La oficina para México y
América Latina de la organización internacional Artículo 19 -que promueve la
defensa de la libertad de expresión-, señaló que con el homicidio del
periodista Maximino Rodríguez Palacios, perpetrado ayer viernes en La Paz, Baja
California Sur, son ya 104 periodistas asesinados en México del año 2000 a la fecha,
por la posible relación con su labor periodística.
Además, el medio donde
laboraba el reportero, continúa recibiendo amenazas, denunció la ong.
De estos, 31 se han
registrado durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
Los periodistas asesinados
durante este año, además de Rodríguez Palacios, son: Cecilio Pineda Birto, acontecido el pasado 2 de marzo en el
municipio de Pungarabato, en la Tierra Caliente del estado de Guerrero; además
del de Ricardo Monlui Cabrera,
asesinado el 19 de marzo de 2017 en Ciudad Yanga, Veracruz; y Miroslava Breach Velducea asesinada el
23 de marzo en Chihuahua, Chihuahua.
“Max” Rodríguez, se
desempeñaba desde noviembre de 2014 como reportero en el medio digital
Colectivo Pericú, donde cubría la fuente policiaca y hechos de alto impacto.
Además, escribía en el mismo
medio una columna denominada titulada “Es mi opinión”, en la que abordaba
diversos temas sobre política, gobierno, seguridad y violencia suscitada en
Baja California Sur.
En la documentación realizada
por Artículo 19, se encontró información sobre amenazas previas que había
recibido el reportero, primero, a través de una entrevista que le realizó el
medio CULCO Cultura y Comunicación BCS, publicada el 6 de diciembre de 2016, en
la que a pregunta expresa el reportero respondió:
“Sí me hablaron por teléfono
que ‘ya le pare, que no lo haga, que va a cargar…’ cosas así.”
En otro hecho reciente,
derivado de su columna, de fecha 11 de abril de este año, abordó información
sobre una “célula criminal” llamada “Los Colores”, en la que señaló el nombre
de la supuesta persona que la dirige.
En la misma, mencionó dos
ejecuciones recientes cometidas contra elementos de las policías ministerial y
estatal. En la columna se lee en uno de
los comentarios de ese mismo día, a una persona que bajo el seudónimo de “PÁJARO INQUIETO” lo amenazó:
“CUIDADO PUTITO PERIODISTA VENDIDO CHAYOTERO CORRUPTOS
YA ESTÁN MATANDO AGENTES MINISTERIALES, POLICÍAS ESTATALES LIC. DEL M.P. AHORA
NO MÁS FALTAN QUE EMPIEZEN A MATAR PERIODISTA CHAYOTEROS CORRUPTOS QUE AGARRAN
BANDO PINCHE MAX AGUAS”.
En entrevista con Artículo
19, Cuauhtémoc Morgan, director del medio, refirió que el asesinato de Maximino
Rodríguez “es un golpe devastador”, y además mencionó que este caso lo tenía
que atraer la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión (Feadle) -lo que ya hizo esta mañana- “y que no quede impune”.
“Exijo como director que las
autoridades se apliquen con todos los recursos a su alcance para el
esclarecimiento de lo ocurrido a Maximino Rodríguez Palacios; no vamos a
descansar hasta ver que se haya hecho justicia conforme a los marcos legales en
este asunto que nos ha lastimado como medio”, señaló el director del Colectivo
Pericú. Morgan también mencionó que su medio fue amenazado en noviembre de
2016, a través de una manta colocada en sus instalaciones.
Según Artículo 19, “resulta
particularmente grave”, que el mismo usuario “Pájaro Inquieto”, continúe
profiriendo amenazas contra el Colectivo Pericú, ahora en la nota donde se dio
a conocer el asesinato de Max Rodríguez.
Artículo 19 exigió
“enérgicamente” al Gobierno de Baja California Sur que cumpla sus obligaciones
constitucionales y legales, a efecto de que “garantice el ejercicio pleno de la
labor periodística en dicho estado, y pueda desempeñarse sin ningún tipo de
obstáculos ni violencia”.
También hizo un “urgente
llamado” al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a cumplir con sus
obligaciones de protección para la labor periodística de quienes forman parte
del Colectivo Pericú, así como para la familia de Maximino Rodríguez.
Asimismo, la ONG exigió a la
Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, a realizar las
investigaciones correspondientes “de manera seria, eficaz e imparcial, conforme
a los estándares internacionales, debiendo privilegiar la línea de
investigación relacionada con el ejercicio periodístico de Maximino Rodríguez,
con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos”.
