El
gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a ser objeto de acusaciones de corrupción
a raíz de una testificación jurada que realizó en diciembre último un directivo
de la firma Deloitte Consulting en una corte de Estados Unidos. Esta empresa
señala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de haber incurrido en
irregularidades en la licitación de la Red Compartida, concurso en el que
resultó ganador el Consorcio Altán. Más aún, el directivo compareciente asegura
que en 2015 un funcionario de la SCT le hizo la propuesta “ilegal” de prestarse
para favorecer a una sola compañía. A su vez, la dependencia mexicana se apresta
a responder ante los tribunales…
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- Por si no le faltaran escándalos y acusaciones de
corrupción y prácticas ilegales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), el pasado 20 de diciembre un alto directivo de la consultora
estadunidense Deloitte declaró ante una corte de Virginia que la licitación de
la Red Compartida, el más ambicioso proyecto en materia de telecomunicaciones
del gobierno mexicano, está manchada por el interés de adjudicarle desde el
principio a una sola empresa este plan de asociación público-privada que
representará una inversión de más de 7 mil 500 millones de dólares.
Brett
Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte Consulting, reveló que en 2015 la
SCT le pagó 5.2 millones de dólares a esta empresa para elaborar un “robusto
plan de negocios” y un modelo de licitación de la Red Compartida. Ese año Haan
recibió una propuesta “ilegal” de quien fuera director general de la
Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora Preciado, para que “ayudara” a que
la licitación se le asignara a una sola compañía, Comunicación Veta Grande
(CVG), cuyos integrantes principales se convertirían después en Consorcio
Altán, y se evitara el concurso internacional.
El
documento de más de 80 cuartillas con el interrogatorio completo de Brett Haan,
distribuido por la empresa Rivada Networks, revela también que el 99% del
proyecto que elaboró Deloitte es coincidente con la propuesta del grupo
ganador, el Consorcio Altán. Asimismo, indica que tanto en el caso de CVG como
en el de Consorcio Altán había fuertes inversiones privadas de capital chino
que representaban “problemas de seguridad nacional”, dada la naturaleza del
ambicioso proyecto de armar una red de telecomunicaciones mayorista que cubra
el 85% del territorio mexicano.
En
una de las partes medulares del interrogatorio, Haan citó un encuentro con
Richard Keith, quien participó como consultor independiente de Deloitte en la
elaboración del plan de negocios de la Red Compartida y después trabajó con
Bank of America como asesor de esta institución para evaluar la propuesta de
Consorcio Altán.
Keith
detectó que la propuesta ganadora de Consorcio Altán y el plan de negocios que
elaboró Deloitte para la SCT “sólo tenían un 1% de diferencia”. Haan declaró
que esta afirmación se la hizo durante una cena en el restaurante Fiola Mare,
de la ciudad de Washington.
Haan
recordó también que en el mismo 2015, antes de que se lanzaran las bases de
licitación de la Red Compartida, sostuvo un encuentro con la subsecretaria de
Comunicaciones, Mónica Aspe, en presencia de Mario Góngora, quien fue director
general en la dependencia. Aseguró que en esa reunión Aspe coincidió en la
necesidad de ir por una oferta internacional con varias propuestas.
“Después
de este encuentro, no en presencia de Aspe, Mario Góngora me dijo que ellos
querían seleccionar sólo a CVG”, afirmó Haan ante el juez, y añadió que Góngora
le hizo otra propuesta para que simulara asesorar a McKinsey y Bain con errores
claros para descalificarlos. “Le refuté que esto era ilegal. Él sólo se encogió
de hombros”, indicó.
SCT PREPARA UN LITIGIO INTERNACIONAL
Las
revelaciones del directivo de Deloitte contenidas en esta declaración jurada
ante una corte de Virginia provocaron una airada reacción de la SCT. A través
de un comunicado de prensa emitido el mismo 20 de diciembre, la dependencia
dirigida por Gerardo Ruiz Esparza anunció que iniciará acciones legales en
contra del consorcio perdedor, Rivada Networks, y en contra de su directivo
Declan Ganley, quienes han denunciado públicamente que la licitación de la Red
Compartida estuvo plagada de irregularidades y de presuntas prácticas ilegales.
