Nunca
se había visto algo así. La Marina Armada de México detuvo a cuatro agentes de
la policía municipal montados en una patrulla y los acusó ante el Ministerio
Público de estar sirviendo de “halcones” a los grupos de la mafia. Insólito el
hecho, común y corriente la práctica de los policías, que desde hace décadas,
de manera corporativa, sirven al crimen organizado.
La
Marina no se topó con ellos. Fue un trabajo de rastreo el que los llevó hasta
donde los patrulleros fueron detenidos. Uno de ellos era el objetivo, ubicado
con trabajos previos de inteligencia, o por señalamientos directos de alguno de
los malandrines que han sido detenidos recientemente en sus operativos.
En
junio de 2013, el Congreso del Estado, a iniciativa del Ejecutivo, aprobó
reformas a los ordenamientos penales que tipifican como delitos a hechos como
acechar, vigilar, espiar o proporcionar información sobre las actividades
oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los servidores
públicos de las instituciones de seguridad pública.
Un
joven montado en una motocicleta, por ejemplo, puede ser “halcón” o “puntero”.
También la señora o el señor que vende agua de horchata en una esquina, o fruta
a la orilla de una carretera. Un taxista y un policía son ideales para esta
tarea, pues andan por toda la ciudad o pueden estar anclados en un lugar
esperando que pase un convoy militar o federal para dar aviso. Ese es su
trabajo.
En
varios estados se han aprobado este tipo de leyes. En Nuevo León, por ejemplo,
se extendió la personalidad de los posibles sujetos de la ley a los agentes
policiacos, retomando la experiencia de que, con mucha frecuencia, éstos actúan
como “halcones”. En Sinaloa no se llegó hasta este extremo, sabe por qué,
aunque en sentido estricto no tendrían porqué los agentes, en su caso, escapar
a la acción de la justicia.
Las
reformas no se limitaron al “halconeo”. También incluyeron sancionar a quien
elabore, imprima, fabrique, proporcione, posea, desplace, traslade, aloje,
aplique o instale expresiones impresas en lugares públicos o mensajes
producidos por cualquier otro medio —videos y (narco) mantas, por ejemplo— que
contengan advertencias o amenazas en contra de servidores públicos,
instituciones públicas y del Estado.
En
Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado
inconstitucionales las reformas, pues, dice el órgano, atentan contra la
libertad de expresión y el derecho a la información. En Sinaloa a nadie se le
ha ocurrido interponer un recurso de inconstitucionalidad, ni a los organismos
de periodistas.
Los
videos que Ríodoce publicó en 2013, donde el ex escolta del gobernador, Frank
Armenta —quien había sido secuestrado por un grupo delincuencial en Guasave—
acusa a Mario López Valdez de proteger a Cártel de Sinaloa, podría ser motivo
de una averiguación previa contra el semanario, por ejemplo. O una simple
opinión en radio, televisión o en un impreso, si les da la gana.
En
cuanto a castigar el “halconeo”, la iniciativa estuvo inspirada en la
incapacidad en que se vieron las autoridades para consignar a un plebe que
detenían en Los Mochis o Guasave, pues, sabiendo que servía de “comunicador” al
crimen organizado, no podían tipificarle ningún delito. La Policía Ministerial
fue a descubrir al norte que existían estos delincuentes. Nunca en Culiacán,
donde operan desde hace décadas.
Peor
aún, aquí los comandantes saben que no pueden detener a un “puntero” porque no
solo les ordenarán que lo suelten sino que, además, con los días serán
transferidos a una sindicatura, como castigo. Pero la Ley está ahí, para lo que
y cuando se ofrezca, a criterio de una autoridad facciosa y cómplice de
determinados grupos del crimen.
BOLA Y CADENA
Y
BUENO, CON ESTOS CRITERIOS, habría de “halcones” a “halcones”. Un general, por
ejemplo, un secretario…
SENTIDO CONTRARIO
SIGUEN
LAS PRISAS INTERESADAS en que se lance la convocatoria para el nombramiento de
los nuevos comisionados de Acceso a la Información Pública, una vez que dos de
sus integrantes no fueron ratificados por el Congreso el año pasado. A Rosa del
Carmen Lizárraga, la única comisionada ratificada y a la diputada priista,
Sandra Lara —las dos filomillanistas— se les cuecen las habas, a pesar de que
saben —o deben saberlo—, que una convocatoria para tal efecto, en este momento,
sería ilegal. Por eso promueven notas periodísticas sin sustento que luego son
desmentidas por las “fuentes”. De acuerdo con el artículo 109 bis de la
constitución local, reformado el año pasado, la nueva comisión estatal de
acceso se regirá por la ley general de la materia, en este caso la aprobada a
nivel federal en mayo pasado y de ésta debe derivarse una ley estatal
concordante, para lo cual no se ha hecho ni una consulta, lo que es fundamental
dada la importancia del organismo para la vida pública. La nueva ley, entre
otras cosas, deberá contener los procedimientos y criterios para nombrar a los
nuevos comisionados. Así que emitir una convocatoria ahora, lo sabría cualquier
pasante de derecho, sería inconstitucional.
HUMO NEGRO
EL
PRÓXIMO RELEVO DE César Camacho, en la dirigencia del CEN del PRI tendría
consecuencias inmediatas sobre todo en los procesos electorales —y sus
consecuentes calenturas— que se avecinan en algunos estados como Sinaloa. Dicen
que Sergio Torres anda tan acelerado porque su amigo Manlio Fabio Beltrones,
uno de los posibles relevos, le dijo que se apuntara para la gubernatura. Lo
cual explicaría el desparpajo con que el alcalde de Culiacán está haciendo las
cosas. Pero otro de los apuntados a dirigir el PRI es el secretario de
Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, lo cual ha puesto muy nerviosos a los
moradores del palacio de Gobierno, por la íntima relación que éste tiene con
Jesús Vizcarra Calderón.
(RIODOCE/
COLUMNA “ALTARES Y SÓTANOS” DE Ismael Bojórquez/5 julio, 2015)
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