Tanto el gobernador como el fiscal del estado, aseguraron en el pasado que
iban tras los criminales que en Baja California son responsables de secuestros,
trasiego de droga, tráfico, narcomenudeo, ejecuciones y homicidios, sin embargo
no han avanzado en los casos.
Los homicidas y delincuentes identificados por
fuerzas operativas del propio estado, la federación y el ejército, siguen libres
sin orden de aprehensión en su contra.
Oficialmente sólo buscan a “La Rana”, “El
Macho Prieto” y “El Frank” y “El Paúl” y “El Dariel”. Rommel Moreno Manjarrez no
solicitó las órdenes de captura contra 23 miembros del crimen organizado a las
que se comprometió en abril de 2010, ni siquiera la de Fernando Sánchez
Arellano.
Investigaciones ZETA
La PGR no ha puesto precio a sus cabezas.
Se trata de una veintena de delincuentes que en Baja California son los
autores de las ejecuciones que a cuentagotas y en la periferia de las ciudades,
van engrosando la lista de los muertos producto del narcotráfico.
A pesar que son conocidos e identificados por autoridades del estado que han
recabado sus nombres y enlistado sus fatales acciones en expedientes judiciales,
no existe orden de aprehensión contra la mayoría de ellos.
El Procurador General
de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, no cumplió con lo que
declaró a ZETA en abril de 2010: que judicializaría los casos
para solicitar las órdenes de captura.
En estos momentos, elementos de investigación de la Policía Estatal
Preventiva y de la Policía Municipal de Tijuana, han identificado a la mayoría
de estos criminales, “detectamos direcciones, localizamos familiares y
cómplices, pero tienen mucha movilidad e información, pasan mucho tiempo fuera
de Tijuana, fuera del estado y de nuestra jurisdicción”, indicó un
investigador.
Ante la falta de órdenes de aprehensión las fuerzas operativas se han
conformado por ubicar a estos personajes del crimen. Mantenerlos bajo vigilancia
y en el mejor de los casos, detenerlos infraganti.
Esta situación ha sucedido con los operadores criminales de José Antonio Soto
Gastélum, “El Tigre”. Pero no escapan otros, como: Gustavo Inzunza “El Macho
Prieto”; Alfredo Arzate y/o Alfredo Arteaga González “Aquiles”; René Arzate
García “La Rana”; Melvin Gutiérrez Quiroz “El Marino”; Benjamín Gutiérrez
Quiroz; Israel Vergara Galindo “Marquitos”; Manuel Núñez “El Balitas”; Cristian
Ilhuicatzi Morales; Francisco Javier Mendoza Uriarte “El Chapito”; Rosalío Díaz
Tirado “Chalío”; José Arámbula García “El Mongus”; Rosa María Hernández Guajardo
“La Rosy” y sus hampones conocidos como “El Pepillo” y “El Eder”.
Los de la lista son los autores de las actividades criminales que suceden a
toda hora y todos los días en territorio bajacaliforniano. Secuestros,
ejecuciones, tráfico de drogas, distribución de narcóticos, distribución al
menudeo, privaciones de la libertad, robos y un largo etcétera. Actividades a
las que se han dedicado con total impunidad al no haber órdenes en su
contra.
En la Procuraduría del estado de Baja California, salvo casos viejos
relacionados con el delito de secuestros, como el de Dariel García y Paúl
Salomón, ambos ex “Teos”, el Ministerio Público estatal no ha pedido órdenes de
aprehensión. De acuerdo a trabajadores de esa dependencia, los señalamientos
directos por parte de cómplices, no han sido suficientes para solicitar el
ejercicio de la justicia.
En forma clara: la PGJE no está judicializando en el tema de delincuencia
organizada como se comprometió desde abril de 2010, el procurador estatal Rommel
Moreno Manjarrez, cuando anunció: “Es la intención de esta Procuraduría, ir tras
‘El Ingeniero’ y 23 de sus cómplices”.
La impunidad con la que se desenvuelven estos delincuentes identificados por
las autoridades locales, es muestra de la evasión de responsabilidad del
Procurador General del Estado. En estas circunstancias, están a la espera que
Policías Estatales, elementos del Ejército o Municipales los aprehendan en la
comisión de un delito, para que sea la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada), quien se lleve los casos para
investigación y judicialización.
