Conoce de algún lugar donde
las autoridades interpretan y aplican las leyes en sentido contrario a lo
establecido en las mismas, no vaya lejos, es como opera el sistema de justicia
en el Estado de Sonora.
Así es, en esta entidad
federativa se encuentran el Magistrado y el Secretario de Acuerdos del Tribunal
Unitario Agrario 28, licenciado Benjamín Arellano Navarro y Carlos Eduardo Meza
Rojas que emiten resoluciones contra constancias, quitándole a los campesinos
los derechos que sus documentos agrario y varias sentencias les amparan, para
ponerlos en posesión de los familiares de la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano.
Se encuentra también el
Procurador de Justicia y Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, capaces
de integrar la averiguación previa, sin hechos delictuosos, haciéndolo en menos
tiempo que lo que conceden las leyes y, por supuesto, en menos tiempo que lo
que requiere la debida indagatoria.
Un Juez Penal que, sin
contratiempo, emite las ordenes de aprehensión contra las víctimas del delito,
a petición de los delincuentes, ya que es capaz de procesar a los despojados
para beneficiar a los despojantes.
En este caso el ejido El
Bajío de Caborca, Sonora y sus ejidatarios, que a pesar de contar con los
documentos agrarios que los amparan como los dueños de las tierras, aunado a
una serie de sentencias que así los reconocen y les confiere el carácter de
depositarios, el Magistrado y Secretario de Acuerdos del Tribunal Agrario de
Hermosillo ordenaron que fueran despojados de sus tierras y se entregara al Sr.
Rafael Pavlovich Durazo, tío de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano,
Gobernadora del Estado de Sonora.
La Policía Estatal Investigadora
atendiendo más que inmediatamente las ordenes de esas autoridades.
Desde hace tiempo los
ejidatarios pidieron la intervención del Señor Presidente de la República para
que se solucione el problema legal y, ¿qué cree?, tampoco han sido escuchados
por el Ejecutivo Federal.
EL ejido El Bajío y sus
ejidatarios somos víctimas de la empresa Minera Penmont, S. de R. L. de C. V.,
del Grupo Peñoles, cuyos dueños y representantes, aprovechándose de su
necesidad económica y grado de analfabetismo, los engañaron para que les
firmaran documentos, muchos en blanco, que utilizaron para ocupar las tierras
ejidales y pretender apropiárselas, dañándolas y contaminándolas con
actividades mineras, privando al ejido y a los ejidatarios del aprovechamiento
de sus derechos agrarios y, en todo ello, en lugar de hacer justicia, dueños y
representantes han estado protegidos por las autoridades, como a continuación
se expone:
El Señor Alberto Bailléres
González, propietario de la empresa minera que dañó y saqueó las tierras,
recibió del Senado de la República la medalla
Belisario Domínguez.
Las tierras ejidales se
encuentran gravemente dañas y contaminadas por la empresa Minera Penmont, S. de
R. L. de C. V., del Grupo Peñoles, que es asesorada por el Senador Ernesto
Gándara Camou a través de su cuñado Héctor Madrid Castro, a pesar de que en el
Senador es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
como tal está comprometido con evitar el daño ambiental, y que se repare el
causado.
El licenciado Manuel Loya
Valverde, siendo Magistrado del Tribunal Agrario en Hermosillo, Sonora,
autorizó a la empresa Minera Penmont, S. de R. L. de C. V. que continuara
dañando las tierras y contaminando el medio ambiente, ya que giró oficios a las
autoridades militares para que liberaran a la empresa los permisos para el uso
de explosivos, con lo que continuó la contaminación y daño a las tierras, cuya riqueza
ha sido saqueada.
Este mismo
magistrado se negó a dictar medidas que garantizaran los derechos de los
ejidatarios, a pesar de que varias veces le fue solicitados por los dueños de
las tierras.
Siendo Diputado Federal
Manlio Beltrones, actual Presidente Nacional del PRI, y siendo Senadora Claudia
Pavlovich Arellano, actual Gobernadora en Sonora, apoyaron a la empresa minera
ante las autoridades militares, para que consiguiera los permisos para usar
explosivos.
A pesar de que existen 67
sentencias de cosa juzgada –que se niegan a ejecutar los funcionarios del
Tribunal Agrario, para atender los pedimentos de las autoridades estatales y
familiares de la Gobernadora–, donde al núcleo agrario se le reconoce y respeta
la posesión de sus tierras ejidales, y a través de igual número de depósitos
judiciales se le designó depositario de las mismas, los derechos de los
ejidatarios continúan siendo violados, y ahora algunos de ellos están privados
de su libertad, ya que, siendo víctimas, son procesados como delincuentes por
acusación de quienes los despojan de sus tierras y derechos. Todo ello en razón
de que el Magistrado del Tribunal Agrario de Hermosillo, licenciado Benjamín Arellano
Navarro (quizás familiar de la Gobernadora, pues coinciden en el apellido
Navarro) actuando con el Secretario de Acuerdos, en coordinación con
funcionarios del Gobierno del Estado de Sonora, y familiares de la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano, operan las maquinarias judicial y de policía y se
introducen a las tierras ejidales, para saquearlas ilegalmente, actuando a
través de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano, tío de la Gobernadora.
Las organizaciones defensoras
de derechos humanos y del medio ambiente, ni sus luces.
Bonita justicia en Sonora.
A T E N T A M E N T E
COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO EL BAJIO
José de Jesus Robledo Cruz
Presidente
Baldomero Flores Zamarripa
Secretario
Manuel Hernández Collazo
Tesorero
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