El diputado Rubén Alanís, ex secretario de Desarrollo Social, también fue
evidenciado por la actual Sindicatura del Ayuntamiento encabezado por Francisco
Pérez Tejada Padilla, por probable daño patrimonial superior a 300 mil pesos.
En
el caso del robo de gasolina, el perjuicio a las arcas municipales supera el
millón y medio de pesos.
Durante los últimos diez meses de la administración de
Valdez, funcionarios y policías robaron combustible.
Sergio Haro Cordero
El sábado 21 de mayo, personal de Contraloría Municipal -que depende de
Sindicatura- detectó once tibores repletos de gasolina en un pick-up de
Felipe Ernesto Cabrera Jácome, auxiliar administrativo adscrito a la Dirección
de Seguridad Pública en Mexicali.
También localizaron cuatro tarjetas electrónicas para suministro de gasolina
a patrullas del Ayuntamiento y comprobantes (vouchers) por la
adquisición de 262 litros de combustible en la gasolinera San Jorge, una de las
principales proveedoras del Ayuntamiento de Mexicali.
La investigación reveló un escandaloso robo de gasolina durante los últimos
meses de la anterior administración municipal. Se detectaron cerca de 4 mil 600
cargas por un total de 186 mil litros de gasolina, con un monto de un millón 636
mil 629 pesos tan sólo en el periodo comprendido entre enero de 2010 y el 30 de
noviembre de ese mismo año.
Lo curioso es que la mayoría de los vouchers tenían la misma firma,
y hasta la fecha no se ha identificado a su ejecutor.
Con los resultados de la investigación, la Sindicatura Municipal en Mexicali
interpuso, el viernes 25 de noviembre, una demanda penal ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) por el delito de peculado, que enlista a
una serie de indiciados:
- César Martín Torres Vega, encargado del área de combustibles de la
DSPM.
- Elías Martínez Zavala, supervisor del área de bitácoras.
- Felipe Ernesto Cabrera Jácome, auxiliar administrativo del área de
bitácoras.
- Fernando Horacio Osuna Villaescusa, subtesorero del XIX Ayuntamiento.
- Gabino Emanuel Castañeda Ramírez, jefe del Departamento de Programación y
Presupuesto.
- Héctor Zavala Cortez, subdirector administrativo de la DSPM.
- Jesús Verdugo Cisneros, titular del Departamento de Recursos
Materiales.
- José Antonio Camacho Guerrero, coordinador de servicios de recursos
materiales de Oficialía Mayor.
- José Daniel Márquez Valenzuela, jefe del Departamento de Programación y
Presupuesto.
De acuerdo a la investigación implementada por la Sindicatura Municipal,
varios de los 61 vehículos presuntamente receptores del combustible, eran
unidades fuera de servicio, fuera de uso y hasta una adscrita al puerto de San
Felipe.
A uno de esos vehículos, de matrícula 37547, se le anotaron como
suministrados 145 mil pesos de gasolina del 11 de diciembre de 2009 al 21 de
noviembre de 2010, siendo que estaba fuera de servicio desde abril del año
pasado. Otra unidad, la 37637, opera físicamente en el puerto de San Felipe, sin
embargo hay documentos que acreditan, se abasteció de gasolina en Mexicali en
2010, por 135 mil pesos.
Son apenas los botones de muestra.
De acuerdo a lo declarado por uno de los indiciados, Héctor Zavala Cortez, él
delegaba el control de combustible en Jesús Verdugo, jefe de servicios
materiales, pero éste a su vez señaló a César Torres, quien giraba directamente
las órdenes.
Aseguró desconocer la firma de los vouchers y, a su vez,
dijo saber que “esporádicamente” se llenaban uno o dos galones de gasolina
cuando algunas unidades del Valle o San Felipe salían del taller sin
combustible.
Pero Elías Martínez Zavala dijo que a ellos los autorizaba Verdugo por
órdenes del licenciado Torres Vega, y el personal a su cargo era el que surtía
“la gasolina en tambos”
Ernesto Cabrera Jácome aportó un dato: aceptó haberse dado cuenta que agentes
municipales dotaban sus vehículos particulares de gasolina y, de paso, también
desconoció la firma del voucher.
La denuncia se presentó el 25 de noviembre ante la PGJE y quedó asentada bajo
el número 280/11/104/AP.
También denuncia por manejos en desarrollo
social
Por la posible comisión del delito de peculado, la Sindicatura Municipal de
Mexicali interpuso dos demandas penales contra diez ex funcionarios de la
administración que encabezó el panista Rodolfo Valdez Gutiérrez, entre éstos el
ex titular de Desarrollo Social y ahora diputado, Rubén Alanís Quintero.
De acuerdo al titular de Sindicatura, Alfredo Ascolani, hay otros expedientes
que se investigan de la anterior administración municipal, entre éstos el
relativo al contrato de la maquina recicladora.
“Es una payasada, no es nada serio”, caracterizó el diputado Alanís la
demanda interpuesta contra él y cinco de sus funcionarios.
