Ciudad de México.- Entre las
19:00 horas del viernes 18 y las 20:00 horas del domingo 20 de marzo, Allende
vivió un fin de semana negro. La delincuencia organizada, en complicidad con
los policías municipales montaron un operativo sangriento para vengarse de tres
supuestos traidores.
Testimonios de delincuentes y
policías han permitido iniciar la búsqueda de la verdad sobre la masacre en
Allende, como documenta el informe realizado por el Colegio de México, En el
Desamparo, un documento de más de 300 páginas que ahonda sobre los casos de
Allende, Coahuila, y San Fernando, Tamaulipas, en donde la delincuencia
organizada cobró decenas de víctimas.
La tragedia está directamente
relacionada con el crimen organizado, con los hermanos Miguel Ángel y Omar
Treviño Morales, que controlaban al municipio desde Piedras Negras.
De acuerdo con las
investigaciones, ambos creían que había tres traidores en su organización. “El
principal era Alfonso “Poncho” Cuéllar, quien tenía como subordinados a Héctor
Moreno Villanueva, “El Negro”, y a Luis Garza Gaytán, “La Güiche” o “La
Güichina”.
TRAICIÓN Y SANGRE
Según afirmaron Cuéllar y
Moreno en juicios en Estados Unidos, los hermanos Treviño consideraron que los
traidores estaban colaborando con las autoridades estadunidenses; les
entregaban evidencia de operaciones, como el lavado de dinero con caballos pura
sangre dirigida por José Treviño, hermano mayor.
“También los
responsabilizaban de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares de la
ganancia obtenida por el tráfico de drogas a EU a través de Piedras Negras. Los
tres se encuentran en la actualidad en EU donde, al menos Cuéllar y Moreno, son
testigos protegidos de la DEA (Administración para el Control de Drogas; en
inglés: Drug Enforcement Administration).
De acuerdo con
investigaciones oficiales, “Garza vivía en Allende y el crimen ocupó el poblado
el fin de semana que empezó el 18 de marzo. Para castigar su deslealtad
desaparecieron a 26 personas”.
CRÓNICA DEL HORROR
Aunque diferentes versiones
sobre la masacre señalan que en Allende desaparecieron 300 personas y que es
posible que esta cifra sea verdadera, el informe apunta que el expediente de la
Procuraduría General de Justicia de Coahuila sólo tiene información sobre 42
desaparecidos en este municipio, en un periodo de 14 meses.
De acuerdo con los
testimonios, el operativo del grupo criminal tuvo cuatro etapas: los
preparativos, en la que los sicarios recibieron la orden de “que fuéramos a
checar todos los domicilios de la familia Garza porque los iban a levantar para
matarlos”.
Mientras que los 20 efectivos
de la Policía Municipal fueron instruidos para: “No salir a patrullar, ni
responder a los llamados de auxilio que se presentaran” y “levantar a
cualquiera de apellido Garza” para entregarlo a la delincuencia organizada.
La segunda etapa fue la
captura, que inició el 18 de marzo y continuó todo el fin de semana, pues de
acuerdo con las declaraciones “por la tarde llegaron, según el expediente
judicial, al menos 60 sicarios fuertemente armados a Allende”, un grupo de
delincuentes allanaron casas particulares llevándose a hombres, mujeres y niños.
Al allanamiento se sumaron
policías municipales que siguieron “levantando” a personas para subirlos a
patrullas para llevarlos a ranchos donde concentraban a los condenados.
Luego siguió la ejecución y
destrucción de casas. De acuerdo con estas versiones, el domingo los sacaron de
las casas cerca de las 20:00 horas para llevárselos caminando a los lugares de
ejecución, “para luego matarlos a todos, disparándoles en la cabeza”.
FIN DE SEMANA NEGRO
En el expediente se
identifica con nombre a 26 personas presuntamente asesinadas. Durante el fin de
semana saquearon, vandalizaron e incendiaron las propiedades. Los sicarios,
incitaban a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas
con maquinaria pesada. Los policías que presenciaron el saqueo “nomás se
quedaron mirando”, de acuerdo con las declaraciones.
Posteriormente vino el manejo
de los cuerpos y según cita el informe En el Desamparo, destruyeron los
cadáveres en dos ranchos y con métodos distintos. En uno de los ranchos
llevaron en un camión con redilas “tambos metálicos grandes con diésel o
gasolina”.
Esparcieron el líquido por
toda la casa y en la bodega donde habían amontonado los cuerpos. Remataron
antes a los que quedaban con vida.