Así sucedió, por ejemplo, cuando en noviembre de 2011 fue detenido por
policías municipales bajo el mando del Secretario Alberto Capella Ibarra, el
delincuente Juan Francisco Sillas Rocha, de quien en la Procuraduría local
estaban al tanto de su actividad delictiva, su imagen y su posición en la
estructura criminal del cártel Arellano, pero no tenían investigaciones
judicializadas en su contra. A pesar que este criminal se había amparado ante la
justicia y señalado al entonces subprocurador en Baja California, Fermín Gómez
Gómez, de favoritismo.
La parálisis en que está sumida la Procuraduría General de Justicia de Baja
California en relación a la investigación de homicidios, ejecuciones,
narcomenudeo y secuestros, contrasta con la actividad que registran otras
corporaciones en la investigación, la cual les ha permitido conocer la
estructura de los criminales en el estado. Identificando en este 2012, a por lo
menos dos grupos:
1.-Encabezado por Alfredo Arteaga y/o Alfonso Arzate. Con René Arzate, que es
su mano derecha y cabeza delictiva a cargo de: Israel Vergara, jefe de “El
Cabezón”, “El Balitas” y “El Uvas; “Melvin” y su hermano Benjamín Gutiérrez; el
grupo de Dariel García y Francisco Mendoza Uriarte, ex Teos; por otro lado Paúl
Salomón y Rosalío Díaz; lo que queda de la célula de los detenidos Miguel
Rodríguez Solorio y Daniel Gómez “El Iron”.
2.- Bajo la operatividad de José Antonio Soto Gastélum “El Tigre”. Rosa
Guajardo, que presuntamente da órdenes a “El Pepillo” y “El Eder”; y José García
“El Mongus”, que coordina a “El Porfirio y “El Alan”.
Además con un nivel similar a “El Tigre y “El Aquiles” contemplan a José
Manuel López Núñez y Gustavo Inzunza.
Ninguno de ellos, hasta donde se tiene conocimiento, está sujeto a
investigación en la Procuraduría de Justicia de Baja California, bajo la
supervisión de José Guadalupe Osuna Millán, el gobernador del Estado.
Denuncias y recompensas
De todos los presuntos implicados en la delincuencia organizada de Baja
California, la PGR sólo ofrece recompensa por información fidedigna que lleve a
la captura de cuatro criminales.
“Los estamos buscando, con tu denuncia México se fortalece”, reza el slogan
del programa de recompensa de la procuraduría federal, cuya oferta es:
* 30 millones de pesos por información que lleve a la captura de Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero”. Esta decisión fue anunciada en 2009 bajo el
acuerdo A/123/09. En su momento en el afiche correspondiente colocaron una foto
equivocada; personal de la PGR la retiró pero no se ha exhibido imagen del
buscado.
* 3 millones de pesos por Gustavo y/o Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho
Prieto”. Por éste se ofrece recompensa a partir de septiembre de 2011, con el
acuerdo publicado A/102/2011. También sin fotografía.
* 3 millones de pesos por información que lleve a la captura de Víctor Dariel
García Ontiveros “El Abuelo” (sobrino de Eduardo García alias El Teo) y por Paúl
Salomón Sauceda (hermano de Ernesto Sauceda alias “El Nemo”) desde diciembre de
2010, el acuerdo que puso precio a sus cabezas fue el A/004/2010.
En el mismo expediente ofrecieron similar cantidad por información que
llevara a la captura de Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”, detenido
(mayo en Mexicali) y fugado (julio en Ciudad de México) y reaprehendido
(septiembre en Puebla) por autoridades, todo en el año 2011.
Según los respectivos boletines, todos los mencionados tienen en su contra
alguna “orden de aprehensión, localización y/o presentación, libradas por
diversas autoridades del ámbito federal” y la recompensa ofrecida va en función
del rango que el delincuente ocupa en su organización por la importancia de sus
actividades.
Adicionalmente tras cinco años y seis meses, y después que la PGJE de Baja
California reconoció que no tenía sospechosos, la federación también ofrece
desde diciembre de 2011, mediante acuerdo A/192/11, cinco millones de pesos por
la identificación, localización, detención o aprehensión de los presuntos
responsables del secuestro (30 de mayo de 2006) y homicidio (15 de junio de
2006) del joven deportista y sobresaliente estudiante universitario Francisco
Farid Fernández Salmán, ocurrido en Tijuana.
Por un video del momento en que lo secuestraron y la conversación que el
joven sostenía con su novia al momento de ser privado de la libertad, las
primeras indagatorias apuntaban a que el muchacho había sido víctima de agentes
ministeriales o federales. Sin embargo los intereses no permitieron avanzar la
investigación.
