En una sorpresiva declaración el general de la Segunda Región Militar,
Alfonso Duarte Múgica, se fue contra los jueces federales luego de denunciar que
a raíz de un mega plantío localizado en Baja California a mediados del 2011, 57
de los 58 detenidos fueron liberados.
Por otra parte el CCE habló de la
impunidad existente gracias a que los jueces en el fuero común no han puesto de
su parte, sentenció el órgano empresarial.
Cristian Torres Cruz
Jueces del Tribunal Superior de Justicia Federal en Baja California, como su
homónimo en el Estado encabezado por la Magistrada Presidenta María Esther
Rentería Ibarra, han sido balconeados por las mismas autoridades y por los
organismos empresariales, quienes han encontrado en ellos la brecha de la
impunidad.
Por un lado, las autoridades de los diferentes órganos de gobierno dan cifras
alegres sobre las detenciones realizadas tanto en el ámbito federal como
estatal, sin embargo son pocos los que realmente cumplen una sentencia en los
diferentes centros de readaptación social.
El colmo es que, luego del descubrimiento de un mega plantío por autoridades
de la Segunda Región Militar que encabeza el General Alfonso Duarte Múgica, de
los 58 detenidos a tan sólo en 7 meses, 57 recuperaron la libertad.
El hecho tiene que ver con las 120 hectáreas localizadas en la delegación El
Mármol en Ensenada, en donde se presume la participación de autoridades locales
y empresarios, pese a que la investigación federal incluía a propietarios de
terrenos ejidales, constructores, funcionarios públicos y medio centenar de
trabajadores, todos se encuentran en libertad. Así lo denunció Alfonso Duarte
Múgica, quien señaló que nada más el supuesto propietario del terreno aún se
encuentra en un proceso judicial.
Pese a las declaraciones vertidas por los campesinos que declararon trabajar
desde enero del 2011 para el Cártel de Sinaloa y la evidencia de 120 hectáreas
de cultivos de marihuana los actores gozan la impunidad.
La investigación realizada por la PGR requirió de las declaraciones de Héctor
Acevedo Peralta, Gerardo Bórquez Villegas, Pablo Maclish Acevedo y Alejandro
Navarrete Aldana, además de los dueños del predio.
Según la misma información proporcionada en su momento a
ZETA, a 10 días de la investigación sólo los 58 trabajadores
enfrentaban un proceso judicial por delitos contra la salud pero luego fueron
liberados, de ahí el enojo del General Duarte, ya que pese a los trabajos de
investigación, la confiscación de la droga y el medio centenar de detenidos en
el operativo, la corrupción del Poder Judicial evidentemente tocó fondo.
Así, el General aprovechó la reunión con un grupo de empresarios mexicalenses
para despotricar contra la actuación de los jueces federales por las
resoluciones que han estado vertiendo en su contra en cuanto a las detenciones
que realizan y al final son liberados, días antes había señalado que sólo el 0.5
por ciento de los detenidos son recluidos en centros penitenciarios.
“Esto precisamente es la preocupación que tenemos las autoridades que estamos
combatiendo la delincuencia organizada, que precisamente en la administración de
la justicia está viendo pocos efectos y queremos estrechar también la
coordinación con las autoridades del Poder Judicial en el Estado, para que nos
digan qué problemas se están viendo, probablemente haya alguna deficiencia en
los procedimientos para poner a disposición a estos elementos, pero
definitivamente sí es preocupante”.
En el sentido estatal, Duarte Múgica señaló que se está llevando a cabo la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (por lo menos en
Mexicali) por parte de los elementos militares, aunque señaló que en el Fuero
Federal faltan 4 años para que este modelo empiece a operar.
“Tiene sus problemillas este sistema penal acusatorio, no es más que el
sistema americano donde se van a llevar a cabo los Juicios Orales y entonces
también estamos colaborando con el procurador de Justiciad del Estado, para que
se capaciten las policías municipales en las instalaciones militares”.
