Los trabajos de exhumación de los restos de 117 personas en las fosas de Tetelcingo, lejos de satisfacer a familiares de desaparecidos, dejaron descontento, dudas y suspicacias. Y desde ese entonces señalaron la posible existencia de una tercera fosa. Sospecha que fue confirmada esta semana: Javier Pérez Durón, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, informó esta semana que un entierro irregular, de al menos 30 personas, fue hecho el año pasado en el municipio de Jojutla.
Hace unos días culminó la exhumación de
una de las fosas irregulares del Gobierno de Morelos en Tetelcingo. Foto:
Francisco Cañedo, SinEmbargo
Ciudad de México, 17 de junio
(SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) reveló que no
sólo en el municipio de Tetelcingo realizó inhumaciones irregulares sino que en
el municipio de Jojutla enterró al menos 30 cuerpos.
Javier Pérez Durón, titular
de la FGE dijo que en una fosa fueron inhumados entre 30 y 31 cadáveres no
identificados y que se iniciarán los trabajos de exhumación para tomarles
muestras genéticas.
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El funcionario local presentó
su informe sobre las fosas de Tetelcingo al Congreso local, de manera privada,
y detalló que los entierros fueron hechos en el panteón del poblado de Pedro
Amaro y datan de 2014.
“Los informes que se han
rendido hablan de 25 carpetas, en las cuales se encuentran 30 o 31 un cuerpos
[…]. Vamos a abrir la fosa porque no tenemos todos los dictámenes en materia de
genética”, dijo en entrevista con medios tras su comparecencia ante los
legisladores de Morelos.
El funcionario señaló que se
solicitará el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las
Procuraduría General de la República (PGR), Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), y organizaciones que asistieron en la búsqueda en las fosas de
Tetelcingo, entre otros, y que en aproximadamente dos meses se podrían iniciar
las labores de exhumación.
Respecto a los responsables
de las omisiones, el Fiscal dijo que ya no laboran en la Fiscalía y que se les
abrió una investigación, aunque no precisó nombres.
A raíz de la aparición de las
fosas en Tetelcingo, activistas y familiares de desaparecidos empezaron a
llamar a los “entierros irregulares” en Morelos, como “Gracofosas”, en alusión
al Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien tuvo que reconocer la existencia
de estos sitios.
Javier Pérez Durón, titular de la
Fiscalía de Morelos, comparece ante diputados de Morelos. Foto: Gobierno de
Morelos
Los 117 cuerpos fueron
extraídos de las fosas clandestinas al término del 3 de junio tras 10 días de
trabajo.
El escándalo sobre las fosas
se desató a inicios de este año, luego de que María Concepción Hernández, la
primera madre que supo de ellas cuando buscaba a su hijo Óliver, las ubicó e
hizo posible se conocieran a nivel nacional e internacional.
La tarde del 24 de mayo del
2013 un grupo de personas secuestraron a su hijo. Apareció sin vida el 3 de
junio de aquel año. Pero no fue devuelto a la familia por la unidad Servicios
Periciales del estado de Morelos, dependiente de la entonces Procuraduría
General del Estado de Morelos (PGJEM). Las primeras pruebas de ADN revelaron
una compatibilidad del cuerpo con el de su familia de más del 99 por ciento.
Esto no fue suficiente para
devolver el cuerpo, y por decisión de la Subprocuradora Liliana Guevara Monroy
los restos de Oliver se quedaron almacenados en esa institución bajo el argumento de que se
necesitaba “judicializar la carpeta”.
La carpeta del joven pasó
entonces a las autoridades de Cuernavaca. Las familias comenzaron a visitar dos
o tres veces por semana al Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, mientras el cuerpo
aguardaba en los frigoríficos de Cuautla.
El 28 de marzo del 2014, en
Tetelcingo, trabajadores de Servicios Periciales del estado de Morelos,
cumplían una orden de la directora Ana Lilia Guerrero Moreira para inhumar más
de 100 cuerpos almacenados hasta entonces en Cuernavaca y Cuautla.
“A fines de noviembre –en el
2014– fue cuando nos enteramos de que ya no había cuerpos en el Semefo
[Servicio Médico Forenss] de Cuautla. Y en efecto, ya no tenían ahí cuerpos.
Después de eso acudimos con el Fiscal regional, que era ya Juan Manuel
Salmerón, y él nos confirmó que el cuerpo de mi hijo ya había sido inhumado”,
relató María Concepción Hernández.
Tras ello, lucho porque el
cuerpo fuera recuperado y descubrió y alertó de las decenas de cadáveres
enterrados. El escándalo salió a la luz.
Los procedimientos de
recuperación de los cadáveres iniciaron el mes pasado y provocaron conflictos
con las familias desde el primer día, cuando la Fiscalía utilizó un trascabo
para retirar la tierra, algo que fue visto como una amenaza a la integridad de
los cuerpos. Otras anomalías fueron enlistadas por los padres de familia, como
el hecho de extraer 117 y no 116 cadáveres como se previó. Además se
encontraron los cadáveres de menores de edad: dos niños y un feto. Algo también
inesperado.
Los trabajos de exhumación de
los restos, lejos de satisfacer a familiares de desaparecidos, dejaron
descontento, dudas y suspicacias. Y desde ese entonces señalaron la posible
existencia de una tercera fosa.
Familiares de desaparecidos
que tenían la esperanza de encontrar alguna pista de sus seres queridos
reprocharon a las autoridades locales la falta de información sobre las decenas
de cadáveres.
“Definitivamente no quedamos
conformes porque se sabe que hay una tercera fosa, que va pasar con esa fosa,
no podemos quedar conformes con los cuerpos que sacaron hasta que no haya un
resultado. Y nosotros los familiares tenemos que seguir presionando para
encontrar a sus familias y que les den una cristiana sepultura. Hoy termina
pero la confianza en las autoridades no está, acuérdese que dijeron que eran
116 cuerpos y salieron 117. Salieron tres niños y partes de cuerpos. ¿Esos cómo
los cuentan?”, dijo a SinEmbargo Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández
Manzanares, quien desapareció el 20 de febrero del 2011, en Nuevo León.
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JUNIO 17,
2016 - 3:31 PM)
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