CHIHUAHUA, Chih. (apro).-
Durante el enfrentamiento entre dos grupos delictivos de La Línea en la zona
noroeste del estado, el 19 de marzo anterior, los sicarios de uno y otro bando
obligaron a pasantes de medicina y a médicos de regiones serranas a atender a
sus heridos, situación que los puso en riesgo y en donde las autoridades del
sector salud se han negado a hacer cambios para evitar estas agresiones.
El enfrentamiento ocurrió en
el rancho “La Quemada” del municipio de Bachíniva, pero la persecución entre
los grupos se extendió por Álvaro Obregón, del municipio de Cuauhtémoc, y
varios campos menonitas de ambos municipios.
La Fiscalía General del
Estado informó en las acciones dejaron ocho muertos y cuatro policías
municipales heridos cuando éstos intentaron contener el enfrentamiento.
La versión de los pobladores
y conductores que pasaban por esa carretera del noroeste es que hubo más
muertos y había más patrullas municipales “reventadas” en el camino, lo que
evidenció la infiltración del crimen organizado en la corporación.
De acuerdo con pobladores
cercanos al campo 101 y al rancho “La Quemada”, César Raúl Gamboa Sosa, El
Cabo, quen controla la zona de Cuauhtémoc, organizó con su gente una fiesta el
domingo 19 de marzo, y el otro líder del mismo cártel pero en la zona de
Bachíniva, Namiquipa, Gómez Farías y Buenaventura, Carlos Arturo Quintana El
80, movilizó a su gente para atacarlos.
Según testimonios de gente
del lugar, hubo mucho más muertos que habrían sido arrojados a una laguna
cercana al rancho La Quemada, y otros más resultaron heridos, quienes fueron
rescatados por sus respectivos grupos para llevarlos a atención médica.
En la cabecera municipal de
Cuauhtémoc los delincuentes solicitaron un médico y una enfermera para que
atendieran a uno de los “jefes” en una vivienda de la salida a Chihuahua.
En las zonas serranas
cercanas a Cuauhtémoc, como Carichí, Bachíniva y Namiquipa, por ejemplo, la
situación fue más crítica, porque ahí se encontraban sólo pasantes, quienes
tuvieron que atender a los heridos y vieron a los sicarios, lo que aumenta el
riesgo del personal médico.
Previo al enfrentamiento,
otro grupo armado atacó e incendió la comandancia de Carichí y en la acción
desapareció un agente. Días después, éste apareció herido por quemaduras, que
le fueron atendidas en otro poblado, a donde lo llevaron presuntos delincuentes
para su atención médica.
Esa situación puso en alerta
a los jóvenes que prestan su servicio social en diferentes ranchos y
comunidades de Cuauhtémoc, Carichí, Buenaventura y Namiquipa, principalmente.
Familiares y amigos de los
médicos pasantes acudieron con las autoridades de la jurisdicción sanitaria
para pedir que los cambiaran de lugar de trabajo por un tiempo, ya que aunque
el trato que les dieron los integrantes de los grupos delictivos no fue malo,
existe un riesgo fundado tras el contacto con los presuntos sicarios.
Luego de varios intentos por
hablar con el secretario de Salud, Ernesto Ávila, y de que éste les mandara
decir que no hay médicos que se quieran ir a esos lugares, y por lo tanto deben
continuar ahí, es que decidieron hacer público esa situación que, consideran,
los pone en grave riesgo.
En el caso de Bachíniva
tuvieron que cerrar el Centro de Salud porque fue atacado a balazos, mientras
que los pasantes de esa región y otras aledañas fueron trasladados a
Cuauhtémoc, donde les rentaron casa pero tienen que seguir yendo a atender a
pacientes de sus respectivos lugares de trabajo.
Lejos de solucionar el
problema, la Secretaría de Salud les envió un memorándum para notificarles que
deben permanecer en sus centros de salud para cubrir las guardias durante este
fin de semana, por orden de los jefes de jurisdicción.
Familiares de los jóvenes
pasantes en medicina denunciaron que con esa disposición las autoridades
vulneran las leyes en las que se exige a aquéllos estar bajo la supervisión de
médicos titulados y, además, los ubican en comunidades muy vulnerables.
“La realidad es que los
médicos titulados no consiguen trabajo porque las plazas que les deben otorgar,
se las ahorran, ya que se reparten los 30 mil pesos que deberían pagar al mes a
un médico titulado”, acusó uno de los familiares.
Aparte del riego de trabajar
bajo el yugo del crimen organizado, deben lidiar con las decisiones de
sindicato, instancia que tiene acaparadas las plazas de las instituciones del
sector público, denunciaron los familiares de los jóvenes.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ LA REDACCIÓN/ 14 ABRIL, 2017)
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