El 2013 no acabó con la esperanza de familiares de desaparecidos, que no pararán hasta saber de ellos
Para los familiares de desaparecidos en Sinaloa transcurrió un año
más de búsqueda constante de al menos un indicio que les permita
encontrar a sus hijos, padres o hermanos. Luego de plantones, reuniones y
reclamos, la respuesta de las autoridades sigue siendo “sin novedad”.
Para Alma Rosa Rojo y Sandra Hernández, quienes buscan a su hermano e hijo desaparecidos, lo que han recibido son burlas
de la Procuraduría de Justicia del Estado. Cuando han sido recibidas
por el gobernador Mario López Valdez, dicen, es “porque no le queda más
remedio”, como en la visita a Sinaloa del presidente Enrique Peña Nieto o
del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, en donde burlaron
el cerco de seguridad y se escabulleron para atravesarse en el recorrido
oficial para ser vistas y escuchadas.
Sandra deja en claro que “no ando buscando culpables, ando buscando a
mi hijo, eso es lo único que yo quiero, no quiero saber detalles, no me
interesa, me interesa saber de él, que me lo entreguen y sé que eso
está al alcance del Gobierno, por eso se los pido y por eso les digo que
no voy a dejar de exigirles que lo busquen y lo encuentren”, y lanza
una súplica desesperada para quienes se lo llevaron hace dos años: les
pido perdón en nombre de mi hijo si es que él hizo algo malo,
compadézcanse de mí y díganme dónde está para ir por él y poder
llorarlo, sin esta incertidumbre”.
En abril pasado, el gobernador se comprometió a revisar y darle
seguimiento a 14 expedientes de desaparecidos “pero han sido puras
mentiras”, señala Alma Rosa Rojo, quien tiene cinco años buscando a su
hermano desaparecido, “no han querido ayudarnos, a veces me retiro
porque me desespero que las autoridades no tienen avances, te cansan y
pienso que me voy a resignar a que lo perdí, pero regreso porque quiero
recuperar al menos el cuerpo de mi hermano, nunca he pedido culpables,
pero que me digan dónde está”.
Sandra informó que “luego del plantón realizado en el Palacio de
Gobierno en agosto pasado, tuvimos una reunión con las autoridades de
justicia donde quedaron de integrar un grupo de investigación
especialmente para desaparecidos, el Grupo Jaguar, que supuestamente
estuvo yendo a las reuniones los fines de cada mes en la PGJE pero van a
nada porque no tienen ningún avance”.
Gobierno, culpable por colusión
A finales de agosto pasado, el Tribunal Social para juzgar las
Desapariciones Forzadas resolvió declarar culpable de las desapariciones
de ocho personas al Gobierno de Sinaloa, en un evento realizado en la
plazuela Álvaro Obregón, integrado por dirigentes de organizaciones
ciudadanas y familiares de víctimas del delito.
Ahí, luego de testimonios de testigos y familiares de desaparecidos,
en casos ocurridos desde la represión política de los años 70 hasta la
llamada guerra contra el crimen organizado, los jueces Gilberto López y
Rivas, Raúl Ramírez Baena y Rocío Culebro, dictaminaron que en los casos
presentados se destaca la colusión de los tres poderes del Estado “por
omisión y comisión de este crimen de lesa humanidad”.
La sentencia señaló que en Sinaloa “se destaca un claro patrón de
impunidad, de la no averiguación pronta y eficiente del delito que se
juzga y de la ausencia de un marco normativo, todo lo cual impide la
prevención, la investigación, la sanción y la reparación integral de los
daños a las víctimas y en consecuencia el establecimiento de
condiciones para la no repetición del delito”.
El Tribunal Social se constituyó a convocatoria del organismo no
gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa
(CDDHS) y en este participaron víctimas del delito, familiares de
desaparecidos y activistas de renombre nacional. Aunque fueron
convocados y había espacios reservados para ellos en las mesas de
trabajo, no acudieron representantes de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial del estado.
Entre los fallos, el tribunal solicitó al Gobierno estatal acceso
efectivo y rápido a la justicia, a través de la búsqueda de las personas
desaparecidas utilizando los recursos institucionales y tecnológicos
necesarios de forma inmediata; la reparación adecuada del daño sufrido
—proporcional a la gravedad del delito y a las circunstancias de cada
caso— y medidas eficaces para detener estas violaciones.
El Tribunal Social se instaló a partir de una iniciativa de la
sociedad civil sinaloense ante la negativa e incapacidad del Estado de
Sinaloa para administrar, procurar e impartir justicia, y tiene
autoridad moral surgida de experiencias en otros estados del país. Su
resolución se basa en la jurisprudencia internacional de los derechos
humanos, en lo particular en lo establecido en la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.
Andaban mal…
A Sandra le asaltan las dudas: “Mi hijo anduvo en la campaña de Malova
y entró a trabajar a la Procuraduría, pero a pesar de ser empleado
administrativo cercano al procurador, el señor niega haberlo conocido.
No sé, quizás hizo algo mal, pero quiero decirle que así sea el peor
delincuente del mundo tengo todo el derecho de buscarlo, quizás se
equivocó, hizo algo indebido, pero si así fuera debió de haber pagado de
otra manera, para eso están las leyes, pero así no. Y todavía no lo
entiendo, murmura, lo que me he dado cuenta es que mafia y Gobierno van
de la mano”.
En el documento de Amnistía Internacional (AI) titulado Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México,
publicado en junio del año pasado, señala que “la presunción de que los
desaparecidos andaban mal se ha esgrimido constantemente para
justificar la decisión de no emprender investigaciones y para disuadir a
los familiares de solicitar que se investigue”.
El informe advierte que “a menudo se culpa a las bandas delictivas,
pero esta presunción casi nunca se basa en una investigación exhaustiva.
De hecho, la Policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por
bandas criminales y, en consecuencia, muchos funcionarios públicos han
colaborado en las desapariciones perpetradas por estas bandas”.
Las procuradurías estatales, añade, a menudo son reacias a investigar
y prefieren simplemente mantenerse al margen asumiendo que la víctima
debía de tener vínculos con la delincuencia organizada.
El resultado del estudio de varios casos documentados por Al
puntualiza que “al no registrarse adecuadamente las desapariciones ni
llevarse a cabo investigaciones básicas, en la gran mayoría de los casos
nunca se llega a identificar a los responsables y mucho menos se logra
que rindan cuentas” y que “la Policía y la Procuraduría a menudo
sugieren a los familiares de los desaparecidos que se vayan de la zona y
que dejen de investigar. Aunque a veces este mensaje se transmite como
un mero consejo, la amenaza subyacente es clara”.
Amnistía Internacional argumenta que “pese a los amplios indicios de
implicación de autoridades municipales, estatales y federales en
desapariciones forzadas, en las jurisdicciones estatales no ha habido
procesamientos ni declaraciones de culpabilidad por desaparición
forzada”.
Según el análisis hecho por un periódico nacional, de las 26 mil 121
denuncias de personas desaparecidas o no localizadas a nivel nacional,
en el 40 por ciento de los casos no se habían iniciado investigaciones
penales. Numerosos familiares de víctimas contaron a AI que los
funcionarios se negaban a registrar los casos y les decían que volviesen
al cabo de 72 horas, o los enviaban a otras oficinas.
Delito en aumento
De acuerdo con estadísticas del Sistema de Registro Nacional de
Personas Extraviadas y Desaparecidas (Sirenped) de la Secretaría de
Gobernación federal, la estadística en Sinaloa documenta al menos mil
300 desaparecidos de 2006 a al 2011, cifra que la ubicó hace dos años en
el sexto lugar a nivel nacional con más habitantes desaparecidos.
“Esto, sin tomar en cuenta al menos 50 casos de personas
desaparecidas que no se reportaron ante las autoridades”, señaló Leonel
Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos en Sinaloa (CDDHS), quien advirtió que “los grupos delictivos
que levantan a sus víctimas actúan con tanta facilidad que pareciera que tienen la venia o colaboración del Estado”.
En las estadísticas se observa que Culiacán es el sexto municipio que
registró el mayor número de desaparecidos a nivel nacional, con 607,
seguido de Mazatlán con 297, Ahome con 66, Navolato con 44, Guasave con
39, Salvador Alvarado con 37, Escuinapa con 35, Elota con 30, Angostura
con 27 y el municipio de Sinaloa con 21. En San Ignacio desaparecieron
19 personas, en Mocorito 17, en Rosario 15, en Concordia 12, en Cosalá
9, en El Fuerte 8, en Badiraguato y Choix 4 en cada localidad, y de los
10 restantes no se especificó el municipio donde se dio la desaparición.
En 2012, el representante del Alto Comisionado de la Organización de
las Naciones Unidas en Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, en visita
por Sinaloa, anunció que el estado ocupaba el tercer sitio entre las 31
entidades federativas y el Distrito Federal con mayor número de
desapariciones, solo por debajo de Guerrero y la Ciudad de México.
Al presentar el Informe sobre las Desapariciones Forzadas Capítulo Sinaloa,
el funcionario del organismo aseguró que “no solo basta la presentación
de datos, sino que urge la presentación de compromisos”.
Mientras que en Sinaloa las autoridades no logran pasar de la
declaración a la acción, Sandra y Alma Rosa gritan la ausencia de sus
familiares desaparecidos, aunque el eco apenas se escuche. Y siguen,
junto con 12 familias más, en la antesala de la oficina del procurador
Marco Antonio Higuera, en los servicios médicos forenses cuando
encuentran algún cuerpo, o en los plantones en Palacio de Gobierno.
Luego de años de búsqueda inútil, ya desgastadas en el ir y venir con
los mandos estatales, reclaman, ya ni siquiera justicia para quienes se
llevaron a sus seres queridos, sino encontrar, de cualquier manera, a
sus hijos, hermanos o padres desaparecidos.
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