El ex gobernador aún no ha sido detenido y encarcelado, como sucedió con sus
principales ex colaboradores Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y
Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, porque consiguió un amparo de la justicia
federal para enfrentar desde afuera las imputaciones de la PGJE.
Gerardo Zúñiga Pacheco / Alejandro Acuña Rivera
La noche y mañana del 30 de noviembre y 1 de diciembre, Narciso
Agúndez Montaño, el ex gobernador de Baja California Sur no pudo ser detenido y
encarcelado dentro del Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz, como
sucedió con sus principales ex colaboradores Luis Armando Díaz, Guillermo
Jáuregui Moreno y Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, porque habilidosamente,
logró obtener un amparo de la Justicia federal que permitiera su impunidad y
enfrentar desde afuera todas y cada una de las imputaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) en la averiguación previa
LPZ/079/SPB/2011.
Sin embargo, está en la lista de los indiciados, y aunque
actualmente goza de la protección de la justicia, tarde que temprano tendrá que
responder a las acusaciones de abuso de autoridad, coalición de servidores
públicos, peculado, falsedad de declaraciones de servidores públicos,
coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos e incumplimiento
de un deber legal, previstos y sancionados en los artículos 147, Fracción III y
IV, 152, 154; Fracción II, 159 y 165, del Código Penal vigente en el estado, en
franca relación con el numeral 148, Fracción XXIV del Código de Procedimientos
Penales, así como los delitos que resulten en la secuela y desarrollo que
aparezcan con motivo de la indagatoria.
Las acusaciones que pesan en contra del ex gobernador del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y sus ex titulares en la Secretaría General
de Gobierno, Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología y
Oficialía Mayor, es por la denuncia penal interpuesta por el director de
Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del
gobierno del estado, José Refugio Carrillo Sánchez, relacionado a la venta
irregular de siete bienes inmuebles con una superficie total de 71 mil 939
metros cuadrados en el prestigioso fraccionamiento El Pedregal de Cabo San
Lucas.
La noche de la detención del ex secretario de Planeación Urbana,
Infraestructura y Ecología, ex secretario general de Gobierno y ex oficial mayor
del sexenio anterior, la PGJE diseñó e implementó un operativo conjunto que
permitiera capturar, casi en forma simultánea, a los ex colaboradores de
Agúndez. Así fueron detenidos:
1. Guillermo Jáuregui Moreno, arrestado a las
22:10 de la noche del 30 de noviembre en su domicilio de Pistache número 214,
Colonia Indeco de La Paz. Originario de México, Distrito Federal y con 58 años
de edad, está bajo el número de oficio u orden de aprehensión 15198.
2. Luis Armando Díaz fue capturado a la 1:10 de
la madrugada del 1 de diciembre en su domicilio de Calle Retorno entre Teodel y
Quirio, Privada Monte Real en la ciudad de San José del Cabos. Es originario de
Tepic, Nayarit y de 46 años de edad, bajo el número de oficio u orden de
aprehensión 15205.
3. Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza fue capturado
a las 8:30 am del pasado 1 de diciembre en su domicilio, de Privada de Hortensia
de la Colonia Girasoles, originario de Ciudad Constitución y de 45 años de edad,
bajo el número de oficio u orden de aprehensión 15206.
Los tres detenidos son acusados por el delito de incumplimiento de
un deber legal en su calidad de servidores públicos del gobierno del estado en
el sexenio de Narciso Agúndez Montaño, y al cierre de esta edición, se confirmó
que saldrían libres bajo fianza por tratarse de un delito menor.
No obstante, los ex servidores públicos tendrían que enfrentar
cinco cargos más, en los que -según expertos en derecho- no podrían alcanzar
fianza. Se trata de los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores
públicos, peculado, falsedad de declaraciones de servidores públicos y
coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos.
Los tres ex funcionarios amanecieron el pasado primero de
diciembre en una celda aledaña a la del criminal y ex jefe de la plaza del
narcomenudeo de La Paz, Adelaido Soto Aguilar “El Güero Layo”, en una zona
conocida como de “gobierno” y quienes -según testigos- portaban un uniforme de
color amarillo fluorescente, reglamentario dentro de ese penal.
Los testigos relataron a ZETA que Díaz, Jáuregui
e Ibarra permanecían muy serios dentro de una celda de cuatro por cuatro,
sentados y tristes, ya que según la versión de un testigo, no podían creer lo
que estaba sucediendo.
