MÉXICO,
D.F. (apro).- Es “injustificable” la demora en la aprobación de
reformas al Código de Justicia Militar, consideró el representante de
Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, Javier Hernández
Valencia.
En la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes,
editado por el Centro de la Montaña-Tlachinollan, Hernández Valencia
resaltó que la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos
Humanos (OACNUDH) ha participado en el proceso de análisis de esa
reforma en el Senado.
La discusión del tema, recordó, deriva de
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)
contra México por casos en que personal castrense se ha visto envuelto
en violaciones a garantías de civiles.
Y una vez que concluyó un
proceso de consultas en el Senado, acotó Javier Hernández, la OACNUDH
envió un comunicado a ese poder en el que cuestiona sobre el momento en
que sería sometida al pleno la iniciativa respectiva, sobre todo cuando
en la pasada revisión del Examen Periódico Universal (EPU) nueve países
cuestionaron a México sobre el fuero militar y siete más sobre casos de
desaparición forzada.
También recordó que varios organismos de la
ONU han formulado recomendaciones para que nuestro país se apegue a los
lineamientos internacionales en la materia, que restringen la actuación
de órganos de justicia militar para investigar abusos cometidos por
elementos castrenses.
El director del Centro Robert F. Kennedy
para la Justicia y los Derechos Humanos, Santiago Cantón, dio cuenta de
la amplia jurisprudencia en la Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH) sobre los límites de la jurisdicción militar para someter
a civiles al fuero castrense.
Luego de señalar que en Argentina
se suprimió el sistema de justicia militar, Cantón dijo que para
reformar el Código castrense “lo que se necesita es voluntad política,
pues la discusión jurídica está zanjada; ni en el sistema interamericano
ni en el internacional cabe duda de que el sistema de justicia militar
no ofrece garantías de imparcialidad y transparencia tratándose de
juicios en los que hay víctimas civiles”.
El también exsecretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
puntualizó que, de no aprobarse una reforma apegada a estándares
internacionales, México podría ser sometido una vez más al máximo
tribunal americano, y ser sentenciado como ya ocurrió en los casos de la
desaparición de Rosendo Radilla, las violaciones sexuales a Inés
Fernández y Valentina Rosendo, así como las torturas a los campesinos
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, expedientes relacionados con abusos
militares y que fueron indebidamente juzgados por el fuero castrense.
Integrante
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la abogada Jaqueline
Sáenz Andujo resaltó que como resultado de los foros de consulta
organizados por el Senado se encontró que habría más de un artículo del
Código de Justicia Militar a transformar, si es que se busca atender las
recomendaciones de organismos internacionales.
Después de
recordar que a los foros no asistieron representantes de las Fuerzas
Armadas, Sáenz Andujo destacó que en sus sentencias la CoIDH recomendó
al Estado mexicano reformar la fracción II del artículo 57 del Código de
Justicia Militar, que permite al fuero castrense investigar cualquier
delito cometido por soldados y marinos, incluso aquellos en los que se
registran violaciones a derechos humanos de civiles.
Sin embargo,
subrayó, del análisis cuidadoso de la legislación militar habría, por lo
menos, cinco artículos más que modificar, así como realizar una
revisión meticulosa del catálogo de delitos considerados como sujetos a
la jurisdicción castrense.
En la presentación del informe estuvo
presente un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Carlos Pérez, quien dio cuenta del proceso de construcción de los
criterios de la SCJN en materia de fuero, y que además ha determinado la
inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
El
director de Tlachinollan, Abel Barrera, recordó que detrás de la lucha
por la reformas hay historias de víctimas y familias que aún aguardan se
haga justicia.
Barrera Hernández puntualizó que el reporte está
dedicado a la familia de Bonfilio Rubio Villegas, un indígena nahua
asesinado por militares en un retén de la Montaña guerrerense y cuyo
caso fue atraído por la Corte.
A partir de este caso, recordó el
director de Tlachinollan, los ministros determinaron la
inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
/27 de noviembre de 2013)
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