De acuerdo con datos oficiales, a agosto
de 2016 había consignados, en el Registro Nacional de Personas no Localizadas y
Desaparecidas, un total de 24 mil 288 casos en el fuero común y 794 en el fuero
federal
El informe sobre
desapariciones forzadas en México, presentado en 2013 por la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene una
introducción demoledora. Por lo duro de su redacción se cita de manera textual:
“En la ominosa lista de aportes latinoamericanos al catálogo contemporáneo de
la historia universal de la infamia destaca, sin lugar a dudas, el uso
extendido y sistemático de mecanismos de represión estatales que incluso
obligaron a acuñar un nombre propio para denunciarlos y combatirlos. Nos
referimos a la desaparición forzada”.
Hoy, 30 de agosto, se
conmemora el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, y
en él es importante destacar la grave situación que, con base en la información
generada por tres instancias internacionales, prevalece en nuestro país, como
producto del clima de violencia generalizada que se ha construido desde que
inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Particularmente, ante los
horribles hallazgos de la prisión de Piedras Negras, la cual fungía
literalmente como un “campo de desapariciones forzadas”, y de las fosas
recientemente encontradas en el estado de Morelos, el tema cobra especial
vigencia debido a la angustia, dolor y desesperación de miles de familias que
tienen a uno o varios de sus integrantes en calidad de “desaparecidos”.
EL INFORME 2013
El informe arriba citado
documentó que en 2011, 24 entidades de la República no habían tipificado aún el
delito de “desaparición forzada” u otros análogos.
Esta situación, de acuerdo
con el informe de la ONU, dificulta la toma de conciencia de los gobiernos y
las autoridades judiciales locales, respecto de la gravedad y magnitud que
tiene este fenómeno en el país; a la par de que deja en total estado de indefensión
a las víctimas de ese crimen.
De acuerdo con la información
presentada por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, en 2011 ya se tenía
registro de una tendencia aceleradamente creciente de casos de personas
víctimas de desapariciones forzadas, y de acuerdo con información recabada
entre organizaciones de la sociedad civil, la cifra en ese año ya ascendía al
menos a 3 mil personas.
EL INFORME DE LA CIDH
En el año 2015, el Informe de
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, relativo a la situación de
los derechos humanos en México, hizo especial énfasis en distintos fenómenos, y
entre ellos, precisamente el de las desapariciones forzadas.
En este informe la CIDH
sostiene: “Durante la visita (a México) la CIDH pudo constatar que la desaparición
de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles
críticos. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta
también de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada. El fenómeno
de la desaparición forzada de personas ha ocurrido en México en diferentes
momentos y con diversas intensidades, como en los años 60 en el contexto de la
llamada “guerra sucia” hasta finales de los 80 y actualmente ha aumentado en
forma dramática en el país”.
De acuerdo con la información
recabada por la CIDH, las cifras oficiales muestran un incremento de 22 mil 322
personas no localizadas o desaparecidas contabilizadas en 2014, a una cifra de
26 mil 798 en septiembre del año 2015.
Asimismo, la CIDH afirma que
a pesar de los datos, la CNDH ha argumentado que lamentablemente en México se
carece de un registro confiable de estadísticas relativas a la desaparición o
no localización de las personas, lo que agrava la situación e impide tener un
adecuado diagnóstico en la materia.
OTROS INFORMES RELEVANTES
De acuerdo con Amnistía
Internacional y con Human Right Watch, en México el problema de las
desapariciones forzadas forma parte de un amplio catálogo de prácticas
violatorias de los derechos humanos, por lo que es necesario entenderlas en su
contexto; tales fenómenos son: a) la impunidad; b) la violencia y criminalidad
que caracteriza al narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada; c)
Tortura y tratos crueles por parte de autoridades policiales y ministeriales;
d) ejecuciones extrajudiciales; e) violencia contra mujeres, niñas y niños; y
f) ataques constantes al periodismo y la libertad de expresión.
LA INFORMACIÓN OFICIAL
El Gobierno de la República
creó y puso en línea el Registro Nacional de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (https://rnped.segob.gob.mx/). Consultado el día 29 de agosto, en
este sistema se tenía un registro de 24 mil 288 casos de personas cuyas
denuncias por su desaparición o no localización forman parte de averiguaciones
iniciadas en el fuero común, y de 794 casos en el fuero federal.
En ese mismo sentido destaca
la base de datos que presentó la Procuraduría General de la República respecto
de la desaparición de personas, tanto voluntaria como en el supuesto de
desapariciones forzadas; en esta base, entre los años de 2014 y hasta junio del
2015, había 597 casos de desapariciones de hombres y de 233 casos de mujeres;
de esta cifra, 95 casos corresponden a denuncias por desaparición forzada de
hombres y 11 casos por desaparición forzada de mujeres.
Al mes de junio de 2015,
entre quienes fueron desaparecidos de manera involuntaria, ninguna de esas
personas había sido encontrada con vida.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Mario Luis
Fuentes / Excélsior/ 2016-08-30)
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