El número de estos delitos crece en 2013 pese a ser un
asunto marcado en rojo en la agenda del presidente de México
Juan Diego Quesada / El País
Enrique Peña Nieto
sabe que el tamaño de su figura como presidente pasa por hacer sentir a los
mexicanos que viven en un país en paz y por eso propuso, entre otras cosas,
reducir el número de secuestros, uno de los delitos que más espanto genera. Por
ahora no lo está consiguiendo. En los primeros tres meses del nuevo gobierno
mexicano fueron denunciados 326 casos de raptos, frente a los 299 de las mismas
fechas con su antecesor, Felipe Calderón.
En campaña
electoral, consciente de que hay que acabar con la esquizofrenia de una nación
con una perspectiva positiva de crecimiento económico pero con más de mil
secuestros denunciados al año desde 2006, dijo que poner fin a esta lacra era una
de sus prioridades. El repunte marca una duda de arranque.
Frente a esta
realidad, los afectados y las organizaciones civiles animan al presidente
mexicano a poner en marcha un plan antisecuestro bien estructurado y con
recursos. “No ha planteado la estrategia (anticrimen), dijo que iba a hacerlo
pero no lo ha hecho. Yo le creo a Peña y creo que tiene un interés verdadero en
atajar este problema pero por ahora no hay resultados. Urge que diga cómo va a
hacerlo y necesitamos ver la gendarmería”, explica María Elena Morera,
presidenta de Causa Común, una asociación que apoya a los familiares de
secuestrados.
De eso, Morera, sabe
un rato. A su marido se lo llevaron y ella luchó hasta que se lo devolvieron,
pero con cuatro dedos menos. La pareja emitió unos anuncios en televisión
denunciando el clima de impunidad que impactó a todo el mundo. Los homicidios,
en la mayoría de las ocasiones, se relacionan en México con la delincuencia
organizada, se ven lejanos, como si el ojo por ojo fuese una ley justa en ese
submundo. Los secuestros, en cambio, alcanzan a las clases más favorecidas.
Suponen un golpe de realidad.
Por si fuera poco,
Morera considera que en estos cuatro meses han aumentado los asesinatos tras
los secuestros. Su sensación se basa en experiencia propia. De los últimos diez
casos que ha atendido en 2013, seis de los raptados acabaron asesinados, dos
quedaron en libertad y de los otros dos nunca se supo. “Te hablo de secuestros
nacionales. Si no se frenan, esto va ir en aumento porque es un negocio que
mueve mucho dinero”, ahonda en entrevista con EL PAÍS.
Tanto que algunos
cárteles de la droga como el de Los Zetas han hecho de esto una forma de vida.
Han diversificado sus ingresos, como en su día la camorra italiana, y
encuentran más rentabilidad en los secuestros y el cobro de piso, el pago por
ser y estar, que en la droga. ¿Cifras? No se conocen, son negociaciones que se
llevan en la sombra y con el mayor de los sigilos pero mueven millones de
dólares al año, según los expertos. Como indicador sirve la recomendación
Morera a los familiares: no ofrecer nunca más del ocho por ciento de la primera
cantidad que exigieron los captores.
¿Cuánto tiempo se
necesita para que una estrategia de seguridad dé resultados? Seis meses mínimo,
advierte Samuel González, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y experto en seguridad. “No me extraña que se mantengan estas
cifras de criminalidad. Las bandas de secuestradores existen y no van a
desaparecer porque haya un cambio de gobierno. Lo contrario sería sospechoso.
Los cambios de Peña Nieto se van a apreciar en medio año y en un año se sabrá
si realmente hay resultados positivos, que creo que los habrá”, razona.
González cree que el presidente está dando los pasos correctos al dar por acabada
la guerra frontal contra los carteles, coordinar mejor las policías y al poner
al frente de la Procuraduría –fiscalía- a alguien con el peso de Jesús Murillo
Karam. Aunque él también echa de menos una mejor especialización y dotación de
las unidades antisecuestros.
