CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La
Procuraduría General de Justicia de esta ciudad deberá citar a declarar a 39
vecinos del periodista Joaquín López Dóriga, como parte de la denuncia por
presunta extorsión que interpuso contra su esposa Adriana Pérez Romo, la
empresaria María Asunción Aramburuzabala.
Así lo establece la
resolución del Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León
Cruz, quien otorgó un amparo a la empresa Abilia, propiedad de Aramburuzabala,
cuya consecuencia es que sean llamados a declarar los condóminos del edificio
Rubén Darío 223, incluido López Dóriga, informó el diario Reforma.
La inmobiliaria Abilia,
interpuso una denuncia penal en agosto de 2015 contra Pérez Romo por intento de
extorsión por cinco millones de dólares en el proceso de construcción de un
inmueble en Rubén Darío 225, en la exclusiva zona de Polanco.
“Lo procedente es conceder a
la quejosa el amparo y la protección de la justicia para el efecto de que (la
PGJ capitalina) ordene citar a los testigos que se mencionaron”, dice la sentencia
del juez en el amparo 172/2016 del pasado 29 de junio.
La resolución de Díaz de León
establece que la Procuraduría debe cumplir con la emisión de los citatorios a
los condóminos pese a que la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza notificó
el pasado 8 de julio el no ejercicio de la acción penal.
Mediante un escrito manifestó
que esta última sentencia de amparo sólo debía cumplirla cuando causara estado,
es decir, cuando la confirmara un tribunal colegiado.
PGJ NIEGA “CARPETAZO”
El miércoles pasado se
informó que la PGJ capitalina archivó el expediente de investigación contra la
esposa de López-Dóriga, pese a que una disposición judicial le impedía proponer
un “carpetazo” y consumarlo.
Al respecto, la PGJ
capitalina consideró que el fallo en el que se le atribuye desacatar una
suspensión por archivar la denuncia de Abilia fue “incorrecto” y “equivocado”.
El subprocurador Jurídico de
la Procuraduría, Jorge Mirón Reyes, dijo a Reforma que la dependencia no violó
esa suspensión definitiva y que ya recurrieron a un tribunal colegiado para
revertir el resolutivo.
“Creemos que el análisis
hecho por el juzgador fue incorrecto, al considerar que una propuesta de no
ejercicio es equivalente a una determinación final, lo cual no es así. Porque
la violación hubiese incurrido si hubiésemos determinado la averiguación en ese
momento y no lo hicimos.
“Por eso creemos que hay una
apreciación equivocada y la Procuraduría quiere mostrar que evidentemente no
incurrió en ninguna violación a la suspensión”, señaló Mirón.
La PGJ capitalina, dijo,
presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con dos argumentos
que pretenden revertir el fallo del juez y demostrar que es legal haber
archivado la indagatoria contra la esposa de Joaquín López Dóriga.
Además Mirón aseguró que aun
si el Colegiado confirma que la procuraduría violó la suspensión, esa
determinación no tendrá ninguna consecuencia ni habrá responsabilidad
administrativa o penal sobre algún MP, porque así se estableció desde la
primera instancia.
Y afirmó que si impugnó el
fallo fue sólo para dejar constancia de que la PGJ “no violenta ninguna
decisión judicial”.
En tanto, la defensa
Aramburuzabala presentó un recurso de inconformidad ante la Procuraduría
capitalina contra la decisión de archivar la denuncia contra Adriana Pérez Romo
y con el propósito de que la dependencia reconsidere el no ejercicio de la
acción penal, dictado en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN /4 AGOSTO, 2016)
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