CORRUPCIÓN AL VOLANTE

Paul Mercado/Riodoce

De un gobierno a otro, corrupción y omisión oficial propiciaron la multiplicación de taxis piratas en más del 600 por ciento

En octubre del 2010, durante la administración del gobernador Jesús Aguilar Padilla, los taxis piratas en Culiacán ya eran un problema pues llegaron a operar un total de 150. Para el año siguiente, en el 2011, ya con el “gobierno del cambio”, el problema se disparó a 490 vehículos. Actualmente, ya sea por omisión de Vialidad y Transportes, o por complicidad de la misma, el problema se salió de control: circulan en las calles de la capital no menos de mil taxis irregulares.

Los taxistas tienen miedo pero es más el coraje acumulado. Ante el evidente desorden que impera en Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, donde se aplica la ley atendiendo intereses de unos y pisoteando los de otros, concesionarios del servicio público del transporte optaron por la denuncia pública, ya que el gobernador Mario López Valdez y los funcionarios del área han puesto “oídos sordos” a la problemática expuesta.

Con la ley en la mano y un expediente entregado a Domingo Ramírez Armenta, director de Vialidad y Transportes, así como a Jesús Antonio Marcial Liparoli, subsecretario de Gobierno, donde muestran irregularidades no solo con los taxistas piratas, sino con los taxímetros, entre otros problemas, un grupo de concesionarios denunció ante Ríodoce lo que consideran un absoluto desorden que afecta los intereses de los auténticos trabajadores del volante.

 Silverio Torres Pérez, secretario general de Trabajadores del Volante del Municipio de Culiacán, agrupación que antes pertenecía a la CTM pero que se separó por no sentirse representada por dicha organización gremial, inició su denuncia pidiendo al gobernador Malova que los atienda, que los escuche porque lo que está pasando es grave y hay pruebas de ello.

Mostró un escrito con fecha del 13 de febrero de este año, donde le solicita un encuentro con él y sus funcionarios, pero la respuesta fue canalizarlos con Domingo Ramírez y Marcial Liparoli, quienes los escucharon sin resolver nada.

Incluso se han sostenido reuniones con el subdirector de Vialidad y Transportes, Rubén Medina Beltrán, y en ocasiones con el propio secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, pero las cosas siguen igual.

Hace más de un año este mismo grupo de taxistas entregó a las autoridades de transportes una relación detallada con marcas de carros, números de placas, lugares donde operan dichos taxis piratas, pero hasta la fecha “siguen muriéndose de la risa” porque no hay nadie que les diga que andan mal.

La joya de la corona es el expediente 007/09, asignado por el Departamento de Permisos y Concesiones de la Dirección de Vialidad y Transportes, donde la Alianza de Trabajadores del Volante Río Humaya, encabezada por David Audelo Edeza, solicita permisos para 35 miembros, lo cual ocurrió en la administración de Jesús Aguilar Padilla.

A la vuelta de un año, ese expediente no solo trae activos 170 vehículos, sino que existen al menos dos clonaciones del mismo documento, donde otros “dirigentes” traen en circulación aproximadamente 150 carros cada uno. La suma taxis piratas solo por este expediente ronda en las 500 unidades.

“Si tú vas a Permisos y Concesiones, te van a decir que solamente están amparadas 35 gentes con este expediente, las cuales incluso no renuevan su permiso provisional, que debe ser cada mes, por lo que todos estos carros andan irregulares y eso para mí y para cualquiera, se trata de taxis piratas”, puntualiza Silverio Torres.

Este es el caso de un solo expediente, el 007/09, pero según el estudio entregado a las autoridades de Vialidad, cuando menos existen otros 20 casos con un número indeterminado de taxis piratas.

Pero el problema no para ahí. Estos mismos vehículos, además de hacer competencia desleal, pelean el derecho a trabajar en sitios, como ocurre en el que se encuentra en el IMSS Terranova, donde se ha podido documentar la presencia de nueve carros amparados en el 007/09.

