La
liberación de Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, considerado el segundo
hombre a cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), puso de nuevo en la
mesa el tema de la eficiencia del sistema judicial en México
Efraín
Cázares López fue llamado a cuentas, luego de haber permitido la liberación de
los funcionarios del llamado ‘Michoacanazo’
12
investigaciones abrió el Consejo en 2013, pero ninguna contra jueces o
magistrados
26
averiguaciones se abrieron en el 2011, pero tampoco se llamó a cuentas a los
jueces
0 jueces
han sido llamados a rendir cuentas por sus decisiones controversiales
En
año y medio, el hijo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén
Oseguera, “El Menchito” ha sido capturado tres veces…
Pero
ya sea por considerar que no hay pruebas suficientes o porque se cometieron
atropellos en su detención, los jueces han ordenado liberarlo.
En
enero del 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo por
primera vez a Rubén Oseguera, hijo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”.
Al
joven de apenas 24 años se le acusó de coordinar la compraventa de droga,
controlar las finanzas y ordenar los homicidios de grupos rivales a la
organización delictiva de su representación.
En
octubre de ese mismo año fue puesto en libertad cuando un juez federal con sede
en Jalisco así lo ordenó. Inmediatamente fue recapturado por elementos de la
Agencia de Investigación Criminal (AIC) que lo trasladaros a la SEIDO.
“El
Menchito” fue consignado nuevamente, pero al Cefereso 2, Occidente, en Puente
Grande, Jalisco, de donde de nuevo fue dejado libre el 26 de diciembre de 2014
por la orden de un juez federal en Toluca, quien determinó que no había
evidencia suficiente.
El
23 de junio, agentes policiales detuvieron por tercera vez a Oseguera en
Jalisco, lo trasladaron a la SEIDO en la Ciudad de México y se le consignó por
tres delitos federales.
Una
vez más, la juez federal Nadia Villanueva decretó el auto de libertad, tras
considerar que se cometieron atropellos en su detención como la falta de un
defensor de oficio o el ingreso a su domicilio sin orden judicial.
El
criterio de la juez chocó en el imaginario mexicano, cuando todo el país se dio
cuenta -por las escenas de televisión- que hasta un fusil de asalto con el
nombre de “El Menchito” estaba entre las posesiones del detenido.
Pero
aun así, la juez desestimó los señalamientos.
Tras
ser liberado por tercera vez, el hijo del líder del CJNG fue reaprehendido y
acusado ahora de desaparición de personas.
El
viernes, el juez segundo de lo especializado concedió una solicitud de arraigo
hasta por 40 días para Oseguera pedido por la PGR.
Pero esta no es la primera ocasión en que un
juez federal, haciendo uso de su criterio legal, determina la liberación de un
criminal, al que -más allá de las pruebas- su trayectoria social lo denuncia.
Rafael
Caro Quintero, el hombre que prácticamente formalizó y organizó el trasiego de
drogas en el país para convertirlo en la empresa que representa hoy, encarna
también una de las pifias más agudas del sistema judicial mexicano.
El
“narco de narcos” fue liberado en medio de una sentencia polémica que fue
rechazada días después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Caro
Quintero fue excarcelado el 9 de agosto del 2014, después de que un fallo
judicial desechara varias causas en su contra.
Un
Tribunal Colegiado argumentó que sus derechos fueron violentados al ser
enjuiciado en un juzgado federal, cuando los ilícitos por los que fue procesado
fueron siempre del fuero común.
“El
R1” puso de cabeza al sistema judicial tras su salida, que aunque fue corregida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tres magistrados que
decidieron abrirle la puerta de la cárcel estatal de Puente Grande nunca se les
llamó a cuentas.
Aunque
en agosto del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
pidió el expediente de uno de los jueces y solicitó un informe al Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) sobre la actuación de los magistrados que fallaron a
su favor.
LA PUNTA DE LA MADEJA
Para
el doctor Rogelio Sánchez Mora, especialista en derecho de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la debacle de la credibilidad en el Poder
Judicial mexicano comenzó con la libertad de la francesa Florence Cassez, quien
fue puesta en libertad, no porque fuera inocente, sino porque fue “víctima del
Estado”.
“La
liberación de esa mujer, siendo culpable de secuestro, fue la que debilitó el
sistema judicial mexicano”, asegura.
En
el caso de la liberación de Cassez, dijo Sánchez, también tuvieron
responsabilidad las televisoras mexicanas que transmitieron en vivo el montaje,
ya que ese acto sería luego el argumento para poner en libertad a una mujer que
no demostró su inocencia, sino que demostró que el Estado fue malo con ella.
SIN SANCIONES PARA LA JUEZA
El
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación no ha manifestado
postura alguna sobre la investigación que organismos civiles reclaman contra la
jueza Nadia Villanueva Vázquez, quien ordenó la liberación de Rubén Oseguera,
“El Menchito”.
Aunque,
al menos medio centenar de jueces y magistrados federales han sido objeto de
señalamientos por parte de organismos civiles a causa de las liberaciones de
reos socialmente acreditados en sus conductas ilícitas, el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial de la Federación no ha aplicado proceso de investigación
sobre la mayoría de ellos.
