Investigadores exigen al gobierno
federal desclasificar documentos de los años 40 hasta 1985
Ciudad de México.- Al
resistirse a abrir los archivos de la Galería Uno, del Archivo General de la
Nación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otros fondos que son
testimonio de las actividades de los
gobiernos de la segunda mitad del siglo pasado, las autoridades mexicanas
incurren en graves violaciones a los derechos humanos y obstruyen el trabajo de
investigadores para escribir la historia de esta etapa de la vida nacional.
Sobre esto coincidieron
intelectuales, académicos, historiadores, activistas y defensores de los
derechos humanos, quienes demandaron al gobierno federal quitar los candados de
supuesta confidencialidad a los archivos que datan desde los años 40 hasta 1985,
celosamente custodiados por la Secretaría de Gobernación para impedir que se
hagan públicas las bitácoras sobre sucesos que marcaron la historia del país
con la revuelta y masacre estudiantil de 1968, y otros escenarios que ahora son
pruebas documentales para conocer la verdad sobre miles de desapariciones
forzadas en el México del siglo pasado.
Por su parte, la
investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Aurora Gómez, ex directora del Archivo
General de la Nación, explicó en un evento organizado por el Colegio de México,
que durante su gestión como directora se revisaron estos archivos, pero según
los responsables, éstos deben abrirse al
público porque no tienen nada que ver con los problemas del presente, como para
poner en riesgo la seguridad nacional; eran confidenciales pero no sensibles y
debían abrirse pasados 30 años de ocurridos los sucesos.
Pero por la paranoia del
propio Cisen —señala la investigadora— se ordenó cerrarlos de nuevo en el 2014
para protegerse, a pesar de que un año antes aceptó publicar versiones “rasuradas”
de estos testimonios.
Sostiene la investigadora del
Colegio de México que estos informes son claves para esclarecer hechos
ocurridos con la guerrilla en estados
como Guerrero y el movimiento del 68, pero son todavía más importantes para
construir la historia de México en el siglo XX.
La historia social y política
de la segunda mitad del siglo XX está atorada porque hay muy pocas fuentes de
información, dado que la mayor información está en esos archivos que el Estado
se resiste a abrir.
Además, dijo que “estos
archivos contienen información sobre cualquier personaje relevante en la
política, la cultura y otras áreas y es lamentable que estos fondos y los
archivos históricos permanezcan cerrados al público porque están obstruyendo la
construcción de la historia contemporánea.
La investigadora afirma que
la democracia comienza con la apertura de estos fondos de información porque
son la pieza clave para que se de en realidad esa transparencia y acceso a la
información.
El Comisionado del Instituto
Nacional de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos, Juan Manuel Acuña, ponderó que el acierto
nacional radica en la protección efectiva, no excesiva, de la protección de datos
y coincidió en que el área de archivos debió haber sido la primer conquista de
la democracia mexicana de tal forma que el país pudiera contar con un sistema
de archivos que sea consecuente con la verdad.
Dijo que el INAI como órgano
garante está exigiendo al Archivo General de la Nación que, independientemente
de ampararse en ese artificio del
artículo 27 para no entregar información real que le soliciten, se restrinjan
los excesos porque en México se adolece mucho del acceso a la información.
Señala que el mismo INAI se
enfrenta a las cortapisas de una ley y un artículo vigente (el 27) que les
obstruye información de averiguaciones previas sobre personajes aún no juzgados
en casos recientes como Ayotzinapa, Tlatlaya y otros. Tal vez sea una solución
legal en un régimen autoritario, pero no es legítima desde el reclamo histórico
que exige la democracia mexicana, apunta el funcionario.
Elsa Viviana Peralta,
secretaria de las comisiones de Archivo y Gestión Documental y Protección de
Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, cuestionó la
manipulación que hace el gobierno federal en torno a los fondos y archivos que
guardan datos importantes de la historia nacional.
“Una cosa es la secrecía y
otra la confidencialidad. La primera es la que impide a los investigadores
interesados en esos documentos a acceder, porque bajo pretexto de una
protección equivocada en la nueva ley de transparencia, el concepto de secrecía
ya no existe.
“Solo hay reserva de
información bajo supuestos que la misma ley establece, como es el tema de
seguridad nacional. Pero cuando una información se guardó y tiene valores
históricos, tal vez esos supuestos de reserva ya no existen.
“En temas de violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa
humanidad ya no existen y si alguien llegara a clasificar esa información con
esas reservas que pudieran ser dudosas, se tienen las pruebas de interés
público, que pueden levantar esas restricciones y permitir el acceso a los
documentos”, aclara la especialista.
Ana Cristina Ruelas,
Presidenta de Artículo 19 para Centroamérica habla de que no se trata de crear
una ley sobre transparencia, otra de datos personales o una de archivos, sino
de la regulación de dos derechos humanos y de los archivos que tienen que ver con el derecho a la verdad. No hay que confundir peras con manzanas, dice al
referirse a la clasificación pareja de documentos históricos, en trámite y los
denominados archivos de concentración.
La Ley General de
Transparencia regula el acceso y siempre debió interpretarse desde el principio
en los casos de archivos de concentración y en trámite con cierta
confidencialidad, no así en los archivos históricos.
Una fuente de acceso público
no debe estar sujeta a restricciones porque se da pie a la privacidad de la información.
(RIODOCE/ FRANCISCO SARABIA/ 31 JULIO, 2016)
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