Ambrosio Soto Duarte.
El asesinato del alcalde de
Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, era cuestión de tiempo. El gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo, sabía que su vida corría peligro porque el propio
alcalde le habló de las amenazas de muerte. El comisionado Nacional de
Seguridad, Renato Sales, también, y le prometió cuadruplicar la protección.
Ningún alcalde en Guerrero estaba más protegido que él, y sin embargo, no hubo
forma que evitaran que el sábado pasado, de regreso de Huetamo, en un viaje tan
inesperado como sorpresivo a Michoacán, lo mataran en un paraje conocido como
Las Curvas de El Cajón, a 20 minutos de su casa en Ciudad Altamirano.
Ambrosio Soto Duarte.
El atentado cimbró el tejido
político, que olvida que la violencia es parte del paisaje nacional. Según el
fiscal de Guerrero, Xavier Olea, dispararon sobre su camioneta alrededor de 200
proyectiles de diferente calibre, un tipo de asesinato cuyo modus operandi
responde a la tipología de la delincuencia organizada para demostrar que con
ellos no se juega. Es decir, fue un crimen de escarmiento para aquellos en
posibles condiciones similares a las de Soto Duarte: si no cumplen con sus
exigencias, pagan con su vida.
¿ES ESTO LO QUE SUCEDIÓ?
Toda la información pública
hasta este momento, combinado con documentos del gobierno de Guerrero, así lo
demuestran. Astudillo admitió en una conversación que el alcalde le había dicho
que una organización criminal –que no reveló–, le había pedido dinero. Tampoco
aclaró el gobernador si se lo había pagado o no. Sin embargo, la tarjeta
informativa del gobierno de Guerrero revela que en agosto del año pasado, Soto
Duarte convocó a varios de los alcaldes de Tierra Caliente en Guerrero, para
llevarlos con Johnny Hurtado Olascoaga, apodado El Pez, para formalizar
compromisos de pagos mensuales de tres millones de pesos a cambio de
protección.
El cuerpo de Ambrosio Soto Duarte,
Presidente Municipal de Pungarabato, fue velado por familiares, amigos y
trabajadores del Ayuntamiento. Foto: Twitter.
El Pez, que hasta hace poco
tiempo era parte de la organización criminal La Familia Michoacana, lleva más
de tres años como jefe de una banda autónoma que opera desde esa zona de Tierra
Caliente, y que tiene su base en Arcelia, Guerrero. De ahí salían grupos de
secuestradores a otras entidades, y sus cómplices fueron responsables, por
ejemplo, de la ola de secuestros en Valle de Bravo en el verano de 2014. La
tarjeta confidencial del gobierno estatal no aclara cuál era la relación de
Soto Duarte con Hurtado Olascuaga, ni cómo o cuándo lo había conocido. Tampoco
disipa cuáles fueron los motivos por los que convocó a esa reunión, ni si fue
mediante una coerción.
La coerción es uno de los
métodos mediante los cuales las organizaciones criminales fuerzan a los
alcaldes a pagarles dinero por protección, o les imponen a sus cómplices en las
áreas de seguridad. ¿Esa pudo ser el origen de la relación de Soto Aburto con
los criminales? No se sabe. En la tarjeta del gobierno de Guerrero se señala
que además del vínculo con El Pez y con su hermano, José Alfredo Hurtado
Olascoaga, a quien apodan El Fresa, Soto Duarte mantenía una relación –no se
aclara tampoco el tipo de relación– con José Pineda González o Rodolfo Maldonado
Bustos, apodado El JP o Don José, quien es el jefe regional de Los Caballeros
Templarios.
Este criminal, buscado por el
Ejército desde 2012, vive en Huetamo, Michoacán, y controla células criminales
en Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón y Zacapuato en
Guerrero, y en San Lucas –en donde se encuentran Las Curvas de El Cajón– y Riva
Palacio en Michoacán. Existe un video fechado el 14 de diciembre del año
pasado, que ha sido visto por el fiscal Olea, donde el jefe regional de Los
Caballeros Templarios le reclamó el compromiso adquirido para pagarle tres
millones de pesos, que había incumplido. Los avisos de la molestia con el
alcalde se dieron inmediatamente.
De acuerdo con la información
en la tarjeta informativa, el 29 enero de 2016 el grupo de Pineda secuestró a
Gustavo Borja, un ferretero de abolengo que fue presidente de la Cámara
Nacional de Comercio local, esposo de Rosalba Rendón, síndica en el
Ayuntamiento que encabezaba Soto Duarte. El empresario fue liberado 34 días después.
Según la información del gobierno, se pagó un rescate de dos millones de pesos,
y sus secuestradores le dijeron que el problema no era con él o su familia,
sino con el alcalde. El 5 de julio, según el gobierno, vino la segunda llamada
de atención: el asesinato de su primo y jefe de escoltas, Sebastián Soto
Rodríguez, a quien tiraron en un basurero en Cutzamala.
¿Estaba involucrado el
alcalde con criminales? El informe del gobierno lo contesta: “Antes de la
ejecución… se tenía conocimiento de que el grupo delictivo con quien estaba
distanciado estaba molesto porque el alcalde había convocado a los ganaderos a
armar un grupo de autodefensa para acabar con las extorsiones, lo que molestó
al JP.” Si esta es la razón del crimen, su muerte obedece a que se reveló
contra los criminales y decidió no pagarle los seis millones de pesos que le
exigían mensualmente, pero lo dejaron solo. El mensaje es ominoso.
ENTRE 250 Y 300 DISPAROS MATARON AL ALCALDE
PUNGARABATO
Los alcaldes tendrán que
escoger entre pactar con criminales o morir, o hacerle caso al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirma que no debe permitirse que
los criminales coopten a los alcaldes y morir, porque no pasa de las palabras.
La respuesta cae por su propio peso.
(EL DEBATE/ COLUMNA”ESTRICTAMENTE
PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 27 DE JULIO 2016)
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