La
mayor parte de las investigaciones que se llevan a cabo en el seno de ese
órgano colegiado recaen en funcionarios menores de los juzgados federales, la
mayoría de las veces señalados por maltrato, desacato a instrucciones
superiores o retraso en el trabajo procesal.
Esto
a diferencia de los jueces y magistrados acusados de tener vínculos con
casineros, quienes sí han sido suspendidos por parte del Consejo de la
Judicatura Federal.
De
acuerdo a cifras de la propia Judicatura federal, en el 2014, la mayoría de las
investigaciones que se hicieron se instruyeron por conductas laborales de bajo
rendimiento o conflictos personales con el mando jerárquico.
En
el 2013, la Judicatura abrió apenas 12 investigaciones, pero ninguna de ellas
tocó a jueces o magistrados, solo se actuó contra actuarios, notificadores y
secretarios de juzgados.
En
el 2012 la historia no fue distinta: se abrieron 26 averiguaciones, y en el
2011 se hicieron 9 procesos de investigación, pero tampoco se llamó a cuentas a
los jueces que despertaron sospecha entre la sociedad.
AL ‘AMPARO’ DE LA LEY
Algunos
de los casos más emblemáticos en los que las decisiones de un juez, de conceder la libertad a presuntos
delincuente, han sido cuestionadas.
> MARTÍN BELTRÁN CORONEL, ‘EL ÁGUILA’
El
25 de septiembre del 2014, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de Jalisco ordenó la libertad de Martín Beltrán Coronel,
“El águila”.
El
sobrino del narcotraficante Ignacio “Nacho” Coronel había sido detenido en Zapopan,
Jalisco, en mayo del 2011.
Beltrán
Coronel estaba en posesión de 4 millones 428 mil pesos, armas y balas, pero el
total de artículos fue asegurado en varios cateos, no solo cuando fue detenido,
por lo que el tribunal ordenó al fiscal que argumentara y fundamentara bien las
imputaciones, pues se violaba el principio de presunción de inocencia.
> ROBERTO BELTRÁN BURGOS, ‘EL DOCTOR’
El
21 de septiembre del 2014, un juez federal del Estado de México eliminó los
cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud a Roberto Beltrán
Burgos, alias “El doctor”, considerado uno de los mayores operadores del Cártel
de Sinaloa.
En
mayo del 2009, soldados del Ejército capturaron al presunto lugarteniente de
Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.
Tras
5 años en la cárcel, “El doctor” fue liberado cuando un juez federal del Estado
de México lo absolvió al considerar que la PGR no acreditó que este hombre, que
siempre dijo ser un empresario ajeno al narcotráfico, tuviera siquiera
lejanamente un vínculo con la organización de “El Chapo” Guzmán.
> SANDRA ÁVILA BELTRÁN ‘LA REINA DEL
PACÍFICO’
El
28 de septiembre de 2007, Sandra Ávila Beltrán fue detenida por agentes
federales en la Ciudad de México.
Se
le acusó de ser una de las más importantes operadoras del cártel de Sinaloa y
encargada de las “relaciones públicas” de la organización de Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera.
En
2012, fue llevada a Estados Unidos para ser juzgada por tráfico de cocaína; un
año después se declaró culpable en un tribunal de ese país por lo que se le
condenó a 70 meses de prisión.
El
6 de febrero del 2015, la magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Tercer
Circuito giró una orden de liberación y ordenó la inmediata libertad de Ávila
Beltrán, argumentando que la mujer ya había sido juzgada por el mismo delito,
tanto en México como en el extranjero.
LA EXCEPCIÓN
El
único momento en que el Consejo de la Judicatura Federal decidió entrar a
revisar y sancionar la conducta de un juez -a causa del otorgamiento de una
libertad cuestionada-, fue en enero del 2013.
En
esa ocasión, el juzgador federal Efraín Cázares López fue llamado a cuentas,
luego de haber permitido la liberación de los funcionarios del llamado
“Michoacanazo” quienes fueron acusados de ser parte del grupo criminal La
Familia.
En
esa ocasión, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió avalar
como “constitucional y legalmente valido” el proceso instruido contra el juez
de Morelia, al que se le relacionó también en un círculo de protección otorgada
al hermano del gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, Julio Cesar Godoy
Toscano, quien se encuentra a la fecha prófugo de la justicia.
DECISIONES POLÉMICAS
Otros
presuntos delincuentes dejados en libertad tras la determinación de jueces del
Poder Judicial de la Federación.
> Rogelio González Pizaña “El Kelín”
Operador de Los Zetas
> José Gil Caro Quintero “Jogil”
Integrante del Cártel de Sinaloa
> Ricardo García Urquiza “El doctor”
Operador del Cártel de Juárez
> Arturo Hernández González “El
Chaky”
Principal sicario del Cártel de Juárez
> Adán Medrano Rodríguez “El
Licenciado”
Operador del Cártel del Golfo
(REPORTE
INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ Lunes 6 de julio de 2015)
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