WASHINGTON (apro).- La Corte Federal del Distrito Sur del
estado de Texas develó este miércoles el encauzamiento judicial en
contra de Jorge Juan Torres López y Héctor Javier Villarreal Hernández,
exgobernador interino y extesorero del estado de Coahuila,
respectivamente, por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude,
entre otros.
Ambos exfuncionarios enfrentan cuatro cargos federales, por lo que podrían recibir penas de hasta más de 30 años de cárcel.
De acuerdo con el expediente judicial, Villarreal Hernández y Torres
López depositaron más de 2 millones de dólares, cada uno, en cuentas
bancarias en Las Bermudas.
Los cargos señalan que el exgobernador interino y a su vez extesorero
del estado de Coahuila, al igual que Villarreal Hernández, también
extesorero de la entidad norteña, nunca pudieron demostrar la
legitimidad de los fondos que enviaron a las islas.
“Las acusaciones indican que Villarreal Hernández enfrenta cargos en
México, por falsificar documentos sobre créditos fraudulentos para poder
robar dinero del gobierno federal”, dice el encauzamiento en Texas, a
cargo del fiscal federal Kenneth Magdison.
Y agrega:
“Los cuatros cargos contra estos dos exfuncionarios del estado de
Coahuila son conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude
bancario, fraude postal e interbancario”.
La Corte federal texana explica que a Villarreal Hernández se le
acusa de lavado de dinero, fraude bancario y postal. Para el caso del
exgobernador interino, las acusaciones que enfrenta son de lavado de
dinero, fraude bancario e interbancario (transferencias electrónicas de
dinero de banco a banco).
Los documentos que presentó el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos en contra de los dos exfuncionarios estatales mexicanos
“destacan registros de varias transferencias bancarias con montos
significativos, realizadas en bancos estadunidenses”.
De ser declararos culpables por lavado de dinero, Villarreal
Hernández y Torres López recibirían una condena de hasta 20 años de
prisión. Por el cargo de fraude bancario la sentencia sería de hasta 20
años de cárcel, y por el de fraude postal hasta 30 años, amén de que
tendrían que pagar multas por varias decenas de miles de dólares.
Los dos exfuncionarios fueron también declarados fugitivos de la
justicia estadunidense, por lo que el Departamento de Justicia pidió la
asistencia de cualquier persona para dar con el paradero de los dos
acusados. Los datos sobre el paradero de los acusados deberán ser
transmitidos a la Oficina de Tarea del Área de Tráfico Intenso de Drogas
en San Antonio, Texas, de la Administración Federal Antidroga (DEA); al
teléfono 210-499-2900.
/ 27 de noviembre de 2013)
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