Distrito Federal— La
investigación que armó la Procuraduría General de la República (PGR) contra ex
funcionarios ministeriales y judiciales que presuntamente filtraban información
para evitar la detención del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo
Guzmán, está a punto de venirse abajo.
Verónica Judith
Sánchez Valle, juez 10 de distrito de procesos penales federales en el Distrito
Federal, recibió documentación que demuestra que la PGR presentó testimonios
falsos a través de un testigo protegido, quien no es la persona que dijo ser.
La PGR aceptó, en la
pasada administración, incluir en el programa de testigos protegidos a Esther
Yadira Huitrón Vázquez, a quien le dio el nombre clave de Libre; lo mismo hizo
con la pareja sentimental de esta mujer a quien se le dio el nombre clave X.
Sin embargo, durante
el juicio contra los presuntos informantes de El Chapo, un ex funcionario
reconoció a la mujer y declaró que su verdadero nombre es Rosario Herrera
Dorador.
Hace unos días, la
juez fue notificada por el Instituto Federal Electoral que no existe registro
oficial de Esther Yadira, pero sí de Rosario Herrera, cuya fotografía en una
credencial de elector es de la misma persona que aseguró ser Esther.
A su vez, la
Secretaría de Relaciones Exteriores también informó que hay registro de un
pasaporte a nombre de Rosario.
Mientras tanto,
Claudia Herrera Dorador, hermana de Rosario, promovió un amparo porque fue
detenida por la Secretaría de Marina-Armada de México, dependencia que la
entregó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO).
El año pasado, la
PGR capturó y envió a la cárcel a siete funcionarios federales y locales, tres
de ellos de esta institución y uno que regresó a laborar al Poder Judicial de
la Federación, ya que presuntamente formaban parte de una red de informantes
que servía al cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la
institución, dichas personas eran informantes de Felipe Cabrera Sarabia, El
Ingeniero o El señor de la sierra, detenido a fines de 2011 por efectivos del
Ejército mexicano en Sinaloa, identificado como el principal escolta de El
Chapo Guzmán.
Entre los detenidos
se encuentra el abogado José Gerardo Ortega Maya, quien denunció que fue torturado
por órdenes del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado para tratar de involucrar
al general Tomás Ángeles Dauahare con el narcotráfico.
Ortega Maya fue uno
de los asesores del ex secretario de Marina Francisco Saynez Mendoza; también
es yerno del almirante Luis Carlos Ruano Angulo, quien encabezó hace años la
Secretaría de Marina-Armada de México.
Otro de los
detenidos es Manuel Arroyo Martínez, ex coordinador técnico de control de la
SEIDO, y quien hace unas semanas abandonó el penal de máxima seguridad de
Matamoros, Tamaulipas, por falta de pruebas, tras un año de permanecer en la
cárcel.
Juan Carlos de la
Barrera Vite, quien salió de la Procuraduría General de la República para
incorporarse de nueva cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como
empleado administrativo, también fue acusado de ser informante de El Ingeniero.
La PGR argumentó que
De la Barrera Vite fue contactado por Víctor Omar Martínez Ferrara, quien le
solicitó información sobre el estado que guardaba el proceso contra El
Ingeniero, así como los datos que estaban aportando contra la mencionada
organización criminal diversos testigos protegidos.
El pasado 7 de
octubre tanto Libre como X se presentaron a declarar ante la juez 10 de
distrito de procesos penales, pero la diligencia no se pudo llevar a cabo
debido a que no llevaban consigo algún documento oficial para corroborar su
identidad; en tanto, la información proporcionada por el IFE y la SRE llegó
días después.
Ahora la juez deberá
valorar las pruebas entregadas y en caso de ser demostrada la violación
jurídica y la falsedad de testimonios de ambos testigos, quedarían en libertad
inmediata y absoluta todos los coacusados.
En la pasada
administración, a ambos testigos protegidos se les prometió que no serían entregados
a Estados Unidos, donde tienen orden de aprehensión en Tucson, Arizona, por
tráfico de drogas.
ABOGADO
En junio de este
año, el abogado José Gerardo Ortega Maya pidió al presidente Enrique Peña Nieto
que se revisara su caso para recuperar su libertad.
En entrevista
telefónica con MILENIO, desde el penal de máxima seguridad de Matamoros,
Tamaulipas, el litigante dijo que la única forma en que se podrá hacer justicia
a las personas que fueron llevadas a prisión con pruebas falsas en la pasada
administración es ordenando su liberación.
“Básicamente, lo
único que le pido al señor Presidente de la República (es) mi libertad, porque
ya cambió el gobierno y se supone que es un gobierno democrático, lo menos que
pedimos es justicia y la justicia es con hechos y sería eso, que nos dé la
libertad”, dijo.
Narró que durante el
martirio al que fue sometido por agentes de la PGR y militares, uno de sus
agresores le dijo que a pesar de que no involucrara con el narcotráfico al ex
subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles, eso no les importaba,
porque ya tenían asegurado un ascenso.
CLAVES
La detención
- El 17 de octubre
de 2012, el entonces titular de la SEIDO, José Cuitláhuac Salinas, anunció la
detención y desmantelamiento de una presunta red de informantes que servían al
cártel de Sinaloa, entre ellos un funcionario de la Suprema Corte.
- Indicó que la
investigación continuaba abierta, pues tenían indicios que vinculaban a más
funcionarios de distintos niveles con la organización criminal que encabezan Ismael
El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán.
- “Se logró tener
pruebas contundentes para proceder por lo menos contra siete diferentes
servidores públicos involucrados en este tema; de éstos se obtuvo orden de
aprehensión que se cumplieron y todos fueron ingresados a diferentes centros de
reclusión”, enfatizó.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ Milenio | 2013-10-21 | 09:01)
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