El papel de las
autoridades resulta fundamental para acabar con el clima de impunidad. En un
país donde hay 1.600 cuerpos policiales distintos y poco coordinados, las
unidades antisecuestro no son una excepción de eficacia. “No están bien estructuradas.
Durante un tiempo las supervisé para que hubiese gente cualificada pero no hay
personal, no hay medios. Todo se queda en palabras”, lamenta Isabel Mirada de
Wallace, presidente de la organización Alto Secuestro.
El también académico
de la UNAM Carlos Mendoza planteó en el periódico Reforma que una de las
soluciones pasa por reforzar la Estrategia Nacional Antisecuestro, aprobada en
el sexenio anterior pero que a la vista de los datos no ha tenido éxito. Los
seis primeros meses de Peña Nieto se antojan iguales o incluso peores. Mendoza
propone que los policías estén obligados a permanecer cinco años en unidades
antisecuestro para que tengan una correcta capacitación y que tengan equipos
que no sean transferidos a otros departamentos, como a menudo ha ocurrido. A
corto plazo el profesor ve muy difícil que la situación pueda cambiar.
Nadie se pone de
acuerdo con las cifras reales. Los datos que encabezan este reportaje no
incluyen los secuestros exprés –la modalidad de tener alguien retenido hasta
que desplumen sus tarjetas de crédito-, tampoco necesariamente a eso que este
país se conoce como “levantones”, es decir, retenciones donde más que solicitar
un rescate los criminales dan muerte o desaparecen a las víctimas, ni el rapto
cada año de miles de inmigrantes centroamericanos que tienen que cruzar México
para alcanzar Norteamérica, un tema que alarmó a la ONU. Algunas organizaciones
calculan que hay 70 al día pero que la mayoría no se denuncian. Morera cree que
sí se denuncian bastantes. Mirada de Wallace, lo contrario. El instituto de
estadística mexicano estima –y no es más que eso, una estimación- que ocho de
cada diez delitos nunca se dan a conocer a las autoridades. La experta en
estadística Sandra Ley cree que es imposible hacer una evaluación seria y
fundamentada al respecto. De ese tamaño es la confusión sobre este asunto.
La preocupación es
evidente, con datos reales o sin ellos. El subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, habló
el miércoles de una crisis de seguridad en el país, aunque matizó que heredada
del pasado, y recalcó que los resultados no serán inmediatos.
Pero el tiempo
apremia. “Esto está pasando ahorita”, recalca en varias ocasiones Miranda de
Wallace, por si quedan algún despistado. Ella tuvo enfrente a los hombres que
secuestraron y asesinaron a su hijo Hugo. “Sí, lo hice”, le confesó cabizbajo
Jacobo Tagle, el inductor. Esa escena se produce en diciembre de 2010. “Sentí
alivio”, rememora ahora Wallace. Cinco años antes, al enterarse de la
desaparición de Hugo, abandonó su trabajo y comenzó la caza y captura de todos
los implicados. Desplegó carteles gigantescos por toda la ciudad con la cara de
los criminales y ofreció recompensas millonarias a quien ayudase a
encontrarlos. Esta mujer que podría pasar por la madre de cualquier hijo del
mundo, representó la justicia en un país donde rara vez hay justicia. Los
detuvo y los llevó en comisaría, uno a uno.
Pese a su fallido
intento por ser jefa de gobierno (alcaldesa) del DF representando al Partido
Acción Nacional (PAN), las víctimas tienen a Wallace como un referente, un
Javier Sicilia menos espiritual pero más práctico. “No me extrañan las cifras,
no hay sensación de que esto se haya rebajado. Me llegan casos a diario y
nosotros les ayudamos”, cuenta. La aspiración de Peña Nieto es ser esa mano que
atienda a las víctimas pero para eso aún le queda mucho.
(DOSSIER POLITICO/ Juan Diego Quesada / El Pais/
2013-04-04)
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