Interponen denuncia penal por irregularidades en el
municipio de Sinaloa
Autoridades del
municipio de Sinaloa tienen en proceso sanciones administrativas contra el
gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, Tesorería y Obras por
irregularidades en el manejo de recursos, asignación de obras y ocultar
información a regidores y otras instancias. Y además, denunciaron penalmente a
José Pedro Araujo Armenta, director de Obras Públicas a quien acusan de
falsificación de firmas y otros delitos.
“Él, el señor Araujo
Armenta, ya tiene otros dos procesos en los que va a proponerse su suspensión,
que puede ser de hasta 30 días, porque lo que le sigue a esta sanción es su
inhabilitación como servidor público”, dijo un funcionario de la administración
sinaloíta, quien pidió mantener el anonimato.
La denuncia penal
ante la Agencia del Ministerio Público del municipio de Sinaloa fue interpuesta
ante la presunción de que incurrió en falsificación de firmas, usurpación de
funciones y delitos contra servidores públicos.
La querella fue
interpuesta por Omar Dagnino Villanueva, contralor municipal, el 6 de febrero,
y se refiere a la realización de obras en ese municipio, en cuya documentación
aparece una firma que suplantó la del titular de la Contraloría.
“En ese sentido, en
fecha 25 de enero del año en curso, al suscrito se me solicitó firmara una
documentación concerniente a unas obras consistentes en vados de concreto
ciclópeo, concreto armado y excavaciones para sus desplantes, dicha
documentación fue entregada al suscrito por el C. Moisés Acosta Moreno,
representante de la Constructora Moroa, S.A de C.V.”, reza el documento.
“Esta empresa
—agregó— fue la responsable de la construcción de las obras que requerían de
las firmas autorizadas para la liberación de recursos públicos. Al revisar la
documentación referentes a estas obras aparecía una firma muy parecida a la del
suscrito pero que no era, toda vez que era la primera vez que tenía dicha
documentación en mis manos”.
El monto total de
estas obras, referentes a rehabilitación de caminos, es de poco más de 700 mil
pesos en beneficio de las comunidades Arroyo del medio, Chacoapana y El
Chapote. Los montos de cada una ascienden a 256 mil, 233 mil y 214 mil, de
acuerdo con la información proporcionada por la empresa constructora e
incluidos en la querella, en manos de la fiscalía del fuero común.
“La firma que
aparece en los expedientes antes señalados es completamente apócrifa, toda vez
que el suscrito nunca ha comparecido a invitación o licitación alguna referente
a las obras señaladas con anticipación por lo que no tengo conocimiento
referente a las mismas, asimismo no coinciden con los rasgos característicos de
mi firma”, aseguró Villanueva.
Dijo que Araujo
Armenta, titular de la Dirección de Obras Públicas, y los funcionarios que
están bajo su mando, tienen acceso a los documentos citados en la denuncia
interpuesta y son los responsables de la integración de los expedientes de este
tipo de obras.
Villanueva pidió
además al Ministerio Público que solicite al área de Servicios Periciales e
Investigación Criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
realice la prueba de grafoscopía y caligrafría de su firma y de la que aparece
en los documentos citados.
La lista negra
En la lista de
servidores públicos de primer nivel de la administración que encabeza Saúl
Rubio Valenzuela están varios y parecen tercos en mantenerse en esa relación de
sancionables: los directores de la Tesorería Municipal, Servicios Públicos, el
de Obras Públicas y el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado
(Jumapas).
Fuentes
extraoficiales que han tenido acceso a las indagatorias, hasta ahora en su
mayoría de carácter interno y administrativas, indican que se presumen malos
manejos, licitaciones a destiempo —de obras ya realizadas o a punto de
terminar—, y negativa a entregar información sobre los recursos, avances de
obras y otros asuntos, a regidores, otros funcionarios y al síndico procurador.
Por lo pronto, en
contra del director de Obras Públicas, además de la denuncia penal ante el
Ministerio Público, hay dos sanciones en proceso. Igual para José Ángel
Carrasco Aguirre, director de Servicios Públicos Municipales, cuyo castigo está
en manos del alcalde Saúl Rubio Ayala, pero guardado en un cajón desde el año
pasado. Es el presidente municipal quien debe decidir, luego del dictamen y
propuesta de Contraloría y/o síndico procurador, qué sanción aplicará.
El nivel más bajo de
sanciones es el de la amonestación, seguida por la suspensión, que puede ser de
15 a 30 días, y posteriormente la inhabilitación.
Las fuentes
consultadas por Ríodoce señalan que el alcalde protege a estos funcionarios y
“los solapa, se resiste en sancionarlos a pesar de las irregularidades
comprobadas, las firmas falsificadas, los procedimientos de licitaciones cuando
la obra ya concluyó o está avanzada”.
(RIODOCE.COM.MX/ Javier Valdez /Febrero 24, 2013)
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