El gobierno local no solo mantuvo
activos a agentes señalados por nexos con bandas criminales. Según
documentación en poder de ZETA, el XI Ayuntamiento de Los Cabos (2011-2015)
contrató diversos asesores jurídicos que llevaron casos de mandos acusados por
“abuso de poder” en la comunidad de La Ribera en San José del Cabo y otro caso
de cinco elementos que también fueron protegidos
“Mucho ha criticado el ex
alcalde ‘Tony’ Agúndez la inseguridad, la corrupción de las policías y que con
él no había tanta corrupción, es sabido que desde que estaba en su gobierno los
policías recibían ‘moches’ por proteger a delincuentes, muchos de ellos eran
miembros activos de células delictivas de Jalisco y Sinaloa. Está documentado
que policías de un grupo criminal detenían a ‘contras’ por cualquier cosa, los
mandos de contrarios les pedían que los soltaran y luego los acusaban entre
ellos de abuso de poder, todo está documentado”, reveló a ZETA un miembro del
Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, adscrito al área de Investigaciones
Especiales.
La administración de Antonio
Agúndez Montaño no solo mantuvo en las líneas municipales a policías señalados
por tener nexos con bandas criminales, sino que, de acuerdo con documentación
en poder de este Semanario, el XI Ayuntamiento de Los Cabos (2011-2015)
contrató diversos asesores jurídicos que llevaron casos de mandos acusados por
“abuso de poder” en la comunidad de La Ribera en San José del Cabo y otro caso
de cinco elementos que también fueron protegidos, en los cuales se invirtieron
alrededor de 330 mil pesos.
Según el expediente y la
declaración de los elementos, en el caso ocurrido el 15 de julio de 2011, el
comandante delegacional José Ricardo Castro Rosas recibió el reporte del
comisariado ejidal de Santa Cruz, Javier Ricardo Aguilar Soto, anotando que
“iba siguiendo a cuatro personas que se estaban robando el cerco de un predio,
los cuales huyeron a bordo de un vehículo y solicité apoyo para detenerlos”.
El comandante pudo detener a
cuatro personas que se identificaron como Luis Alberto Corazón Acevedo, Ignacio
Ojeda Carballo, Héctor Manuel López Esparza y Aldo Geovani Almanza López.
En el informe
DGSPYTM/DRV/103/2011, del 22 de julio de 2011, el elemento explica lo
siguiente:
“Las dejé en libertad a las
personas antes mencionadas por órdenes superiores, siendo estas de parte del
Mayor Marín y del director de Seguridad Pública”.
Tanto el Mayor Román Martínez
Marín como el entonces titular de Seguridad Pública y Policía Preventiva de Los
Cabos, Lenin Giovani Rodríguez Aguilar, fueron señalados por un oficial por
liberar delincuentes, presuntamente por “contar con nexos con delincuentes, y
no solo estos, sino otros más graves, pero obviamente ellos recibían órdenes de
células criminales de más arriba para obedecer”, señaló el agente de
Investigaciones Especiales.
Declaraciones de Policías
Municipales en la administración de Antonio “El Tony” Agúndez, demuestran que
los mandos nombrados por el entonces edil estaban coludidos con el crimen,
ordenaron liberar a delincuentes.
Los oficiales recibieron la
instrucción de dejar libres a los cuatro detenidos supuestamente por robo, pero
acorde con los expedientes en poder de ZETA, más oficiales involucrados por
abuso de autoridad y nexos con criminales.
De esa manera se pudo
comprobar que Antonio Agúndez Montaño protegió a agentes señalados como
corruptos en caso de los mandos superiores, los cuales ordenaban a los
oficiales de menor rango proteger a ciertos delincuentes, generando impunidad y
un mayor número de criminales.
CÓMO SOLAPÓ A LOS AGENTES
El 22 de julio de 2011, el
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal en Los Cabos liberó orden de
aprehensión en contra de cinco agentes municipales de Los Cabos por el cargo de
abuso de autoridad, a lo que los oficiales solicitaron el amparo 688/2011.
Los involucrados fueron Paul
Portal Manríquez, Jorge Alfredo García de la Peña, Martín Barajas Valencia,
José Hermenegildo Chávez González y Luis Enrique Castro Talamantes. Este último
permanece en la corporación, el resto causó baja por fuertes señalamientos y
vínculos con la delincuencia organizada.
