Le entra Malova al rescate del Ingenio Mochis; le aporta 90 millones de pesos
Utilizando como argumento la adquisición de un terreno de tres
hectáreas para construir el teatro de la ciudad, valuadas en 90 millones
de pesos, el gobernador Mario López Valdez anunció sin bombo ni
platillo el abono de 30 millones de pesos en favor de la familia
Elizondo Macías, propietaria del Ingenio Mochis, que ha sido conducido a
la quiebra en solo tres años de ejercicio local.
Y aclaró que ese pago es el primero de tres abonos que con el mismo
monto se realizará a la Compañía azucarera de Los Mochis (Calmsa), por
la compra de tres hectáreas de las 33 hectáreas en las que está
construida la factoría.
El polígono comprado se encuentra en los terrenos que la compañía
tiene sobre el bulevar Centenario entre Gabriel Leyva y el bulevar
Antonio Rosales.
Por la erogación de 90 millones de pesos, a razón de tres mil pesos
el metro cuadrado, el gobierno malovista obtuvo la donación de 1.8
hectáreas de terrenos arbolados que se encuentran en la esquina de los
bulevares Antonio Rosales y Rosendo G. Castro. Hasta ahora, ni la
compra, ni la donación de los terrenos han sido escrituradas en favor
del Gobierno estatal o del municipal.
El gobernador no dio mayores explicaciones, salvo que el terreno
sería para construir el teatro de la ciudad y que esa inversión se
justificaba en ello.
El gobernador deliberadamente mentía y omitía la verdadera causa de
la compra de los terrenos, que de acuerdo con abogados consultados,
sobre este existe inviabilidad jurídica pues es garantía en juicios
civiles mercantiles entablados entre Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo
de la Vega Valladolid, el grupo inglés ED&F Man y
Luis Puente Pérez, y por lo tanto inenajenables.
Otras fuentes no oficiales consultadas pero que demuestran
conocimiento de causa, revelan que la compra de los terrenos no es por
90 millones de pesos, sino de 110 millones de pesos.
“Tenemos un gobernador chimoltrufio, que un día dice una cosa y
al siguiente otra; que un día justifica una compra y se olvida que ya
tenía un terreno y hasta dos proyectos para esa obra. No sabemos, pero
se entiende ahora que con tantos terrenos para un solo teatro de la
ciudad, algo esconde Malova. Si no es inoperancia o ignorancia,
sí un capricho”, dijo José Armando Infante Fierro, cronista de la ciudad
y consejero ciudadano en el Instituto Municipal del Arte y la Cultura
(IMAC). En la última sesión de este, la presidenta, Anabella Gaxiola, se
negó a cuestionar el proyecto de Malova de cambiar la sede del teatro de la ciudad, argumentando solidaridad institucional.
Sin embargo, dijo, el caso tiene mar de fondo porque todos saben que
ya hay un terreno donado exclusivamente para el teatro de la ciudad,
bajo cláusula de retorno al legítimo propietario si se le da otro uso. Y
este fue entregado al municipio por Juan Manuel Ley. Se ubica en
Álvaro Obregón, entre Antonio Rosales y Río Fuerte, en donde comienza
el corredor cultural, con la Escuela Vocacional de Artes, un teatro al
aire libre, la Biblioteca Casa de la Cultura, y el Jardín Botánico.
Además, existen dos proyectos arquitectónicos para ese terreno y algunos estudios técnicos que le encuentran viable.
Sobre el nuevo terreno que compró Malova tiene muchas cosas
adversas pues se encuentra bajo problemas de legítima propiedad por
juicios entre los socios del ingenio, carece de estudios de impacto
ambiental, de urbanización y no es la mejor zona para su edificación.
Consideró que la propuesta malovista esconde la realidad en una cortina de palabrería, de ahí el mote de “gobernador chimoltrufio”.
“La razón de cultura que se esgrime es inválida porque ya hay un
terreno para ese teatro, incluso, sin costo. Si el gobernador hizo mal o
bien en darle 90 millones de pesos a la familia Elizondo Macías, serán
otras dependencias las encargadas de juzgarlo, como son la Auditoría
Superior de Hacienda, los diputados, el Gobierno federal. No me toca a
mí decirlo, pero no es con un nuevo terreno para el teatro de la ciudad
como se defiende la propuesta. Eso es ser chimoltrufio”.
La revelación del gobernador de comprar los terrenos se da en los
momentos en que al menos dos centenares de campesinos reclamaban la
devolución de sus terrenos sembrados de caña, luego que la Agrícola
Ohuira incumpliera por enésima ocasión un convenio de pago.
Depositado el dinero público en las cuentas familiares de los
Elizondo, se comenzaron a pagar los abonos a rentas atrasadas y
parcialmente sueldos y salarios a los obreros. No se sabe si los
empresarios pagaron a proveedores diversos que les fiaron diversos
materiales para la fracasada zafra 2013.
La compra de los terrenos ocurre también luego de que fracasa la
gestión malovista de la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los
industriales. Sus cuates de familia.
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