Que escuchen bien los
empresarios. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice la
verdad cuando asegura que el conflicto con la Coordinadora Magisterial está a
punto de solucionarse. Pero que nadie pregunte cómo se logró, porque la
respuesta no será de su agrado. El fin del conflicto, al menos este año, se
dará dentro de los mismos términos como el Gobierno federal lidió con la
disidencia magisterial en los tres últimos años: privilegios y dinero. El
responsable de la negociación, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda,
comprometió 300 millones de pesos –en plazas y en efectivo–, que se cancelarán
las sanciones a los maestros que ni dieron clases ni se evaluaron, y acordó la
liberación de los líderes de la Sección 22, el núcleo de la Coordinadora
Magisterial.
Miranda sabe hacer política
al viejo estilo, con dinero. Es la forma como está acostumbrado a persuadir. En
el Estado de México le funcionó muy bien su práctica y como secretario general
de Gobierno del gobernador Peña Nieto, neutralizó a la oposición.
Al llegar al Gobierno
federal, los modos no cambiaron. La relación con la disidencia magisterial la
llevó Miranda desde un principio y las instrucciones no se daban en Bucareli,
sino en Los Pinos. A lo largo de todo este tiempo, el Gobierno fue víctima del chantaje
de la disidencia magisterial. La hizo crecer en militancia, fuerza e influencia
durante todo este tiempo, contra la queja incluso de varios gobernadores. La
Coordinadora, que nunca tuvo ese poder, le tomó la medida.
La metáfora utilizada varias
veces aquí de que la disidencia magisterial siempre juega al primero y 10, como
en el futbol americano, volvió a comprobar su vigencia. La petición de que se
informen las condiciones de esta negociación no avanzará. Pero el cuándo, el
cómo y quiénes participaron directamente en estos acuerdos que dentro del
Gobierno tienen a varios secretarios de Estado molestos por lo que hizo
Gobernación, se pueden leer en comunicaciones internas de la Sección 7 en
Chiapas a las que se tuvo acceso, que tras descabezamiento de la Sección 22 fue
la que asumió la relación secreta con Miranda.
El rol que jugaron los
maestros disidentes en Chiapas en esta parte de la negociación, fue acorde con
el papel beligerante que asumieron tras la detención de los líderes de la
Sección 22, que lo eran también de la Coordinadora Magisterial. Chiapas, donde
se fundó esta corriente, relevó a Oaxaca como el estado donde se rebelaron con
mayor violencia ante las autoridades, que los llevó al centro de la negociación
para desactivar el conflicto.
Pero la forma como lo
hicieron sus líderes rompió la cohesión interna, lo que ha permitido conocer
detalles de la negociación en Bucareli. Las comunicaciones entre los maestros
de la Sección 7 desnudan el conflicto que se dio a su interior, descrito en su
piel en varios medios hace unos 10 días, cuando publicaron el enfrentamiento
que se suscitó durante su asamblea hace dos fines de semana.
El conflicto estalló por una
reunión al margen de la mesa de diálogo político en la Secretaría de
Gobernación el viernes 22 de julio, entre el subsecretario Miranda y el
secretario general de la Sección 7, Adelfo Alejandro Gómez, y el vocero de la
Coordinadora, Pedro Martínez Bahamaca.
Ricardo Aguilar Gordillo,
exsecretario de Educación chiapaneco, fue quien los llevó personalmente con
Miranda para acordar el final del conflicto. Lo primero que exigieron fue la
destitución de Sonia Rincón Chanona, secretaria de Educación de Chiapas, que
investigaba la venta de plazas en la Sección 7 por 800 millones de pesos. Rincón
Chanona fue destituida por el gobernador Manuel Velasco en julio, y la
investigación se archivó. Los maestros también demandaron que se reintegrara a
Eduardo Campos a la Subsecretaría de Educación Federalizada, y Eduardo
Velázquez, como subsecretario de Educación Estatal. Se los cumplieron.
Gómez y Bahamaca se
comprometieron a desactivar las movilizaciones y despresurizar el conflicto,
mediante el pago adicional de 300 millones de pesos, que supuestamente sería
distribuido entre las secciones en rebeldía. Miranda aceptó los términos, y en
la mesa en Gobernación se acordó también la forma como los líderes presos por
delitos que nada tienen que ver con la reforma educativa o la protesta social,
fueran recuperando libertad. Desde hace dos semanas, esto viene sucediendo, y
sólo dos de ellos, Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22, y
Francisco Villalobos, secretario de Organización, que aún no son puestos en
libertad.
Estos son los acuerdos a los
que se refiere abstractamente Osorio Chong, cabeza y responsable final de esta
negociación llevada a cabo por Miranda, bajo el único objetivo de restaurar la
tranquilidad en el sur del país. Esto sucederá, pero no durará. El próximo año,
como desde hace casi 40, la Coordinadora volverá a las calles y a los bloqueos
para alcanzar más dinero y privilegios. Saben que en Bucareli aguantan poco y
lograrán sus objetivos como pasó en 2013, 2014, 2015 y 2016.
Sólo hay algo que cambió este
año: la rebelión de los maestros, detonada por la política de mano dura del secretario
de Educación, Aurelio Nuño, no sólo lo descarrilló a él, sino golpeó a Osorio
Chong, dejado a su suerte por sus colegas de gabinete y enfrentado con otros
sectores de la sociedad. También llevó a la disidencia magisterial a un punto
donde podrán participar en la campaña presidencial en 2018. Pero esto será
motivo de textos posteriores.
(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11 DE AGOSTO
2016)
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