La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados enciende la
alarma: en varias entidades del país los dueños de corralones y los
gruyeros actúan en complicidad con la delincuencia organizada para robar
vehículos. Es el caso de Acapulco, donde los operadores de grúas se
enfrentan con aseguradoras a raíz de este problema. Pero las autoridades
de los tres niveles no solamente hacen muy poco para resolverlo; en ese
puerto, por ejemplo, cobran hasta 30 mil pesos a los propietarios por
devolverles sus unidades.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A su paso por las costas de Guerrero en
septiembre último, el meteoro Manuel dejó cientos de muertos y
desplazados, así como pérdidas materiales incuantificables y daños a la
infraestructura de Acapulco. Pero también sacó a flote la apenas
disimulada corrupción de los servicios de grúas y corralones del puerto,
que desde hace semanas tienen en sus instalaciones más de 500 vehículos
que sus dueños no pueden recuperar. La razón: las autoridades les
cobran hasta 30 mil pesos por recuperar sus unidades.
Lo sucedido en Acapulco es apenas la punta del iceberg de lo que
sucede en el país, pues muchos gruyeros cobran arbitrariamente por sus
servicios de arrastre y piso. Lo más grave es que algunos de esos
operadores presuntamente se han vuelto cómplices del crimen organizado
para robar autos, los cuales son utilizados para cometer ilícitos que
van desde el secuestro y trasiego de drogas hasta homicidios.
Con la excepción del Distrito Federal y Estado de México, la falta de
regulación por parte de los tres niveles de gobierno provoca pérdidas a
las aseguradoras, superiores a los mil millones de pesos anuales,
asegura Mario Crosswell Arenas, director de la Oficina Coordinadora de
Riesgos Asegurados (OCRA).
Entrevistado en sus oficinas de la colonia Tlacopac, San Ángel, comenta:
“Es un problema muy delicado para las aseguradoras. Según cálculos,
el sector destina alrededor de mil 100 millones de pesos en pago de
grúas y arrastres, así como en la recuperación de los vehículos de los
corralones en el ámbito nacional. La regulación federal, estatal y
municipal no existe; cada quien hace lo que se le da la gana. Unos son
más rateros que otros.”
Hasta el viernes 15 de noviembre, los 500 vehículos asegurados en el
puerto de Acapulco no podían salir de los corralones de Grúas Picazo,
Sólo Plataformas, Grúas Mondragón y Grúas Ápside –miembros de la
Asociación de Grúas de Acapulco–, aun cuando el pasado 27 de octubre la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó a fijar sanciones,
entre éstas la suspensión de actividades, “por prácticas comerciales
abusivas”…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1934 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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