Un sicario recordó años
después en su declaración que “tuve que matar a una persona de un balazo en la
cabeza”. Luego prendieron el fuego que se prolongó toda la noche “hasta que se
cocinaron” los cuerpos.
El informe señala que “en el
expediente hay confusiones y contradicciones acerca del número de propiedades
destruidas. Después de verificarlas cuidadosamente, sostenemos que fueron 32
casas y dos ranchos”.
En Allende hubo dos
supervivientes. Una niña de 5 años y un niño de 3. Una policía los entregó en
una casa hogar de Piedras Negras. De ahí fueron recogidos por sus parientes,
con quienes viven desde entonces, asegura el informe En el Desamparo.
LA GRAN OMISIÓN
Una de las conclusiones del
informe realizado por el Colegio de México es que ni la PGR ni la CNDH
atrajeron el caso de Allende. La manera como fue manejado por dos gobernadores
muestra actitudes diferenciadas.
“La negación define el
interinato de Jorge Juan Torres López (4 de enero a 1 de diciembre de 2011). La
evasión fue posible porque las víctimas y los pobladores estaban aterrorizados,
mientras que la Procuraduría sólo recibió una denuncia y realizó una visita a
Allende, que se caracteriza por lo ambicioso de las instrucciones y lo magro de
los resultados”.
Añade que “El Gobierno de
Rubén Moreira sí reconoció la gravedad de los hechos y sí se interesó por esa
tragedia sin haber logrado, hasta la fecha, una solución integral ni una
atención adecuada”.
Sin embargo, el informe
también desataca al Gobierno de Coahuila al reunirse regularmente con los
organismos civiles que representan a familiares de desaparecidos, pues le
reconocen el gesto y las políticas adoptadas, pero señalan los pocos resultados
concretos y algunos condicionamientos inaceptables.
Además de crear, en mayo de
2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila (CEAV).
“El expediente que nos
entregó la Fiscalía tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema
judicial mexicano. Su soporte principal son las declaraciones y quienes
interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho.
Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias”.
Hay poquísima investigación
que valide la veracidad o falsedad de lo dicho en el caso Allende. Eso impide
establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar
justicia y reparaciones.
“Lo acontecido durante esas
49 horas en Allende es un episodio de una oleada de violencia que afectó a toda
la región durante bastante más tiempo que aquel fin de semana y es posible que
haya víctimas no registradas por la Procuraduría. Para verificarlo tendría que
hacerse una investigación entre los nombres que aparecen en el expediente con
los que tienen las organizaciones que representan a víctimas”, cita el documento.
RECONOCEN TRABAJO DE RUBÉN MOREIRA
El gobernador Rubén Moreira
fue reconocido por el trabajo realizado en el tema de desaparecidos, en el
marco de la publicación del informe En el Desamparo.
En el evento, el investigador
Sergio Aguayo, del Colegio de México, y Jaime Rochín, de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV), reconocieron el trabajo del gobernador Rubén
Moreira, la apertura y la valentía de actuar en estos casos y sumar la
participación de los familiares para la resolución de este estos eventos.
Una vez concluida la presentación
de este documento, familiares de personas desaparecidas aprovecharon la
oportunidad para reconocer el esfuerzo del Gobernador y exhortaron a
funcionarios públicos de otras entidades federativas a que se sumaran a este
esfuerzo.
El documento señala que: “En
Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor política”, por lo que
el Gobierno del Estado reitera el compromiso de seguir avanzando en el
esclarecimiento de los hechos relacionados con Allende, así como en la
totalidad de los casos en Coahuila.
Cabe destacar que el Gobierno
de Coahuila envió un comunicado a los medios de comunicación donde reconoce el
trabajo realizado por el Colegio de México y la CEAV y de todas las personas
que colaboraron de alguna manera en el informe.
El gobernador Rubén Moreira
Valdez fue el primero en alzar la voz y desde su primer año de gobierno
determinó se realizaran acciones concretas para consolidar las condiciones de
paz social y de seguridad en Allende, que han permitido realizar las
investigaciones.
El Gobierno del Estado
reitera su postura de atender las observaciones contenidas en el informe,
observa con beneplácito la posibilidad de sumar esfuerzos con las personas que
elaboraron el documento referido, así como con los diversos actores públicos de
la entidad, para integrar una comisión de la verdad.
