Hace ocho años, el estado más violento
del país era un dechado de tranquilidad. Hoy, Colima encabeza la lista de homicidios
dolosos, es el escenario de una batalla entre el Cártel de Jalisco Nueva
Generación y el de Sinaloa, y la violencia ya se desbordó a toda la sociedad.
Las estrategias de seguridad –si existen– no han servido de nada, y políticos
de primer nivel y sus familiares están señalados de tener vínculos con la
delincuencia organizada.
COLIMA, Col. (Proceso).- La
tarde del pasado 20 de abril, Alma Hernández y su novio, Pedro Navarro –ambos
de 21 años de edad–, fueron a comer a un establecimiento del centro comercial
Walmart Tecnológico de esta ciudad. Tras finalizar, y cuando ya iban a subirse
a la motocicleta del joven, fueron asesinados a balazos en el estacionamiento
del lugar.
Alma era estudiante de octavo
semestre de la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico Regional de
Colima (ITRC) y Pedro era cobrador de una tienda departamental. Para ganar un
dinero extra se habían asociado para instalar un puesto de hotdogs, que
colocaron afuera del domicilio de la muchacha, en el municipio conurbado de
Villa de Álvarez.
Las hermanas de Alma se
enteraron del doble asesinato a través de las redes sociales, cuando vieron
fotografías de los cadáveres tirados boca arriba, todavía con el casco puesto.
Su madre, una mujer que hace dos años perdió a su esposo y que actualmente se
dedica a limpiar casas, supo de la tragedia cuando agentes de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) fueron por ella para que identificara el
cuerpo de su hija.
Pedro y Alma son dos de las
287 víctimas mortales en lo que va de 2016. En menos de una década, esta
entidad pasó de ser una de las más seguras del país a ocupar el primer lugar en
homicidios dolosos.
Las cifras del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así lo demuestran: en 2008 Colima ocupó el
lugar 25 en ese delito, con una tasa de 5.23 asesinatos por cada 100 mil
habitantes. En los primeros sitios estaban Chihuahua (56.19), Sinaloa (41.48),
Guerrero (28.13), Baja California (27.47) y Durango (26.41).
La realidad se transformó
notablemente en el primer semestre de 2016, cuando Colima rebasó a las
entidades antedichas y alcanzó una tasa de 39.01 asesinatos por cada 100 mil
habitantes, seguida de lejos por Guerrero (29.32), Sinaloa (17.41), Morelos
(14.41), Baja California (14.23) y Chihuahua (13.67).
La cantidad de homicidios
dolosos en 2016 ya igualó a la de todo 2012, el año más sangriento de las
últimas dos décadas en Colima, según los registros del SNSP.
Durante su campaña, el actual
gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, prometió que los colimenses vivirían
felices y seguros. Pero desde los primeros meses de su administración –iniciada
en febrero pasado– aumentó la inseguridad.
SE VE Y SE SIENTE… EL TERROR
En el segundo trimestre del
año, además, Colima fue la ciudad con el mayor incremento en la percepción de
inseguridad pública en todo el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (Ensu) realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Esa medición, aplicada
durante junio en 43 urbes mexicanas, mostró que 72.7% de la población colimense
se siente insegura, cifra que superó en casi 13 puntos porcentuales a la de
marzo pasado. En el mismo lapso, el promedio nacional se mantuvo estable, al pasar
de 69.9 a 70%.
Aunque el gobierno de Peralta
continúa con la estrategia de su antecesor, Mario Anguiano Moreno, de censurar
la información sobre actos violentos –casi nunca se emiten comunicados
oficiales en torno a homicidios– no ha podido impedir que trasciendan los
hechos delictivos.
Así, los medios locales están
llenos de reportes sobre ejecuciones, feminicidios y desaparición de personas,
hallazgos de fosas clandestinas y de cuerpos descuartizados. Las notas se
multiplican en Tecomán, Manzanillo, Colima, Armería y Cuauhtémoc.
Esta etapa violenta tiene sus
antecedentes en octubre de 2015, en las últimas semanas del sexenio de Mario
Anguiano. Ese mes se perpetró un atentado contra el exgobernador Fernando
Moreno Peña, quien recibió cuatro balazos mientras desayunaba en un
restaurante, y sobrevivió.
Ya en enero de este año fue
ejecutado un sobrino de Moreno Peña, el abogado Samuel Rodríguez Moreno, quien
años atrás había sido representante legal de una empresa de Gerardo Mendoza
Chávez, identificado por las autoridades como operador de La Familia Michoacana
en Colima y estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato del
exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, en 2010.
La noche del 6 de julio
pasado fue ultimado el empresario Jaime Ernesto Vázquez Montes, delegado de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando
circulaba en su vehículo.
