Desde hace meses, en secreto,
buscando que la opinión pública no se entere, los más cercanos colaboradores de
Andrés Manuel López Obrador pretenden resolver por la vía de las influencias y
prebendas legales, limpiar un expediente que toca el corazón del equipo del
puntero en las carrera por la Presidencia al verse, cuando menos hasta ahora,
indirectamente involucrado en una multimillonaria estafa y lavado de dinero.
Sus gestiones para borrar esa pista no han fructificado, aunque sí han logrado
tener éxito para que la relación hacia el equipo de López Obrador, se mantenga
lejos del escrutinio público.
El caso atañe a César Yáñez,
uno de los más leales y cercanos colaboradores de López Obrador, que no ha
dejado de estar a su lado desde que era responsable de medios en el gobierno
del entonces Distrito Federal, trabajo que repitió durante las dos campañas
presidenciales del tabasqueño. Actualmente, Yáñez es el vocero de Morena, y
junto con su jefe, la cara más pública de “la honestidad valiente”, el concepto
convertido en discurso de López Obrador para establecer el contraste con la
clase política que desprecia. Sin embargo, lo que sucede en los tribunales de
Puebla, donde está el caso que los impacta, muestra que no hay mucha diferencia
entre Yáñez y López Obrador y los políticos a quienes denuncian.
La historia donde Yáñez y
López Obrador se han embarcado no los afecta criminalmente hasta el momento,
comienza en junio de 2009, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
emitió un comunicado para prevenir a los clientes del grupo Sistemas
Inmobiliarios y Computación (SITMA) que carecía de autorización para realizar
operaciones financieras y captar ahorros, por lo que los rendimientos de una
inmobiliaria propiedad de Leonardo Tiro Moranchel –dueño también del grupo-,
que estaba haciendo negocios en Puebla, eran ilegales.
La alerta de la CNBV preocupó
a decenas de personas que habían adquirido propiedades en Puebla, Atlixco,
Cholula y San Pedro a la inmobiliaria de Moranchel, quienes comenzaron a
presionar a la inmobiliaria y exigirle que les devolvieran lo invertido. Los
empleados de Moranchel, que se habían negado a devolver cualquier dinero,
desaparecieron. Un total de 158 denuncias fueron presentadas en su contra, y en
2015 fue sentenciado por el delito de fraude, que sumaba para entonces 800
millones de pesos y había afectado a una seis mil personas. Moranchel estuvo
prófugo durante nueve meses, y actualmente se encuentra preso.
Pero en esos seis años en que
se inició el proceso y la sentencia condenatoria, Moranchel realizó una
reingeniería financiera irregular para lograr que cuando perdiera el juicio,
sus pérdidas fueran mínimas. Para este propósito, buscó un grupo de
prestanombres que fuera adquiriendo sus propiedades, técnicamente deshaciéndose
de ellas y que al terminar el juicio no fueran tomadas en cuenta como parte de
sus activos y patrimonio, que pudieraan ser utilizadas para pagar a los miles
de sus clientes defraudados.
Cuando descubrieron la
artimaña de Moranchel, un grupo de clientes defraudados presentó una nueva
denuncia en contra de cinco personas que presuntamente habían servido de
prestanombres del defraudador y se habían quedado con bienes inmuebles de
cuentas bancarias que, inclusive, las autoridades ya habían considerado para
respaldar el pago a los defraudados. Entre las cinco personas se encontraba
Leslie Selene Valle Abreu, quien reclamó propiedades de Moranchel argumentando
que eran de su propiedad. Poco supo el público de la suerte de esas cinco
personas, a quienes un juez en Puebla les concedió amparos para quedarse con
los bienes inmuebles y dinero, ante la queja de los defraudados. Este año
fueron detenidos y están en la cárcel.
Es hasta este momento cuando
la relación con el equipo más cercano de López Obrador se empezó a descubrir.
Funcionarios en Puebla confirmaron que representantes legales de López Obrador
realizaron gestiones para que liberaran a Valle Abreu y le retiraran los
cargos. Conforme fueron avanzando las presiones empezó a salir más información.
Valle Abreu era una persona conocida en el círculo interno de López Obrador,
por tener una relación personal con Yáñez, quien fue uno de los que más
presionó para que se limpiara el expediente de ella, que está acusada de lavar
dinero y falsificación de documentos.
La historia del fraude y el
lavado de dinero de Moranchel tiene aún la interrogante de cómo Valle Abreu se
vinculó con él, cuándo y por qué fue una de quienes participaron en el esquema
de defraudación a miles de personas. No se sabe aún si las ilegalidades
cometidas en Puebla tuvieron una expresión en el equipo de López Obrador, o si
la defensa que hacen de ella desde la Ciudad de México se limita a la relación
personal de Yáñez, donde el problema sería limitado al ámbito de la ética
política y la integridad de quienes promulgan ser impolutos, pero no, como
hasta ahora, que estuvieran embarrados también en un caso criminal.
P.D. En la columna del
viernes pasado, “¿Y si gana Trump?, se mencionó que Exxon es una de las
empresas que contribuye para las dos candidaturas presidenciales en Estados
Unidos. Representantes de Exxon precisaron que la corporación, como tal, no
aporta recursos a ninguna candidatura presidencial. Lo que existe es un Comité
de Acción Política mediante el cual 250 de sus empleados aportan dinero a
título individual a candidatos. En esta elección, dijeron, 240 han contribuido
a la campaña de Hillary Clinton, y sólo uno a la de Donald Trump.
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 10/10/2016 | 12:15 AM)
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