cual realizaba la
investigación, el sujeto comenzó a tornarse agresivo. Cadena le pidió a Andrés
Villarreal reportar a las autoridades la presencia de los sujetos vía celular,
sospechando algo irregular, mientras el hombre, posteriormente identificado como
Cosme Remigio Herrera García, de 42 años de edad, se encontraba justo frente a
ellos y le gritó al otro sujeto que sería identificado como Manuel de Jesús de
los Santos León, de 35 años de edad, ubicado junto a su vehículo, una Ford
Explorer color oro, modelo 2003, con placas BHA-6928, a varios metros de
distancia: “¡Pareja!, ¡es un abogado, aviénteme los fierros!”.
En ese momento, De los Santos León lanzaría una pistola a Herrera
García, cayéndole cerca de los pies, y posteriormente un cargador. Entonces,
declaró Andrés Villarreal, el sujeto se agacha, toma la pistola con la mano
derecha, mete el cargador con la mano izquierda, “cerrojea” la pistola y se
incorpora, colocándola cerca de su cintura, cuando de pronto se dispara, pasando
la bala a unos centímetros del abdomen de Villarreal, quien estaba marcando
desde su celular, quedándose inmóvil por la impresión.
Después, De los Santos, quien portaba un arma larga y la mantenía
apuntándola hacia donde se encontraban Cadena y Villarreal, le gritó al otro
sujeto: “¡Vámonos, la cagaste!, ¡el casquillo, el casquillo!”.
Mientras Herrera buscaba el casquillo y Villarreal seguía inmóvil,
Cadena se había comunicado con el delegado municipal de El Sauzal, Matías Santos
Martínez, asegurándole que habían disparado y proporcionándole los datos.
En un
inicio Cadena pensaba que habían herido a Villarreal. Luego, mientras los dos
hombres se retiraban del lugar, el primero logró observar el número de placas, y
entonces se montó un operativo con la Policía Municipal de El Sauzal, que
derivaría en una persecución carretera hasta el municipio de Playas de Rosarito,
en la zona conocida como Popotla.
La corretiza incluyó helicóptero, elementos de la Secretaría de
Marina, policías federales, estatales, ministeriales y municipales de ambos
municipios, para concluir cerca del Kilómetro 54 de la carretera libre
Tijuana-Ensenada.
A los sujetos se les incautó un fusil marca Colt calibre
.223, abastecido con un cargador y 24 cartuchos útiles del mismo calibre, y uno
más en la recámara, listo para ser disparado, además de una pistola tipo
escuadra marca HK calibre .9 milímetros, con 12 cartucho útiles y uno
en la recámara, “listo para ser disparado”, indicó la SSPM de Ensenada.
Posteriormente se confirmó que De los Santos era agente
ministerial, y Herrera García no.
El 7 de febrero, la PGJE dio a conocer que De los Santos había
sido suspendido de sus labores mientras era investigado:
“Esta instancia inició
una investigación administrativa por el actuar del servidor público, y a su vez
inició otra averiguación penal en contra de los dos imputados por los delitos de
disparo de arma de fuego, amenazas y allanamiento de morada.
De la propia
investigación y en base a diversas probanzas, la Visitaduría estableció que
Manuel de Jesús de los Santos León no se encontraba en uso de sus funciones como
agente de la Policía Ministerial, al momento de los hechos.
Sin embargo, al ser detenido le fueron decomisadas un arma larga
AR-15 y otra corta tipo pistola, ambas armas de cargo. En ese sentido, esta
instancia les practicó la prueba pericial de rodizonato de sodio a los
imputados, la cual dio negativa en ambos casos. Los dos solicitaron libertad
bajo caución, misma que fue concedida el 4 de febrero a las 22:50 horas.
Pese a los hechos, al día siguiente se encontraban libres,
mientras Andrés Villareal era internado, según confirmaron autoridades de salud
el 5 de febrero en un hospital de Ensenada, donde se le diagnosticó hipertensión
arterial y fue puesto bajo observación, al presentar una crisis por el susto
generado tras el disparo. “Estuve ahí todo el domingo”, dijo Villarreal,
asegurando que por poco tenía un paro cardíaco.
Sin embargo, el problema de la familia Villarreal persiste, ya que
los terrenos a nombre de Martín Ramos Cruz están registrados formalmente en el
RPPC y, de acuerdo a Cadena, aún persisten intereses de empresarios que aseguran
haber comprado las tierras, como es el caso de la desarrolladora SEDES.
El abogado afirma que los apoderados de esa empresa les han dicho que pagaron 6
millones de pesos a Ramos Cruz por los terrenos, y lo han manifestado a los
Villarreal.
Además, que dos casas de esa empresa, en un fraccionamiento de
nombre Gali Residencial, ubicado cerca del fraccionamiento Villa Bonita en la
Zona Este de Ensenada, están a nombre una de Ramos Cruz, y la otra de Antonio
Villarreal Agúndez.
Hasta la fecha, Antonio Villarreal y Martín Ramos no han podido
ser localizados, ni siquiera por los propios familiares, como asegura Andrés
Villarreal.
El lío, dice, los ha colocado en un punto donde lo que quieren es
salirse de un rancho comprado por su padre hace casi 30 años atrás, y que al
momento de adquirirlo, recuerda Andrés, su madre dijo:
“¿Para qué compras esos
terrenos tan grandes?, lo único que nos van a traer son problemas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario