Los
abusos de sacerdotes, crímenes de Estado
A
Rivera se le ubica como artífice de una banda de delincuentes con sotana y
estola que por presiones de la comunidad internacional deberán rendir cuentas
ante un tribunal del Vaticano, sobre el silencio, complicidad y contubernio en
torno a la perversidad de sus ministros.
Esta
consigna de esclarecer los casos de pederastia y sancionar penalmente a
los responsables directos e indirectos,
está respaldada por una centena de organizaciones civiles, sociales de México y
del extranjero, que en abril del 2014 organizaron —con apoyo de la diputada
perredista Verónica Beatriz Juárez Pina, Presidenta de la Comisión de los
Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas—, el Foro Internacional El Significado del Informe del Comité
de los Derechos del Niño a la Santa Sede y las Implicaciones para México.
En
este informe alternativo que envían el año pasado desde México, organizaciones
civiles, así como familiares y víctimas de sacerdotes pederastas al Comité de
los Derechos del Niño y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aseguran
que se trata de un auténtico crimen de Estado que involucra a las máximas
autoridades del Estado Vaticano desde el Papa, hasta los responsables de las
diócesis que han incurrido en la protección de delincuentes cobijados por la
institución Iglesia Católica.
Argumentan
que la Santa Sede y los funcionarios tienen responsabilidad directa sobre los
casos de pederastia, porque esas conductas fueron propiciadas de forma causal y
directa por las políticas institucionales y el silencio cómplice que sostuvo la
Santa Sede y sus funcionarios, sobre todo porque los casos fueron tolerados,
protegidos, auspiciados y encubiertos por la cúpula misma del poder Vaticano, y
con ello violentaron las normas de la Convención de los Derechos del Niño e
incurrieron en una irresponsabilidad internacional.
PIDEN RENUNCIA DE NORBERTO RIVERA
Las
organizaciones sociales piden al Comité de la ONU recomendar a la Santa Sede
explique porqué permitió que el padre Marcial Maciel continuara abusando de
niños y de los hijos de esos niños, cuando desde 1940 tenían denuncias de las
víctimas y de autoridades locales y jamás hicieron por detenerlo. Que
esclarezcan si la santa sede participó en los acuerdos entre los cardenales
Norberto Rivera Carrera y Mahony para gestionar la fuga del Padre Nicolás
Aguilar, en 1989, a Los Ángeles, California, cuando sabían que había contra él
26 denuncias de abuso sexual en México y Estados Unidos.
Sobre
esto, la señora Valentina Mendoza, madre de tres hijos violados por el padre
Aguilar, en Los Ángeles, interpuso una de las tres demandas que pesan contra el
cardenal Norberto Rivera, por proteger al padre Nicolás Aguilar.
La
madre, quien dice no callará hasta que le hagan justicia, narra que sus tres
hijos varones entre 5 y 12 años fueron violados en 1998 en su propia casa, cuando
dormían junto con el padre Nicolás, en la misma habitación.
“Norberto
Rivera tiene que renunciar a su cargo. Él es uno de los protectores. Nicolás
violó a mis hijos porque él (Norberto Rivera) lo envió a Los Ángeles, en 1987
(…) Nicolás nos dijo que se sentía triste, que no quería irse porque estaba
solo y eso le deprimía. Los mexicanos somos hospitalarios, así que le ofrecí
quedarse en casa. Tristemente fue esa noche cuando dañó a mis hijitos”.
Valentina
permitió al sacerdote quedarse en la recámara de sus cinco niños, pero decidió
llevarse a los dos más pequeños a dormir con ella y su esposo, y dejarle más
espacio y comodidad al huésped. Los tres que permanecieron en la habitación
fueron abusados sexualmente por el padre esa misma noche.
“Este
depravado aprovechó el momento y nosotros no supimos nada, hasta después de que
los niños pudieron hablarlo”.
Otra
de las víctimas del padre Nicolás que interpuso demanda contra Norberto Rivera,
es John Doe (seudónimo) un estudiante de primero de secundaria que a los 12
años fue violado por el sacerdote cuando éste ofrecía servicios religiosos a la
comunidad latina, en Los Ángeles. Expone que en 1997 acudía a la casa del padre
en Los Ángeles, a recibir las pláticas de doctrina.
“La
primera vez llegamos 50 niños y después aumentó el número, pero al final íbamos
como unos diez niños porque a los que acudíamos, el padre Nicolás nos obligaba
a hacer cosas”.
Lo
cierto es que existe información de que este sacerdote violó entre 90 y 120
niños en México, muchos de ellos acólitos. De estos niños, 60 —entre 5 y 13
años— vivían en Sierra Negra, y en 1997 vinieron a prepararse para su primera
comunión, residiendo temporalmente en colonias populares, en Tehuacán Puebla,
lugar donde se cometieron los abusos.
A
Sergio Merino, otra de las víctimas que responsabiliza a Norberto Rivera, este
sacerdote lo obligaba a tener sexo oral diciéndole que tendría que hacerlo a
menos que quisiera que su madre o el murieran. Y terminaba cumpliendo sus
deseos.
Ambos
declarantes sostienen que aún viven con ese dolor físico y mental, shock,
desasosiego emocional, vergüenza, pérdida de autoestima, deshonra, humillación
e incapacidad para disfrutar la vida con plenitud, por las secuelas del daño.
Los datos emitidos por las ONGs reportan de al menos 13 personas que terminaron
suicidándose por no poder asimilar los abusos sexuales de quienes algún tiempo
fueron sus guías espirituales.
Sobre
estos tres casos de denuncias interpuestas contra el Arzobispo Primado de
México, hasta el año pasado no hay ningún avance, según lo señala el documento,
narrado por las víctimas y familiares.
Los
sacerdotes implicados son simplemente transferidos a otra parroquia o enviados
a tareas misioneras en el extranjero, donde permanecen en contacto estrecho —y
sin inspeccionar— con otros niños a los que vuelven a violar, cuando debieron
haberlos retirado del sacerdocio.
Hasta
ahora se desconoce si hay clérigos suspendidos de su ministerio por esta causa.
Según
sostienen las organizaciones civiles, en México no se conoce un solo caso de
Obispos o Arzobispos encontrados culpables de abusar de niños o encubrir
sacerdotes pederastas como ha ocurrido en Estados Unidos, Irlanda, Austria o República
Dominicana, porque las autoridades de este país han sido clave para fomentar la
impunidad clerical mediante prácticas como pérdida de expedientes y demás, para
propiciar que los demandantes desistan en sus denuncias.
(RIODOCE/
Francisco Sarabia/ Ciudad de México en 5 julio, 2015)
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