“Para los oficiales era muy
sencillo operar con grupos delincuenciales, de hecho en el cambio de
administración algunos se fueron con los ex directivos, los cuales estaban
amarrados con diversas bandas criminales de diferentes rubros, pero
principalmente de narcomenudeo”, informó el miembro del Grupo de Coordinación
de Seguridad Pública con operaciones en Los Cabos.
Para la “defensa” de los
cinco oficiales municipales, se contrató al licenciado Rafael Homero Arvizu
Alvarado, socio del despacho Respaldo Jurídico, SC y ex subprocurador de
Investigaciones Especiales en la administración gubernamental de Narciso
Agúndez Montaño, el cual recibió 308 mil pesos con un comprobante de honorarios
por la elaboración de amparos de cinco elementos pertenecientes a Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Los documentos fueron:
* Original de factura número 0031, con fecha 17 de
marzo de 2012, por 166 mil 500 pesos; se incluye copia de la declaración preparatoria
* Un supuesto pago por 75 mil pesos como primer pago
del 50% por ciento
* Pago de 50 mil pesos, esto es, un 25%, pero al
vencer la póliza al 28 de marzo de 2012, el total fue de 308 mil pesos.
Queda claro que hubo
favoritismo por parte del alcalde del XI Ayuntamiento de Los Cabos al contratar
a un allegado de su hermano Narciso Agúndez, aunado a que cuatro de los cinco
oficiales fueron acusados de corrupción y operadores del narcotráfico, sin
embargo, se les protegió.
El ex funcionario del Gobierno
de Narciso Agúndez en 2005 a 2011, Rafael Homero Arvizu Alvarado, fungía ahora
como proveedor en la administración de “El Tony” Agúndez, casualmente elaboró
facturas y las cobró en diciembre, justo días después de que el ex gobernador
fue liberado del CERESO de La Paz por peculado.
Incluso en su primer informe
de gobierno, “Tony” Agúndez da cuenta que en el primer año de gobierno se
dieron 22 bajas de la Policía Municipal, pero fue en la anterior
administración, para colocar a los compromisos de campaña: once agentes
suspendidos, 13 amonestaciones y 17 recomendaciones. Pero en la corporación se
mantuvieron cerca de 200 elementos señalados por proteger a narcomenudistas,
liberar delincuentes y ser omisos en el cumplimiento de la Ley.
Antonio Agúndez gastó más de
19 millones de pesos en asesoría, estudios e investigaciones, en gran parte de
los documentos que sostienen la prueba contable se encuentran proveedores
amigos, operadores y allegados, y, en diciembre de 2012, la documentación
desapareció.
Casualidad o corrupción, es
algo de lo que auditoría y las denuncias formales tienen que dar cuenta, lo
cierto es que policías corruptos estuvieron operando a la vista del alcalde del
XI Ayuntamiento de Los Cabos y se les protegió por “órdenes superiores”.
Actualmente Agúndez aspira a
un puesto de elección popular y pretenden regresar al gobierno municipal a
través del Partido del Trabajo con Ernesto Ibarra Montoya, generando
incertidumbre.
UTILIZÓ RECURSOS PARA FINES PARTICULARES
La Dirección de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos fue una de las
áreas sensibles de las cuales “Tony” Agúndez pudo extraer gran cantidad de
recursos públicos, como “honorarios referentes a la Averiguación Previa
LRV/20/2011 por el delito de abuso de autoridad y/o lo que resulte en contra
del Mayor Román Martínez Marín y otros”, incluyendo a su entonces titular de
Seguridad Pública.
El orquestador principal fue
Gerardo Manríquez Amador, tesorero municipal de Los Cabos, la transa se
originaba cuando el documento legal refería “… a efectos de dar a conocer los
resultados de esta defensa”, pero no eran resultados, sino el inicio del
procedimiento. Complementaba el siguiente texto: “Tiene un costo por los
avances realizados por 20 mil pesos como pago inicial, más impuestos que se
generen y un pago final que su importe quedará supeditado a las gestiones que
deban realizarse a fin de demostrar ante las autoridades administrativas, sobre
la inocencia de los policías en referencia”.
Los asuntos estaban
simplemente abiertos, no eran resueltos y el importe podía variar según la
necesidad a comprobar del Ayuntamiento de Antonio Agúndez.
Por ejemplo, la solicitud de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales bajo el oficio CP/ITAIBCS 838-2015, responde a que en el ejercicio
fiscal 2012 se gastaron más de 19 millones 670 mil 533 pesos en servicios de
asesorías, estudios e investigaciones”. La duda es que posiblemente Agúndez
Montaño pagó del propio municipio los servicios jurídicos que recibió su
hermano el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño.