Según
su comunicado, la SCT ya contrató al despacho estadunidense de Jones Day para
reclamar los daños ocasionados por los señalamientos de Rivada Networks y de
Ganley. La dependencia argumentó que después de que esta empresa fue
descalificada por no haber entregado en tiempo y forma los mil millones de
pesos de garantía, emprendió una campaña para justificar su incumplimiento.
“Las
omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el
honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, puntualizó la SCT
y consideró que las acusaciones de Rivada “carecen de sustento y pretenden
desprestigiar” a México y a su gobierno.
Paradójicamente,
la SCT no negó ni el contrato con Deloitte por 5.2 millones de dólares ni que
Mario Góngora hubiera trabajado como funcionario bajo las órdenes de Mónica
Aspe. Sólo aclaró que éste “dejó de trabajar desde 2015” para la SCT y, “por lo
tanto, en el desempeño de sus funciones no tuvo injerencia alguna” en el
proceso de licitación ni contacto con los consorcios participantes.
La
SCT admitió haber firmado un contrato con Deloitte, pero argumentó que éste
concluyó un año antes de la licitación y la secretaría “no utilizó ningún plan
de negocios propio o provisto por Deloitte o algún otro consultor para evaluar
las propuestas participantes”.
Hasta
ahora, la SCT no ha explicado entonces por qué pagó 5.2 millones de dólares a Deloitte
si no utilizó su documento. Tampoco ha dado acceso al documento original de la
consultoría de Deloitte para contrastarlo con el plan de negocios del Consorcio
Altán.
“ACTO DE CENSURA” DE LA SCT
Una
semana después que la SCT anunciara que se irá a litigar en las cortes de
Estados Unidos, Consorcio Rivada afirmó en un comunicado del 28 de diciembre
que acepta la demanda por difamación y aclara que “sería la primera en la
historia moderna en la que un Estado demanda por difamación a una empresa o individuo”.
“Una
demanda de este tipo constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la
participación del sector privado en cualquier Asociación Público Privada (APP)
por los riesgos que ello implica”, abunda en su comunicado.
Reitera
que “los hechos denunciados sobre prácticas ilegales son ciertos” y “se basan
en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un juez”.
Desde
el 20 de diciembre, Rivada Networks lanzó otras preguntas en su comunicado:
“¿El
trabajo por el que la SCT pagó 5 millones de dólares a Deloitte resultó
irrelevante? ¿No constituye información privilegiada?…. ¿Niega la SCT que se
haya celebrado una reunión entre la subsecretaría de Comunicaciones, Mónica
Aspe, el señor Brett Haan, directivo y socio de Deloitte Consulting Group, en
la que se consultó la posible adjudicación directa de la Red Compartida a favor
de Grupo Altán?”
“Consorcio
Rivada no renunciará al ejercicio de sus derechos como concursante en el
Proyecto de la Red Compartida y ejercerá su debida defensa a la autoridad en
los tribunales mexicanos y en los de Estados Unidos”, manifestó en su
comunicado.
Rivada
Networks ha insistido en que la SCT “tiene el deber de investigar a fondo los
hechos denunciados y debe abstenerse de celebrar el contrato de Asociación
Público Privada con el Consorcio Altán, hasta en tanto se despeje la duda sobre
la causa de la descalificación”.
La
SCT “tiene la responsabilidad de asegurar a los mexicanos que la adjudicación
del proyecto de la Red Compartida se ajustó a los principios de legalidad,
imparcialidad y transparencia”.
Por
su parte, Consorcio Altán aclaró en otro comunicado que su propuesta para ganar
la Red Compartida es “totalmente original, independiente y única”, y negó
cualquier vínculo con Deloitte.
Calificó
como “infundadas y maliciosas” las acusaciones de Rivada Networks, rechazó
haber accedido a información privilegiada o confidencial para ganar la
licitación y anunció que eventualmente hará valer sus derechos ante los
tribunales competentes.