El militar aseguró que desde que Fernando Sánchez Arellano tomó las riendas
el Cártel Arellano Félix, este grupo delictivo se vio mermado por la falta de
capacidad de “El Ingeniero”, por lo que surgieron las incisiones principalmente
de Teodoro García Simental alias “El Teo”, Filiberto Parra Ramos “La Perra”,
Raydel López Uriarte “El Muletas” y Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil”, realizando
una guerra entre los mismos grupos, lo que fue aprovechado por el ejército y las
autoridades.
“Básicamente el grupo de ‘El Teo’, que en un principio era apoyado por el
Cártel de Sinaloa, no logra su propósito y casi en su totalidad es eliminado,
durante este conflicto, el Cártel de los Arellano Félix también se vuelve muy
reducido, surge y se apodera el Cártel de Sinaloa y de ahí surgen algunos grupos
que están colaborando con ellos, que son ‘La Rana’, y ‘El Aquiles’, que
supuestamente son el contacto con el Cártel de Sinaloa”.
Justicia a medias
En la presentación de un proyecto para la instalación y operación de cámaras
de vídeo vigilancia del Ayuntamiento de Mexicali, el Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Zaizar Prado, criticó las bondades del
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero sobre todo cuestionó las
resoluciones que ha estado emitiendo el Poder Judicial en el sentido de liberar
a delincuentes confesos por falta de elementos o al no considerarlos de riesgo
para la sociedad.
Luego de resaltar la importancia que podrían tener los videos como evidencia
en los procesos del Nuevo Sistema, el líder empresarial aprovechó para tomar la
palabra y “acusar” a los Jueces de Garantía de estar liberando a los imputados y
no comprometerse con la acción de la justicia.
“Lo que nos importa a los ciudadanos es que quede adentro, que pague una
condena por el daño que le está haciendo a la sociedad, desafortunadamente no lo
tenemos, no tenemos el compromiso por parte del Poder Judicial en realmente
abocarse a buscar resarcir los daños de que somos afectados”.
Ejemplificó hechos recientes en los que Jueces permitieron que los imputados
llevaran sus procesos sin otorgar la prisión preventiva. “Un detenido, una
persona que ha robado casi toda la colonia Carvajal y el Juez lo suelta porque
dice que no representa un peligro para la sociedad, ¿qué pasó con otro
detenido?, nos pasó hace dos meses, con Rommel (Moreno, Procurador), estuvimos 4
horas buscando gente para que pusiera otra denuncia porque un Juez nos iba a
soltar un ladrón que había arrasado con la Colonia Nueva, la Burócratas, los
Pinos, Jardines, y ya lo iba a soltar.
“Son los tres poderes los que deben estar comprometidos, y del que no hemos
tenido cuentas es el Poder Judicial, también hay que jalarlo a cuentas, es
frustrante como sociedad, dar el informe de nuestro ejército que el 0.5 por
ciento de los detenidos con drogas, armas, vehículos robados por parte del
ejército nada más los tienen detenidos, a todos los demás los han soltado”.
Por último, Zaizar Prado advirtió: “Al (imputado) de la Carbajal lo pusieron
a firmar un día, firma uno y delinque los otros seis, ya es hora de que se
comprometan con la ciudadanía”.
El problema son las integraciones: abogado
Para el ex presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali,
José Antonio Orenday Ramírez el eslabón débil parte de la
investigación y de la mala integración que realizan las procuradurías estatales
y federales, aunque también critica el incorrecto actuar de militares y policías
estatales al momento de detener a un presunto delincuente.
“Los Jueces Federales han resuelto conforme a derecho, es ampliamente
conocido que las autoridades federales, llámense agentes federales de
investigación e incluso militares, han actuado con mucha prepotencia y fuera de
la legalidad, tan es así que vemos que en infinidad de ocasiones se introducen a
los domicilios sin tener orden de cateo y no obstante en los partes informativos
que ellos rinden manifiestan que detienen a las personas fuera de las casas”,
concluye.
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