Aun cuando ciertamente la
Secretaría de Seguridad Pública fue oficializada en el inicio del Gobierno
Federal encabezado por Vicente Fox Quesada, su origen empezó a fraguarse en el
círculo político mexicano en los estertores del sexenio de Ernesto Zedillo
Ponce de León, con la creación de la Policía Federal Preventiva.
Sin el marco regulatoria que
le sucedería, la PFP habría ido a enquistarse en la Secretaría de Gobernación,
para su facultad y uso de la fuerza pública.
Los dos gobiernos de
transición, el saliente de Zedillo y el entrante de Fox, en aquel inicio del
milenio, tenían claro que preservar la policía política no se acoplaba a los
tiempos de democracia y ciudadanización de las instituciones por los que México
estaba atravesando.
Los resultados de la policía
política no habían sido satisfactorios para generar un entorno de certeza
social. La utilización de la fuerza pública por parte de la secretaría
encargada de la política interior, se prestaba para la represión de la
sociedad.
Habían existido casos
extremos de abusos como los que protagonizó la Dirección Federal de Seguridad
creada en la década de los cincuenta y finiquitada en 1985 cuando fue
desaparecida para crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que
prevalece hasta nuestros días.
Sin embargo, dio origen a
leyendas del espionaje, la represión y el abuso de la fuerza pública, como
Fernando Gutiérrez Barrios, Javier García Paniagua, Miguel Nazar Haro y José
Antonio Zorrilla, por mencionar algunos protagonistas.
Llegado el sexenio de Fox, la
policía política, aquella enquistada en la Secretaría de Gobernación,
desapareció. Se creó exprofeso, la Secretaría de Seguridad Pública Federal,
para concentrarse en el Programa Nacional de Seguridad Pública, diseñar la
estrategia de prevención del delito, como la de combate a la delincuencia
organizada, el manejo de los penales, y en general la estructuración de
políticas públicas para la preservación de la paz.
Al salir el manejo de la
policía de la Secretaría de Gobernación, esta instancia se dedicaría
exclusivamente al manejo de la política interior, el cumplimiento del Estado de
Derecho, mantener las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, el
Judicial y con las entidades federativas.
La operación política pura.
Sin embargo, al regreso del PRI a la Presidencia de la República en la persona
de Enrique Peña Nieto, éste decidió dar marcha atrás a un programa de seguridad
nacional enfocado exclusivamente en ello, y cederle tales facultades a la
Secretaría de Gobernación que encabezaba ya, de origen sexenal, Miguel Àngel
Osorio Chong.
El hidalguense volvía a ser
el súper Secretario, el policía de la política. Han pasado poco más de tres
años de la toma de aquella decisión, y si por los hechos se le conoce, se está
comprobando que mezclar la seguridad con la política, no ha dado buenos
resultados.
Al inicio del sexenio, Osorio
cambió la forma de hacer política y la manera de proveer seguridad. Comenzó
dividiendo al País, para tener un “mejor” enfoque en las dos áreas, en cinco
regiones.
A cada cual, en materia de
política y en materia de inseguridad, le asignó un “representante”, éste
extraído del gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, que serviría de enlace
con él y con el propio Ejecutivo Federal.
De las reuniones periódicos
del Consejo Nacional de Seguridad que se tuvieron en los últimos sexenios, el
gobierno federal pasó a reuniones esporádicas en ésta, la época de Peña Nieto.
El tema de la seguridad se
flexibilizó hasta lograr el reagrupamiento de los criminales organizados y los
narcotraficantes, para dar paso a una situación de violencia y sangre como no
se había visto en los últimos doce años.
Si Felipe Calderón Hinojosa,
con todo y su Secretaría de Seguridad, fue el Presidente de los más de cien mil
ejecutados en seis años, Enrique Peña Nieto con su Súper Secretaría de
Gobernación y en ella la Comisión Nacional de Seguridad, sobrepasará esa cifra
de hombres y mujeres ejecutadas en un clima de inseguridad de alto impacto (tan
solo en los primeros tres años de gobierno superó los 65 mil ejecutados).
Concentrar los dos temas de
mayor relevancia en el País, la inseguridad y la operación política interna,
cuando se pretende salir de una “guerra contra las drogas” y se atestigua el
crecimiento del narcotráfico en el mundo, no fue quizá la mejor decisión que
tomó el Presidente Enrique Peña Nieto.
Ni controló la inseguridad,
ni mejoró la operación política. Miguel Àngel Osorio Chong no ha tenido la
capacidad, y acaso ni el tiempo, para bien dirigir la política nacional de
seguridad pública, ni para controlar la política interna, y sí por otra parte,
ha dado muestras de impericia en el manejo de las dos cuando se le mezclan.
Ahí está el caso de
Ayotzinapa, ahí está el de Nochixtlán, el de Tlatlaya, y los estados de
Michoacán, Guerrero y Veracruz, escenarios en los que se ha evidenciado una
falta de operación política y un exceso del uso de la fuerza policiaca.
México se ha visto, en los últimos
tres años, ya no solo como el País que no puede controlar la criminalidad
organizada ni el narcotráfico, sino aquel que reprime a su sociedad, que no
puede acordar con los movimientos sociales, y que la manifestación por las
causas justas, aparece cuando se abusa del poder, se niega el diálogo y no se
cuenta con la pericia política para negociar con sectores de la sociedad ávidos
de participación social, la justicia, la certeza jurídica y el ejercicio del
Estado de Derecho.
Con Osorio manejando la política
y el sistema policíaco, México ha incrementado las señalamientos de abusos en
materia de derechos humanos, el sindicalismo está desenfrenado, la corrupción
rampante, la seguridad nacional vulnerada por grupos internos, la sociedad
polarizada por movimientos sociales; quien debería ser el apagafuegos
presidencial, ha encendido más movimientos que sofocado fenómenos
problemáticos.
El escenario caótico al que
ha conducido la ausencia de una operación política eficiente y la conducción
profesional y científica de una policía, ha llevado los niveles de inseguridad
a otro nivel. Ya no solamente son criminales y narcos contra sociedad
organizada y económicamente activa, ahora son policías contra movimientos
sociales, y movimientos sociales contra terceros.
Aunado a los escándalos de
corrupción, de los cuales el Secretario de Gobernación no ha podido librar a la
Presidencia de la República y al círculo cercano al Presidente, este caos de
inseguridad y un pobre manejo de la política interior, llevaron entre otras
cosas, al PRI a la derrota en las recientes elecciones, y a México a las
primeras planas de los medios internacionales, como un país en el que la
inversión no es recomendable ante las muchas explosiones internas, sociales, de
activismo, de represión, de criminalidad y narcotráfico.
A casi cuatro años de
gobierno de Enrique Peña Nieto, bien podría –así como solicitó perdón- aceptar
que se equivocó.
Que darle a una sola persona
y concentrar en una sola institución, el manejo político interno, y la facultad
sobre la fuerza pública, no fue ni lo más adecuado, ni lo que ha dado
resultados benéficos para la sociedad, el bien común, el desarrollo económico y
social, y el combate real al narcotráfico y el crimen organizado que
desenfrenadamente sigue trastocando la vida de los mexicanos.
(SEMANARIO ZETA / Adela Navarro Bello /
Miércoles, 27 julio, 2016 02:59 PM)
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