ORIGEN DEL CONFLICTO
A
principios de noviembre último la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la
garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida
(Proceso No. 2090).
Por
lo tanto, sólo quedó el otro competidor, Consorcio Altán, constituido por un
conglomerado de empresas off shore, fideicomisos cuya integración es poco
transparente, el megabanco Morgan Stanley (accionista del 33.38% a través de
Marapendi Holding), fondos de inversión como China Mexico Found Investment
(CMF), que posee el 23.36%, y las empresas mexicanas Megacable y Axtel, cada
una con apenas el 4.01% de la inversión total.
Además
de estas empresas en Consorcio Altán participan el abogado mexicano Miguel
Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam, S. A. (con 9.35% de las
acciones).
El
apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo el
3.34% de las acciones mediante una sociedad unipersonal denominada Isla
Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal.
Galdón
es presidente del grupo Multitel y fundó la compañía española de
telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo al gigante Vodafone.
El
fallo de la SCT alteró al CEO (Chief Executive Officer) de Consorcio Rivada,
Declan Gangley, quien reveló en su cuenta de Twitter, @declanganley, que el
pasado 20 de octubre fueron “secuestradas” las cajas donde entregarían su
propuesta técnica para la Red Compartida. También aclaró que se entregaron
cartas de crédito por mil millones de pesos de BBVA Bancomer.
“Tenemos
información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a
Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en
las redes sociales. Incluso, consideró que el proceso de adjudicación de la Red
Compartida “apestaba” porque se trató de beneficiar desde el principio a un
solo competidor.
Según
la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Rivada
Networks tenía originalmente un socio problemático: la compañía EchoStar, socio
de Dish México. Los comisionados del IFT consideraron que esta sociedad “no es
una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre
Dish México, la única competidora de Grupo Sky, de Televisa, en el mercado de
televisión restringida vía satelital.
Sin
embargo, 72 horas antes de que se venciera el plazo para la presentación de la
propuesta formal ante la SCT, el IFT le ordenó a Rivada que modificara su
estructura accionaria para que Echostar sólo pudiera tener “un porcentaje menor
al 10% de su capital social y de los derechos de voto del consorcio”.
En
el grupo formado por Rivada Networks y Spectrum Frontier también figura Ciena
Communications. Sus dos principales accionistas son Black Rock y Vanguard, que
participaron directa o indirectamente en América Móvil, de Carlos Slim, y en
Telefónica, los dos grandes consorcios de telefonía móvil impedidos de
participar en la licitación de la Red Compartida.
El
IFT determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero
independiente de Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de
sociedades identificadas porque no tienen influencia” sobre Consorcio Rivada.
Según
Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y
Radiodifusión de la SCT, Rivada en lugar de presentar su propuesta de seriedad
el pasado 20 de octubre, mostró sólo un escrito solicitando una prórroga de
cinco días.
El
31 del mismo mes Consorcio Rivada presentó en la oficialía de partes de la SCT
una carta de crédito expedida por BBVA Bancomer, con la misma fecha y por el
monto de mil millones de pesos.
“Sin
embargo, no fue viable responder a esta solicitud, ya que las bases de concurso
señalan que la SCT debe mantener la igualdad de condiciones en el concurso, por
lo que la garantía debió ser entregada en el evento del 20 de octubre”, abundó
Gil Huerta.
La
Red Compartida se orienta a desplegar una infraestructura para dar servicios de
telefonía móvil, banda ancha y fibra óptica oscura a mayoristas y tener una
cobertura del 85% del territorio nacional. El gobierno, a través de una
asociación público-privada, pondrá a disposición los 90 Mhz liberados de la
banda de 700 Mhz recién desocupados con el “apagón analógico”, así como el par
de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. En el
proyecto se calcula una inversión de 7 mil millones de dólares en ocho años.
El
proyecto debió iniciar en 2014 pero se retrasó dos años. De los primeros 21
grupos interesados, sólo quedaron dos: Rivada y Altán. Este último se perfiló
como el único ganador, una vez que fue descalificada la propuesta técnica de
Rivada.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO VILLAMIL/ 6 ENERO, 2017)
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