Las afirmaciones recientes de tres ex policías norteamericanos sobre
el crimen de Enrique Camarena, en febrero de 1985, que estarían
eximiendo a Rafael Caro Quintero de toda responsabilidad en el asesinato
a pesar de que fue juzgado y sentenciado en México por este hecho,
deben verse como un capítulo más de la oscura y perversa relación de
Estados Unidos con los países involucrados en el tema del narcotráfico. Y
en este caso terciando el problema de la contra nicaragüense que,
confirmado está desde hace muchos años, recibió apoyo gringo para
derrocar al gobierno sandinista después del triunfo de la revolución en
Nicaragua.
No se sabe si se confirmará la veracidad de las afirmaciones de los
agentes, que sostienen que a Enrique Camarena no lo torturó y asesino
Caro Quintero, sino el agente de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), Félix Rodríguez. Por lo pronto, el tema Camarena está de nuevo en
los medios más importantes de México y los Estados Unidos, avivando el
fuego mediático que despertó la abrupta liberación del capo mexicano, la
madrugada del 9 de agosto.
¿De qué se trata ahora? ¿Cuál es el propósito de estas nuevas revelaciones
sobre un caso que ha gravitado durante casi 30 años en las relaciones
de México y Estados Unidos respecto al narcotráfico? ¿Qué se busca
cuando Rafael Caro Quintero empieza a tener un papel preponderante en la
recomposición del mapa del narcotráfico en México, empezando por los
estados que conforman la ruta del Pacífico?
Habría de esperarse que el Gobierno norteamericano no cambie la
versión de los hechos que ha sostenido todos estos lustros y que
defienda el mito en que convirtieron a Camarena, contra el salvajismo
atroz que ha representado el narco de La Noria, Badiraguato. Pero no
puede decirse lo mismo de los que en Estados Unidos sostienen una larga
confrontación interna por los dividendos de la lucha contra el
narcotráfico. Allá, como aquí, las corporaciones policiacas han librado
durante décadas una lucha soterrada por los presupuestos y las
millonarias ganancias que deja el combate o, para ser más realistas, la
administración del narcotráfico. La DEA y la CIA han mantenido durante
décadas una rivalidad abierta por los mercados criminales, siempre
favorecidos por leyes que permiten operaciones encubiertas de las que
comúnmente se saca raja. Ahí está Rápido y Furioso, para no ir muy lejos.
Y a esta lucha se ha sumado en los años recientes el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas
en inglés), que a pesar de haber nacido para identificar actividades
criminales en las fronteras que permitan proteger los intereses
norteamericanos, ha ocupado un papel muy importante en la lucha contra
el narcotráfico, desplazando muchas veces a la propia DEA.
Esta es una parte de la película, la otra está en México, donde la
lucha contra el narcotráfico se pervirtió antes de nacer, pues el Estado
era parte del problema. En los sótanos del poder han quedado hasta
ahora la participación de generales, secretarios de la Defensa,
gobernadores, titulares de la PGR y de Gobernación y seguramente hasta
presidentes de la República en el negocio de las drogas. Grandes
crímenes incluidos como el del periodista Manuel Buendía, cuyas
motivaciones no han sido expuestas públicamente hasta ahora a pesar de
que un hombre fue juzgado y sentenciado como autor intelectual.
La turbia relación que durante décadas el Estado mexicano ha
mantenido con los más grandes narcotraficantes les permitió a estos no
solo sobrevivir, en un juego necesario de relevos que permita que la
vida siga, sino hincar muchas veces al Gobierno al grado de ponerle
condiciones en esta relación, lo cual empezó a ocurrir también con el
Gobierno norteamericano. Revisemos si no el juicio contra Vicente
Zambada Niebla, en Chicago.
Que se trague el que quiera el cuento de que Caro Quintero obtuvo su
libertad sin que la PGR se diera cuenta. Y también la historia de que lo
buscan afanosamente. Rafael Caro Quintero es, hoy día, el eslabón
perfecto que une las complicidades históricas de los gobiernos gringo y
mexicano respecto al narcotráfico.
Bola y cadena
SI JESÚS ANTONIO AGUILAR ÍÑIGUEZ pasó el examen de control y confianza podría hacer lo mismo el Cholo
Iván con los mismos resultados. ¿A qué le teme entonces Gerardo Vargas
Landeros, que todavía no se anima a poner la mano sobre el detector de
mentiras?
Sentido contrario
NO PUEDE CONSIDERARSE un triunfo del Gobierno inaugurar una carretera
que no pasa todavía las pruebas del tiempo. Si algo hay que cuestionar
de los gobiernos de todos los niveles en el país, es la calidad de la
obra pública. Unos días antes de la inauguración, con el paso del
huracán Manuel, surgieron en los puentes y túneles de la
Mazatlán-Durango defectos de construcción que podrían agravarse con el
paso de los años. Qué bueno que ya se hizo la conexión de los océanos
con esta rúa y ojala traiga pronto los beneficios ofrecidos para los
estados conectados. Qué malo que las dudas empañen este esfuerzo.
Humo negro
¿CUÁL ES LA PRISA DE ALEJANDRO HIGUERA porque se licite la
construcción del acueducto con el cual se piensa traer agua a Mazatlán
de la presa Picachos, si no hay siquiera presupuesto aprobado para la
obra?
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