Ayer, entrevistado por el
periodista José Cárdenas en Radio Fórmula, Leopoldo Maldonado Gutiérrez,
oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, dijo que de acuerdo con el
informe de la organización titulado “Libertades en Resistencia”, dado a conocer
la semana pasada, 2016 constituyó el año más letal contra la prensa, con 11
asesinatos en un año, y al paso que vamos, 2017 “lo va a superar por mucho”,
dijo.
Por su parte, la Procuraduría
General de la República (PGR), a través de la Feadle atrajo la investigación
del homicidio del periodista Maximino Rodríguez, y que, “de forma inmediata,
después de tener conocimiento de los hechos”, la representación del Ministerio
Público de la Federación inició las indagatorias y una célula de investigación
se trasladó a la capital de dicho estado de la República.
Dicha célula está conformada
por agentes del Ministerio Público Federal, elementos de la Policía Federal
Ministerial y peritos en las especialidades de criminalística de campo,
química, balística, fotografía forense, dactiloscopia, medicina forense,
psicología, genética, valuación y tránsito, entre otros, concluyó el comunicado
de la PGR.
Por otra parte, la Embajadora
de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson, el Gobierno de Baja
California Sur, así como asociaciones de periodistas condenaron el asesinato
del reportero de 73 años de edad, quien recibió al menos 15 disparos de rifles
de alto poder afuera de la tienda departamental City Club.
Jacobson lamentó a través de
su cuenta en la red social Twitter la violencia de la que es víctima el gremio
periodístico:
“Cuarto periodista asesinado
en el año. #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas”, escribió la embajadora
estadounidense. Asimismo, el Gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis,
solicitó al Gobierno Federal activar todos los protocolos de Protección a
Periodistas.
En un comunicado, el
mandatario aseguró que la Procuraduría del Estado abrió una carpeta de
averiguación por el asesinato del reportero y que “se agotarán todas las líneas
de investigación hasta dar con los responsables”.
En tanto, asociaciones
periodísticas también condenaron la ejecución de Rodríguez Palacios y
expresaron su apoyo a Colectivo Pericú.
Además, exigieron a las
autoridades el pronto esclarecimiento de este y los otros tres crímenes
cometidos en marzo pasado.
“Las víctimas mortales han sido 230 periodistas, 8
trabajadores de prensa, 16 familiares y 9 amigos de comunicadores. Además,
siguen sin solución 26 desapariciones forzadas. ¡YA BASTA!”, expresaron a través de un comunicado.
Según lo informó el Colectivo
Pericú, sujetos desconocidos dispararon contra el periodista y su esposa, desde
una camioneta pick up color blanca, que circulaba sobre el bulevar Forjadores.
La mujer resultó ilesa,
mientras que el cuerpo del reportero quedó inerte al interior del vehículo.
Rodríguez Palacios arribó a
la zona de estacionamiento a bordo de su vehículo, un Honda sedán de color
azul, cuando recibió una los disparos, al parecer con rifles de alto poder.
Según el Colectivo Pericú, el
reportero se acababa de estacionar en la zona de discapacitados, donde
solicitaría una silla de ruedas para su esposa, quien tiene problemas de
movilidad.
“Colectivo Pericú reprueba
con toda firmeza este ataque contra un compañero, así como los integrante del
gremio periodístico, sobre todo los que realizan la cobertura de eventos de
alto impacto. De la misma manera exigimos a las autoridades su aplicación en la
aclaración de este y muchos otros crímenes que siguen impunes y han dejado a
familias destrozadas por el dolor.”, señaló el medio sobre el reportero que
tenía varias décadas ejerciendo el oficio.
Rodríguez Palacios fungió
como vocero del Tribunal Superior de Justicia estatal y de la Procuraduría
General de Justicia del estado, además trabajó como corresponsal de los diarios
El Heraldo y Excélsior.
En la actualidad escribía una
columna sobre temas de seguridad y política.
El pasado 28 de marzo, un
grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada en el domicilio del
reportero Julio Omar Gómez Sánchez, en Cabo San Lucas, donde el escolta
asignado a la seguridad del periodista los enfrentó y perdió la vida.
Julio Omar Gómez cuenta con
protección debido a que ha denunciado ante la PGR dos atentados previos que ha
sufrido en su contra, por lo que se sometió al Programa de Protección a
Periodistas.
Ayer mismo, antes de darse a
conocer el asesinato de Maximino Rodríguez, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) informó que llevará a cabo un reunión con los fiscales
y unidades especializadas para diseñar y homologar un protocolo para la
protección de periodistas en riesgo.
“[La CNDH convocará a] un
encuentro que permita conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a
abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas, con el objetivo de
buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración de
justicia”, detalló el organismo en un comunicado.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS/ CARLOS
ÁLVAREZ/ SÁBADO, 15 ABRIL, 2017 12:22 PM)
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