Después de su captura, ninguno de sus ex colaboradores apareció o
rondó por el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz, únicamente hizo
acto de presencia uno de los hijos de Luis Armando Díaz, quien desde muy
temprano llegó acompañado por un grupo de abogados que permanecieron afuera del
Juzgado III del Ramo Penal, a cargo de la juzgadora Rosa del Carmen Palacios
Montaño.
La investigación de este caso inició el 22 de junio pasado, cuando
el titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, anunció la apertura de la
averiguación previa LPZ/079/SPB/2011 por una denuncia penal interpuesta por el
director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra
del gobierno del estado, José Refugio Carrillo Sánchez.
Desde entonces y hasta la fecha, se hizo una investigación y se
citó a declarar a más de 15 testigos de cargo, realizando para ello más de diez
estudios periciales, por lo que agotada la investigación del delito de
incumplimiento de un deber legal, fue consignado al Juzgado Tercero del Ramo
Penal, quien dio entrada al caso bajo la causa penal 261/2011.
No obstante, todavía está pendiente de resolver la situación
jurídica de otros implicados, como es el caso de Óscar Armando Decarett Casas,
hijo del mejor amigo del ex gobernador, así como de Luis Pedro Cervantes
Santamaría y Hassan Mansur González, consultor inmobiliario y empresario,
respectivamente, quienes según la investigación, participaron directamente en la
venta irregular de los bienes inmuebles subastados a un precio muy inferior al
valor real de los terrenos en ese zona de gran plusvalía.
Los antecedentes
El 6 de marzo de 2008, el Congreso del Estado de Baja California
Sur aprobó la enajenación de siete bienes inmuebles obtenidos a través de una
donación del prestigioso fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, bajo el
decreto número 1737.
Los terrenos, de una superficie total de 71 mil 939 metros
cuadrados, son parte de las 132 hectáreas que conforman esa exclusiva área
residencial, en la cima de una montaña que colinda con dos playas en el corazón
de ese destino turístico, donde artistas como Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Luis Miguel, Oprah Winfrey, Antonio Banderas y Jennifer Aniston
tienen residencias.
El propietario del fraccionamiento, Manuel Díaz Rivera, cabeza de
tres generaciones que durante 35 años han desarrollado y comercializado
viviendas de lujo, autorizó la entrega de los terrenos al gobierno del estado
que en ese tiempo encabezaba Narciso Agúndez Montaño.
Los terrenos donados habían quedado sin acceso y se requería
incorporarlos a la urbanización de la zona. Sin embargo, las compañías del
desarrollador Grupo Riveras, Coldwell Bankers Riveras,
Pacific Closing Companies y Pedregal Escape, se habían
interesado en volver a comprar sus terrenos donados -una vez urbanizada la zona-
a precios de mercado, ya que entre sus planes estaba seguir desarrollando
residencias, además de diseñar y ejecutar proyectos como El Rincón y Capella
Pedregal Hotel.
El problema surgió cuando inesperadamente y sin avisar al grupo
desarrollador, el ambicioso gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez
Montaño, lanzó una licitación pública nacional -la número PI-01/2008- y puso en
venta las poco más de siete hectáreas con uso específico de sueldo residencial
turístico, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y
Ecología, cuya titularidad la ocupaba en ese tiempo Guillermo Jáuregui
Moreno.
El precio base de venta establecido en la convocatoria fue de 76
millones 151 mil 160 pesos, y el 2 de junio de 2008, es decir, tres meses
después de la enajenación de los bienes inmuebles, con argucias y trampas el
gobierno del estado declaró casualmente a un ganador: el hijo del mejor amigo
del hoy ex gobernador y principal prestanombres: Óscar Armando Decarett
Casas.
La cría del empresario del ramo del mármol había entregado una
propuesta económica de pagar 76 millones 200 mil pesos, es decir, 48 mil 840
pesos más del precio base de la convocatoria.
La transa
En papeles, el gobierno de Narciso Agúndez Montaño decretó
entonces como el mejor postor de la compraventa a la compañía Las Veredas de
San José, S. de R.L de C.V., a pesar de haber recibido más propuestas,
entre éstas las del propio desarrollador de El Pedregal de Cabo San Lucas,
Manuel Díaz Rivera.