Hermano del exgobernador
Gustavo Alberto Vázquez Montes –quien en 2005 murió al caer el avión del
gobierno estatal en que viajaba–, Jaime Ernesto recibió siete de los 29 balazos
de rifle R-15 disparados contra su camioneta desde otro vehículo, que al día siguiente
apareció quemado entre Colima y Jalisco.
LA RAZÓN DE LA SINRAZÓN
De acuerdo con Eduardo
Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad de Lantia Consultores, el repunte de
la violencia en Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes se relaciona
con la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Citado por el portal de
noticias Sinembargo.mx, el especialista señala que en Colima la crisis se debe
principalmente a que el CJNG y el Cártel de Sinaloa rivalizan por el control
del puerto de Manzanillo.
Después de comparecer ante el
Congreso del estado el 8 de junio anterior, el almirante Eduardo Villa
Valenzuela, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal,
explicó las razones por las que –a su juicio– se multiplicaron los asesinatos:
“Esto es una guerra irregular
en la que no vemos a los homicidas; están confundidos entre nosotros. Entonces
vienen las ejecuciones cuando no hay policía, en que no hay procuraduría. Hay
grupos delictivos muy fuertes, que vienen de otros estados, y las ejecuciones
son entre ellos.”
Para el general José
Francisco Gallardo Rodríguez, en Colima quedó evidenciada la incapacidad de las
autoridades para enfrentar la violencia y la inseguridad.
En entrevista con Proceso, el
militar retirado expone: “Aquí hay un vacío de poder; desde el punto de vista
castrense es un territorio utilizado por esos grupos como un teatro de
operaciones que les va a permitir disputar sus espacios, sus rutas comerciales,
sus mecanismos de distribución”.
–¿Es casualidad que Colima
sea un territorio de disputa? –se le pregunta.
–No. Estamos en occidente, un
área muy importante geopolíticamente: tenemos el puerto de Manzanillo y el de
Lázaro Cárdenas. Ese territorio sirve para extraer minerales, transportar
drogas, trata de blancas.
Gallardo resume el problema:
“Son reacomodos de estructuras de poder que operan en un estado, de carácter
político, económico, social, criminal”.
Hace notar que pese al tiempo
transcurrido no se han aclarado los delitos de alto impacto ni se ha informado
a la sociedad sobre los móviles: “Podría ser que algunos de esos casos no
tengan relación con el crimen organizado, sino con otras cosas; pero cómo
podemos saberlo si la autoridad no ha informado con claridad al respecto”.
Desde las primeras semanas de
su gubernatura, Peralta ubicó la seguridad como prioridad de su administración,
aunque responsabilizó del problema a su antecesor, Mario Anguiano.
El corresponsal pidió una
entrevista con el procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, para
obtener su versión sobre la violencia que sufre Colima, pero no hubo respuesta
a la solicitud.
En declaraciones realizadas
al noticiero radiofónico Ángel Guardián el 8 de julio pasado, el fiscal
deslindó de posibles vínculos con el crimen organizado a Jaime Ernesto Vázquez,
quien había sido asesinado horas antes.
Frente a la ola de violencia
que a más de cinco meses del inicio de la actual administración estatal no ha
sido controlada, el Congreso del estado emitió el 13 de julio anterior un
exhorto al mandatario para que sustituya al titular de la SSP, Eduardo Villa
Valenzuela, “debido a los pésimos resultados en materia de seguridad”.
Presentado por la diputada
panista Martha Leticia Sosa Govea, el punto de acuerdo también instó al jefe
del Ejecutivo a definir nuevas políticas y estrategias de seguridad ciudadana.
Aprobado por mayoría, con el
voto en contra de la fracción priista, el documento también planteó la
comparecencia del procurador y el secretario de Seguridad Pública ante el
Congreso.
Para la representante en
Colima de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la
Reproducción Elegida (Radar 4°), Adriana Ruiz Visfocri, el asesinato de la
estudiante Alma Hernández, que no ha sido aclarado, es un caso emblemático
porque “desmiente la postura que ha tenido el gobierno de que la violencia es resultado
de ajustes de cuentas entre narcos, que es gente de fuera que anda en malos
pasos y por eso le ocurre eso.
“Alma era una chica sana, era
hija de familia, estudiante aplicada en sus estudios, era un apoyo para su
familia y la asesinaron cobardemente.”
El presidente del Comité de
Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, urge al gobierno
estatal a replantear la estrategia de seguridad, pues desde su punto de vista
no se han hecho bien las cosas:
“Estamos ante un panorama muy
complicado para todos. Los ciudadanos ya no salimos como lo hacíamos antes.
Vemos que a cualquiera le puede suceder lo que le ha pasado a mucha gente: hay
cientos de asesinados, desaparecidos y mujeres muertas. Hay miles de delitos y
no hay una solución a la vista.”
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PEDRO
ZAMORA BRISEÑO/ 11 AGOSTO, 2016)
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