‘LAMENTABLE QUE COAHUILA SEA LA FOSA MÁS GRANDE’
La senadora por Coahuila,
Silvia Garza Galván, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR)
atraer el tema de las fosas clandestinas en el ejido Patrocinio, ubicado en el
municipio de San Pedro de las Colonias, en la Comarca Lagunera, ubicado a 80
kilómetros de Torreón.
La secretaria de la Comisión
de Derechos Humanos del Senado de la República explicó que es urgente que las
autoridades federales atraigan el caso a fin de que a la brevedad posible se
inicien las averiguaciones previas y se castigue a los responsables de estos
crímenes.
Luego de presentar un punto
de acuerdo en el Senado de la República el miércoles 5 de octubre, Garza Galván
también exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que se
investigue las violaciones a los derechos humanos por la omisión de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en el desarrollo de las
pesquisas.
“Es triste ver que en
Coahuila haya más de 70 fosas clandestinas y que la autoridad tenga
conocimiento desde hace mucho tiempo y no haga nada”, dijo la senadora panista.
La lucha del Grupo Vida
permitió localizar lo que denominó “la fosa más grande de México”, pero “no
basta sólo señalar que la autoridad se ha visto rebasada, hay que trabajar, la
delincuencia no tienen partido, argumentó la secretaria de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
“Los testimonios de los
habitantes del ejido Patrocinio son muy claros, aseguraron que los criminales
llegaban con los cuerpos, los llenaban de diésel y les prendían fuego hasta que
se consumieran las víctimas, mientras los criminales se entretenían con juegos
para pasar el tiempo”, manifestó Garza Galván.
En ese sentido, la senadora
por Coahuila recordó que con base en declaraciones recientes del subprocurador
de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila,
José Ángel Herrera, la fosa más grande de México, se calcula que contenga unos
3 mil 488 cuerpos.
ALLENDE, LA REPRESALIA SANGRIENTA
Entre 2011 y 2012, al menos
42 personas, se calcula que la cifra podría llegar a 300, fueron desaparecidas
por integrantes de un grupo criminal, en venganza por la supuesta traición de
algunos de sus operadores en esa localidad.
Los desaparecidos, que según
testimonios habrían sido asesinados y “cocinados”, fueron levantados por
sicarios y policías locales. El grupo criminal también saqueó, e incendió
propiedades de las víctimas por el hecho de ser familiares o cercanos a los
“traidores”.
En el documento se sostiene
que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres, evadió la
responsabilidad de su Administración al negar o minimizar los hechos; mientras
que el Mandatario actual, Rubén Moreira, reconoció la gravedad, pero no ha
brindado una solución integral.
Respecto al desempeño de las
autoridades estatales, el caso no se investiga a nivel federal, concluye que la
Procuraduría ha dado magros resultados y no ha agotado líneas de investigación
como las “represalias” que los criminales habrían tomado en municipios
aledaños.
“Esta falta de interés por la
verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la
insistencia del Gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes de
que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están
muertos o encarcelados”, abundó.
SAN FERNANDO, EL CAMPO DE EXTERMINIO
Tras analizar estadísticas y
distintas constancias, declaraciones y reportes sobre la masacre de migrantes
en San Fernando, cometida en agosto de 2010, los investigadores concluyeron que
el municipio tamaulipeco era en 2010 un “campo de exterminio”.
Documentaron que el grupo
criminal secuestraba a migrantes, que luego ejecutaban “en masa”, para mantener
el control de la plaza y evitar que le llegaran a sus rivales de distintos
grupos delicuenciales.
Coordinados por Aguayo, los
investigadores concluyeron que las autoridades municipales fueron, en el mejor
de los casos, “figuras decorativas” ante la masacre, a pesar de que los
criminales tenían a su servicio a los 36 policías que entonces tenía San
Fernando.
El documento sostiene que el
Gobierno estatal de Egidio Torre Cantú se distinguió por la negación y la
ineficiencia, pues no sólo resbaló su responsabilidad al afirmar que el crimen
organizado era un problema federal, sino que su Procuraduría actuó con poco
profesionalismo.
Sobre el papel de la CNDH,
critica que tardó casi tres años en emitir su recomendación del caso, lo que
terminó haciéndola irrelevante para la protección de las víctimas, además de
evidenciar falta de empatía hacia ellas. “No cumplió con su obligación de
prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para
contribuir a que hubiera justicia y reparaciones”, señala.
(ZOCALO/ REDACCIÓN/ 10/10/2016 - 03:03
AM)
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