“El sitio de Cinépolis, el del Hospital de la Mujer y en la mayor parte de los sitios que están en tiendas de autoservicio creados de dos años a la fecha, en Chedraui, en Zaragoza, en Ley, en todos ellos hay (carros con) expedientes 007/09”, lamentan los denunciantes.

Además dicho expediente todavía no cuenta con la resolución del gobernador del estado, tal y como lo establece la Ley de Tránsito y Transportes, donde se le otorga la facultad para ello, por lo que esos carros no deberían estar ocupando espacios en sitios oficiales.

Los taxis piratas, en su inmensa mayoría, no tienen placas del servicio público, traen la del tomate, y peor aún, no portan el documento de permiso provisional. Eso está a la vista de todos, menos de los inspectores de Vialidad y en consecuencia del Gobierno, por lo que en esa sola actitud oficial ronda la omisión gubernamental, o la complicidad.

El cálculo que hacen los taxistas que trabajan con todas las de la ley, es que actualmente, con los 500 carros del expediente 007/09, más otros 500 de la piratería común, en la capital del estado circulan, sin ser molestados por la autoridad, unos mil vehículos. Algo que definitivamente debe verse.

De acuerdo con un trabajo publicado por Ríodoce en octubre del 2010 (edición 402), en Culiacán había unos 150 taxis piratas, lo cual ya se consideraba una competencia desleal. A la vuelta de un año la cifra se disparó a 490, pero actualmente son más de mil y la actitud de la autoridad es la misma: omisa, cómplice.

En contraparte existen mil 600 vehículos debidamente regularizados, por lo que se estarían afectando los intereses de unas 3 mil 200 familias (las del concesionario y el trabajador), que multiplicados por cuatro miembros en promedio sería una población de 12 mil 800 culiacanenses.

—¿Esto ya lo plantearon en esos términos al Gobierno del Estado?

—Muchas veces.

—¿Y qué les dijeron? ¿Cuál ha sido la respuesta?

—Oídos sordos.

La ley no solo no se está atendiendo en este sector, sino que el reparto de permisos irregulares beneficia incluso a quienes les está prohibido, como lo son servidores públicos. De acuerdo con los denunciantes, hasta empleados de Gobierno los ostentan, también tránsitos y policías.

DE VIOLENCIA, TAXÍMETROS Y OTROS ABUSOS

A Silverio Torres Pérez lo acompañan otros agremiados de la alianza Trabajadores del Volante del Municipio de Culiacán, entre ellos Jaime Garay Peraza, Trinidad Pereda Arellanes, José Luis Zazueta, Jesús Zamudio Leyva, Héctor Javier Osuna Cárdenas, Miguel Ángel Hernández Morales y Martín Beltrán Quintero. Originalmente serían muchos más, “pero a la hora de la hora se rajaron algunos” como Armando Cárdenas, secretario general de la Alianza Fernando Amilpa; Guillermo Torres de la CNOP, Ángel Jiménez de la CROC y Juan Castañeda de la Unión de Veteranos del Volante.

“Ellos argumentan miedo, pero yo creo que forman parte de la situación de desorden que se da en nuestro trabajo”, dijo Torres Pérez, quien además agregó que temen les quiten las concesiones, cuando saben que no lo pueden hacer, por lo que cree que el temor sea más porque con esta denuncia se van a trastocar intereses, con lo que se corren riesgos personales.

Los denunciantes aseguran que cuando se han tratado estos asuntos con funcionarios del Gobierno, les comentan que estos permisos se otorgan porque quieren ayudar a esa gente, “tratando de que no se vayan a engrosar las filas de la delincuencia organizada”.

En otras ocasiones dicen que pretenden hacer una labor social, pensando en el número de familia que se pueden beneficiar dándole esos permisos.

