Los casos de graves violaciones a los
derechos humanos que pululan por diversas regiones del país, acompañadas de un
alto índice de corrupción e impunidad, podrían llevar a México al colapso y a
ser un verdadero Estado fallido, si no reacciona y recibe ayuda internacional a
nivel institucional, dijeron el internacionalista Jorge Chabat y el
especialista Sergio Aguayo Quesada, demandando por daño moral por el ex
Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés justo cuando el investigador
busca la verdad sobre lo que sucedió en las masacres de las familias de Allende
y los migrantes de San Fernando.
México aún no está en una situación de
colapso total, pero si sigue igual, puede ocurrir, dice Jorge Chabat. Foto:
SinEmbargo.
Ciudad de México, 1 de agosto
(SinEmbargo).- Crímenes como el de los 300 desaparecidos de Allende, Coahuila;
los hornos crematorios de la cárcel de Piedras Negras utilizados por el crimen
organizado para desaparecer a hombres, viejos, niños y mujeres; las
desapariciones masivas de estudiantes como la ocurrida en Iguala, Guerrero; las
fosas con cadáveres por todo el país y los migrantes acribillados en la ruta
para conseguir el “sueño americano”, como los 72 de San Fernando, hablan de un
Estado rebasado por el crimen y la corrupción, pero que aún está a tiempo de
resolver sus problemas, coincidieron Sergio Aguayo Quesada y Jorge Chabat en
entrevista con SinEmbargo.
“El Estado está rebasado, no
tiene los recursos para investigar todos los delitos y procesarlos y, por otro
lado hay corrupción. Pero quien tiene que investigar es el Estado, al menos en
las condiciones en las que estamos, si se tuviera que recurrir a otra instancia,
estamos hablando de una situación complicada. Lo que tiene que pasar es que
debe haber mayor presión interna y externa para que haga su trabajo, porque
para ayuda internacional tendrían que ser condiciones extraordinarias porque
constitucionalmente el Estado es el que tiene que resolver”, dijo Jorge Chabat,
doctor en Asuntos Internacionales por la
Universidad de Miami e investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).
Chabat se refiere a una
intervención internacional, como ocurrió en Guatemala con la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para lo cual insistió,
habría resistencia en diversos sectores de México debido a la concepción
arraigada de soberanía, que aún pesa en la clase política, sin embargo, agregó,
México sí puede recibir ayuda para la “arquitectura institucional” de otros
países.
“En la medida que se
prolongue una situación de deficiencia del Estado habrá más voces que estén
pensando en ayuda internacional, porque la solución interna no está funcionando
y los casos son recurrentes y cada vez hay un mayor cansancio de la sociedad”,
indicó.
El investigador del CIDE
agregó:
“Pero todavía no estamos en
una situación a nivel nacional como la de Michoacán, en donde autoridades y el
crimen es lo mismo y tuvo que llegar el Gobierno federal. No veo que a nivel
federal esté esa situación, pero puede llegar a ocurrir. Ahora lo que debe
hacerse es trabajar en la arquitectura de la instituciones mexicanas, es lo que
se debe fortalecer y eso debería ser el aporte de la comunidad internacional”.
El jueves pasado el Obispo de
Saltillo, Coahuila Raúl Vera López dijo en una de sus homilías que desde hace
años tuvo conocimiento de lo que sucedía en Piedras Negras con los hornos
crematorios que utilizó el crimen organizado para desaparecer los cuerpos de
familias enteras y el viernes en entrevista con SinEmbargo el sacerdote que
denunció la desaparición de 300 personas en Allende, aseguró que como sucedió
en el pasado, también hoy la población está desprotegida ante una estrategia
del Estado mexicano para despojarla de su territorio.
“La estrategia de la
violencia del crimen organizado, unida a la del Ejército contra la población,
es una estrategia política de control social y de territorio. Es para poner
contra la pared a la población para hacer todas sus reformas estructurales”,
dijo el Obispo de Saltillo.
El Obispo afirmó que “ todo
lo que está pasando en Coahuila, en Tamaulipas, con la violencia del Ejército y
del crimen organizado, es por la riqueza natural. Los desplazamientos forzados
y los controles disque del Estado fallido, ¡mentiras! ¡Es una estrategia del
Gobierno para despojarnos!”.
Jorge Chabat planteó que
existe una diferencia entre la conducta de los funcionarios que ocupan un cargo
público al aliarse con criminales para lastimar a la población y una decisión de Estado.
“El Estado es una estructura,
no es algo independiente y hay personas que ocupan al Estado que se alían con
criminales, pero no quiere decir que el Estado en sí sea criminal, pero sí que
hay una persona que estando en el cargo abusa de lo ciudadanos, comete delitos.
Pero otra vez, el problema es que no hay más que el Estado, si el Estado no
funciona, estaríamos hablando de un Estado penetrado y perseguido por el crimen. Una situación de
colapso todavía no la tenemos, ¿puede ocurrir? Sí puede ocurrir, si todo el
país llega a estar como Michoacán”, detalló.
El internacionalista explicó
que México “no es un Estado fallido como un todo, sino que hay partes fallidas
del territorio”, por lo que la presión de la comunidad internacional y nacional sobre el país, es “obvia”.
AYUDA INTERNACIONAL EN INVESTIGACIONES
El investigador Sergio Aguayo establece
que la sociedad mexicana con el apoyo de organismos internacionales puede
llegar al fondo de las masacres ocurridas en México. Foto: Luis Barrón,
SinEmbargo.
