Hijos, al mejor postor; jueces, impávidos
Los vecinos de Ahome Independencia observaron a una pareja y una niña
introduciéndose a una casa abandona, ubicada en la esquina de las
calles José María Ochoa y Ángel Flores. No era la primera vez que esas
personas lo hacían y eso les movió sospechas. Llamaron a la Policía.
Adentro, los gendarmes encontraron a un hombre sosteniendo relaciones
sexuales completas con una niña. A menos de diez metros de distancia y
observando el acto, la mujer adulta los observaba. Era Isabel Cervantes
Yucupicio y había vendido en mil 300 pesos el cuerpo de su hija, de 13
años de edad. Jesús García Lugo, de 47 años de edad y vecino de madre e
hija había alquilado a la niña para tener relaciones sexuales.
En su declaración, la madre aceptó que prostituía a su hija a razón
de mil 300 pesos por acto sexual. Ella se quedaba con mil pesos y su
hija obtenía 300 pesos.
Las pruebas toxicológicas revelaron que Isabel sufre de secuelas de
consumo de metanfetaminas y que madre e hija sabían lo que hacían por
dinero, afirmó Evaristo Castro Borbolla, subprocurador regional de
justicia.
Para la autoridad es un caso simple de corrupción de menores, en el
que Isabel y Jesús se encuentran formalmente presos y la niña en la casa
de los abuelos maternos. Asunto concluido.
En otro punto de la ciudad, en el fraccionamiento Santa Teresa, una
madre de familia, que padece esquizofrenia, mantiene de rehenes a sus
tres hijos y al padre de estos, un inmigrado estadounidense. Y aunque el
padre ha buscado la patria potestad de sus críos, ante la imposibilidad
de la madre por criarlos en un ambiente sano, la jueza segunda familiar
no accede, argumentando el derecho que tiene la progenitora a criarlos.
Mirna Duarte León, presidenta de Dignifica tu Vida en Familia,
Asociación Civil, afirmó que el abuso de los padres hacia los hijos o de
terceros en contra de menores de edad se sustenta en instituciones
tibias y en funcionarios ineptos para aplicar tratados internacionales
supletorios de leyes locales, en materia de protección a la infancia e
incapaces.
Por ello, los casos de abuso infantil van en aumento, como también se
eleva el grado de violencia y de exceso, porque nadie quiere actuar en
prevención, y los casos consumados se atienden de manera rápida, sin
atención a las víctimas del delito.
“Sencillamente, los jueces civiles y familiares están cerrados a las
actualizaciones internacionales, como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y a Tratados Internacionales a los que México se
suscribió y a los cuales las instituciones de Sinaloa están sujetas, sin
excepción de regla. Con su cerrazón, los jueces civiles y familiares
atentan contra la integridad de la niñez y por ello son negligentes en
su defensa”.
Duarte León asegura que en esta ciudad, todas las instituciones de
atención a la niñez son monumentos a la demagogia. “Cuando denuncias a
la Policía, los gendarmes no actúan porque dicen que es función del DIF,
luego estos achacan los retrasos a la Agencia Especializada en
Violencia intrafamiliar y los funcionarios de este culpan a los jueces
familiares o civiles y estos a su vez descargan culpas con la Policía.
Se volvió un círculo vicioso en donde los ofendidos son los peores
tratados por un sistema inculto, agotado, criminal. Cuando el afectado
actúa en desespero, se le castiga con rigor, resultando doblemente
ofendido. Hay incontables casos de esas naturalezas”.
Afirma que la actual legislatura tiene en sus manos una oportunidad
única de legislar en favor de la niñez e incapaces a merced de los
abusos de sus padres, tíos, hermanos o terceros, pero también la de
aplicar sanciones ejemplares a funcionarios demagógicos, que más que
procurar o administrar justicia, cobijan con impunidad a los agresores, a
los victimarios, a los abusadores.
Blanca Azucena Diarte Vázquez, ex regidora del Cabildo de Ahome y ex
funcionario del Sistema DIF-Ahome, consideró que las dependencias
públicas hacen su trabajo de defensa de la niñez e incapaces bajo el
amparo de la ley, pero es insuficiente. “Falta aún darle mayores
herramientas legales y presupuesto para mejorar los resultados”.
Coincidió con Mirna Duarte León en que en materia de prevención falta
mucho por hacer en la aplicación supletoria de tratados
internacionales, pero más que nada en la promoción a la violencia contra
la niñez.
“Sí, hace falta más, mucha más acción. Mucha más apertura de
los gobiernos, de la familia. Yo creo que es en la familia en donde se
debe de acentuar la prevención, y esa deberá de ser una prioridad para
las nuevas administraciones”.
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