“La respuesta que yo he dado a eso ha sido que la Ley de Transporte en el estado no habla de sentimentalismo, habla de requisitos; después de una solicitud, habla de una serie de requisitos a llenar. Y lo otro es que la Ley de Transporte habla también de que cuando el Gobierno decida otorgar nuevos permisos o concesiones, se irán de preferencia a las personas morales, y cuando hablamos de personas morales hablamos de las organizaciones, porque esas son las que garantizan en determinado momento el prestar un buen servicio al público demandante del servicio nuestro. Pero no dice que los permisos se los va a dar a las personas morales para que ellos se los entreguen a quienes se les dé la gana”, reflexiona Silverio Torres.

El dirigente transportista lamenta que no se estén atendiendo una serie de articulados de la Ley de Tránsito y Transporte, con lo que se beneficia a unos y se afecta a otros, pero ante todo se pisotea la legalidad eligiendo el desorden y que el sector esté funcionando en muchos casos en la ilegalidad.

Además de los expedientes piratas, más la relación que se proporcionó a Gobierno del Estado con los autos irregulares, en las calles es posible observar carros totalmente blancos con el letrero de taxi en el vidrio frontal, con placas particulares, números y franjas borrosas; hay carros particulares de diferentes colores prestando servicios de taxis, desde las bases. Es decir, se habla a una base para pedir un taxi y dicen que todos están ocupados, pero ofrecen carros que no están pintados, habilitándolos para prestar el servicio en ese momento, como ocurre con el servicio Culichis Culiacán.

Toda esa situación se presta para la violencia y eso es algo que los diarios han registrado en sus páginas con la comisión de asaltos y violaciones en taxis piratas.

Otro de los argumentos de la autoridad para permitir esta situación es que se trata de gente que necesita trabajar, pero en un claro contrasentido resulta que muchos de los que se amparan en el expediente 007/09, traen vehículos de modelo reciente.

Otro tema que inquieta a los taxistas es que el taxímetro terminó siendo un fracaso, por lo que la medida debe replantearse. Actualmente nadie lo usa, entre otras cosas porque es incosteable la tarifa que se fijó en base a un estudio socioeconómico realizado que impone 5 pesos por kilómetro. Los concesionarios dicen que apenas con 7 pesos sería posible el negocio.

Además se han incumplido una serie de acuerdos tomados entre autoridad y organizaciones, como el hecho de que para el mes de diciembre de 2012 todos deberían traer taxímetro. A los permisionarios que no lo hicieron los persiguieron los inspectores, fueron detenidos y sancionados, pero los piratas siguieron trabajando sin ningún problema. No se les molestó y al contrario, “hicieron su agosto” mientras los taxis legales eran hostigados.

A este proyecto se le dejó de dar seguimiento y con ello se propició desde la autoridad que ahora la gente esté renuente a usar el taxímetro, cuando es una obligación legal.

Otro asunto expuesto a Ríodoce por este grupo de taxistas es la injusticia que se está cometiendo con seis concesionarios que iniciaron como “arañeros” en el Mercado Garmendia. Después de la remodelación del inmueble y de las calles de alrededor, fueron removidos del lugar. Al tiempo se les asignó otro punto, ya como taxistas, pero ante la protesta de los miembros del sitio Tecate, fueron removidos y hasta la fecha no se les resuelve su situación, cuando por antigüedad deben darles prioridad.

Así pues, la problemática del sector transportes en su modalidad de taxis, al menos en Culiacán, plantea a las autoridades un complejo paquete de irregularidades en las que no solo ellos pueden estar incurriendo en omisión o culpa, sino los propios dirigentes de organizaciones, ya que hay casos de secretarios generales que rentan sus permisos, o los de sus representados, es decir, ellos mismos clonan permisos.

Los denunciantes solo piden al gobernador Malova que los atienda  personalmente para exponerle la situación a detalle y que ordene la solución de los males que dañan a no menos de 3 mil 200 familias.

150 taxis piratas circulaban en Culiacán en el 2010.

1000 taxis piratas circulan en la capital en lo que va del 2013.

(RIODOCE.COM.MX/  Paúl Mercado/  marzo 24, 2013)