De acuerdo a datos extraoficiales, se trata de un posible daño patrimonial
por 313 mil pesos, pero en el caso del Bosque de la Ciudad -la otra denuncia- el
daño detectado podría alcanzar un millón 641 mil pesos.
Hace dos semanas, se interpuso ante la PGJE una de las demandas por la
posible comisión del delito de peculado y los que resulten. El organismo público
afectado es Desarrollo Social Municipal, y la lista de presuntos responsables la
encabeza el ex director de Desarrollo Social y ahora diputado Rubén Alanís.
Aparte, se incluye a quien lo suplió en el cargo -en febrero de 2010-, Manuel
Covarrubias Martínez; al ex jefe administrativo Eduardo Barraza Gómez; a la ex
titular del Departamento de Centros, Gloria Isabel López Hernández; al ex
coordinador de área Jaime Herrera Ávila, y a Vicente Maldonado del Toro, ex jefe
del Departamento de Inversión Pública.
Los hechos tienen que ver con adquisición de equipo de cocina y carpintería
para el Centro de Desarrollo Humano Integral de la colonia Carvajal en Mexicali.
De acuerdo a lo investigado por Sindicatura, se detectaron compras a un
proveedor cuyo giro comercial nada tenía que ver con los bienes adquiridos, al
tratarse de una distribuidora eléctrica.
Además, detectaron cotizaciones presuntamente apócrifas, sin validez, ya que
no tienen fecha de elaboración, sello o firma del representante. Se trata de
formatos idénticos y cotizaciones similares, pese a ser de diferentes
empresas.
También se evidenció la adquisición de bienes a precios más elevados,
considerados superiores al mercado. De acuerdo a la denuncia presentada ante la
Procuraduría, existen inconsistencias en el soporte documental que ampara las
facturas, ya que por ejemplo, se compraron con fecha 22 de diciembre de 2009 y
la cotización aparece con fecha del 24 de ese mismo mes. En otros casos no
coinciden los folios, o hay folios de más que debían corresponder a los objetos
adquiridos.
La suma calculada por Sindicatura de posible daño patrimonial es de 313 mil
533 pesos.
La otra demanda tiene que ver con el Bosque de la Ciudad y un posible daño
patrimonial de un millón 641 737 pesos, enlistando como presuntos responsables
al ex director José Luis García Chavira, la ex jefa administrativa Gabriela
Carrillo Figueroa, la encargada de compras Karla Cecilia Campos y la ex titular
de Recursos Humanos, Maricela Guillen Romero.
De acuerdo a la denuncia, se detectó una alta de depósitos ingresados por el
contrato de estacionamiento para conciertos por 18 mil pesos.
Además, emergieron
diferencias en los registros de ingresos y faltantes -de ingresos también- por
entradas, estacionamiento, tren, lanchas, carrusel, tirolesa, barco y área
acuática por cantidades que sumaron 1 millón 78 mil 364 pesos.
La revisión de Sindicatura detectó fallas de control interno en contratos y
concesiones, y una falta de pago por 74 mil 500 pesos.
También hay ausencia en
la comprobación de cheques expedidos, gastos por comprobar sin solventación y
hasta pagos en exceso -por 130 mil pesos- al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Payasada, dice denunciado
“Desde hace varios meses el Síndico lo ha anunciado, más que seguir el
procedimiento legal, ha anunciado a través de los medios todo lo que hace”,
comenta de entrada el diputado panista Rubén Alanís Quintero.
Dice que en esa
dependencia lo han citado tres veces y el tema ha tenido que ver con retraso en
la entrega de algunas obras de Desarrollo Social Municipal (DESOM), debido a la
demora en la entrega de recursos. Otro tema tuvo que ver con el pago de energía
eléctrica, en el que el monto aumentó debido a la ampliación de los horarios de
los Centros de Desarrollo.
En el caso del CDHI, Alanís asegura que “lo más pesado” tiene que ver con
cuestiones de carácter administrativo y donde ha acudido “en calidad de
testigo”, ya que no se ha entrado en la etapa de pruebas y alegados. Alanís
parece minimizar los señalamientos.
“Es un tema de equipamientos que se hicieron, de una cocina y de un taller de
carpintería.
Parecía que una licuadora no la hallaban, igual una licuadora y una
lijadora. Luego me pusieron que no hallaban unos chilillos, unas lijas, unas
cintas métricas, unas reglas metálicas y unas escuadras.
Yo les dije, ‘yo las
compré’, pero el proceso se quedó a la mitad, yo no las recibí. Tengo el acta
donde SEDESOL estipula que estos bienes fueron entregados posteriormente a mi
renuncia”.
Sobre los precios, Alanís justificó que podrían ser más caros, pero otorgaban
crédito, como el caso de Diecsa, que se solventó en cuatro meses.
“No son cantidades exageradas, son cuestiones de tipo administrativo, no hubo
dolo ni daño al patrimonio, yo estoy esperando que me citen de nueva cuenta para
que me den oportunidad de presentar pruebas y alegatos”, asegura Alanís, quien
considera que de fondo hay una intención de carácter político.