Él o los interesados en proporcionar información deberán presentarse en Paseo
de la Reforma número 75, primer piso, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc,
del Distrito Federal; o enviarla al correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx, o
llamar a los teléfonos 53461544, 53460000, extensión 4748, y al
018008313196.
Órdenes de aprehensión
De la lista de sospechosos actuales, únicamente existen órdenes de
aprehensión por delitos del fuero común en contra de:
* René Arzate García (27 años) “La Rana”, quien estuvo detenido en octubre de
2008 por golpear a su pareja sentimental. La mujer de Arzate, resultó hermana de
la fémina que acompañaba a Israel Vergara “El Marquitos” cuando fue baleado por
los escoltas de Juan Sillas (noviembre 2011).
Los expedientes indician que aquel
2008 se cumplimentó lo orden de aprehensión por violencia doméstica, pero, en su
beneficio, no le hicieron efectiva otra orden de aprehensión previa, que
permanece activa desde 2007, en la indagatoria 4483/07/20B/AP por homicidio en
grado de tentativa, contra otra mujer de entonces 48 años, a la que también
agredió físicamente.
* Otro con petición de captura, es precisamente el ex policía Israel Vergara
Galindo, miembro del CAF desde los años noventa, donde usaba la clave
“Marquitos”, convertido en “El Frank” , o “R61” cuando se incorporó en 2011 al
cártel de Sinaloa.
Tiene una orden de aprehensión pendiente desde el año 2003,
por un asesinato ocurrido en diciembre de 2002, seguida bajo el expediente
374/02/2001/AP, la cual no se hizo efectiva en noviembre de 2011 cuando fue
remitido herido al hospital en el operativo en que se capturó a Juan Sillas.
Las mentiras de la PGJE
Sin embargo, a 20 meses del compromiso del procurador Rommel Moreno de
“empapelar” a 23 criminales, incluido Fernando Sánchez Arellano, las evidencias
muestran que no tenía intención de cumplir (ZETA edición
1883).
Las mentiras se evidenciaron, porque abril de 2010 se comprometió a
judicializar casos en los que de acuerdo a los expedientes, ya existían órdenes
de aprehensión. Incluso, expedientes procesados por otros procuradores.
Situación que la opinión pública desconocía por la ausencia de transparencia en
el poder judicial.
En aquella fecha mencionó 23 nombres, de los cuales actualmente sólo existe
orden de aprehensión en tres casos, todas giradas antes del compromiso de Moreno
Manjarrez. La situación jurídica a continuación:
- Korando Quintero Madrid, a este hombre lo buscaban por secuestro desde
1999, y le abrieron tres causas penales, la 181/199, la 167/2001 y la 320/2002.
En el expediente 1220/2010 aparece como sentenciado, pero ya entonces “El
Korando” estaba domiciliado en el centro de readaptación social de El Hongo,
donde ingresó en agosto de 2002.
- Diego Alcaraz Muciño, quien tiene activo un expediente por secuestro desde
marzo de 2009 y otra por fraude de febrero de 2007. Lo extraño es que “El Yeyo”
estuvo detenido en febrero de 2008 y fue liberado por falta de elementos.
- Paúl Salomón Sauceda, por quien la PGR ofrece recompensa desde 2010, la
procuraduría de Moreno ya ostentaba una orden de aprehensión en su contra cuando
dio la entrevista a ZETA pero no lo informó, en 2011 solicitó y
le concedieron otras dos.
Moreno Manjarrez tampoco solicitó orden de aprehensión contra Fernando
Sánchez Arellano, la única que existe data del 14 de octubre de 2009, proceso
294, número de control 19278, y es del Ministerio Público federal.
Menos judicializó, como aseguró, la actividad criminal de: Manuel Aguirre
Galindo “El Caballo”; Paúl Rodríguez Palacio “El Mateo”; Edgardo Leyva Escandón;
Fernando Ávila Valenzuela; Ricardo Gueto Santos; José Rosario Bon Cabrera: y
Robert Mc Murray.
También siguen libres de la célula de Villarreal, Óscar González Urbina alias
“9-36” de 21 años, 1.62 metros de estatura, delgado, tez clara y con dentadura
protuberante.
De este paquete, la PGJE tampoco cumplió con procesar a: Jesús Israel de la
Cruz López (SSPM de Tijuana 2011); Héctor Guajardo (PEP 2011); y Juan Francisco
Sillas Rocha (SSPM de Tijuana 2011); y Armando Villarreal (Policía Federal,
Sonora 2011). Todos éstos hoy presos, detenidos en flagrancia en distintos
momentos y remitidos a la SIEDO, salvó Cruz López, que recién fue regresado a la
autoridad local.