Precisamente en una “revisión
exhaustiva” que realizó el propio XI Ayuntamiento de Los Cabos al sustento
legal de la documentación que comprobara los gastos de diciembre de 2012 por el
concepto de asesorías, la institución respondió:
“Cabe mencionar que el Tomo
número 40 de Diario, correspondiente a la Cuenta Pública de Diciembre de 2012,
NO se encontró en el Almacén de Glosa donde se resguarda la información
contable a cargo de la Dirección Municipal de Contabilidad de Los Cabos”.
Pareciera que los soportes
contables de cada uno de los gastos por “asesorías” desaparecieron, incluso
desde mayo de 2012, en los libros contables aparecieron extrañas asesorías y
pagos de honorarios a diversos abogados, como Manuel de Jesús Encinas Olea,
quien recibió 19 mil pesos mensuales por parte del XI Ayuntamiento de Los
Cabos.
El concepto de cada uno de
los pagos se desarrolló como “asesoría jurídica por diversos asuntos en el
mes”, como seguimientos a juicios, asesoría y trámite de juicio, rectificación
de documentos y testamentos.
Los conceptos varían, no hay
soporte en cada uno de los trabajos realizados ni documentación o expedientes,
menos aún números de averiguaciones, lo que hace pensar que ese recurso fue
bajado y utilizado en otras acciones, o simplemente fueron justificaciones para
acceder a recursos.
De igual manera, aparecen
nuevos recursos que fueron operados para apoyar al proceso de Narciso Agúndez
Montaño, mientras este se encontraba recluido en el Centro de Reinserción
Social de La Paz. Algunos pagos a terceras personas quedaron registrados de la
siguiente manera:
El 6 de junio de 2012, en un
avalúo de área de donación Ventanas de Cabo San Lucas por 15 mil 500 pesos a
nombre de Castro Guluarte Vicente Albino y, el 31 de julio del mismo año y a la
misma persona, por el avalúo de una fracción del Panteón de Cabo San Lucas por
37 mil 740 pesos.
Fuentes revelaron a ZETA que
Albino Castro Guluarte ha sido reconocido y vinculado como operador económico y
político de los hermanos Agúndez Montaño, favoreciéndolo con la entrega de
recursos para poderlos justificar en la administración pública y así cubrir los
gastos jurídicos de Narciso Agúndez.
CIFRAS DE SEGURIDAD EN LOS CABOS
A la par de la impunidad con
que fueron creciendo las bandas delincuenciales en Los Cabos, aumentó la
criminalidad y en cierta manera la facilidad y libertad para operar de los
cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Grupos delincuenciales
iniciaron una guerra por el control de la venta y distribución de
estupefacientes, la tarea fue complicada, pero la Federación bajó recursos para
que estados y municipios accedieran a recursos para liquidar a policías
corruptos.
Los Cabos inició con una
serie de capacitaciones y aplicación de Exámenes de Control y Confianza, desde
2016 arrancó la campaña para limpiar la corporación municipal, en la cual 48
elementos fueron notificados de su baja por no acreditar; de esa cifra, solo
cuatro siguieron su procedimiento administrativo.
En 2017, se notificó a 92
agentes municipales, de los cuales 53 fueron dados de baja y 39 continúan el
proceso administrativo.
En total, 97 elementos fueron
despedidos con motivo de la depuración policial, la mayoría contaban con nexos
criminales, otros simplemente reprobaron Control y Confianza, al haber
elementos favoritos para la anterior administración, los cuales fueron defendidos
con recursos públicos para permanecer en la corporación a través de amparos
promovidos desde las arcas municipales. En lugar de deshacerse de policías
vinculados con el crimen, se les arropó para seguir operando y hacerse de
recursos de dudosa procedencia.
Actualmente el Ayuntamiento
de Los Cabos ha lanzado la convocatoria para reclutar oficiales municipales,
bajo el mando del Capitán Juan José Zamorano, buscan traer sangre nueva y
capacitarlos para evitar que se amañen y posteriormente coludirse.
El sueldo que se ofrece por
policía es de 16 mil pesos, solo deben cumplir con requisitos como cartilla
militar liberada, bachillerato terminado, contar con entre 19 y 30 años de
edad, ser mexicano; incluso acaban de dar a conocer la graduación de una generación
más de oficiales que cumplen con capacitaciones y los perfiles requeridos para
reducir la impunidad y criminalidad que por años ha prevalecido.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ MIÉRCOLES, 4 JULIO, 2018 08:36 AM)
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