Hoy se sabe que el ganador de la licitación era hijo del amigo del
ex gobernador del PRD y también uno de los socios que aparecen en esa compañía,
quien, no obstante de tener la obligación de pagar de contado el dinero de las
tierras, recibió durante casi tres años un trato preferencial, al grado de
firmar un convenio de pago cuando se negó a liquidar la deuda, argumentando que
no tenía acceso a tres de las siete hectáreas.
De hecho, en un cuadernillo del Cuarto Informe de Gobierno de
Narciso Agúndez, aparece en las páginas 163 y 164 una justificación del ex
gobernador, que “había decidido no recibir el pago de los tres predios, hasta en
tanto no garantizara el acceso a los bienes inmuebles”.
Datos recabados por ZETA exponen que la verdadera
intención de Agúndez era apropiarse de esos terrenos y simular una operación de
compraventa, por eso en la investigación salió a relucir que Óscar Armando
Decarett Casas nunca cubrió el dinero de los siete bienes inmuebles y sólo se
simuló a través de documentos escritos y falsos convenios que se estaban
pagando.
En la víspera de dejar el poder, el gobierno de Narciso Agúndez
Montaño fingió dejar sin efecto la operación de compraventa porque “no se había
cubierto el precio total de la operación” y, en febrero pasado, vendió por
segunda vez los siete inmuebles del exclusivo conjunto residencial.
Sin embargo, en esa ocasión no hubo de por medio una autorización
del Congreso del Estado o la correspondiente licitación, y sin más, vendió los
terrenos -a través del consultor inmobiliario Luis Pedro cervantes Santamarina-
y al empresario de origen árabe Hassan Mansur González, en la irrisoria cantidad
de 23 millones 980 mil pesos.
En papeles, los nuevos compradores habrían pagado 52 millones 220
mil pesos menos del precio real de los terrenos. Es decir, 2 millones 919 mil
099 pesos por cada hectárea en un lugar donde ese tipo de predios alcanza
actualmente un valor aproximado a 10 millones de pesos.
Por tal situación, el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor
presentó la denuncia penal por quebranto y un hecho delictivo en perjuicio y
agravio de la administración pública.
El dinero
Según el decreto 1737, con fecha de 6 de marzo de 2008, el dinero
que supuestamente se obtendría de la operación de compraventa de los siete
inmuebles, sería destinado a la construcción de infraestructura urbana y social
en el estado de Baja California Sur.
En su Cuarto Informe de Gobierno, Narciso Agúndez Montaño anunció
que el dinero de esa venta iba ser destinado finalmente para la edificación del
Hospital General de Cabo San Lucas, donde hoy se sabe, en base a la propia
información de su administración, se habían gastado 100 millones de pesos.
Mientras que en la autorización del Congreso local, publicada en
el boletín oficial del gobierno estatal número 16, sobre la enajenación de los
siete bienes inmuebles, se establecieron tres artículos:
1. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del
estado de Baja California Sur, enajenar a título oneroso, previa licitación
pública, conjunta o separadamente en su caso, siete bienes inmuebles propiedad
del gobierno del estado, con un total de superficie de 71 mil 939 metros
cuadrados.
2. Los recursos económicos que se obtengan por la
enajenación de los bienes inmuebles, materia de la presente autorización, se
destinarán a obras de infraestructura urbana y social del estado.
3. Se obliga al titular del Poder Ejecutivo a
enterar oportunamente al Congreso del Estado, en cualquier tiempo que éste se lo
requiera, de la promoción y enajenación a título oneroso en su caso, así como
del destino de los recursos económicos que se obtengan, derivados de la presente
autorización.
La autorización transitoria es firmada por los ex diputados José
Carlos López Cisneros y Ana Luisa Yuen Santa Ana. Cabe destacar que la solicitud
de enajenación de los bienes inmuebles fue firmada por el ex gobernador Narciso
Agúndez Montaño y su ex secretario de Finanzas, el extinto Nabor García
Aguirre.
En este caso no solamente Agúndez y Jáuregui son presuntos
responsables del quebranto, sino también los diputados de la anterior
Legislatura, porque como lo establece el artículo transitorio número dos,
debieron haber vigilado el proceso de licitación, destino y obras que se
realizaron con el dinero obtenido de la autorización.
Sin embargo, únicamente levantaron el dedo y autorizaron sin
supervisar el destino final del recurso público, que nadie en la PGJE duda que
pueda estar en las cuentas bancarias del ex gobernador Agúndez y de Guillermo
Jáuregui Moreno.
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