Sergio Aguayo Quezada,
investigador de El Colegio de México, reconoció que existe un sector del Estado
mexicano y de las élites del poder que están “decididas a silenciar a las voces
incómodas”, pero que hay otra parte de sociedad mexicanas que tiene “otra
actitud”, por lo que una fórmula que ha dado resultados es el apoyo de
instituciones extrajeras a institutos e investigadores mexicanos.
Aguayo, quien enfrenta una
demanda por 10 millones de pesos, acusado de daño moral por el ex Gobernador de
Coahuila y ex Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Humberto Moreira Valdés, aseguró en entrevista con este medio digital que aún y
con la persecución a cuestas, “hay que dar la batalla”.
La hipótesis que Aguayo se
planteó en un principio, que podría explicar la demanda millonaria, fue que
Moreira buscaba obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al Gobierno
sobre la masacre de Allende, en donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas
personas.
“Yo establecí como una
primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy
conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera
de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira] para hoy por
la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa
hipótesis es correcta o no”, dijo hace unos días.
La investigación a la que se
refiere Aguayo busca hacer un comparativo sobre las masacres de San Fernando,
Tamaulipas y Allende, Coahuila. Se trata de un trabajo de largo plazo pera
establecer “con mayor precisión cuáles son los resortes de las matanzas y
tragedias y cuál es el papel que juega el Estado, la sociedad y los
perpetradores”, detalló.
Por la importancia de los
casos para Estados Unidos se firmarán convenios con la Universidad de
Texas sede Valle del Río Grande y el
National Security Archivo de la Universidad George Washington, adelantó.
“Es posible que esa demanda
busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El
Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes.
Esa es una situación peculiar; la CEAV es una institución de Estado y está
pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría
General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo
acceso a algunos expedientes.
Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran
apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta
que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en
Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, explicó Aguayo Quezada.
La semana pasada el poeta y
líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) Javier Sicilia
Zardain el que las autoridades mexicanas no investiguen el caso de Allende y el
de la prisión de Piedras Negras en Coahuila, se debe a que buscan “enterrar” la
responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos y en los
crímenes atribuidos al crimen organizado, en complicidad con funcionarios
públicos.
“Hay una impunidad dentro del
Estado, una protección de aquellos que utilizan al Estado para servir al crimen
organizado, por eso se permiten estos niveles de violencia. Y ahora quieren
quitarnos la oportunidad de que el Estado tenga responsabilidad [al modificar
la Ley de Víctimas], se trata de proteger al crimen”, dijo Javier Sicilia.
Sergio Aguayo coincidió con
el poeta y agregó que México requiere de la ayuda de organismos
internacionales, de la sociedad civil, las universidades y hasta de las
iglesias, para resolver los casos graves de violaciones a los derechos humanos
y los crímenes de los cárteles en contra de la población.
“Yo coincido con Javier en
que es imposible saber exactamente porqué han pasado las masacres y que las
investigaciones que hace el Estado no llegan a la raíz del problema, no
profundiza. Lo he constatado
investigando diferentes atrocidades en el pasado y actualmente, pero la fórmula
no es invitar a extranjeros, sino que instituciones mexicanas, apoyadas en
organismos internacionales hagan estas investigaciones. México tiene talento,
capital humano bien formado y esos sectores, las universidades, las
instituciones de investigación se están empezando a involucrar. Yo creo que
universidades, organismos de la sociedad civil, iglesias, con instituciones
internacionales pueden juntos. Estoy convencido de lo virtuoso de esa
combinación y sí podemos esclarecer lo que sucedió en masacres tan horrendas
como la de Allende, San Fernando y tantas otras”, explicó.
Aguayo Quezada recordó el
caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos
(Ayotzinapa) en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014, en donde México recibió
la ayuda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también la
colaboración de investigadores nacionales de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y de la misma PGR.
“La comunidad internacional hizo un aporte
importante, pero también instituciones nacionales. Hay que reconocer los soportes de la información que se obtuvo,
aceptando de entrada que todavía no logramos ir a fondo de las masacres, del
porqué suceden y cuál es la responsabilidad de tal o cual actor. En eso sí nos
falta, pero estamos avanzando. El avance se dará más fácil y mejor con la
mezcla de mexicanos y comunidad internacional. La investigación que hizo Open
Society sobre atrocidades innegables, incluyendo Coahuila, es un aporte a lo
que estamos haciendo en El Colegio de México que estamos investigando la
masacre de San Fernando y Allende; son acercamientos a la verdad que nos
permiten tener una mejor compresión de lo que pasa”, dijo.
El investigador reveló que a
pesar de la demanda de Moreira Valdés en su contra, en el caso de la
investigación que lidera para El Colegio de México y que tiene como Consejo
Asesor a Mariclaire Acosta, Rubén Aguilar, Javier Sicilia y Juan Villoro, la
información ha fluido.
“Estamos teniendo acceso a
parte de la información. Yo desagregaría al Estado mexicano, pero hay
instituciones, personas, funcionarios que sí están compartiendo la información.
Me parece que las investigaciones que yo he hecho, incluida sobre el 68, no las
hubiera podido hacer sin el aporte de la sociedad mexicana. No es blanco y
negro, pero dentro de eso, a la fecha, no hemos logrado tener una compresión
como se debe de los problemas”, indicó.
(SIN EMBARGO.MX/ SHAILA ROSAGEL AGOSTO
1, 2016 - 12:05 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario