Se usan al
16% de capacidad tras costar 2.300 millones de euros
Los elevados
costes energéticos aparejados a su actividad han provocado que muchas de estas
infraestructuras apenas se estén utilizando y que, en algunos casos, como el de
Torrevieja (300 millones de euros de inversión), su uso se limite
exclusivamente a casos de sequía extrema.
Rodrigo
Gutiérrez
Fue una decisión
política encaminada a poner punto y final a las fricciones entre autonomías por
los famosos trasvases, y ahora, casi diez años después, la construcción de 32
nuevas desaladoras en las regiones más secas de España (se proyectaron 51 pero
19 fueron descartadas) se entiende más como un problema que como una solución.
Un problema con
nombre y apellidos: 2.300 millones de euros (1.33 dl/ Euro). Es decir, la
inversión total comprometida por el anterior Gobierno dentro del conocido como
Plan de Desalación, puesto en marcha en 2004 y que ejecuta principalmente la
sociedad estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas (Acuamed).
Los elevados costes
energéticos aparejados a su actividad han provocado que muchas de estas
infraestructuras apenas se estén utilizando y que, en algunos casos, como el de
Torrevieja (300 millones de euros de inversión), su uso se limite
exclusivamente a casos de sequía extrema.
Pero hablar de 2.300
millones de euros es hacer referencia, al fin y al cabo, a un número redondo
con sello oficial. Dar con la inversión real, lo que ya ha costado hasta la
fecha este proyecto y lo que va a costar, es asombrosamente complicado.
Las cifras bailan
más que Tony Manero en Fiebre del sábado noche. Nadie sabe con exactitud de
cuánto estamos hablando y ni el Ministerio de Agricultura ni Acuamed quieren
facilitar los datos actualizados.
Prefieren dejar al
Ministro el honor de dar la exclusiva cuando considere oportuno (esté lunes
está previsto que comparezca en Senado y dé explicaciones sobre la marcha del
plan). Eso sí, muchas de las fuentes consultadas coinciden en que probablemente la cantidad
invertida, una vez estén acabados todos los proyectos, será superior a 2.300
millones.
Hace nueve meses,
por ejemplo, cuando se produjo la última referencia oficial a este asunto, el
propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cifró el coste del plan de
desaladoras en 1.660 millones de euros hasta aquella fecha y calculó en 762
millones el presupuesto necesario para finalizar todos los proyectos, arrojando
una factura total de 2.426 millones.
UN PROBLEMA ESPAÑOL Y EUROPEO
Así, si mayor es el
desembolso final, ahora que la viabilidad de estas nuevas desaladoras está en
entredicho, mayor es el problema. También, para la Unión Europea, que ha
financiado con el dinero de otros países una buena parte del plan que ella
misma terminó por condenar. De forma indirecta, pero no sin razón.
Las presiones de
Bruselas a España para que liberalizara el sector de la electricidad dieron sus
frutos en 2008 con la supresión de la mayoría de las tarifas protegidas que
existían en este mercado, algo que durante muchos años había mantenido los
precios de la electricidad artificialmente bajos. Y ahí empezaron los
problemas. Los costes eléctricos en la industria se dispararon y, en el caso de
las desaladoras , esta situación desembocó en un aumento trágico del precio del
agua desalada. Tanto que estas plantas, muchas de ellas aún por finalizar, no
son ni serán rentables por sí solas dentro de este contexto y no pueden
competir en precio con el agua dulce de otras fuentes.
Según Andrés del
Campo, presidente de Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore),
"el 60 por ciento de los costes de estas plantas son energéticos, y
después de los cambios de 2008, estos se han disparado entre un 70 y un 150 por
ciento". Unos incrementos que sitúan el precio de esta agua entre seis y
diez veces el del agua normal. Para los regantes, uno de los colectivos que más
se iban a beneficiar de este plan, "es más barato regar con whisky que con
agua desalada", dice Andrés del Campo con ironía.
INFRAUTILIZACIÓN
A modo de
referencia, los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura son
esclarecedores. Hace menos de un año, las 17 plantas desaladoras de este plan
que ya habían sido terminadas sólo funcionaban al 16 por ciento de su
capacidad. Los supuestos beneficios de los que tanto habló el anterior Gobierno
cuando en 2004 presentó el proyecto, a día de hoy, no afloran por ningún lado.
Con este panorama,
la realidad pone nervioso a más de uno. En primer lugar a la Unión Europea, que
ya exigió amablemente a España que pusiera en marcha todas las desaladoras que
estuvieran terminadas porque en ellas también había inversión europea. Algo a
lo que el Gobierno accedió. Más o menos, pero si la sugerencia del club de los
27 se cumplió en parte fue por el temor a que en el futuro los proyectos
españoles pudieran encontrarse con el escepticismo de Bruselas.
Un portavoz europeo,
después de conocerse que muchas de estas desaladoras estaban paradas o su
funcionamiento era testimonial, recalcó que "una cantidad considerable de
fondos europeos, alrededor de 1.500 millones de euros, han sido invertidos en
los últimos años en desaladoras españolas". A lo que añadió que, en el
supuesto de que España hiciera caso omiso, este hecho "podría tener un
fuerte impacto negativo en la disponibilidad de fondos europeos para
España", explicó el portavoz.
Detrás de este plan
tan ambicioso de construcción de nuevas desaladoras , también estaba la
omnipresente burbuja inmobiliaria. Las previsiones de urbanización dispararon
la demanda previsible de agua en zonas que, ya con los pies en el suelo, ni se
han construido ni se construirán en un futuro.
Pero las plantas
están ahí y los ayuntamientos de las pequeñas localidades agraciadas con una
desaladora se han encontrado con que las cuotas para amortizar estas
infraestructuras se escapan a su presupuesto. No hay suficientes ciudadanos
entre quienes distribuir los costes de la desalación, y eso supone que el
precio de esta agua no pueda ser razonable. Todo lo contrario, o se sube el
recibo hasta límites surrealistas o es el ayuntamiento el que asume el desfase.
Las empresas que han
construido o que han ganado los contratos de explotación y mantenimiento de las
desaladoras , entre las que se encuentran compañías como Acciona, OHL y Sacyr,
estan exentas de asumir cualquier responsabilidad en este sentido ya que el
problema es el coste de la electricidad. Ellas no son más que meras
constructoras o gestoras las infraestructura mientras que la titularidad de las
plantas es pública.
PREVISIONES DE FUTURO
Pese a todo, como
dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y aunque la producción de
muchas de estas plantas está por debajo de su capacidad total, su mera
existencia puede ayudar a terminar con los problemas puntuales de sequía
extrema o la falta de suministro en las zonas más secas de España. "Las
desaladoras pueden contribuir a que no existan nunca más en el litoral las
emergencias de sequía. El verano pasado, por ejemplo, una avería en el trasvase
del Tajo amenazó con dejar sin suministro a Murcia y Alicante, se pusieron en
marcha las desaladoras y nadie se enteró del problema", explican desde una
empresa especializada en actividades de desalinización.
El tiempo, a priori,
también corre a favor de las desaladoras , aunque a costa de otras fuentes de
agua dulce. "Muchos pozos se están salinizando y acabando así que en un
plazo indeterminado de tiempo esperamos que las plantas cumplan la función para
la cual fueron construidas".
De momento, y hasta
que esas previsiones se cumplan, desde Fenacore apuntan a que el agua desalada
se mezcle con la procedente de otras fuentes para diluir su coste y poder sacar
provecho de estas instalaciones. Otra opción es la subvención, algo que hasta
hace poco se hacía en Canarias, Ceuta y Melilla, tres lugares en los que el
consumo de agua desalada es especialmente alto. Sin embargo, esas ayudas se han
suprimido aumentando las tarifas del agua hasta en un 50 por ciento en algunos
casos.
El panorama, después
de todo, no es bueno. En España, según destacan varias fuentes, se ha pasado de
comprender el agua como un recurso nacional a entenderse que es propiedad del
territorio por el que pasa. "Las comunidades están constantemente
paralizando todos los planes hidrológicos aduciendo todo tipo de problemas. Así
no se puede". Una vez más se repite la misma historia. La falta de unidad
y de entendimiento entre unos y otros dispara las facturas.
(DOSSIER
POLÍTICO/ Rodrigo Gutiérrez / El Economista/ 2013-07-30)
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