Aunque
el gobierno de Enrique Peña, al igual que el de su antecesor, Felipe Calderón,
ha evitado reconocer que la violencia del Estado y la de las poderosas
organizaciones delictivas son expresión de un conflicto interno, en los hechos,
los militares mexicanos se encuentran en tiempos de guerra.
Así
les han hecho saber los principales mandos militares a sus subordinados. En el
sexenio anterior, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Calderón
plasmó oficialmente su visión de lo que tenía que hacer el Ejército en su
declaración de “guerra al narcotráfico”.
Fue
esa “visión presidencial”, es decir, del entonces comandante en jefe del
Ejército, la que ordenó al Ejército entrar de lleno a una confrontación
interna.
El
Ejército elaboró entonces la Directiva para el combate integral al narcotráfico
2007-2012. El documento, que fue revelado por la revista Proceso en julio de
2014 (edición 1967), dejó en claro la orden que recibieron los jefes militares:
actuar con “amplia libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo”
y “don de mando” para enfrentar a los delincuentes.
Cuando
los jefes y oficiales encargados de cumplir esa orden preguntaron al entonces
Alto Mando del Ejército, el entonces secretario de la Defensa Nacional,
Guillermo Galván, qué significaban esas vaguedades y las consecuencias que
podían tener, la respuesta fue “arréglense con su mando”; es decir, los
generales de zona y región militar.
La
muerte de civiles a manos de militares se disparó. No sólo fueron
narcotraficantes o supuestos delincuentes, sino también personas que no tenían
nada que ver, las llamadas “víctimas colaterales”.
Los
contados casos que se han procesado judicialmente por violaciones graves a los
derechos humanos cometidos por militares en el gobierno de Calderón involucran
a elementos castrenses de mediano o bajo rango. Ningún mando está siquiera bajo
sospecha en los tribunales.
Cambió
el gobierno y el discurso. Pero no el principio. El Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez (Centro Pro) acaba de dar a conocer la orden escrita que
recibió el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estuvo al mando de la
tropa que participó en la masacre de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014.
De
acuerdo con ese documento, la orden fue clara para el teniente Rodríguez: “las
tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la
actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor
número de delitos se comete en ese horario”.
Así
ocurrió. La muerte de 22 personas en una bodega abierta de San Pedro Limón, en
Tlatlaya, tuvo lugar a las cinco de la mañana, tal y como lo decía la orden que
según el Centro Pro fue dirigida desde el Alto Mando; es decir, el general
secretario Salvador Cienfuegos.
El
general secretario insiste en que se trató de un enfrentamiento y que si en
todo caso hubo delitos de la tropa, que se actúe en contra de ellos. De nueva
cuenta, como en el sexenio pasado, ningún mando es responsable a pesar de que
ellos dan las órdenes.
Los
generales mexicanos han ordenado a sus soldados salir a las calles a abatir, en
la lógica del enemigo interno. La ejecución sumaria en Tlatlaya se le salió de
las manos al Ejército. ¿Cuántas más han ocurrido en cumplimiento de esas
órdenes?
Twitter:
@jorgecarrascoa
(PROCESO/
ANÁLISIS/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA/ 2 DE JULIO DE 2015)
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