“Por ahí oí que el Síndico quiere ser diputado y a lo mejor me está usando
como foro para salir en los medios. Mejor se debía de poner a revisar otras
cosas, como el desempeño de los policías municipales, o el avance de obras”,
refiere Alanís, y exhorta al síndico a que se conduzca con apego a la Ley y ser
responsable en su función.
Asimismo, insiste en que no hay daño patrimonial y que los bienes ahí están,
aunque fueron recibidos por el director posterior: “Seguramente hay una
adquisición que se le puso un mismo número, algunas están firmadas. Son
cuestiones de carácter administrativo, si las hay.
Hacíamos 300 trámites y los
hacíamos en dos meses porque es cuando llega el recurso federal. No lo estoy
justificando pero es una realidad, en el recurso federal especialmente el
procedimiento es muy meticuloso.
Sí les vas a hallar detalles pero son
cuestiones de tipo administrativo, obviamente a la gente que los hizo pues se
les van algunas cosas, yo no las alcancé a detectar”.
Y asevera que lo que se compró, fue de acuerdo a la Ley, se cotizó y fue
validado por la Secretaría de Desarrollo Social.
“La verdad es una payasada, poca seriedad y falta de ética del síndico.
Obviamente que hay un sesgo político”, resume el diputado panista.
Que el Juez dicte: Síndico
“Son partes de las revisiones que hemos venido haciendo a lo largo de estos
diez meses que llevamos de administración”, explica por su parte el síndico
municipal de Mexicali, Alfredo Ascolani Cuevas, y afirma que desde el proceso de
transición emergieron en algunas dependencias omisiones o falta de equipo en
los propios inventarios que recibían.
En el caso del Centro de Desarrollo Humano Integral de la colonia Carvajal,
las anomalías tienen que ver con la compra de un par de equipos de cocina y
carpintería destinados a promover dentro de la comunidad los trabajos
manuales.
“Es una cantidad no muy grande, puede ser la gente quisiera ver millones de
pesos, pero creo que tomar un solo centavo que proviene de recursos públicos y
hacer mal uso de ellos, que la ciudadanía lo juzgue. Nuestra función es ver aquí
en la Sindicatura el desvío de cualquier funcionario público, por un centavo que
sea”.
Ascolani dice que el ex funcionario municipal tiene fuero ahora como
diputado, pero será el juez el que dicte al final, en función del trabajo que
haga la Procuraduría, el Ministerio Público. El juez dictaminará si tiene alguna
protección, pero eso no lo exime de que las cosas están mal hechas.
El mismo síndico comenta que en el área de Contraloría -de esa misma
dependencia- se realizan observaciones de tipo administrativo que tiene que ver
con Cuenta Pública, donde el ahora diputado se ha estado presentando a los
requerimientos que le han realizado.
En el caso del Bosque de la Ciudad -donde se presume daño patrimonial por más
de millón y medio de pesos- se detectaron, por ejemplo, pagos que se hicieron
por renta de espacios, cuyos cheques no se depositaron y se utilizaron para
otros recursos.
“Por ahí nos decían que ese cheque debe haberse utilizado para comprarle
cacahuates a los changos y plátanos al cocodrilo, pero desde el punto de vista
administrativo-legal, ese cheque debe haberse depositado a las cuentas del
patronato y de ahí haber sacado una justificación”.
También detectaron otros casos donde el director cobraba cheques a su nombre
-de las cuentas oficiales- sin las pólizas, sin los comprobantes, sin el soporte
documental que comprobase a donde llegó ese dinero.
De igual manera, el funcionario afirma que el ex director del Bosque acudió
ante Sindicatura y entre otras cosas se dijo engañado por la gente con la que
trabajaba y que todo estaba consultado y aprobado por los miembros del
patronato.
“No tuvo el verdadero cuidado de vigilar eso”, explica Ascolani en relación
al desorden administrativo y la presunción de que se utilizaron recursos de
administración para otros fines.
Pero además Ascolani expone que hay otros casos donde están investigando, uno
de ellos tiene que ver con el robo de gasolina en la Dirección de Seguridad
Publica, donde se detectó la firma de una sola persona en el voucher de
más de 2 mil 600 cargas de combustible.
También investigan otro caso de compras
repletas de anomalías y, de paso, el expediente que tiene que ver con la máquina
recicladora –la llamada Máquina Maravillosa- y el incumplimiento del contrato.
Aseguró que en esos casos se tenía un avance suficiente para presentar las
denuncias penales “en esta semana”.
Con fecha 29 de noviembre de 2011, el ex director del Bosque de la Ciudad
-José Luis García Chavira- interpuso ante el Congreso del Estado una solicitud
de juicio político contra el síndico municipal Alfredo Ascolani Cuevas, bajo la
presunción de que “sin tener una resolución administrativa (…) en reiteradas
fechas ha declarado ante diversos medios sin responsabilidad ni prueba alguna
que el suscrito soy responsable de diversas conductas tipificadas como delito,
causando un daño irreversible en mi persona, dañando mi imagen pública y la de
mi familia”.
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