Foto: Tomada de Internet
Ante el vacío de información oficial,
periodistas han construido el secuestro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera,
aunque se desconocen los “puntos finos”. Ahora se asegura que además de Jesús
Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, también fue privado de la libertad su hermano
mayor, César. “El Chapo” promovió un nuevo amparo por presunta tortura y
segregación en el penal federal de Ciudad Juárez
A casi dos semanas del
levantón de seis personas en un restaurante de Puerto Vallarta, las autoridades
se muestran herméticas en cuanto al hecho y las investigaciones, en tanto se
conoce extraoficialmente de que no fue uno, ni dos, sino tres los hijos del narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán que fueron privados de la libertad y posteriormente
liberados.
Mientras las versiones en los
medios de comunicación se construyen con base en presuntos contactos con la
familia de César, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y otros por
medio de filtraciones de funcionarios del Gobierno Federal que supuestamente
les piden guardar anonimato, un millar de soldados reforzaron los límites entre
Jalisco y Nayarit en los últimos días.
Fue hasta el martes 23 de agosto
cuando el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó lo que ya
se sabía: además de Jesús Alfredo, había sido secuestrado Iván Archivaldo,
aquella madrugada del 15 de agosto en el restaurante vallartense, pero no
confirmó la noticia de su liberación, que desde el sábado 20 dieron a conocer
la agencia AFP y el semanario RíoDoce.
Sales Heredia justificó que
no existía la validación de la información por parte del Ministerio Público
Federal que indaga el suceso, pero que la investigación estaba en curso por
parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La agencia francesa AFP había
informado tres días antes que un miembro de la familia Guzmán le dio la noticia
de la liberación.
“Ya están libres y están
bien”, les dijo la fuente. P
or su parte, entrevistado por
diversos medios, el director del semanario RíoDoce, Ismael Bojórquez, confirmó
que a través de tres fuentes diversas, Alfredo e Iván fueron liberados la noche
del viernes 19 de agosto y se encontraban a salvo gracias a la negociación del
líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.
Bojórquez afirmó que fueron dos fuentes las
que le dieron la información de que los hijos de Joaquín Guzmán Loera estaban
libres y en el Estado de Sinaloa. Después una tercera persona les confirmó la
veracidad de la noticia, aunque no le dio mayores detalles.
El periodista Carlos Loret de
Mola -que citó fuentes oficiales- asegundó la versión y agregó que en la cena
del restaurante La Leche también fue privado de su libertad un sujeto al que
identificó como “el suegro de Iván”.
Para que sus captores
soltaran a los hijos del “Chapo”, la familia o sus intermediarios tuvieron que
pagar una fuerte suma de dinero.
PESQUISAS
En las investigaciones de las
autoridades, se siguen dos líneas principales, que serían la inicial, de que el
Cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás del levantón, y una segunda, que
refiere una presunta disputa hacia el interior del propio Cártel de Sinaloa,
donde las actitudes de los hermanos Guzmán Salazar no serán toleradas. “Estaban
muy crecidos”.
Sin embargo, fuentes de
inteligencia estiman que la alianza de cárteles que se gesta por el corredor
del Pacífico habría “alineado” a los hijos del “Chapo”, quienes ya no
respondían a las indicaciones de la dirigencia y estaban en riña con la facción
de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y del hijo de éste, Dámaso López Serrano
“El Mini Lic”.
La coalición se formaría
entre las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva, que tienen de aliados a
Los Zetas, con el Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez y CJNG, que tiene como
cercano al grupo de los Arellano Félix. Presuntamente detrás de la unión del
bloque Pacífico estaría el liberado narcotraficante Rafael Caro Quintero.
El jueves 25 de agosto, ante
el vacío de información por parte de las autoridades, le construyó un nuevo
episodio a la historia del levantón de los Guzmán Salazar. No solo fueron
Alfredo e Iván, sino también su hermano mayor, César, las víctimas del comando
armado que irrumpió aquella madrugada en la finca comercial de Puerto Vallarta.
Un día antes había dicho que
“fuentes de alto nivel” del gabinete de seguridad del Gobierno Federal, le
contaron que “El Chapo” Guzmán se enteró del plagio a través de su esposa, Emma
Coronel Aispuro, durante una visita en el penal de máxima seguridad Centro
Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número. 9 en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Supuestamente en los cinco días que los
“Chapitos” permanecieron en manos de sus secuestradores, su padre estuvo muy
nervioso e intranquilo en la prisión, pero no tuvo una reacción violenta y
rechazó el apoyo para realizar una denuncia formal, aunque agradeció el gesto y
negó tener pistas para las autoridades.
Foto: Tomada de Internet
NUEVO AMPARO
Durante la semana que se
registró el suceso, se reportó un intenso movimiento militar y de fuerzas de
seguridad en los alrededores del penal de máxima seguridad de Ciudad Juárez,
hecho que algunos vincularon a la noticia del amparo que ganó para que en breve
sea devuelto al CEFERESO Número 1 Altiplano.
Una vez pasado el susto, el
sábado 20 de agosto, “El Chapo” volvió a la carga en contra de las autoridades
del penal donde se encuentra y del Órgano Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social, al presentar una nueva demanda de amparo por
presuntos actos de tortura, segregación e incomunicación.
El escrito fue presentado
ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, el mismo que le
concedió el amparo para que sea reingresado en el centro penitenciario de
Almoloya de Juárez. El juzgador le concedió la “suspensión de plano” de los
actos reclamados y solicitó los informes respectivos a las autoridades
responsables.
El miércoles 24, Guzmán Loera
ratificó la demanda de amparo presentada en su nombre, mientras que los
directivos del CEFERESO de Ciudad Juárez informaron el dicho del interno es
falso, pues “ha recibido atención médica de manera preventiva y en base a los
padecimientos que ha presentado desde que fue ingresado a dicho Centro
Penitenciario, hasta la fecha, tal como lo establece el Artículo 49 del
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social”.
En cuanto a la atención de salud mental que reclama Joaquín
Archivaldo, el director del penal refirió que “no ha sido necesaria, ya que los
psicólogos que lo han valorado no encontraron situaciones que ameriten
tratamiento alguno; no obstante lo anterior, se ordenó el 21 de los corrientes,
valoración psicológica, de la cual se remitirá a la brevedad posible en informe
respectivo”.
(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/
Investigaciones Zeta /Lunes, 29 agosto, 2016 12:00 PM)
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