Más rezago
Pero la deuda de las autoridades fiscales a cargo del procurador y licenciado
Rommel Moreno Manjarrez es más amplia. En agosto de 2008 (ZETA
edición 1794) Moreno anunció su programa “Los más buscados”, que teóricamente
distribuiría en tres etapas. Dio a conocer las caras de trece narcotraficantes
involucrados en secuestros y homicidios, incluso produjeron carteleras y las
exhibieron. La idea era solicitar el apoyo de la denuncia ciudadana.
El fiscal explicó en aquel momento, que “Los más buscados”, pertenecían a
diferentes grupos de la estructura del CAF (Cártel de los hermanos Arellano
Félix) y el Cártel de Sinaloa y que en su contra tenían declaraciones de
integrantes de las 22 bandas detenidas desde 2007.
De aquel espectacular siguen en libertad tres delincuentes sin orden de
aprehensión, Rafael Méndez Gutiérrez “El Güero Jícama”; Eduardo González Tostado “El
Mandil”, presuntamente convertido en testigo protegido en Estado Unidos; y Jando
Chávez.
Tampoco han sido capturados otros dos presuntos secuestradores con peticiones
de captura, las cuales tampoco fueron solicitadas en 2010 por Moreno Manjarrez;
José Luis Cárdenas López y/o José Luis Valencia Leyva, quien tiene orden de
aprehensión por asociación delictuosa y homicidio calificado desde septiembre de
2001 y otra de febrero de 2002 y otra por evasión de reos de octubre de 2001; y
José Andrés López Guadiana con una instrucción judicial para su captura que data
de enero de 2008.
Detenidos circunstancialmente
De esas dos listas, además de Villareal, Sillas y Hernández Guajardo, han
sido capturados en plena comisión de delitos, sin investigación ni intervención
de la Procuraduría bajacaliforniana, la cual sólo ha aprovechado para
cumplimentar solicitudes de captura previas a los anuncios de Moreno:
- Rosalío Díaz Tirado “El Chalío”, quien desde 1998 tenía una orden de
aprehensión por delitos contra la salud, otra por abuso de confianza de
diciembre de 2002, y estaba involucrado en secuestros y homicidios desde 2009.
“El Chalío” fue apresado en un operativo de la policía municipal en septiembre
de 2011, que inició en una persecución por exceso de velocidad.
Cuando
anunciaron la captura circunstancial (17 meses después del compromiso de Moreno)
el subprocurador Abel Galván anunció que “…la representación social solicitó
orden de aprehensión urgente de los detenidos por homicidio calificado,
homicidio calificado en grado de tentativa y delincuencia organizada”, porque no
lo hicieron cuando correspondía.
- Francisco Javier Vázquez Morales (capturado por la PEP, julio 2010), lo que
no dijo Moreno Manjarrez en abril de 2010, con delitos de 2009, por quien
también debieron solicitar órdenes urgentes, dado que las fuerzas operativas se
les adelantaron.
De esa lista por denuncia e investigación recibida en la fiscalía, el grupo
antisecuestros detuvo en septiembre del mismo 2008 sólo a Sergio Tirado Herrera
y Guillermo Octavio Sánchez Camacho en Mexicali, cuando tenían secuestrado a un
comerciante de la capital bajacaliforniana. También a Saúl Camacho Cota,
capturado por autoridades de Estados Unidos en Los Ángeles en 2010, y lo
remitieron a la PGJE por un acuerdo de colaboración.
Posteriormente, por otras denuncias no relacionadas al llamado de la
fiscalía, y corporaciones diferentes, fueron aprehendidos: José Manuel García
Galván (Ejército, diciembre 2008); Francisco Manzo Moran (Ejército, 2009);
Manuel Garibay (PEP, 2011); Ángel García Herrera “El Tata” (Policía Federal,
2011).
Finalmente, Rommel Moreno tampoco ha pedido, como anunció, órdenes contra Jorge Briseño “El Cholo” y José Carlos Chávez Vernanza “El Peruano”, en ambos
casos, homicidas detenidos han mencionado haberles disparado con intención de
matarlos, pero declararon desconocer si sobrevivieron.
Hasta la fecha, quien ha sido Procurador de Justicia de Baja California desde
el inicio del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, no ha cumplido con el
compromiso de judicializar, investigar y procesar a los criminales que delinquen
en el estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario